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Sentencia T.S. (Sala 4) de 16 de enero de 2004


 RESUMEN:

Citación por edicto. Nulidad de actuaciones. Agotamiento previo de citación personal. Violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Con fecha 29 de diciembre de 2000, el Juzgado de lo Social núm. 28 de Barcelona, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " Que estimando en parte las demandas interpuestas por los actores, en reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a las empresas Comercial Vadar, Sociedad Anónima, Catalana Aragonesa de Inoxidables, Sociedad Anónima, (CADIN, S.A.), Comercial MONIX, Sociedad Anónima, VENDRI, Sociedad Limitada, OROLEY, Sociedad Limitada y CENTREX, Sociedad Anónima, a abonarles las cantidades siguientes, en concepto de principal, incrementadas en el 10% de interés anual en concepto de interés de demora, a los interventores D. José Augusto y D. Pedro Antonio, y órganos de la quiebra de Catalana Aragonesa de Inoxidables, S.A. y Comisión liquidadora de acreedores preferentes de Comercial Monix, S.A., a estar y pasar por dicha declaración, y absolviendo a D. Felipe y al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores:


 

Trabajador

Febrero(pesetas)

Marzo(pesetas)

Vacaciones(pesetas)

Verano(pesetas)

Navidad(pesetas)

Indemnización(pesetas)

Total(pesetas)

Javier

24.000

136.000

134.264

96.943

30.481

2.245.772

2.667.460

Germán

24.000

136.000

133.636

96.943

30.481

2.245.772

2.666.832

Benito

25.500

144.500

142.420

96.943

30.481

2.428.272

2.868.116

Luis Alberto

30.600

173.400

175.672

98.597

31.001

3.048.772

3.558.042

Paulino

26.100

147.900

146.812

97.079

30.524

2.501.272

2.949.687

Eusebio

23.400

132.600

131.127

99.943

30.481

2.172.772

2.587.323

Agustín

99.760

565.305

568.136

112.142 

35.260

11.463.208 

12.843.811 

Ángel Jesús

24.429

138.429

128.458

100.022 

31.449

2.297.915

2.720.701

José Antonio

24.300

137.700

131.127

96.943

30.481

2.282.272

2.702.823

José Pedro

23.700

134.300

131.754

96.943

30.481

2.209.272

2.626.450

Joaquín

26.400

149.600

148.694

97.079

30.524

2.537.772

2.990.069

Clemente

23.700

134.300

132.381

96.943

30.481

2.209.272

2.627.077

Ramón

23.700

134.300

132.381

96.943

30.481

2.209.272

2.627.077

Juan Manuel

27.000

153.000

151.831

98.597

31.001

2.610.772

3.072.201

Benedicto

24.300

137.700

135.518

96.943

30.481

2.282.272

2.707.214

Evaristo

24.000

136.000

130.499

96.943

30.481

2.245.772

2.663.695

Sergio

24.000

136.000

134.264

96.943

30.481

2.245.772

2.667.460

Imanol

39.300

222.700

183.201

101.248 

31.835

4.107.272

4.685.556

Juan Francico

29.100

164.900

151.831

98.597

31.001

2.866.272

3.341.701

Sebastián

21.600

122.400

122.343

96.943

30.481

1.953.772

2.347.539

Luis Pablo

24.000

136.000

134.891

96.943

30.481

2.245.772

2.668.087

Penélope

26.400

149.600

149.949

98.597

31.001

2.537.772

2.993.319

Ricardo

30.600

173.400

171.908

98.597

31.001

3.040.772

3.554.278


 
Total 65.995.835 Ptas. 77.136.518 Ptas.

Siendo los trabajadores relacionados con su primer apellido los identificados en la demanda".

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos:

"1.º  Se declara probado que los actores D. Ricardo, DNI n.º (...), D.ª Penélope, DNI n.º (...), D. Luis Pablo, DNI n.º (...), D. Benedicto, DNI n.º (...), D. Imanol, DNI n.º (...), D. Sergio, DNI n.º (...), D. Juan Manuel, DNI n.º (...), D. Clemente, DNI n.º (...), D. Joaquín, DNI n.º (...), D. José Pedro, DNI n.º (...), D. Ángel Jesús, DNI n.º (...), D. Eusebio, DNI n.º (...), D. Paulino, DNI n.º (...), D. Luis Alberto, DNI n.º (...), D. Benito, DNI n.º (...), D. Javier, DNI n.º (...), D. José Antonio, DNI n.º (...), D. Agustín, DNI n.º (...), D. Germán, DNI n.º (...), D. Sebastián, DNI n.º (...), D. Juan Francisco, DNI n.º (...), D. Evaristo, DNI n.º (...), y D. Ramón, DNI n.º (...), fueron contratados con el salario, la antigüedad y categoría que constan en la demanda, por la empresa COMERCIAL VADAR, S.A., con centro de trabajo en Perpetua de la Mogoda.

