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Sentencia T.S.J. Extremadura 117/2010 de 13 de abril


 RESUMEN:

Recurso contra la desestimación presunta de la reclamación presentada ante el Servicio Extremeño de Salud por la demora en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama padecido por la madre de la recurrente. La parte apelante interesa la declaración de nulidad de actuaciones al no haber tenido intervención en la diligencia final de prueba. A juicio de la Sala no cabe hacerse ningún reproche a la actuación en cuanto a la prueba. De acuerdo a los informes forenses no puede decrse que existiera negligencia médica. Desestimación.

SENTENCIA

En Cáceres a trece de abril de dos mil diez.-

Visto el recurso de apelación n.º 157 de 2.009, interpuesto por la representación de D.ª Beatriz, como parte apelante, representado en esta instancia por la Procuradora Sra. González Leandro, siendo parte apelada la JUNTA DE EXTREMADURA, representada por el Letrado de la Junta de Extremadura y ZURICH ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador Sr. Gutiérrez Lozano, contra la Sentencia n.º 316/08 de fecha 11-11-08, dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 128/05, tramitado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Mérida.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida se remitió a esta Sala recurso contencioso- administrativo n.º 128/05. Procedimiento que concluyó por Sentencia del Juzgado n.º 316 de fecha 11 de noviembre de 2008.

Segundo.-Notificada la anterior resolución a las partes intervinientes se interpuso recurso de apelación por la parte actora, dando traslado a la representación de las partes demandadas, aduciendo los motivos y fundamentos que tuvo por conveniente.

Tercero.-Elevadas las actuaciones a la Sala se formó el presente rollo de apelación en el que se acordó admitir a trámite el presente recurso de apelación, que se declara concluso para sentencia, con citación de las partes.

Cuarto.-En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.-

Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. DANIEL RUIZ BALLESTEROS, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida desestima en su integridad el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Doña Martina contra la desestimación presunta de la reclamación presentada ante el Servicio Extremeño de Salud por la demora en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama padecido por la recurrente. El recurso de apelación es presentado por Doña Beatriz, al haber fallecido su madre. La parte apelante interesa la declaración de nulidad de actuaciones al no haber tenido intervención en la diligencia final de prueba acordada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, subsidiariamente solicita la estimación de la pretensión deducida en la demanda. El Servicio Extremeño de Salud y la entidad aseguradora interesan la confirmación de la sentencia de instancia.

Segundo.-El primer motivo de apelación versa sobre la falta de intervención de la parte actora en la designación del Médico- Forense que practicó la diligencia final de prueba acordada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Lo primero que debemos señalar es que es competencia del Magistrado de instancia, a la vista del material probatorio obrante en autos, acordar la práctica de una diligencia final de prueba. Ello es conforme con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dispone que "1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto. 2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria". Así pues, ningún reproche puede hacerse a la decisión del Magistrado de instancia de acordar una prueba pericial como diligencia final de prueba pues la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa recoge con amplitud tanto la posibilidad de recibir de oficio el pleito a prueba como el de acordar cuantas diligencias de prueba se estimen convenientes. En este caso, el Auto que acuerda la diligencia final de prueba razona que la prueba se adopta ante la existencia de varios informes periciales contradictorios obrantes en los autos, así como las dudas que los hechos generan a los efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad de la Administración Sanitaria a fin de lograr la resolución correcta del proceso.

