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Sentencia T.S. (Sala 4) de 9 de abril de 2003


 RESUMEN:

Correos y Telégrafos. Personal laboral y funcionario. Retribuciones. Justificación objetiva y razonable derivada de la distinta naturaleza del vínculo, su distinto régimen jurídico y su distinta posición. No cabe identificar el principio constitucional de igualdad con la proscripción de la discriminación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Con fecha 6 de febrero de 2001, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Granada, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Con rechazo de las excepciones de inadecuación de procedimiento y de prescripción, y entrando a conocer del fondo del asunto, debo desestimar y desestimo las demandas deducidas por Consuelo, Pilar, Asunción, Carlos Manuel, Julieta, Pedro Francisco, Susana, Begoña, Cristóbal, Héctor, Octavio, Lorenza, José Augusto, Juan Carlos, Arturo, Franco, Manuel, Víctor, Alicia, Jesús Carlos, Fátima, Penélope, Amanda, Benjamín, Francisca, Germán, Millán, José Ángel, Juan Luis, Carlos, María Luisa, Constanza, Maribel, Iván, Rosendo, María Purificación, Luis Antonio, Gabriela, Ángel, Fernando, Verónica, Oscar, Carlos José, Félix, Esperanza, Sandra, Gerardo, Plácido, Luis María, Emilia, Raquel, Blanca, Casimiro, Marta, Ana, José, José Carlos, Luisa, Juan Enrique y Domingo, contra Correos y Telégrafos, absolviendo a la parte demandada de lo pretendido en su contra".

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

"Primero. Por Acuerdo Marco firmado en 26-11-98, sobre mejora de condiciones profesionales del personal que presta sus servicios para la demandada (apartado VIII.2.2.1), publicado en el BOC n.º 103, de 3-12-98, y como compensación a los esfuerzos aportados, se incorporó al sistema retributivo de Correos y Telégrafos una Paga de Resultados 1998, en función del cumplimiento de resultados de la Cuenta de Explotación previstos en el Plan Estratégico, y de la disminución de índice de absentismo producido en 1998, a percibir por los funcionarios de Correos el 31 de enero de 1999 en cuantía media por empleado y año de 15.000 pesetas. En el mismo apartado se estableció para los ejercicios 1999 y 2000 una paga de resultados de al menos 20.000 pesetas por empleado y año, vinculándose su percepción a los parámetros de la cuenta de explotación y disminución del índice de absentismo previstos en referido Plan, y al cumplimiento de objetivos de calidad en los términos que se acuerde con los Sindicatos, reconociéndose a todo el personal laboral fijo el derecho al percibo de la paga de resultados del ejercicio de 1999 en los mismos términos y condiciones que el personal funcionario.

Segundo. En aplicación de dicho Acuerdo, por la Subdirección de Gestión de personal de la demandada, mediante Circular de 22-12-98, se cursaron para el abono de la paga de resultados del año 1998, las siguientes instrucciones: '1. Paga de resultados 1998. Cuantía: 15.000 pesetas anuales (por período comprendido entre el 1 de enero de 31 de diciembre de 1998). Períodos inferiores al año: se percibe la parte proporcional, por meses completos con referencia a la situación y derechos que tenga el funcionario el 1.er día hábil del mes que corresponda. Personal con derecho a la paga: Funcionarios de carrera (se excluyen los funcionarios de empleo interino). Personal directivo funcionario: No percibe la paga de resultados de 1998 el personal directivo (con niveles 27, 28, 29 y 30) y los Jefes Provinciales. 2. Nómina. La nómina de personal funcionario la confecciona el Centro de Proceso de Datos como adicional del mes de diciembre (paga 4 funcionarios). Las posibles modificaciones las grabarán las Unidades de habilitación en el concepto 250. Para determinar la cantidad que se debe abonar a los funcionarios que devenguen la paga de resultados de 1998 por un período inferior al año natural, el Centro de Proceso de Datos, tendrá en cuenta, la fecha de alta en nómina, o en su caso, la de baja por meses completos. Los jubilados perciben esta paga en proporción al tiempo trabajado (el mes en que causen baja por jubilación se acredita completo). La paga de resultados de 1998 se percibirá en su totalidad por la habilitación de la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos del destino del funcionario en el mes de diciembre de 1998. El descuento por I.R.P.F. es el correspondiente a 1998 y se incluye en la certificación de la renta de 1998 y en los acumulados de 1998 (declaración a Hacienda modelo 190). Además los funcionarios que cotizan a la Seguridad Social tienen descuento por dicho concepto. La nómina se cargará a la cuenta 640300 y se denominará 'Paga de resultados 1998', y se cerrará con fecha 30 de diciembre de 1998. 3. Pago de la nómina. Esta nómina se pagará a finales del mes de enero de 1999 o primeros días de febrero'.

