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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 3) de 9 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Responsabilidad patrimonial de la Administración: Nasciturus. Fallecimiento. Se ha impedido decidir si interrumpe o no su embarazo y se le ha ocultado la grave malformación que padecía su hijo. Defectuosa formalización. Inadmisión del recurso.

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

Visto por esta Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 154/10 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D.ª Mercedes Luengo Pulido, en nombre y representación de D.ª Sagrario y D. Florencio, contra la Sentencia de 19 de junio de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-administrativo n.º 630/03, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.

Intervienen como parte recurrida el Abogado del Estado, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, y Mapfre Industrial, S.A.S., representada por la Procuradora D.ª Carmen Guilarte Gutiérrez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó Sentencia de 19 de junio de 2009, estimando la falta de legitimación pasiva de la Administración General del Estado, y desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Sagrario y D. Florencio contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el fallecimiento del niño D. Prudencio, aquejado de trisomía del cromosoma núm. 18 en el Hospital Universitario de Salamanca el día 11 de julio de 1999.

Segundo.-Notificada la sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de D.ª Sagrario y D. Florencio preparando recurso de casación ordinario e interponiendo de forma subsidiaria recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando que la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia contenida en las Sentencias de 30 de junio de 2006 y 6 de junio de 1997, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Supremo, en las Sentencias de 28 de mayo de 2003, 18 de junio de 2001 y 14 de mayo de 2002, dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Madrid, respectivamente, y en la Sentencia de 7 de mayo de 2002, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a cuyo efecto señala que la contradicción con la sentencia recurrida "... estriba en el hecho de que a mi mandante no le han reconocido que se le ha privado de una información trascendente (sobre su estado de gravidez y sobre el estado del nasciturus) que en todas las Sentencias aportadas se considera indemnizable", añadiendo que "... en todas ellas se reconoce el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la CE) y a ser informado para ejercer libremente sus determinaciones, artículo 10.1, 5 y 6 de la Ley General de Sanidad. A mi mandante se le ha vedado el ejercicio de esos derechos, se le ha impedido, estando incursa en causa legal, decidir si interrumpe o no su embarazo y se le ha ocultado la grave malformación que padecía su hijo, con el desbaratamiento que implica en sus planes de vida, y no se le ha reconocido indemnización alguna por el daño causado ni por la pérdida de oportunidad de ejercer esos derechos. La Sentencia de esta Sala contradice la doctrina que dimana de estas Sentencias al negar la resarcibilidad del daño y de la privación de opción sobre la continuación del embarazo.".

Tercero.-Por Auto de 22 de julio de 2009 la Sala de instancia acordó no haber lugar a tener por preparado el recurso de casación ordinario, y tener por presentado recurso de casación para la unificación de doctrina.

Por providencia de 12 de marzo de 2010 la Sala de instancia tuvo por preparado -debe entenderse que por interpuesto- el recurso de casación para la unificación de doctrina, y acordó dar traslado del recurso a la parte recurrida para trámite de oposición, alegándose por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en síntesis, que el recurso está defectuosamente interpuesto, ya que no se ha efectuado el necesario análisis de la relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida. Por otra parte, alega que no existe la triple identidad exigible legalmente entre la sentencia de instancia y las presentadas de contraste. Por su parte, la representación procesal de Mapfre Industrial, S.A.S. alega, en síntesis, que entre la sentencia recurrida y las invocadas de contraste no existen las identidades legales, pues no estamos ante litigantes en idéntica situación, ni ante hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales. Por último, el Abogado del Estado invoca la falta de legitimación pasiva en este recurso de casación para la unificación de doctrina del Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo argumentado en el Fundamento de Derecho II de la sentencia recurrida, y alega que entre la sentencia recurrida y las de contraste falta la necesaria identidad fáctico-jurídica.

Cuarto.-Por providencia de 7 de mayo de 2010 se acordó remitir las actuaciones a esta Sala, dictándose providencia de 5 de julio de 2010; dejando el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló la audiencia del día 30 de noviembre de 2010, fecha en la que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Constituye exigencia reiterada de este Tribunal para entrar en el examen de los argumentos esgrimidos al amparo del recurso de casación para la unificación de doctrina que, como expresa el art. 96.1 LJCA 1998, entre la sentencia que constituye su objeto y las aportadas de contraste concurran "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" pero "se hubiera llegado a pronunciamientos distintos".

Es importante subrayar que en este especifico recurso de casación no cabe una revisión de la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia. En este recurso se parte de los hechos que, como justificados, ha fijado la sentencia impugnada. La prueba constituye una cuestión absolutamente ajena a este recurso extraordinario (STS de 29 de junio de 2005, recurso de casación para la unificación de doctrina 246/2004 con cita de otra muchas).

