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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 16 de marzo de 1995


 RESUMEN:

Recurso de casación para unificación de doctrina. Estimación. Jurisdicción laboral. Incompetencia. Ejecución de conciliación administrativa. Retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

EXTRACTO:

Nada obsta a que sean recurridos en suplicación los autos dictados en proceso de ejecución en el que el título sea la certificación de conciliación administrativa.

La determinación de si han de realizarse o no retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su caso por qué importe, es tema que está sujeto a leyes de naturaleza fiscal y no laboral, cuya interpretación y aplicación corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia ahora impugnada resolvió recurso de suplicación formalizado contra auto dictado en proceso de ejecución, del que constituye título ejecutorio el acto de conciliación celebrado el 3 de marzo de 1992 ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección Provincial de Trabajo de Madrid. En dicho acto de conciliación las empresas ejecutadas y ahora recurrentes se habían responsabilizado solidariamente del pago de 34.500.000 de pesetas al ejecutante y recurrido, en concepto de liquidación, saldo y finiquito. La conciliación había sido instada por este último en virtud de decisión empresarial de despido. Se había estipulado que los pagos habían de hacerse en varios plazos: dentro de los ocho días siguientes a la firma de la conciliación (11 millones de pesetas), el 31 de julio de 1992 (5.875.000 pesetas), el 31 de enero de 1993 (igual cantidad) y el 31 de julio de 1993 (11.750.000 pesetas). En la indicada fecha de enero de 1993, ya efectuados correctamente los pagos anteriores, recibió el ejecutante la cantidad de 378.847 pesetas, en lugar de la convenida, siendo ello debido, según la parte ejecutada, a que el importe de las retenciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, respecto de las sumas ya entregadas, equivalía a la diferencia entre dicha cantidad y el importe del plazo cumplido en dicho mes de enero. En tal sentido se afirma en el auto de 11 de mayo de 1993 que la deudora principal retuvo al ejecutante e ingresó en Hacienda 4.076.817 pesetas a cuenta del expresado impuesto. En el escrito inicial se solicitó ejecución por el resto de lo adeudado (17.246.153 pesetas de principal), al estimarse que las empresas habían incumplido sus obligaciones de pago. Abrió ejecución por dicho importe, más costas e intereses, el auto de 9 de marzo de 1993, el cual fue dejado sin efecto por auto de 11 de mayo de 1993, que estimó los recursos de reposición interpuestos por dichas empresas. La sentencia de suplicación revocó este último auto y acordó siguiese la ejecución de lo convenido en conciliación, conforme a lo acordado en el auto de 9 de marzo.

Segundo.-Nada obsta a que sean recurridos en suplicación los autos dictados en proceso de ejecución en el que el título sea la certificación de conciliación administrativa. Cierto que el artículo 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sobre resoluciones recurribles en suplicación, se refiere explícitamente sólo a la ejecución de sentencias, mas ello no es decisivo a tales efectos si se advierte que el propio Libro IV de dicho texto legal, relativo al proceso de ejecución, lleva por epígrafe "de la ejecución de sentencia", lo cual no impide que deban estimarse incluidos dentro de dicha regulación aquellos casos en que no sea la sentencia el título de ejecución (véase artículo 234.2). No hay razones bastantes que justifiquen la exclusión de tal recurso, siempre que exista la misma razón de impugnación: es decir, que se trate de materias que, en supuesto de proceso contencioso, hubieran sido susceptibles de conocimiento por la Sala en trámite de suplicación, y que el auto recurrido resuelva extremos "que contradigan lo ejecutoriado", o sea, que contradigan el propio contenido del título de ejecución. Por último, no es óbice a tal conclusión la doctrina sentada por la Sala sobre la inimpugnabilidad de "los autos dictados en el procedimiento ejecutivo iniciado en virtud de la certificación del acto de conciliación ante el SMAC o conciliación administrativa" (sentencia de 6 de mayo de 1992 y, en el mismo sentido las de 15 de septiembre de 1989, 12 de febrero de 1990 y 24 de octubre de 1992): basta señalar, al efecto, que en los supuestos contemplados por dichas sentencias la normativa aplicable era la Ley de Procedimiento Laboral anteriormente vigente (la aprobada por Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio), según la cual la conciliación extrajudicial no era un título de ejecución (condición que evidentemente tiene actualmente, artículo 68), sino un título de los que dan lugar a procesos semejantes al juicio ejecutivo regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 55 de la Ley de 1980).