Tercero. La paga de resultados de 1998 no fue abonada a los actores, los cuales formularon las correspondientes reclamaciones previas que fueron desestimadas por silencio, habiéndose presentado las demandas de autos en 26-04-00.

Cuarto. Los actores, en base a los servicios prestados para la demandada durante el año 1998, conforme se indica en el primero de los Hechos de cada una de las respectivas demandas suscritas por los mismos, cuyo contenido se da por reproducido, reclaman las siguientes cantidades en concepto de paga de resultados del año 1998:

A) Personal laboral fijo:

Nombre. DNI. Período. Cantidad.

Consuelo, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Octavio, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Juan Carlos, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Víctor, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Alicia, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Jesús Carlos, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Fátima, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Francisca, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Germán, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

José Ángel, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Carlos, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

María Luisa, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Maribel, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Iván, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Luis Antonio, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Gerardo, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Plácido, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Raquel, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

José, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

José Carlos, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Juan Enrique, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Domingo, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

B) Personal en contratación temporal:

Nombre. DNI. Período. Cantidad.

Pilar, ..., 12 meses, 15.000 ptas.

Asunción, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Carlos Manuel, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Julieta, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Pedro Francisco, ..., 12 meses 16 días. 15.000 pesetas.

Susana, ..., 9 meses 21 días. 12.500 pesetas.

Begoña, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Cristóbal, ..., 2 meses 24 días. 3.750 pesetas.

Lorenza, ..., 10 meses 7 días. 13.750 pesetas.

José Augusto, ..., 10 meses 28 días. 13.750 pesetas.

Arturo, ..., 10 meses 25 días. 13.750 pesetas.

Franco, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Manuel, ..., 8 meses 16 días. 11.250 pesetas.

Penélope, ..., 4 meses 12 días. 6.250 pesetas.

Amanda, ..., 8 meses 12 días. 11.250 pesetas.

Benjamín, ..., 11 meses 15 días. 15.000 pesetas.

Millán, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Juan Luis, ..., 4 meses 20 días. 6.250 pesetas.

Constanza, ..., 4 meses 9 días, 6.250 pesetas.

Rosendo, ..., 7 meses 1 día. 10.000 pesetas.

María Purificación, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Gabriela, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Ángel, ..., 8 meses 21 días. 11.250 pesetas.

Fernando, ..., 11 meses 27 días. 15.000 pesetas.

Verónica, ..., 9 meses 3 días. 12.500 pesetas.

Óscar, ..., 7 meses 4 días. 10.000 pesetas.

Carlos José, ..., 5 meses 5 días, 7.500 pesetas.

Félix, ..., 4 meses 13 días. 6.250 pesetas.

Esperanza, ..., 10 meses 23 días. 13.750 pesetas.

Sandra, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Luis María, ..., 6 meses 23 días, 8.750 pesetas.

Emilia, ..., , 7 meses 27 días. 10.000 pesetas.

Blanca, ..., 11 meses 25 días. 15.000 pesetas.

Casimiro, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Marta, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Ana, ..., 12 meses, 15.000 pesetas.

Luisa, ..., 7 meses 1 día. 10.000."