Triple identidad a la que antes se hizo referencia que habrá que examinar si se produce o no, ya que caso de no concurrir el recurso deberá ser desestimado. Por el contrario si se cumplen tales presupuestos, conforme al art. 98.2 LJCA 1998, deberá estimarse el recurso, casar la sentencia objeto de recurso y resolver el debate planteado con pronunciamientos ajustados a derecho, modificando las declaraciones efectuadas y las situaciones creadas por la sentencia recurrida.

Pero, además de la triple identidad deberá cumplirse lo preceptuado en el art. 97 LJCA 1998, es decir efectuar una exposición razonada de la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida a fin de que por este Tribunal se establezca cuál de los criterios opuestos que han mantenido los tribunales es el correcto. Por ello se dará lugar al recurso cuando se repute como criterio acertado el de la sentencia antecedente no cuando la tesis correcta sea la contenida en la sentencia que se impugna (sentencia de 29 de junio de 2005, con cita de otras anteriores).

No debe olvidarse que la finalidad del recurso de casación para la unificación de doctrina no es corregir la eventual infracción legal en que pueda haber incurrido la sentencia impugnada, sino reducir a la unidad criterios judiciales dispersos y contradictorios, fijando la doctrina legal al hilo de la cuestión controvertida (STS 10 de febrero de 1997).

Segundo.-Pues bien, a tenor de lo señalado, y abstracción hecha de la defectuosa técnica procesal de preparar recurso de casación ordinario y de forma subsidiaria interponer recurso de casación para la unificación de doctrina -no debe olvidarse que el recurso de casación ordinario y el de casación para la unificación de doctrina son recursos excluyentes, resultando el segundo de ellos subsidiario del ordinario, por lo que utilizado uno de ellos queda excluido el otro-, debemos declarar la inadmisibilidad del recurso, y ello por su defectuosa formalización, pues al conocer de este tipo de recursos, nuestra Sala tiene que empezar por determinar si existe igualdad sustancial entre los hechos, fundamentos y pretensiones (art. 96.1), para lo cual el Letrado de la parte recurrente ha de poner un exquisito cuidado en razonar, de forma "precisa y circunstanciada", que se dan las tres clases de identidades sustanciales que exige ese precepto: en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones. Y esa argumentación demostrativa ha de someterla el Letrado a la Sala en su escrito de interposición del recurso (art. 97.1), sin que basten meras afirmaciones genéricas de que esos presupuestos concurren en el caso. Y es éste Tribunal el que luego, y a la vista de esos razonamientos y de las sentencias de contraste que, testimoniadas con expresión de su firmeza, se acompañen, decidirá si, tal como dice la parte recurrente, se dan esas identidades en cuyo caso pasará a analizar si hay o no contradicción en la doctrina.

En resumen, en el recurso de casación para la unificación de doctrina es tan importante razonar con precisión las identidades cuya concurrencia exigen los arts. 96.1 y 97.1 (presupuestos de admisión) como la identidad de doctrina (cuestión de fondo). Sin la concurrencia de esas identidades sustanciales en los hechos, en los fundamentos y en las pretensiones no hay lugar a entrar a analizar el problema de fondo, o sea, la contradicción de doctrina. Y ésta doble exigencia vincula en primer lugar al Letrado de la parte recurrente, sin que éste Tribunal pueda suplir lo no hecho por aquél, y ello porque el principio de la tutela judicial efectiva protege tanto a la parte que recurre como a la que se opone".

En el mismo sentido las sentencias de 21 y 28 de febrero y 23 de mayo de 2005.

Tercero.-Atendiendo a estas consideraciones generales, se aprecia que en este caso la parte recurrente se limita a señalar, como ya hemos trascrito en el Antecedente de Hecho segundo, que a su mandante "se le ha privado de una información trascendente (sobre su estado de gravidez y sobre el estado del nasciturus) que en todas las Sentencias aportadas se considera indemnizable", y que "en todas ellas se reconoce el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la CE) y a ser informado para ejercer libremente sus determinaciones, artículo 10.1, 5 y 6 de la Ley General de Sanidad ", sin ninguna precisión o concreción sobre los sujetos intervinientes en cada caso y su posición jurídica, los hechos enjuiciados, las pretensiones formuladas o el fundamento de las decisiones o pronunciamientos jurisdiccionales, no dedicando espacio o apartado alguno en su escrito de interposición del recurso a razonar y precisar de manera circunstancia tales identidades de hechos, fundamentos y pretensiones, que se exige para una adecuada formulación del recurso.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA, procede la imposición de las costas a la parte recurrida fijándose en mil ochocientos euros (1.800 €) la cantidad máxima a repercutir por dicho concepto, en atención a la entidad y naturaleza del asunto y al ser esa la cantidad fijada por esta Sala para supuestos similares, distribuyéndose esa cifra entre las tres partes recurridas, a razón de 600 euros cada una.


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Procuradora D.ª Mercedes Luengo Pulido, en nombre de D.ª Sagrario y D. Florencio contra la Sentencia de 19 de junio de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el recurso contencioso-administrativo n.º 630/03, que se declara firme; con condena en costas a la parte recurrente de conformidad a lo expuesto en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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