2.º  Se encuentra en situación de suspensión de pagos, y su interventor judicial es D. José Augusto.

3.º  Sus relaciones laborales se extinguieron por E.R.E. n.º 31/99, con fecha 16 de marzo de 1999, por Resolución ya firme.

4.º  No consta hayan percibido cantidad alguna desde la extinción de sus relaciones laborales, y reclaman tres días de febrero y dieciséis de marzo de 1999, la liquidación, que comprende la prorrata de las gratificaciones de Verano y de Navidad, las vacaciones calculadas desde el 1 de septiembre de 1998, y la indemnización por E.R.E. en empresa de menos de 25 trabajadores.

5.º  La Sociedad Catalana Aragonesa de Inoxidables, S.A. tiene su sede y centro de trabajo en Caspe, (Zaragoza) y se encuentra en situación de quiebra, habiéndose nombrado primero comisario, y luego, síndico de la quiebra, D. Santiago.

6.º  La sociedad Comercial Monix, S.A., tiene su sede y centro de trabajo en Valls, (Tarragona), y se encuentra en situación de quiebra, y en fase de liquidación, habiéndose nombrado dos comisiones liquidadoras, una para los créditos preferentes y otra para los ordinarios.

7.º  La Sociedad VENDRI, S.L. tiene su domicilio y centro de trabajo en Barcelona, Vía Laietana, número 44.

8.º  La Sociedad OROLEY, S.L. tiene su domicilio y centro de trabajo en Valls, (Tarragona), Passeig de l'Estació n.º 5.

9.º  La Sociedad CENTREX, S.A. tiene su domicilio y centro de trabajo en Vilafranca del Penedès, (Barcelona), en Avenida de Tarragona, s/n.

10.  D. Felipe era [...] de la empresa VENDRI, S.L. y tenía un contrato mercantil con dicha sociedad.

11.  La Sociedad Comercial VADAR, S.A. se dedicaba en exclusiva a la fabricación de cafeteras metálicas marca OROLEY.

12.  Efectuaba dicho trabajo en exclusividad para la sociedad Comercial MONIX, S.A. que las comercializaba también en exclusiva, y poseía el 99% de las acciones de OROLEY, S.L.

13.  Posteriormente, antes del cierre de la empresa Comercial MONIX, S.A., dicha actividad pasó a ser efectuada por CENTREX, S.A., mediante contrato de cesión de uso no remunerado.

14.  La dirección de COMERCIAL MONIX, S.A. era la que decidía la gestión y explotación de las actividades económicas de OROLEY, S.A. y de CENTREX, S.A.

15.  Catalana Aragonesa de Inoxidables, S.A. (CADIN S.A.) era la propietaria de alrededor del 99% de las acciones de Comercial VADAR, S.A., y dirigía la gestión económica de ésta.

16.  La actividad productiva y comercial de Comercial MONIX, S.A. estaba dirigida por VENDRI, S.L. a través de la sociedad tres sierras, Besloten Venootschap, sociedad europea regida por el Derecho holandés.

17.  D. Rogelio, ejercía simultáneamente los cargos de Jefe de compras de la empresa Comercial MONIX, S.A. y de [...] de la empresa Comercial VADAR, S.A.

18.  D. Eloy ostentaba simultáneamente los cargos de Director Financiero de Comercial MONIX, S.A. y de [...] de Comercial VADAR, S.A.

19.  D. Luis ostentaba simultáneamente los cargos de Director-Gerente de Comercial MONIX, S.A. y de apoderado de Comercial VADAR, S.A.

20.  D. Víctor Manuel ostentaba simultáneamente los cargos de representante apoderado de Comercial MONIX, S.A., y presidió la junta general de accionistas, y era titular de las acciones de CADIN, S.A.

