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Sentencia T.S. (Sala 4) de 14 de marzo de 1995


 RESUMEN:

Recurso de casación para unificación de doctrina. Estimación. Fondo de Garantía Salarial. Despido nulo. Si el trabajador ha prestado servicios para otra empresa durante la tramitación del proceso, del importe de los salarios de trámite se han de deducir los percibidos por el nuevo trabajo.

EXTRACTO:

En los casos de despido nulo, si el trabajador ha prestado servicios para otra empresa durante la tramitación del proceso, del importe de los pertinentes salarios de trámite se han de efectuar las oportunas deducciones en virtud de las remuneraciones percibidas por ese nuevo trabajo.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los dos demandantes prestaron servicios para la empresa "A.W.", de la que fueron despedidos el 21 de abril de 1989; la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Málaga de 18 de septiembre de 1989 declaró nulos tales despidos, sin que se hubiese entablado recurso contra la misma. Por auto del mismo Juzgado de 14 de febrero de 1990 se declaró extinguida la relación laboral de los citados actores y se condenó a la empresa a que les abonase las pertinentes indemnizaciones por despido y los salarios de tramitación que en tal auto se determinan. Por auto de 15 de abril de 1991 se declaró la insolvencia provisional de la empresa "A.W."

Ante ello los demandantes solicitaron al Fondo de Garantía Salarial el pago de las cantidades correspondientes derivadas de la situación que se acaba de expresar. Este organismo dictó resolución de fecha 31 de mayo de 1991 en la que asumió la obligación de satisfacer a los trabajadores citados determinadas cantidades en concepto de indemnización por despido, las cuales no han sido cuestionadas en este proceso, pero en cambio, redujo en gran medida el importe de los salarios de tramitación que había fijado el auto de 14 de febrero de 1990, pues al señor J.B. tan sólo le reconoció 95.904 pesetas y al señor P.S. no le reconoció cantidad alguna.

La razón de esta importante disminución en la cuantía de los salarios de tramitación con respecto a uno de los actores y la denegación de tal pretensión respecto al otro, se debe a que éstos encontraron otro empleo el 29 de mayo de 1989 y permanecían trabajando en el mismo el día 14 de febrero de 1990 en que se declaró extinguida su relación laboral con la anterior empresa.

No conformes con esta resolución los demandantes presentaron la demanda que da origen al presente litigio, en la que instaron que, de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, se abonase por el Fondo de Garantía Salarial y por causa de los comentados salarios de tramitación, al señor J. 215.131 pesetas y al señor P. 312.180 pesetas, sin que se les aplicase merma alguna en razón a remuneraciones percibidas por ellos por su trabajo efectuado a partir del 29 de mayo de 1989.

El Juzgado de lo Social número 3 de Málaga, en su sentencia de 2 de noviembre de 1992, desestimó íntegramente la demanda del señor J.B., y estimó parcialmente la del señor P.S. condenando al FOGASA a que le hiciese efectivo el pago de 66.388 pesetas. Los actores formularon recurso de suplicación contra esta sentencia, y la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 11 de mayo de 1994, acogió favorablemente dicho recurso, revocó aquélla y, estimando la demanda, condenó al organismo demandado a satisfacer a dichos demandantes las cantidades que piden en tal demanda.

Contra esta sentencia de la Sala de lo Social de Málaga interpuso el Fondo de Garantía Salarial el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se analiza.

