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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 2 de febrero de 1996


 RESUMEN:

Proceso de Seguridad Social. No cabe subordinar el proceso a la vía administrativa previa, lo que puede producir graves consecuencias respecto al principio de legalidad, al de "iura novit curia" y a los que rigen la carga de la alegación y prueba de los hechos en el proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1. Con relación a la contradicción que se invoca en el recurso, de la sentencia en él impugnada con la de esta Sala de 28 de junio de 1994, alega el recurrido en su escrito de impugnación que dicha sentencia así invocada ni ha sido publicada en el repertorio Aranzadi, ni ha sido acompañada al recurso. Pero debe tener en cuenta el recurrido que en el escrito de formalización de dicho recurso la parte alegó por otrosí que ya tenía solicitado en escrito anterior la certificación de la sentencia de contradicción; y el impugnante ha podido o consultar en el rollo el tenor de dicha sentencia, porque en él está unida, o pedir a la Sala una certificación de la misma. No puede aducir ahora, en fase de impugnación del recurso, que desconoce la sentencia, y menos aún sostener que tal sentencia de contradicción no existe.

2. Hay contradicción de sentencias, exigida por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral como presupuesto para la viabilidad del recurso. En ambas se ventila la exigencia de la congruencia entre la vía administrativa y la judicial en los procesos de Seguridad Social, como previene el artículo 142.2 de la Ley de 1990; idéntica es la situación de las partes, uno es el beneficiario de la Seguridad Social y la otra la entidad gestora; igual fundamento en las pretensiones deducidas (exigencia del artículo 142.2 de la Ley) e igualdad también de éstas, aunque las sentencias en comparación contienen pronunciamientos opuestos.

Segundo.-1. En orden a la infracción legal que denuncia la entidad gestora recurrente, por interpretación errónea del artículo 141.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, hoy artículo 142.2, referente a los procesos de Seguridad Social, es cierto que dicho artículo dispone que "En el proceso no podrá aducirse por ninguna de las partes hechos distintos de los alegados en el expediente administrativo", que reitera lo que al efecto establecía el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980. La reclamación previa aquí formulada refiere tan sólo los padecimientos que presenta el demandante en orden a la invalidez permanente que postula. La entidad gestora desestimó la solicitud de invalidez permanente por no ser actualmente sus lesiones constitutivas de invalidez permanente, estimando la necesidad de que continúe recibiendo asistencia sanitaria (apartado tercero del relato de hechos probados de la sentencia). En el expediente administrativo unido a los autos obra el informe de cotizaciones efectuadas por el interesado, con un total de 3078 días computables (folios 29 y 32); si bien la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social silenció tal extremo.

2. La demanda formulada ante el Juzgado de lo Social contiene tan sólo alegaciones referentes a la enfermedad que padece la parte y a las consecuencias que produce en su aptitud laboral; añade que tales lesiones no han sido debidamente valoradas, sino que presenta un cuadro clínico de tal entidad que le hace pedir la declaración de su incapacidad permanente absoluta y el abono de las prestaciones correspondientes.

3. En el acto del juicio fue donde el INSS adujo que "el actor no tiene carencia exigida, cita artículo 2.º Ley 26/1985, cita sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 1989".

4. Es verdad, como dice la sentencia impugnada, que existe una prohibición en el artículo 72.1 de la Ley Procesal de introducir en el proceso variaciones sustanciales de lo formulado en reclamación previa. Pero este mandato no puede conducir, como arguye la sentencia de esta Sala de 28 de junio de 1994, a la creencia de que se invierte la relación entre vía administrativa previa y proceso y "se subordina éste a aquélla con las graves consecuencias que de ello se derivan desde la perspectiva del principio de legalidad, del principio "iura novit curiá" y, en general, de los principios que rigen la carga de la alegación y de la prueba de los hechos en el proceso".

5. Cuando se está ante un presupuesto en que se funda el derecho que se reclama, por tratarse de un hecho constitutivo de ese derecho, al actor le incumbe la prueba del mismo y, salvo que el demandado lo reconozca o acepte, el hecho está necesitado de prueba, sin que se pueda partir de ella porque el demandado se oponga en vía previa -que no en el proceso- por otras causas. Así se razona en la citada sentencia de 28 de junio de 1994, dictada por la Sala General en recurso de casación para la unificación de doctrina, que es la sentencia que certificada está unida a los autos al invocarla el recurrente como sentencia cuya doctrina está contradicha por la impugnada. El hecho de que la falta de período de cotización para que se genere el derecho a la prestación no fuera materia debatida en vía administrativa previa no quiere decir que haya dejado de constituir un requisito en el que se fundamenta el derecho a la prestación; y, en consecuencia, por aquella omisión, que el juzgador haya de reconocer el derecho aún constando su inexistencia, según resulta de lo actuado en el proceso. Prohibir que la demandada alegue en el proceso la ausencia de los requisitos sustanciales que fundan el derecho que se postula conduce a desconocer que la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución no se atribuye tan sólo a una de las partes, sino que se extiende a todas. Por ello el tema litigioso se identifica no sólo por la demanda, sino también por las demás pretensiones -pretensión u oposición a la pretensión- oportunamente deducidas (artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

6. De acuerdo con estas ideas, la sentencia del Tribunal Constitucional 41/1989, de 16 de febrero, que resolvió en amparo un caso semejante al que aquí nos incumbe, advirtió que reducir el debate solamente a la naturaleza de las lesiones sufridas, prescindiendo de lo referente al período de carencia "es una posición de defensa sin duda legítima y legalmente amparada en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Laboral, acogida por la sentencia de instancia". Pero "no puede convertirse ahora en la indefensión prohibida por el artículo 24.1 de la Constitución". Y la sentencia del mismo Tribunal Constitucional 15/1990, de 1 de febrero, declara que es preciso rechazar todo supuesto que implique "una aplicación excesivamente rígida de la regla contenida en el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Laboral..., sobre todo si se tiene en cuenta que la congruencia no debe tener como único criterio el contenido de reclamación previa, sino el conjunto de pretensiones y argumentos suscitados en los trámites previos al proceso, incluyendo la petición inicial y el resto de los datos aportados por el expediente administrativo correspondiente, sobre los cuales no se pronunció tampoco el magistrado de Trabajo".

Tercero.-La sentencia impugnada infringe el precepto invocado en el recurso, quebrantando la unidad de doctrina, por lo que procede casar y anular la sentencia y resolver el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, como dispone el artículo 226.2 de la Ley Procesal; sin hacer pronunciamiento sobre costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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