Segundo.-Posteriormente, con fecha 5 de febrero de 2002, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Consuelo ... y D. Domingo contra la sentencia dictada el día 6 de febrero de 2001 por el Juzgado de lo Social núm. Tres de los de Granada, en autos seguidos a instancia de aquéllos contra Correos y Telégrafos, en reclamación sobre cantidad, debemos revocar y revocamos dicha Sentencia, condenando como condenamos al demandado a abonar a los actores las cantidades siguientes: A D.ª Consuelo, 15.000 ptas.; a D. Octavio, 15.000 ptas.; a D. Juan Carlos, 15.000 ptas.; a D. Víctor, 15.000 ptas.; a D.ª Alicia, 15.000 ptas.; a D. Jesús Carlos, 15.000 ptas.; a D.ª Fátima, 15.000 ptas.; a D.ª Francisca, 15.000 ptas.; a D. Germán, 15.000 ptas.; a D. José Ángel, 15.000 ptas.; a D. Carlos, 15.000 ptas.; a D.ª María Luisa, 15.000 ptas.; a D.ª Maribel, 15.000 ptas.; a D. Iván, 15.000 ptas.; a D. Luis Antonio, 15.000 ptas.; a D. Gerardo, 15.000 ptas.; a D. Plácido, 15.000 ptas.; a D.ª Raquel, 15.000 ptas.; a D. José, 15.000 ptas.; a D. José Carlos, 15.000 ptas.; a D. Juan Enrique, 15.000 ptas.; a D. Domingo, 15.000 ptas.; a D.ª Pilar, 15.000 ptas.; a D.ª Asunción, 15.000 ptas.; a D. Carlos Manuel, 15.000 ptas.; a D.ª Julieta, 15.000 ptas.; a D. Pedro Francisco, 15.000 ptas.; a D.ª Susana, 12.500 ptas.; a D.ª Begoña, 15.000 ptas.; a D. Cristóbal, 3.750 ptas.; a D. Héctor, 8.750 ptas.; a D.ª Lorenza, 13.750 ptas.; a D. José Augusto, 13.750 ptas.; a D. Arturo, 13.750 ptas.; a D. Franco, 15.000 ptas.; a D. Manuel, 11.250 ptas.; a D.ª Penélope, 6.250 ptas.; a D.ª Amanda, 11.250 ptas.; a D. Benjamín, 15.000 ptas.; a D. Millán, 15.000 ptas.; a D. Juan Luis, 6.250 ptas.; a D.ª Constanza, 6.250 ptas.; a D. Rosendo, 10.000 ptas.; a D.ª María Purificación, 15.000 ptas.; a D.ª Gabriela, 15.000 ptas.; a D. Ángel, 11.250 ptas.; a D. Fernando, 15.000 ptas.; a D.ª Verónica, 12500 ptas.; a D. Oscar, 10.000 ptas.; a D. Carlos José, 7.500 ptas.; a D. Félix, 6.250 ptas.; a D.ª Esperanza, 13.750 ptas.; a D.ª Sandra, 15.000 ptas.; a D. Luis María, 8.750 ptas.; a D.ª Emilia, 10.000 ptas.; a D.ª Blanca, 15.000 ptas.; a D. Casimiro, 15.000 ptas.; a D.ª Marta, 15.000 ptas.; a D.ª Ana, 15.000 ptas.; y a D.ª Luisa, 10.000 ptas."

Tercero.-Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de Correos y Telégrafos el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 20 de marzo de 2002, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de junio de 2001.

Cuarto.-Por providencia de esta Sala de 10 de diciembre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

Quinto.-Evacuado el trámite de impugnación por la representación de D.ª Consuelo y otros, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 4 de abril de 2003, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El Boletín Oficial de Comunicaciones de Correos y Telégrafos número 103, de 3 de diciembre de 1998, publicó el Acuerdo Marco sobre la mejora de condiciones profesionales del personal de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, pactado con los Sindicatos más representativos en ella. En su apartado, VIII dedicado a las retribuciones, se decía lo siguiente: "Se incorpora al sistema retributivo de Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos una paga de resultados vinculada al cumplimiento de los objetivos de la Entidad Pública Empresarial y según los criterios y parámetros que se acuerden en la Mesa de Retribuciones y Empleo". En aplicación de tal previsión, se estableció en dicho Acuerdo una paga de 15.000 ptas. anuales únicamente para el personal funcionario durante el año 1998 y para el personal laboral fijo, la misma percepción, de la misma cuantía en 1999 y 2000.