Tercero.-En el supuesto de autos el contenido propio del acuerdo conciliatorio versa sobre indemnización por causa de despido, que es materia en la que "en todo caso" procede la suplicación [véase artículo 188.1.a) en relación con el artículo 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral]. Por otra parte, el auto recurrido en suplicación (de 11 de mayo de 1993) había acordado el archivo de la ejecutoria, sin que se hiciesen efectivas las sumas reclamadas y todavía no abonadas (17.246.153 pesetas), respecto del importe total adeudado según lo convenido en conciliación. Es claro que ello, según la propia exposición del recurso, comportaba que el auto recurrido había resuelto en contradicción con lo ejecutoriado, por negar la inexistencia de incumplimientos de pago, y, con ello, la inmediata exigibilidad de toda la deuda. En consecuencia, el expresado auto reunía las condiciones precisas para poder ser recurrido en suplicación (artículo 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Cuarto.-En el escrito de interposición del recurso se invocan como contradictorias dos sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fechas 2 de diciembre de 1990 y 25 de mayo de 1992. En el supuesto conocido por esta última, la parte demandante, una vez estimada su pretensión por sentencia, había instado la ejecución ya que la empresa condenada había puesto a su disposición una cantidad inferior a la establecida en dicha resolución judicial, y que al entender de la empresa constituía la suma global neta adeudada, previo descuento de las cantidades a ingresar por el impuesto de la renta de las personas físicas (amén de lo correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social). La sentencia dictada entonces en trámite de suplicación declaró improcedentes las deducciones practicadas y acordó que continuase la ejecución por las cantidades establecidas en sentencia, sin deducción de clase alguna. Formalizado recurso de casación para la unificación de doctrina, la expresada sentencia de esta Sala declaró "la incompetencia del orden social de la jurisdicción para conocer de las deducciones que efectuó la empresa ... por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", sin perjuicio de que se formulara la pretensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa, manteniendo en sus propios términos los demás pronunciamientos de la sentencia objeto de recurso.

No es dudosa la contradicción entre la sentencia de contraste y la ahora impugnada, pese a las alegaciones de la parte recurrida, pues sobre iguales peticiones y supuestos de hecho (pretensión de ejecución íntegra de la cantidad fijada en el título de ejecución, fundamentada en que tal cantidad no ha de ser disminuida en virtud de deducciones por el impuesto de la renta de las personas físicas) se pronuncian una y otra en sentidos diferentes: la recurrida acuerda seguir la ejecución hasta el cobro íntegro, y como valor neto, de la suma fijada en el título, sin que proceda la reducción de su importe por tales deducciones, en tanto que la de contraste defiere a la jurisdicción contencioso-administiva la competencia para decidir sobre los extremos relativos a tales deducciones o retenciones. No son obstáculo a la apreciación de dicha contradicción ni la distinta condición del título en uno y otro caso (sentencia y conciliación extrajudicial), ni el hecho de que en el supuesto ahora conocido la deuda sea sustancialmente en concepto de indemnización por despido, en tanto que en el otro lo sea por "diferencias salariales y otros conceptos", pues son extremos que en nada afectan ni a la respectiva ejecutoriedad de los títulos, ni a la pertinencia o no de las deducciones cuestionadas, ni al ámbito de la competencia de jurisdicción para decidir sobre tal pertinencia y, en su caso, cuantía de las retenciones.

Quinto.-En el supuesto de autos, una vez establecida en el título de ejecución la cantidad adeudada al ejecutante por las empresas ahora recurrentes, la determinación de si han de realizarse o no retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su caso por qué importe, es tema que está sujeto a leyes de naturaleza fiscal y no laboral, cuya interpretación y aplicación corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Tal es, precisamente, la doctrina mantenida por la sentencia de contraste, que reitera la ya sentada en su día por la de 2 de octubre de 1990, que también invoca la parte recurrente, y la mantenida con anterioriodad en auto de 27 de noviembre de 1989 de la Sala Especial del Tribunal Supremo de Conflictos de Competencia.

Sexto.-De conformidad con lo expuesto, de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, y acogiendo asimismo la denuncia de infracción legal hecha en el recurso (con invocación de los artículos 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley de Procedimiento Laboral) debe declararse la incompetencia del orden social de la jurisdicción para conocer de las deducciones hechas en el concepto de retenciones a cuenta del expresado impuesto, declaración de incompetencia que, por otra parte, habría de hacerse incluso de oficio, si no se hubiera formulado denuncia sobre el particular. Ello comporta, a su vez, la casación de la sentencia recurrida, y la confirmación del auto dictado el 11 de mayo de 1993. Todo ello con los consiguientes efectos en cuanto al depósito y fianza constituidos para recurrir, y sin condena en costas (artículo 225.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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