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Sentencia T.S. (Sala 4) de 24 de abril de 1995


 RESUMEN:

Recurso de casación para unificación de doctrina. Desestimación. Nulidad de actuaciones por la ruptura de la unidad del acto del juicio. Improcedencia. Falta de contradicción.

EXTRACTO:

No es posible dividir el juicio en diversas sesiones celebradas separadamente.

No se producen los presupuestos de identidad y contradicción entre resoluciones judiciales que justifiquen la función unificadora de este recurso excepcional.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona señaló el día 20 de enero de 1993 para la celebración del juicio y, cuando se practicaba la confesión judicial de la empresa demandada, ésta denunció la falsedad de ciertos documentos aportados por la parte actora. El juez acordó en ese momento la suspensión del acto del juicio, otorgando al demandado un plazo de diez días para que acreditara la presentación de querella criminal ante el Juzgado competente y, una vez cumplido este presupuesto, el Juzgado acordó señalar para la continuación del juicio el día 17 de febrero de 1993, en el que se celebró, sin que compareciera a este acto el demandado.

Después de aportado al proceso el auto de sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, se alzó la suspensión del plazo para dictar sentencia y se dictó ésta en fecha 9 de febrero de 1994 desestimando la demanda y, formulado recurso de suplicación por el actor, en el que se solicitaba en primer lugar la nulidad de actuaciones por la ruptura de la unidad del acto del juicio, fue desestimado por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de julio de 1994 por entender que se trataba de una irregularidad procesal que no era acreedora de la medida extraordinaria de la nulidad de actuaciones pues no se había efectuado la oportuna protesta, ni se había causado indefensión al demandante.

Interpone el actor recurso de casación para la unificación de doctrina y presenta como contrarias las sentencias de las Salas de lo Social de Murcia de 16 de octubre de 1989, de Asturias de 11 de 1991, de Cataluña de 20 de febrero de 1992 y del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1987, en todas las que se anulan las actuaciones y se reponen al momento de iniciar el acto del juicio por haberse suspendido la celebración de éste y continuado varios días después de su inicio.

Segundo.-Antes de efectuar el juicio de contradicción a que obliga el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral, contrastando la identidad entre los supuestos enjuiciados en la sentencia recurrida y las aportadas como contrarias, es conveniente hacer algunas consideraciones con carácter previo.

El proceso laboral, como versión matizada del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se apoya en los pilares básicos de los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad como proclama el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Laboral y, la aplicación de estos presupuestos es exigencia inexcusable para que el proceso cumpla su función, sin que puedan dejar de observarse por los jueces y Tribunales. Estos principios están enlazados entre sí, pues no se concibe la inmediación sin la oralidad y la concentración y, como consecuencia de esto, no se puede romper la unidad del acto del juicio oral sin que se resientan los principios inspiradores del proceso.

El principio de unidad de acto que inspira la comparecencia impone que ésta no se divida en compartimentos estancos, pero eso no es incompatible con la sucesión de diversas fases en el juicio que comprenden las alegaciones, la prueba y las conclusiones, y tampoco impide que se pueda paralizar la dinámica del juicio por el tiempo imprescindible para que, por ejemplo, las partes puedan examinar la prueba documental de la contraria (artículo 94.1 de la Ley de Procedimiento Laboral), o la interrupción del acto por el tiempo estrictamente necesario para satisfacer necesidades primarias. Sin embargo no es posible dividir el juicio en diversas sesiones celebradas separadamente pues la regulación legal previene la actuación judicial en una sola convocatoria (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral), como también se desprende de los artículos 85, 86 y 87 del mismo texto, ya que el artículo 86.2 impone la continuación del juicio hasta el final en caso de denuncia de falsedad documental, el 87.1 sólo permite la suspensión para la práctica de pruebas fuera de la sede del Tribunal por el tiempo imprescindible y, de otro lado, no se autoriza la suspensión del acto, prevista en el artículo 322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para continuarlo el día o días siguientes, cuando la vista no hubiera finalizado una vez terminadas las horas de audiencia, pues la ruptura de la unidad de acto hace que se resienta el presupuesto fundamental en que se sustenta el proceso laboral.

Tercero.-No obstante lo anterior, el recurso de casación para la unificación de doctrina no está configurado en la Ley de Procedimiento Laboral para sentar una doctrina abstracta en relación con las cuestiones planteadas en la sentencia recurrida sino que lo que pretende la Ley es unificar la interpretación del derecho para dictar la doctrina correcta cuando se producen los supuestos que refiere el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral, esto es que se dicten resoluciones contradictorias ante situaciones idénticas en cuanto a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, lo que obliga a examinar el contenido de las sentencias puestas en comparación para ver si concurren esos presupuestos, aun en el caso de que se trate de un recurso en el que se denuncian infracciones procesales, como señala la sentencia del Pleno de esta Sala de 4 de diciembre de 1991.

En el presente recurso se pretende la nulidad de actuaciones con base en que se suspendió el acto del juicio en el momento en que la parte demandada anunció su propósito de presentar querella por supuesta falsedad documental y se continuó después de acreditada la admisión de la querella, incumpliendo el mandato del artículo 86.2 de la Ley de Procedimiento Laboral.

De las sentencias presentadas como contrarias se desprende que:

a)  La del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 16 de octubre de 1989 decreta de oficio la nulidad de actuaciones por haberse suspendido el acto del juicio al carecer de poder para absolver posiciones el representante de un demandado y siete días después se continuó en nueva sesión, confesando otro codemandado, pero no el que provocó la suspensión.

b)  En la de Cataluña de 20 de febrero de 1992 se anulan actuaciones por suspender el juicio, para continuarlo un mes después, por carecer de poder para confesar el que compareció por el demandado.

c)  La de Asturias de 11 de marzo de 1991 contempla un supuesto de suspensión por carecer el compareciente de poder de la parte representada y en la siguiente sesión presentó escritura de fecha posterior a la de la primera convocatoria y la sentencia estimó que supone denegación de tutela judicial a la parte contraria, por el trato de favor otorgado a la otra, y

d)  La sentencia de esta Sala de lo Social de 23 de diciembre de 1987 decreta la nulidad de actuaciones por haber celebrado el juicio en dos sesiones distintas y no constar en acta que se practicara el trámite de conclusiones.

Los hechos y fundamentos provocadores de la nulidad son distintos en la sentencia recurrida respecto de las presentadas como contrarias y, aunque en todas ellas se razona que la ruptura del principio de unidad de acto es motivo de nulidad, concurren otras causas que han reforzado la decisión anulatoria pues, en las tres primeras se ha vulnerado el principio de contradicción y de igualdad de partes al favorecer con la suspensión a uno de los litigantes, y en la del Tribunal Supremo se produce otra anomalía procesal que por sí sola ya justificaría la nulidad.

No se producen por tanto los presupuestos de identidad y contradicción entre resoluciones judiciales que justifiquen la función unificadora de este recurso excepcional, tal como está concebido en la Ley de Procedimiento Laboral y lo interpreta reiterada jurisprudencia de esta Sala, por lo que se debe inadmitir el recurso, lo que en este trámite de sentencia se convierte en desestimación del mismo, sin que proceda imponer las costas según dispone el artículo 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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