21.  D. Héctor ostentó simultáneamente el cargo de Jefe de personal de Comercial MONIX, S.A. y de apoderado de Comercial VADAR, S.A.

22.  En verano de 1998, Comercial MONIX, S.A. solicitó y obtuvo un préstamo financiero, y utilizó parte de él para abonar la gratificación extraordinaria de junio de 1998 a los trabajadores de CADIN, S.A.

23.  Comercial MONIX, S.A. cedió parte de su maquinaria a CADIN, S.A. para que ésta continuara con su proceso de fabricación, sin contraprestación económica.

24.  Al proceder la dirección de Comercial VADAR, S.A. al cierre del centro de trabajo de Santa Perpetua de la Mogoda, los trabajadores de Comercial MONIX, S.A. se hicieron cargo de los documentos contables de la primera, y los llevaron a sus instalaciones.

25.  Se ha agotado el trámite de conciliación sin efecto."

Segundo.-Posteriormente, con fecha 16 de julio de 2002, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:" Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por CENTREX, S.A. contra la sentencia de 29 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona en los autos número 470/1999 seguidos a instancia de las partes actoras contra las codemandadas, confirmando íntegramente la misma y condenando a la parte recurrente al pago de las costas procesales, incluidos los honorarios del letrado de la parte contraria que actuó en el recuso, en la cuantía de 240 euros".

Tercero.-Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de CENTREX, S.A. el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo, el día 15 de noviembre de 2002, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 5 de julio de 1995 y la infracción de los siguientes preceptos: del artículo 24, n.º 1 y 2 de la CE y de los artículos 53.1, 54.1, 55, 56.1 y 82.2 de la LPL, del artículo 59 y 61 de la LPL.

Cuarto.-Por providencia de esta Sala de 10 de septiembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

Quinto.-Evacuado el trámite de impugnación por la representación de D. Javier y otros, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso improcedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 12 de enero de 2004, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los trabajadores demandantes prestaban servicios para la empresa" Comercial Vadar, S.A." cuando vieron extinguidos sus contratos de trabajo en virtud de expediente de regulación de empleo, con efectos de 16 de marzo de 1999, sin que recibieran las indemnizaciones correspondientes a la extinción ni los salarios correspondientes a los tres últimos días de febrero y primeros 16 días de marzo de 1999 trabajados, así como la liquidación de partes proporcionales y vacaciones. Plantearon demanda el 7 de mayo de 1999 ante el Juzgado de lo Social para reclamar esas cantidades, de la que conoció el número 28 de los de Barcelona, que en sentencia de 29 de diciembre de 2000 estimó las pretensiones de los trabajadores y condenó al pago de las cantidades correspondientes de forma conjunta y solidaria a las seis empresas que siguen: Comercial Vadar, S.A.; Catalana Aragonesa de Inoxidables, S.A.; Comercial Monix, S.A.; Vendri, S.L.; Oroley, S.L.; y Centrex, S.A., por entender que constituían un grupo de empresas, porque, dice la sentencia de forma literal, " ... aplica prácticas irregulares, ya que existe confusión de tareas de sus directivos, unidad de dirección y de gestión, comunicación de activos y de pasivos, comunicación de pagos contables entre las diferentes tesorerías de las empresas y asunción de pagos de unas por otras".

La referida sentencia fue recurrida en suplicación únicamente por una de las empresas condenadas, Centrex, S.A., por entender que se habían infringido por el Juzgado los artículos 82.2, 53.1, 54.1, 55, 56.1 y 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el artículo 24.1 CE, puesto que el juicio oral se llevó a cabo sin su presencia y sin que hubiese sido citada en el domicilio que constaba debidamente consignado en las actuaciones, pues únicamente lo fue por edictos.

Segundo.-La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia que hoy se recurre en casación para la unificación de doctrina, de fecha 16 de julio de 2002, desestimó el recurso y confirmó la decisión de instancia, para lo que tomó en consideración la secuencia de acontecimientos procesales que ahora se relatará, de la que extrajo la conclusión de que se había producido por parte de la recurrente" una estrategia procesal dirigida a proclamar en fase de recurso la nulidad de las actuaciones", en la que se incluye una dilatada e inexplicable inactividad de parte, se argumenta en el fundamento segundo, máxime cuando se trataba de un grupo de empresas que llevaba a cabo sus actividades en la forma que antes se ha descrito de manera literal en relación con la sentencia de instancia.