Percibida por el personal funcionario la paga de resultados para ellos prevista, los demandantes, personal laboral de la Entidad Correos y Telégrafos, plantearon demanda para que se les reconociese a ellos también esa percepción correspondiente al año 1998 pactada únicamente para el personal funcionario, invocando para ello el principio de no discriminación y el de igualdad. El Juzgado de lo Social número 3 de los de Granada dictó sentencia en fecha 6 de febrero de 2001, en la que se desestimaban las demandas.

Recurrida en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, estimó el recurso en sentencia de 5 de febrero de 2002, por entender que el establecimiento de la paga de resultados en 1998 únicamente para el personal funcionario y no para el laboral suponía un trato discriminatorio al no estar justificada objetivamente la distinción realizada.

Segundo.-Frente a dicha sentencia se interpone ahora por la Entidad Correos y Telégrafos el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se invoca como soporte del mismo y como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 19 de junio de 2001. En ella se aborda idéntico supuesto, en el que también el personal laboral pretende la percepción de la paga de resultados ya cobrada por el personal funcionario en el año 1998, con los mismos fundamentos, y sin embargo la decisión que se adoptó en la resolución de referencia fue opuesta a la recurrida. Concurre por tanto entre los supuestos comparados la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para que esta Sala pueda llevar a cabo la función unificadora de la doctrina, señalando aquella que sea ajustada a Derecho.

Tercero.-En el recurso de casación para la unificación de doctrina, la Abogacía del Estado denuncia como infringido el artículo 14 CE, en relación con el punto 2.2.1 del Acuerdo Marco antes citado, en conexión con los artículos 82 del Estatuto de los Trabajadores y 37.1 CE.

Para resolver las cuestiones que se plantean en el recurso, es oportuno precisar que no cabe identificar el principio constitucional de igualdad, con la proscripción de la discriminación, aunque uno y otra tengan su sede en el art. 14 de la Constitución. Así lo recuerdan nuestras sentencias de 17 de mayo de 2000 y 19 de marzo de 2001, entre otras, en las que, en síntesis, se afirma que:

"Cuando se identifican igualdad y no discriminación se están confundiendo dos principios constitucionales, que, aunque relacionados, presentan diferencias significativas, como ha establecido con reiteración la doctrina constitucional y la de esta Sala. En este sentido las sentencias de 17 de octubre de 1990 y 23 de septiembre de 1993 señalan que 'el artículo 14 de la Constitución Española comprende dos prescripciones que han de ser diferenciadas: la primera, contenida en el inciso inicial de ese artículo, se refiere al principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley por los poderes públicos; la segunda se concreta en la prohibición de discriminaciones y tiende a la eliminación de éstas en cuanto implican una violación más cualificada de la igualdad en función del carácter particularmente rechazable del criterio de diferenciación aplicado'." Y se añade que "No toda diferencia de trato irrazonable o no justificada constituye una discriminación en el sentido que este término tiene en los artículos 14 de la Constitución Española y 4.2.c) y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. La discriminación consiste, como ya se ha anticipado, en utilizar un factor de diferenciación que merece especial rechazo por el ordenamiento y provoca una reacción más amplia, porque para establecer la diferencia de trato se toman en consideración condiciones que históricamente han estado ligadas a formas de opresión o de segregación de determinados grupos de personas o que se excluyen como elementos de diferenciación para asegurar la plena eficacia de los valores constitucionales en que se funda la convivencia en una sociedad democrática y pluralista".

