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Sentencia T.S. (Sala 4) de 7 de julio de 1994


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de doctrina. Desestimación. Salarios de tramitación. No tienen carácter indemnizatorio, sino salarial. Responsabilidad solidaria de la empresa principal y la contratista.

EXTRACTO:

La empresa contratista comunicó el cese a los dos actores concediéndoles un preaviso de 15 días y estos formularon demanda por despido, habiendo dictado sentencia el Juzgado de lo Social número 6 de Valencia en la que declaró la improcedencia del despido y condenó solidariamente a las dos entidades codemandadas a que abonaran los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta el 22 de julio de 1992 y a la contratista a que los abonara desde el día 23 del mismo mes hasta la fecha de notificación de la sentencia.

Que la responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto de las obligaciones salariales de la contratista comprende los salarios de tramitación por despido, aunque ceñidos al tiempo de vigencia de la contrata.

El problema es determinar si los llamados salarios de tramitación por despido nulo o improcedente tienen naturaleza salarial o carácter indemnizatorio.

El artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores limita la responsabilidad a las obligaciones de naturaleza salarial, descargando al empresario principal de cualquier incumplimiento por parte del contratista de obligaciones de carácter distinto, como pueden ser las de readmisión o indemnización del trabajador despedido. El trabajador injustamente despedido se encontraba dentro del marco de la contrata y cuando se producen los efectos previstos en la Ley para el despido improcedente o nulo hay que vincularlos a la contrata. Los salarios de tramitación suponen la reconstrucción de la relación jurídica rota por el contratista, que debe efectuarse abonando la retribución que el trabajador dejó de percibir por haber sido privado injustamente de realizar su trabajo en la obra objeto de la contrata y estos salarios deben tener el mismo tratamiento que los que le hubieran correspondido en caso de haber realizado su trabajo en la obra contratada.

Los salarios de tramitación están sujetos a cotización a la Seguridad Social, este dato reafirma su carácter salarial y no indemnizatorio de acuerdo con los artículos 64 y 70 de la Ley General de la Seguridad Social y disposiciones concordantes. El trabajador permanecerá en alta como trabajador en activo de la empresa durante el tiempo que abarquen los salarios de tramitación.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La empresa Internacional Tecair, S.A. había concertado contrata para la realización de obras y servicios de su propia actividad con la empresa Soldaduras Obras y Servicios, S.A. la que fue rescindida el día 23 de julio de 1992. El día 1 de julio de 1992 la empresa contratista comunicó el cese a los dos actores concediéndoles un preaviso de 15 días y estos formularon demanda por despido, habiendo dictado sentencia el Juzgado de lo Social número 6 de Valencia en la que declaró la improcedencia del despido y condenó solidariamente a las dos entidades codemandadas a que abonaran los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta el 22 de julio de 1992 y a la contratista a que los abonara desde el día 23 del mismo mes hasta la fecha de notificación de la sentencia.

La empresa principal formuló recurso de suplicación en contra de la sentencia, la que fue confirmada por la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 9 de noviembre de 1993, razonando que la responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto de las obligaciones salariales de la contratista comprende los salarios de tramitación por despido, aunque ceñidos al tiempo de vigencia de la contrata.

Formula recurso de casación para la unificación de doctrina la empresa Internacional Tecair, S.A. y presenta como contraria la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de 20 de abril de 1993 que, en un supuesto planteado entre las empresas hoy recurrentes y recurrida, resuelve en el sentido de eximir a la empresa principal de la responsabilidad solidaria sobre los salarios de tramitación por despido nulo de unos trabajadores de ésta, al entender que tienen carácter indemnizatorio y que no pueden ser encuadrados en un concepto estricto de las obligaciones salariales a que se refiere el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Se produce la identidad de supuestos prevenida en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral y las soluciones judiciales son contradictorias, por lo que se dan los presupuestos necesarios para que este recurso excepcional sea viable.