La sucesión de hechos anteriores a la celebración del juicio oral sin la presencia de " Centrex, S.A.", admitida por las partes, es la siguiente:

La demanda se presenta el 7 de mayo de 1999, dirigida exclusivamente frente a" Comercial Vadar, S.A." y el interventor de la suspensión de pagos y el FOGASA, que fue turnada al Juzgado número 28 de los de Barcelona. Por Auto de 29 de julio de 1999, se acumularon a las actuaciones seguidas ante ese Juzgado de lo Social las del procedimiento 6969/99, del Juzgado 13 de Barcelona. Se intentó un primer señalamiento del juicio oral para el 20 de octubre de 1999, pero la citación de la empresa fue devuelta por el Servicio de Correos, lo que motivó que se la citase por edictos en el BOP.

Tras la acumulación acordada, se amplió la demanda por los actores en escrito de fecha 15 de octubre de 1999, en el que se demandaba también a Catalana Aragonesa de Inoxidables, S.A.; Comercial Monix, S.A.; Vendri, S.L.; Oroley, S.L.; y Centrex, S.A consignándose el domicilio de ésta en Avda. de Tarragona S/N de Vilafranca del Penedès.

A la vista de la fecha del señalamiento y de la ampliación efectuada, hubo que proceder a la fijación de una nueva fecha de juicio oral, que se estableció en providencia de 18 de octubre de 1999 para el 19 de enero de 2000. Esta resolución se notificó a Centrex S.A. en el domicilio correcto, antes indicado. Por edictos se cita a las empresas Vendri, S.L.; Oroley, S.L y Comercial Vadar, S.A.

En la fecha señalada, el 19 de enero de 2000, compareció ante el Juzgado el legal representante de la empresa Centrex S.A., pero el juicio oral no llegó a celebrarse, concediéndose a la parte actora un plazo de 4 días para ampliar su demanda.

En 24 de enero de 2000 se procedió por los demandantes a la presentación del correspondiente escrito, en el que se ampliaba la demanda frente a la comisión liquidadora de la demandada" Comercial Monix, S.A.".

En providencia del Juzgado de 26 de enero de 2000 se procedió a señalar nueva fecha para juicio oral, el 10 de mayo de 2000. Esta resolución se notificó a Centrex S.A. en el domicilio correcto por correo con acuse de recibo el 24 de febrero de 2000, pero también se notificó la misma resolución a esta empresa por edictos publicados en el BOP, junto con las demás empresas con domicilio ignorado.

Llegada la fecha del tercer señalamiento tampoco se llevó a cabo el juicio oral al presentarse un escrito en el que se daba cuenta de que Catalana Aragonesa de Inoxidables S.A. se encontraba en situación legal de quiebra. A este acto no compareció el legal representante de Centrex, al haber sido informado de que se tendría que emplazar al comisario y depositario de la quiebra y por ello el juicio no podría celebrarse. En esta ocasión en el acta levantada al efecto se hizo constar que Centrex S.A. no comparecía pese a estar citada por edictos (cuando, como se ha dicho, lo estaba adecuadamente por correo) y se procedió a fijar la cuarta fecha de señalamiento, el 19 de julio de 2000, acordándose también citar a la referida empresa por edictos, así como a empresas Vendri, S.L.; Oroley, S.L y Comercial Vadar, S.A.

El 19 de julio de 2000 se produjo la comparecencia señalada, a la que asistieron, además del representante de los trabajadores, el de la empresa Comercial Monix S.A. y los órganos de la quiebra de Catalana Aragonesa de Inoxidables. No compareció Centrex, que únicamente había sido citada por edictos, no por correo. Pero tampoco se llevó a cabo el juicio oral y se suspendió el acto para citar a los órganos de la suspensión de pagos de Comercial Monix S.A., señalándose de nuevo para el día 29 de noviembre de 2000. En esta ocasión también se citó a Centrex S.A. por edictos, sin hacerlo a través del correo en el domicilio que constaba en las actuaciones, ni por ningún otro medio.

El día 29 de noviembre de 2000 tuvo lugar el acto de juicio oral, al que no compareció Centrex, S.A.