Las condiciones retributivas diferentes en la empresa "podrá ser un factor que no justifique un tratamiento diferente en la fijación de determinadas condiciones de trabajo, pero no constituye un factor de discriminación en el sentido precisado, pues no se encuentra enumerado en la relación del artículo 14 de la Constitución Española -nacimiento, sexo, raza, convicciones ideológicas y religión-, ni en las ampliaciones de los artículos 4.1.c) y 17.1 Estatuto de los Trabajadores -estado civil, edad, condición social, afiliación sindical, lengua, parentesco y minusvalías- y tampoco puede incluirse en la referencia final del último inciso del artículo 14 de la Constitución Española -'cualquier otra condición o circunstancia personal o social'-, porque, pese a su aparente amplitud, ha de entenderse referida a condiciones que guarden analogía con las específicamente enumeradas en el artículo 14 de la Constitución Española y es claro que esta analogía no concurre en este caso".

En el presente caso, en consecuencia, corresponde analizar si realmente se vulneró por la Entidad recurrente el principio de igualdad retributiva así formulado, o lo que es lo mimo, si la distinción o el diferente trato que el Acuerdo Marco efectuó en el año 1998 entre personal funcionario y laboral tiene alguna justificación objetiva o, por el contrario, carece de razonabilidad y por tanto es preciso llevar a cabo una equiparación retributiva en ese concepto y año, cuestión que ya ha sido abordada por esta Sala en supuestos idénticos y unificada la doctrina por tanto, en las sentencias de 28 de enero y 3 de febrero de 2003 (recursos 1593/2002 y 521/2002), en la primera de las cuales se invoca la misma sentencia de contraste que en este recurso y se llega a la conclusión de que es ésta la que contiene la doctrina ajustada a derecho, pues el diferente trato retributivo que indudablemente supuso en el año 1998 el que únicamente el personal funcionario recibiese la paga de resultados y no el personal laboral -que lo cobraría en el año 1999-2000-, tiene una justificación objetiva y razonable que deriva fundamentalmente de la distinta naturaleza del vínculo, su distinto régimen jurídico y su distinta posición que respecto a unos y otros tiene la Administración, como empresario en relación con el personal laboral y como Entidad revestida de "imperium" con el personal funcionario. Como se recuerda en las dos sentencias citadas, en las que se recoge la doctrina anterior de esta Sala (Sentencias de 23 de julio de 1993 y 18 de febrero de 1994) "son distintos el régimen de ingreso, ascensos seguridad social, etc. Su diversidad trasciende al sistema retributivo que en los funcionarios viene establecido por las Leyes de Presupuestos y en el personal laboral se acuerda por Convenio".

Los trabajadores recurridos en su escrito de impugnación afirman que la interpretación del artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores exige que en este caso el conflicto de interpretación se resuelva mediante la aplicación de lo que resulte más favorable para el trabajador. Sin embargo, en este caso no se está en presencia de un supuesto en el que pueda resultar aplicable el precepto invocado, que parte de la existencia de una colisión de normas que en este caso no se produce. Los términos del Acuerdo Marco de 3 de diciembre de 1998 son totalmente claros en lo que a la exclusión del personal laboral se refiere para el percibo de la paga de resultados correspondiente al año 1998 y lo que ha de determinarse, como antes se ha hecho, es si esos términos suponen una vulneración del principio de igualdad retributiva o no, pero en modo alguno exigen una opción entre normas aplicables, presupuesto de base para la aplicación del precepto invocado.

Cuarto.-Al contener, como se ha argumentado, la sentencia de contraste la doctrina ajustada a Derecho, tal y como afirma el Ministerio Fiscal en su informe, procede estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de la Entidad Correos y Telégrafos, casar y anular la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación, tal y como exige el artículo 226 de la Ley de Procedimiento Laboral, desestimar el de tal clase interpuesto en su día contra la sentencia del Juzgado de los Social número tres de los de Granada. Sin costas.

FALLO

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Entidad Pública Correos y Telégrafos, contra la sentencia de 5 de febrero de 2002 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en el recurso de suplicación núm. 1492/01, interpuesto frente a la sentencia de 6 de febrero de 2001 dictada en autos 346-405/00 del Juzgado de lo Social n.º 3 de Granada seguidos a instancia de D.ª Consuelo y otros contra Correos y Telégrafos, sobre cantidad. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación, desestimamos el recurso de tal clase y absolvemos al demandado de las pretensiones deducidas en su contra. Sin costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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