La parte actora considera que la realización de dicha prueba por el Médico-Forense vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, produciendo indefensión, al no haber tenido intervención en dicha prueba. La petición de nulidad realizada por la demandante no puede ser atendida. En primer lugar, no es a la parte a quien corresponde, en este caso, decidir como se practica la prueba al tratarse de una diligencia final de prueba. La decisión de ser acordada dicha prueba pericial y la forma para su práctica corresponden al Juzgador de instancia, no tratándose de una prueba pericial practicada a instancia de parte no pueden ser aplicados miméticamente los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, la prueba pericial es acordada de oficio por el Juzgado, a quien, por tanto, corresponde decidir cómo y por quién se realiza dicha prueba. No existe impedimento legal para que en estos supuestos sea acordada una prueba pericial a realizar por los Médicos-Forenses destinados en los Institutos de Medicina Legal. No existe en ello motivo oscuro -como la parte actora alega- ni falta la designación judicial por el titular del Juzgado. El Auto de 18-10-2006 determina que serán los Médicos-Forenses del Instituto de Medicina Legal los que realizaran esta prueba, correspondiendo por el reparto territorial del trabajo al Médico-Forense destinado en la demarcación donde se realizaron las actuaciones médicas. Esto no implica indeterminación o falta de designación del perito por parte del Magistrado de instancia que encomienda la práctica de la prueba pericial al Instituto de Medicina Legal, y dentro del mismo, al Médico-Forense correspondiente. Existe, por consiguiente, una designación judicial del perito. Igualmente, la apelante alega de manera genérica que no ha podido recusar al perito pero no alega causa concreta de recusación en relación al Médico- Forense que emite el informe, el cual está perfectamente identificado y del que la parte demandante hubiera podido alegar causa de recusación de haber existido. El Médico-Forense se ratificó en su informe y la actora pudo realizar cuantas preguntas y aclaraciones tuvo por conveniente en la comparecencia celebrada en el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Mérida. Es más, la alegación de falta de intervención en la designación del perito se podría imputar al dictamen pericial elaborado por Doña Bernarda, cuyo encargo es realizado por la parte demandante, conforme a los artículos 336 y 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; lo mismo sucede con la prueba pericial presentada por la aseguradora codemandada. En la presentación de estas pruebas no existe inicialmente intervención de las demás partes, siendo, con posterioridad, cuando se someten al principio de contradicción. En la diligencia final de prueba, el Juzgador determinó el organismo que iba a practicar la prueba, lo que puso en conocimiento de las partes desde que la prueba fue acordada, y se dio traslado de la misma a las litigantes cuando fue presentada ante el Juzgado, teniendo la actora participación en la misma al poder presentar alegaciones y formular preguntas.

En segundo lugar, no puede admitirse que la parte no haya tenido participación en la diligencia final de prueba. Una vez practicada dicha prueba, se dio traslado de la misma a las partes, se les concedió plazo para hacer alegaciones, se citó al Médico-Forense a una comparecencia celebrada el día 16-9-2008 en el Juzgado, acudiendo el Letrado y Procurador de la parte actora, donde el Médico-Forense contestó a las preguntas que tuvo por conveniente realizar la demandante. Se cumple así con lo dispuesto en el artículo 61,4 L.J.C.A. que dispone que "Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el resultado de la prueba se pondrá de manifiesto a las partes, las cuales podrán, en el plazo de tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia". No existe vulneración de este precepto legal; todo lo contrario, se ha observado lo regulado en el mismo, y la parte actora tuvo oportunidad de formular preguntas y presentar alegaciones sobre la prueba. Ante ello, no existe vulneración de los derechos de defensa de la parte recurrente que participa en la prueba mediante el mecanismo previsto legalmente.

La conclusión de todo lo anterior es que no estamos ante un acto procesal nulo de pleno derecho pues no se ha prescindido de las normas procedimentales ni tampoco de la intervención del Abogado. La diligencia final de prueba fue acordada por el Magistrado de instancia dentro de sus competencias, siguiendo el dictado de lo dispuesto en el artículo 61 L.J.C.A., y el Letrado de la parte actora tuvo en la práctica de la prueba la intervención prevista en dicho precepto.

Tercero.-Los siguientes motivos de apelación pueden ser enjuiciados de forma conjunta al referirse a la valoración de la prueba realizada en la instancia y la existencia de responsabilidad patrimonial por la demora en el tratamiento a Doña Martina.

