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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 30 de enero de 1996


 RESUMEN:

Jubilación. Invalidez. No procede reconocer pensión de invalidez cuando ya se ha accedido a la jubilación pensionada. Si el hecho en que se apoya, consta en el expediente administrativo, no queda cerrado al conocimiento jurisdiccional de la cuestión planteada.

EXTRACTO:

Se ha acreditado que el actor era pensionista de jubilación desde marzo de 1991 y que le fue reconocida en un momento posterior -mayo de 1993- una pensión de invalidez permanente total (...)

Esta falta de correspondencia no puede cerrar el paso al conocimiento jurisdiccional de la cuestión planteada cuando, como sucede en el presente asunto, el hecho en el que se apoya consta en el expediente administrativo; (...) la prohibición de aportar al proceso hechos que no lo hayan sido al procedimiento administrativo supone ya una limitación importante", pero «si esta limitación se interpreta como un mandato al juez para pronunciarse únicamente sobre el motivo de denegación que se invoca en la resolución administrativa entonces se invierte la relación entre vía administrativa y proceso, se subordina éste a aquélla con las graves consecuencias que de ello se derivan desde la perspectiva del principio de legalidad, del principio "iura novit curia" y en general de los principios que rigen la carga de la alegación y de la prueba de los hechos en el proceso (...) La apreciación de la infracción (...) conduce a la resolución del debate de suplicación revocando la sentencia de instancia, que había mantenido la conversión de la pensión de jubilación en pensión de invalidez permanente, y anulando la resolución administrativa que había reconocido esta última. (...) no procede reconocer pensión de invalidez cuando, como sucede también en el caso, con anterioridad al hecho causante ya se ha accedido a jubilación pensionada. (...) la Ley General de Seguridad Social, al regular la revisión de la invalidez, cuida en precisar que la misma requiere que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima para la pensión de jubilación" (...) el eje del sistema de protección de pensiones contributivas es la vejez, "a la que corresponde tal protagonismo", y no la invalidez. (...) Procede tal reintegro, que es consecuencia de la anulación de la resolución administrativa de reconocimiento del derecho hasta el momento en que se dictó la sentencia de instancia. (...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Se ha acreditado en el asunto resuelto por la sentencia de suplicación que el actor era pensionista de jubilación desde marzo de 1991 (hecho probado segundo), y que le fue reconocida en un momento posterior -mayo de 1993- una pensión de invalidez permanente total (hecho probado tercero). Ha de tenerse en cuenta, además, para la decisión del presente recurso de unificación de doctrina que la sentencia de instancia resolvió dos demandas acumuladas: una del actor sobre grado de invalidez que estimó, y otra de la entidad gestora INSS, interesando la declaración de nulidad del acto por el que al trabajador le fue reconocida pensión de invalidez permanente, demanda que fue acumulada a la de aquél para su resolución conjunta. La petición principal de esta demanda del INSS, en la que se aducía que "no cabe acceder a la situación protegida de invalidez desde la de jubilación", fue desestimada.

La sentencia de suplicación rechazó el recurso de la entidad gestora con base en que en él se planteaba una cuestión nueva no propuesta en la instancia. Dicho obstáculo de carácter jurídico-procesal dió lugar a que el Tribunal Superior de Justicia no entrara en el fondo del asunto.

Segundo.-El escrito de formalización del recurso de casación para unificación de doctrina propone dos motivos de infracción, para cada uno de los cuales aporta y analiza sentadas sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estima contradictorias con la impugnada. La primera de ellas es la sentencia del pleno de 28 de junio de 1994 sobre el alcance de la regla de correspondencia entre los hechos alegados en el procedimiento administrativo y los aducidos en el proceso de Seguridad Social que establece el artículo 141.2 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL). La segunda sentencia de contraste es la de 14 de octubre de 1992, dictada como la anterior en unificación de doctrina, que resolvió un litigio sobre incidencia de la situación de pensionista de jubilación en peticiones posteriores de pensión de invalidez permanente.