La sentencia del Juzgado de instancia se notificó el 8 de febrero de 2001 por correo certificado con acuse de recibo a la empresa Centrex, S.A., en el domicilio que constaba en las actuaciones. Del mismo modo se notificaron las actuaciones posteriores.

Tercero.-Frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de julio de 2002 se interpone ahora por la representación de la empresa Centrex, S.A. el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, invocando como sentencia contradictoria la dictada por la misma Sala de lo Social en fecha 5 de julio de 1995. Tanto el Ministerio Fiscal como la parte recurrida afirman que entre ésta resolución y la recurrida no existe la identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso, por lo que será necesario analizar estos elementos en relación con la misma para efectuar la oportuna comparación con los que se han relatado en el fundamento precedente.

La sentencia de contraste se refiere a una pretensión de reclamación de cantidad planteada por cuatro trabajadores frente a varias empresas, produciéndose las siguientes vicisitudes:

La demanda se dirigió inicialmente contra las empresas Icemar Distribución, S.A. e Icemar, S.A. acordándose la celebración del juicio oral para el día 30 de noviembre de 1993. Las notificaciones se cursaron por correo, siendo devueltas con la indicación de " marchó", lo que motivó que se intentara nuevamente la notificación procesal en los domicilios indicados y además la publicación de edictos en el BOP.

El 30 de noviembre se suspende por primera vez el juicio, acordándose citar de nuevo a los demandados por edictos.

En esa fecha se suspende el juicio de nuevo, fijándose como nuevo señalamiento el 27 de enero de 1994 y la citación edictal de las dos demandadas. En esa fecha se produce otra suspensión para que los demandantes amplíen su demanda en el plazo de 4 días.

Como consecuencia de la ampliación, la demanda se dirige también frente a la tercera empresa, Hispania Devisa, S.A., señalándose el domicilio en Parets del Vallés, carretera N-152, Km. 23.

Señalado nuevo juicio para el 10 de mayo de 1994, esta última empresa es citada por correo con acuse de recibo sin que constase el nombre del receptor en la correspondiente tarjeta. Las otras codemandadas fueron citadas por edictos.

Se volvió a suspender el juicio para el 16 de junio de 1994, para citar adecuadamente a Hispania Devisa, S.A., lo que se hizo por exhorto y edictalmente a los otras dos empresas.

Hubo un nuevo señalamiento para el 19 de julio de 1994, día en el que se lleva a cabo el juicio oral para el que finalmente habían sido convocadas las tres empresas por edictos y no comparecieron, dictándose sentencia por el Juzgado el 5 de octubre siguiente en la que se condenó de manera conjunta y solidaria a las tres demandadas. Dicha sentencia sí se notificó a Hispania Devisa en el domicilio que constaba en las actuaciones.

Recurrida en suplicación la sentencia condenatoria por Hispania Devisa S.A., la Sala de Barcelona en la sentencia de contraste, estima que no se agotaron por el Juzgado todos los medios precisos que debían haberse utilizado para citar a las demandadas con carácter previo a la citación edictal, con infracción de lo dispuesto en los artículos 53 a 61 de la Ley de procedimiento laboral y declara la nulidad de las actuaciones reponiéndolas al momento anterior a la celebración del juicio para que se proceda a citar a las demandadas en legal forma.

De las circunstancias que se han descrito en los párrafos anteriores se desprende que entre la sentencia recurrida y la de contraste se produce una identidad sustancial en los hechos, los fundamentos y las pretensiones, que, sin embargo, condujeron a soluciones contradictorias, pues mientras la sentencia recurrida estimó que no se había producido infracción de clase alguna en la tramitación del procedimiento, en la de contraste por el contrario se llegaba a la convicción opuesta. Es cierto que en la recurrida se llega a esa conclusión a través de afirmaciones y argumentos que más bien se refieren al fondo del asunto, como es la circunstancia de que se está en presencia de un grupo de empresas con " confusión de tareas de sus directivos, unidad de dirección y de gestión, comunicación de activos y de pasivos, comunicación de pagos contables entre las diferentes tesorerías de las empresas y asunción de pagos de unas por otras", de lo que extrae la conclusión de que la recurrente había construido una estrategia procesal de dilación y, en suma, había incurrido en negligencia sólo a ella imputable, al desentenderse de la marcha del procedimiento, elementos que en la sentencia de contraste no constan, pero esas circunstancias, al margen de que se han extraído sin que la empresa recurrente haya sido oída, se proyectan sobre aspectos sustanciales que se corresponden con un momento posterior vinculado, como se ha dicho, a la decisión de fondo. El núcleo de la contradicción ha de fijarse en los hechos procesales, no en el juicio de intenciones o en elementos subjetivos, y de tales hechos detenidamente expuestos anteriormente se llega a la conclusión de que en ambos casos se trata de empresas condenadas que han sido citadas por edictos, a pesar de que en autos constaba su domicilio social, y que, además, la sentencia de instancia sí se les notificó por correo con acuse de recibo con normalidad, lo que les permitió recurrir en suplicación en tiempo y forma.