En el presente supuesto de hecho resulta esencial analizar las distintas actuaciones médicas que se practican hasta que la paciente es remitida al Hospital de La Paz donde se lleva a cabo la intervención quirúrgica. Es al conjunto de actuaciones realizadas por el Servicio Extremeño de Salud, así como al retraso en el diagnóstico, al que la parte imputa la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria.

La paciente acude el día 19-5-2003 al Centro de Planificación Familiar de Navalmoral de la Mata, citada dentro del programa de prevención del cáncer de mama. El día 20-5-2003 se realiza una mamografía en la que no se detectan cambios significativos con respecto al estudio previo de la paciente (folio 56 del expediente administrativo). No obstante lo anterior, se practica una primera PAAF o punción con aguja fina, cuyo resultado se emite el día 13-6-2003, que señala como diagnóstico "escaso tejido mamario inespecífico" (folio 57).

La paciente acude a consulta del Centro de Planificación Familiar el día 20-6-2003, siendo remitida al servicio de Ginecología del Hospital de Campo Arañuelo a fin de seguir su reconocimiento y diagnóstico. Ni en la mamografías ni en la PAAF practicadas hasta entonces aparecían signos de padecer cáncer de mama. Es atendida en el servicio de Ginecología del Hospital el día 28-7-2003, solicitándose mamografía, ecografía y PAAF. La mamografía y ecografía fueron realizadas el día 8-8-2003. Con fecha 19-8-2003 se emite informe del resultado de estas pruebas en el que la Médico Doña Purificacion precisa que se aprecia una lesión con sospecha de malignidad, por lo que recomienda realización de PAAF/biopsia para diagnóstico AP (folio 59). El informe de la PAAF vuelve a indicar como diagnóstico "tejido mamario inespecífico", fechado a 18-8-2003 (folio 58).

Doña Martina es citada en la consulta de Ginecología el día 28-8-2003 -la paciente había sido citada el día 21-8- 2003 pero no acudió a la consulta, por lo que es citada nuevamente el día 28-8-2003 (folio 86)-, la exploración en ese momento es de persistencia de nódulo en intercuadrantes inferiores de mama izquierda, habiendo desaparecido por completo el componente inflamatorio. Se propone biopsia mediante cirugía mayor ambulatoria, quedando incluida en lista de espera quirúrgica con carácter preferente ese mismo día. Se realiza el estudio preoperatorio y la visita al servicio de Anestesia los días 2 y 3 de septiembre de 2003. La paciente iba a ser operada el 9-9-2003 pero la intervención se suspende por urgencias quirúrgicas de ese día, practicándose la biopsia con fecha 11-9- 2003. El día 16-9-2003 se comunica el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, siendo derivada al Hospital de La Paz mediante informe de 19-9-2003.