Es indudable la contradicción entre la sentencia impugnada y las de esta Sala que se acaban de citar, y se debe estimar en consecuencia el recurso interpuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal. El razonamiento que conduce a esta conclusión se expone a continuación de manera resumida.

Tercero.-A la vista de los términos inequívocos de la demanda del INSS, resulta evidente que la excepción procesal de cuestión nueva que sirve de fundamento a la decisión de la sentencia impugnada refiere a la llamada congruencia entre el expediente administrativo y el proceso de Seguridad Social. Es cierto que en el caso no existe una correspondencia plena entre uno y otro ya que la razón aducida en aquél -que las secuelas de las lesiones no constituyen invalidez absoluta- no coincide con el argumento esgrimido ante el órgano jurisdiccional -que no cabe acceder a la situación de invalidez permanente desde la de jubilación-. Pero esta falta de correspondencia no puede cerrar el paso al conocimiento jurisdiccional de la cuestión planteada cuando, como sucede en el presente asunto, el hecho en el que se apoya consta en el expediente administrativo; es únicamente esta exigencia de constancia de los hechos decisivos del caso en dicho expediente lo que se desprende del precepto del artículo 141.2 LPL. En los términos de nuestra sentencia de 28 de junio de 1994: "la prohibición de aportar al proceso hechos que no lo hayan sido al procedimiento administrativo supone ya una limitación importante", pero «si esta limitación se interpreta como un mandato al juez para pronunciarse únicamente sobre el motivo de denegación que se invoca en la resolución administrativa entonces se invierte la relación entre vía administrativa y proceso, se subordina éste a aquélla con las graves consecuencias que de ello se derivan desde la perspectiva del principio de legalidad, del principio "iura novit curia" y en general de los principios que rigen la carga de la alegación y de la prueba de los hechos en el proceso». La misma sentencia de 28 de junio de 1994 recuerda que en idéntico sentido se había pronunciado con anterioridad la propia Sala en sentencia de 14 de julio de 1986, y el Tribunal Constitucional en la sentencia 41/1989, al considerar en un caso equivalente que el hecho de que la falta de período de cotización no fuera tomada en consideración por las resoluciones administrativas no impedía al órgano judicial, en su función revisora del derecho aplicado, atribuir a los hechos probados sobre el período de cotización las consecuencias legales que estimó inherentes a los mismos.

Cuarto.-La apreciación de la infracción en el motivo de casación anterior conduce a la resolución del debate de suplicación revocando la sentencia de instancia, que había mantenido la conversión de la pensión de jubilación en pensión de invalidez permanente, y anulando la resolución administrativa que había reconocido esta última. Tal resolución sigue la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1992 según la cual no procede reconocer pensión de invalidez cuando, como sucede también en el caso, con anterioridad al hecho causante ya se ha accedido a jubilación pensionada. En un sistema de Seguridad Social -viene a decir esta sentencia- en el que "la contingencia de vejez así como la de invalidez son legalmente configuradas como de carácter profesional" el hecho causante de la invalidez ha de venir precedido por el desempeño de profesión u oficio, o por la posibilidad de hacerlo; "tan es así -continúa la sentencia de 14 de octubre de 1992- que el artículo 145 (hoy 143) de la Ley General de Seguridad Social, al regular la revisión de la invalidez, cuida en precisar que la misma requiere que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima para la pensión de jubilación"; la conclusión del razonamiento de la propia sentencia es que el eje del sistema de protección de pensiones contributivas es la vejez, "a la que corresponde tal protagonismo", y no la invalidez.

Debe pronunciarse también esta Sala del Tribunal Supremo, en este momento de resolución del debate de suplicación sobre el reintegro de prestaciones solicitado en la demanda y en el recurso de la entidad gestora. Procede tal reintegro, que es consecuencia de la anulación de la resolución administrativa de reconocimiento del derecho hasta el momento en que se dictó la sentencia de instancia.

No ha lugar a pronunciamiento sobre la acumulación de demandas producida en la instancia, respecto de la cual no ha habido debate en suplicación ni planteamiento de cuestión de unificación de doctrina.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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