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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.C. 190/95, de 18 de diciembre de 1995


 RESUMEN:

La citación o notificación por edictos sólo es admisible cuando, una vez intentada la comunicación utilizando los medios razonables, no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero.

EXTRACTO:

El solicitante de amparo centra su queja en la indefensión que le ha causado la utilizacion de las notificaciones por edictos en relación con el proceso de despido incoado contra él, (...)

(...) el recurso a los edictos, al constituir un remedio último para los actos de comunicación procesal, requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios, que ofrecen mayores garantías y seguridad de recepción para el destinatario, y la convicción, obtenida con criterios de razonabilidad, del órgano judicial que ordene su utilización, de que al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal (...)

(...) la citación por edictos en el ámbito laboral se concibe como "una modalidad de carácter supletorio y excepcional". De ahí que, el emplazamiento personal deba considerarse «un instrumento ineludible por cuya efectividad debe el juez velar (...) a la notificación por edictos sólo será admisible cuando "una vez intentada la comunicación utilizando los medios razonables, no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero"».

El órgano judicial no apuró su deber de diligencia en el emplazamiento del solicitante de amparo, pues, antes de recurrir a la vía edictal, dejó de practicar, con el consiguiente incumplimiento de las normas procesales reguladoras de dicha actuación, otras modalidades y nuevas notificaciones personales en el domicilio del ahora recurrente, (...) no existe el menor atisbo en las actuaciones que permita afirmar que el solicitante de amparo tuvo un conocimiento extraprocesal del litigio, (...)

(...) siendo varios los demandados, no hay dificultad alguna en mantener los pronunciamientos dictados respecto de las demás partes en el proceso que no han recurrido en esta vía, pudiendo restablecerse el derecho del actor con la reproducción del acto del juicio únicamente en lo referente a su eventual responsabilidad derivada del acto de despido.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero.—1. El solicitante de amparo centra su queja en la indefensión que le ha causado la utilizacion de las notificaciones por edictos en relación con el proceso de despido incoado contra él, su socio don Francisco S. y las empresas "Instituto de Componentes Telefónicos, S.A." e "Instaladora de Comunicaciones Telefónicas, S.A.", por los señores S.G. y G.M. Vuelve a plantearse, pues, en el presente recurso la cuestión de si el emplazamiento del demandado al juicio laboral por medio de edictos, una vez fracasada una primera citación por correo certificado, es susceptible de causar indefensión, según sostienen el recurrente y el Ministerio Fiscal.

Segundo.—A este respecto, existe una abundantísima jurisprudencia que, no por reiterada o bien conocida, puede dejar aquí de reseñarse, siquiera en lo que a sus aspectos fundamentales concierne. Pues bien, según ha afirmado insistentemente este Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva garantiza el derecho a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales, lo que, sin duda, impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal, que aseguren, en la medida de lo posible, su recepción por los destinatarios (SSTC 316/1993, 317/1993 y 334/1993, entre otras). Y, al objeto de lograr la plena efectividad del derecho, también se ha indicado que los órganos judiciales han de procurar el emplazamiento o citación personal de los demandados, siempre que sea factible asegurando de este modo que puedan comparecer en el proceso y defender sus posiciones frente a la parte demandante (SSTC 9/1981 y 37/1984), por lo que el recurso a los edictos, al constituir un remedio último para los actos de comunicación procesal, requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios, que ofrecen mayores garantías y seguridad de recepción para el destinatario, y la convicción, obtenida con criterios de razonabilidad, del órgano judicial que ordene su utilización, de que al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal (SSTC 157/1987, 171/1987, 141/1989, 242/1991 y 108/1994).

O, para expresarlo con los mismos términos ya utilizados en otras ocasiones respecto de supuestos muy semejantes al caso que nos ocupa, la citación por edictos en el ámbito laboral se concibe como "una modalidad de carácter supletorio y excepcional" (STC 312/1993, fundamento jurídico primero). De ahí que, ciertamente, el emplazamiento personal deba considerarse «un instrumento ineludible por cuya efectividad debe el juez velar poniendo en la actividad de comunicación la diligencia que sea razonablemente exigible a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso, como se desprende de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cuyos artículos 53 y siguientes, y en especial en su artículo 56, dejan a la notificación por edictos una función excepcional, de tal suerte que sólo será admisible cuando "una vez intentada la comunicación utilizando los medios razonables, no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero"» (STC 303/1994, fundamento jurídico 2.º)

Tercero.—La aplicación de la doctrina expuesta al caso concreto conduce, con toda evidencia, al otorgamiento del amparo solicitado. En efecto, examinada a la luz de los antecedentes la actividad desplegada por el Juzgado de lo Social, núm. 12 de Barcelona, cabría indentificar los siguientes datos relevantes para la resolución del presente recurso de amparo: 1.º) que realizada de forma infructuosa la primera citación al solicitante de amparo en la sede de las empresas codemandadas, la parte actora en el proceso a quo, mediante escrito registrado el 12 de marzo de 1992, puso en conocimiento del órgano judicial su domicilio particular, sito en la calle San Quintín, núms. 33-35, de Barcelona; 2.º) que la nueva citación, despachada por correo certificado y dirigida al recién mencionado domicilio, resultó asimismo baldía; y 3.º) que, sin más trámites, el Juzgado de lo Social acordó la citación del demandado por edictos, siendo ésta la vía utilizada para comunicar todas las demás resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento.

En vista de los datos reseñados, no cabe albergar la menor duda acerca de que el órgano judicial no apuró su deber de diligencia en el emplazamiento del solicitante de amparo, pues, antes de recurrir a la vía edictal, dejó de practicar, con el consiguiente incumplimiento de las normas procesales reguladoras de dicha actuación, otras modalidades y nuevas notificaciones personales en el domicilio del ahora recurrente, que habrían permitido dar con su paradero, garantizándole así el conocimiento de la existencia del proceso. Pues bien, si a lo hasta ahora expuesto se añade que no existe el menor atisbo en las actuaciones que permita afirmar que el solicitante de amparo tuvo un conocimiento extraprocesal del litigio, no puede sino llegarse a la conclusión de que se produjo la vulneración del artículo 24.1 C.E. denunciada en la demanda.

Cuarto.—En su escrito de alegaciones señala el Ministerio Fiscal la conveniencia de matizar el contenido del fallo, declarando la nulidad de la sentencia impugnada y de todo lo actuado en ejecución tan sólo en los extremos relativos al recurrente. Sugerencia que procede tomar en consideración, pues, siendo varios los demandados, no hay dificultad alguna en mantener los pronunciamientos dictados respecto de las demás partes en el proceso que no han recurrido en esta vía, pudiendo restablecerse el derecho del actor con la reproducción del acto del juicio únicamente en lo referente a su eventual responsabilidad derivada del acto de despido.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido:

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud:

Primero.—Restablecer al demandante en su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Segundo.—Declarar la nulidad de la sentencia del Juzgado de lo Social número doce de Barcelona, de 31 de julio de 1992, dictada en autos núm. 93/1992, en el único extremo en que declara la responsabilidad del actor, así como de las resoluciones posteriormente dictadas en ejecución de la citada sentencia que se dirigen del solicitante de amparo.

Tercero.—Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al acto del juicio, para que se ce nuevamente respecto de los extremos que incumben al demandante de amparo.

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