Segundo.-El artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empresario principal, que contrate o subcontrate con otras obras o servicios correspondientes a su propia actividad, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata. El problema es determinar si los llamados salarios de tramitación por despido nulo o improcedente tienen naturaleza salarial o carácter indemnizatorio.

La regulación del Estatuto de los Trabajadores en esta materia supone una variación importante respecto del artículo 4.º del Decreto 17 de diciembre de 1970 y el artículo 19.2 de la Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976 que extendían la responsabilidad solidaria a toda clase de obligaciones laborales, lo que dio lugar a abundante jurisprudencia que entendía que la empresa principal respondía en caso de despido improcedente o nulo de las obligaciones de readmitir e indemnizar al trabajador despedido.

El artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores limita la responsabilidad a las obligaciones de naturaleza salarial, descargando al empresario principal de cualquier incumplimiento por parte del contratista de obligaciones de carácter distinto, como pueden ser las de readmisión o indemnización del trabajador despedido, las que no pueden ser transferidas al empresario que encarga la obra o el servicio pues éste no responde del inadecuado ejercicio del poder disciplinario del contratista. Pero se debe entender que el trabajador injustamente despedido se encontraba dentro del marco de la contrata y cuando se producen los efectos previstos en la Ley para el despido improcedente o nulo hay que vincularlos a la contrata. Es decir, los salarios de tramitación suponen la reconstrucción de la relación jurídica rota por el contratista, que debe efectuarse abonando la retribución que el trabajador dejó de percibir por haber sido privado injustamente de realizar su trabajo en la obra objeto de la contrata y estos salarios deben tener el mismo tratamiento que los que le hubieran correspondido en caso de haber realizado su trabajo en la obra contratada.

Tercero.-Por otra parte, una interpretación literal de la normativa vigente conduce a apreciar la naturaleza salarial de estos devengos pues el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores impone al empresario la obligación de abonar los "salarios dejados de percibir" en caso de declaración de despido nulo y el artículo 56.1.b) del Estatuto de los Trabajadores expresa que la obligación empresarial se contrae a una cantidad equivalente a los salarios dejados de percibir en caso de despido improcedente (en los mismos términos, los artículos 110.1 y 113 de la Ley de Procedimiento Laboral), abandonando la expresión "indemnización complementaria" que se utilizaba en las disposiciones legales anteriores.

También se afirma su carácter salarial en el artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores cuando establece la obligación del Fondo de Garantía Salarial de abonar los salarios pendientes de pago y, a tal efecto, dice que se considera salario "la indemnización complementaria por salarios de tramitación".

De otro lado los salarios de tramitación están sujetos a cotización a la Seguridad Social y, como informa el Ministerio Fiscal, este dato reafirma su carácter salarial y no indemnizatorio de acuerdo con los artículos 64 y 70 de la Ley General de la Seguridad Social y disposiciones concordantes sobre altas y bajas de los trabajadores en las empresas. La Orden Ministerial de 15 de octubre de 1976 establece que el trabajador permanecerá en alta como trabajador en activo de la empresa durante el tiempo que abarquen los salarios de tramitación. Igual mandato se desprende del artículo 281.b) de la Ley de Procedimiento Laboral, del Real Decreto de 23 de octubre de 1986 y de la disposición adicional 2.ª de la Ley 4/1990 de 29 de junio, estas dos últimas normas referidas al abono por parte del Estado de las cuotas de la Seguridad Social por los salarios de tramitación en la medida que excedan de los 60 días que como tope debe abonar el empresario en caso de despido improcedente según el artículo 56.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto.-Por todo lo anterior, siguiendo el criterio de las sentencias de esta Sala de 9 de abril de 1984, 27 de octubre de 1986 y 22 de enero de 1988, entre otras, y de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, se debe entender que la sentencia recurrida contiene la doctrina correcta y se debe desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en su contra, con expresa imposición de costas según dispone el artículo 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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