Se cumplen por tanto los requisitos establecidos en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del presente recurso de casación para la unificación de doctrina y procede, en consecuencia, que la Sala entre a determinar la doctrina que sea ajustada a derecho.

Cuarto.-Para resolver el fondo del asunto, debe partirse del examen de los preceptos cuya violación se denuncia por el recurrente, especialmente el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral, con arreglo al que sólo cabe acudir a la citación edictal cuando no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero. En el presente caso, como se ha visto, no sólo constaba en las actuaciones el domicilio de la empresa recurrente, sino que se le notificaron en él por correo todas las decisiones adoptadas por el Juzgado en el proceso, incluida la sentencia, menos la comparecencia de 19 de julio de 2000 y la de 29 de noviembre del mismo año, que dio lugar finalmente al juicio oral. Se acudió entonces a la notificación por edictos de manera absolutamente errónea, lo que determina que se produjese la decisión del proceso en la instancia sin audiencia de la recurrente y con ello la violación del referido precepto y la de su derecho fundamental de tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 24 CE, según conocida y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional elaborada en materia de notificaciones, con arreglo a la que " para entablar y proseguir los procesos con la plena observancia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 CE), es exigible una correcta y escrupulosa constitución de la relación jurídico-procesal y, para ello, un instrumento capital es el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, habida cuenta de que sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad de armas entre las partes en litigio (SSTC 26/1999, de 8 Mar., FJ 6; 65/2000, de 13 Mar., FJ 3; 145/2000, de 29 May., FJ 2; y 268/2000, de 13 Nov., FJ 4). Ello impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en su realización que asegure en la medida de lo posible la recepción de las comunicaciones procesales por sus destinatarios. De aquí deriva, lógicamente, que el modo normal de llevarlas a cabo debe ser el emplazamiento, citación o notificación personal (por todas, STC 149/2002, de 15 Jul., FJ 3).

Por esta razón nuestra doctrina ha sido particularmente estricta con el recurso al emplazamiento edictal, dados los límites consustanciales que padece este medio de comunicación para alcanzar el efectivo conocimiento del destinatario, sin que por ello hayamos negado validez constitucional a esta forma de comunicación, aun cuando, por lo apuntado, hayamos requerido el cumplimiento de condiciones rigurosas para su válida realización. De esta manera, hemos afirmado que la validez constitucional de este cauce exige que se hayan agotado previamente otras modalidades que aseguran en mayor medida la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación, lo que implica un especial deber de diligencia del órgano judicial en la realización de los actos de comunicación (por todas, SSTC 7/2003, de 20 Ene., FJ 2, y 44/2003, de 3 Mar., FJ 3)."

En consecuencia, de lo anterior se desprende que la doctrina ajustada a derecho se contiene en la sentencia de contraste, al haberse infringido los referidos preceptos en la sentencia recurrida, lo que determina la necesidad de estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado, casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación en el sentido de declarar la nulidad de las actuaciones practicadas por el Juzgado de lo Social número 28 en los autos 470/1999, reponiéndolas al momento anterior a la celebración del juicio oral para que citándose adecuadamente a las partes se dicte nueva sentencia. Sin costas.

FALLO

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procurador D. Jorge D.G., en nombre y representación de CENTREX, S.A., contra la sentencia de 16 de julio de 2002 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de suplicación núm. 7753/01. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado en suplicación declaramos la nulidad de las actuaciones practicadas por el Juzgado de lo Social número 28 de Barcelona en los autos 470/1999, reponiéndolas al momento anterior a la celebración del juicio oral para que citándose adecuadamente a las partes se dicte nueva sentencia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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