Segundo.-En este recurso se alegan las sentencias de la misma Sala de lo Social de Málaga de 9 de octubre y 23 de octubre de 1992, las cuales, sin duda alguna, entran en clara contradicción con la recurrida, pues tratan del mismo problema que el analizado en esta litis, consistente en determinar el importe de los salarios de tramitación que han de ser abonados por el Fondo de Garantía Salarial en aquellos casos en que los despidos fueron declarados nulos e, iniciándose luego el correspondiente incidente de no readmisión, se dictó auto declarando extinguida la relación laboral y condenando a la empresa a satisfacer determinadas cantidades en concepto de indemnización por despido y en concepto de salarios de tramitación, y en los que, además, los trabajadores obtuvieron otro empleo durante el tiempo en que se tramitó dicho proceso de despido, centrándose la cuestión en esclarecer si el FOGASA está obligado a satisfacer los salarios de tramite correspondientes a la totalidad del período que duró el proceso de despido hasta que se dictó el auto que declaró extinguida la relación laboral, o si tal obligación del FOGASA no alcanza al lapso de tiempo en que los trabajadores prestaron servicios a otras empresas. Las dos sentencias de contraste citadas mantienen con toda claridad este segundo criterio, lo que pone en evidencia que su doctrina es manifiestamente opuesta a la de la resolución aquí recurrida. Se cumple, por tanto, el requisito de recurribilidad que exige el artículo 216 de la ley de Procedimiento Laboral.

Tercero.-Esta Sala en su sentencia de 13 de mayo de 1991, dictada en Sala General constituida al amparo del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha sentado la doctrina de que en los casos de despido nulo, si el trabajador ha prestado servicios para otra empresa durante la tramitación del proceso, del importe de los pertinentes salarios de trámite se han de efectuar las oportunas deducciones en virtud de las remuneraciones percibidas por ese nuevo trabajo.

Esta sentencia sigue los criterios que habían sostenido las anteriores dictadas también por esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 29 de enero de 1987, y 27 de febrero, 30 de abril y 11 de mayo de 1990. Y con posterioridad, siguen manteniendo idéntica postura las sentencias de 2 de diciembre de 1992 y 19 de mayo de 1994, recaídas ambas en recursos de casación para la unificación de doctrina.

La doctrina sentada por tales sentencias se puede resumir del siguiente modo: La figura de los salarios de tramitación tiene una evidente y clara naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador de uno de los perjuicios que para él derivan del hecho del despido, cual es el no percibir retribución alguna desde la fecha de tal despido y durante la sustanciación del proceso correspondiente; por ello, si el trabajador de que se trate, ha trabajado para otra empresa en todo o en parte de ese lapso de tiempo y ha cobrado la pertinente remuneración, es obvio que, en cuanto al montante de ésta, no ha existido perjuicio alguno; y si no hay perjuicio, no puede haber tampoco resarcimiento. Así pues, en estos casos desaparece la "ratio legis", el fundamento esencial que justifica la existencia de la obligación de satisfacer los salarios de tramitación, y al desaparecer la causa que la justifica y genera, esta obligación no puede existir, al menos en la cuantía coincidente. Por ello, en definitiva, el artículo 55.4 del Estatuto de los Trabajadores debe interpretarse en función del artículo 56.1.b) del mismo texto (ambos preceptos conforme a su redacción anterior a la reforma establecida en la Ley 11/1994, de 19 de mayo).

Se ha de concluir, por consiguiente que el Fondo de Garantía Salarial no está obligado a abonar a los demandantes, por el concepto de los salarios de tramitación sobre los que se discute en esta litis, las cantidades que determina la sentencia recurrida, y que, por contra, es correcta la decisión adoptada al respecto por el Juzgado de lo Social número 3 de Málaga en la sentencia de instancia.

Y esta conclusión no se desvirtúa por el hecho de que en el auto de 14 de febrero de 1990, que resolvió el incidente de no readmisión, no se hubiese hecho minoración alguna a los salarios de tramitación, toda vez que el Fondo de Garantía Salarial no intervino ni fue parte en aquel juicio de despido, en ninguna de sus actuaciones, por lo que dicho auto no impide que, con respecto a tal organismo y a dichos salarios de trámite, se apliquen las prescripciones y mandatos que la Ley impone, aunque no hayan tenido el adecuado reflejo en aquel auto.

Cuarto.-Por todo lo expuesto, dado lo que dispone el artículo 225 de la Ley de Procedimiento Laboral y en total armonía con el dictamen del Ministerio Fiscal, se ha de acoger favorablemente el recurso de casación para la unificación de doctrina entablado por el abogado del Estado, y se ha de casar y anular la sentencia recurrida. Y resolviendo el debate planteado en suplicación procede confirmar la sentencia de instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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