Del relato que acabamos de realizar, el cual se desprende del conjunto de documentación obrante en el expediente administrativo, se acredita que la paciente fue atendida de forma continuada desde el día 19-5-2003 hasta el 19-9-2003 que es remitida al Hospital de La Paz para la intervención quirúrgica. La asistencia a la paciente es continuada, no existe abandono en el tratamiento de su caso sino que la actora es atendida por los servicios médicos que acuerdan la práctica de las pruebas indicadas para la detección de un cáncer de mama, sin que puedan ser olvidados los reconocimientos y exploraciones físicas realizadas por los Médicos durante ese período de tiempo. A la paciente se la realizan dos PAAF que no arrojan un resultado positivo en relación al cáncer de mama; igualmente, se la han realizado dos mamografías donde sólo en la segunda de ellas, el informe fechado el día 19-8-2003 sugiere lesión con sospecha de malignidad que aconseja realización de PAAF y biopsia (folio 59). La PAAF había sido practicada con informe de 18-8-2003 en el que se detalla "no se han visto signos de malignidad. Diagnóstico: tejido mamario inespecífico" (folio 58), y como decimos, era la segunda PAAF que no ofrecía signos de malignidad. Siguiendo la recomendación del informe de mamografía, el día 28-8-2003 se acuerda la realización de una biopsia que se practica el día 11-9-2003, cuyos resultados son comunicados verbalmente a la interesada el 16-9-2009, emitiéndose el día 19-9-2003 informe de derivación al Hospital de Madrid donde es intervenida el día 7-10-2003, practicándose mastectomía y linfadenectomía axilar izquierda. De todo ello, como decimos, se desprende que la paciente fue atendida con continuidad, que se le practicaron todas las pruebas que fueron necesarias para llegar al diagnóstico de cáncer de mama, cuyos síntomas no habían aparecido en dos PAAF y en la primera mamografía. La cita a los distintos servicios médicos y la realización de las pruebas no se realiza de forma aislada sino que tiene continuación en el tiempo, sin que exista una excesiva separación entre cada una de las consultas, pruebas y emisión de resultados, por lo que no puede afirmarse que su caso no fuera atendido con la suficiente prioridad. La conclusión es que no existe mala praxis en la asistencia prestada a Doña Martina, no siendo hasta el día 19-8-2003 cuando se informa por primera vez de posibles signos de malignidad, siendo citada a consulta el día 21-8-2003, y al no acudir, es citada nuevamente el día 28-8-2003; se acuerda realizar biopsia que si bien no pudo practicarse el día 9-9-2003 por la existencia de urgencias quirúrgicas en el Hospital, se realiza dos días después. Estas fechas acreditan una asistencia continuada y sin demoras. En cuanto a la remisión desde el Centro de Planificación Familiar de Navalmoral (junio de 2006) al servicio de Ginecología del Hospital de Campo Arañuelo donde es atendida el día 28-7-2003, es preciso poner de manifiesto que hasta ese momento no existían sospechas de malignidad pues la mamografía y PAAF efectuadas no habían arrojado dicho resultado negativo; la remisión al servicio de Ginecología acredita que la continuación y vigilancia del estado de la paciente, agotando las posibilidades de diagnóstico del nódulo de reciente aparición en cuadrante inferior de mama izquierda. La parte expone que en el Hospital de La Paz de Madrid se actuó con rapidez pues fue ingresada el 6-10-2003 y se practicó la operación al día siguiente. Ahora bien, esa rapidez en la intervención quirúrgica se realiza después de que la actora ha sido diagnosticada y se la han practicado numerosas y variadas pruebas diagnósticas. Así pues, la remisión por el S.E.S. al Hospital de Madrid, Hospital de Nivel III para realizar el tratamiento oportuno, se realiza con un diagnóstico de carcinoma ductal en mama izquierda y con la finalidad de ser tratada de dicha enfermedad en el momento en que fue diagnosticada.

Cuarto.-Si los datos que obran en el expediente administrativo no arrojan un resultado favorable a la tesis de la demandante, lo mismo puede decirse del resto de material probatorio obrante en autos. Lo primero que la Sala quiere destacar es que en los autos existen cuatro dictámenes periciales. El primero de ellos es el informe emitido por la Inspección Médica que rechaza la existencia de imputación del daño a la actuación médica. Sobre dicho informe, señalamos, por un lado, que no es una simple fotocopia sino una copia debidamente compulsada por el órgano administrativo competente del Servicio Extremeño de Salud que forma parte del expediente administrativo y se remite al Juzgado con las suficientes garantías de autenticidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48,4 L.J.C.A. Por otro, el dictamen es emitido por el Inspector Don Epifanio, personal al servicio de las Administraciones Públicas, que en el ejercicio de su función actúa de acuerdo a los principios de imparcialidad y especialización reconocidos a los órganos de las Administraciones, constituye un servicio especializado en este tipo de procedimientos pues su cometido es precisamente valorar la actuación médica con arreglo a los criterios de la responsabilidad patrimonial y responde a una realidad apreciada y valorada con arreglo a criterios jurídico-legales, lo que le permite emitir una conclusión sobre la forma en que evolucionó el paciente y su dolencia. El informe detalla la asistencia prestada a la paciente y concluye que no existe mala praxis.

El informe aportado por la aseguradora codemandada y el del Médico-Forense llegan a la misma conclusión, y si bien es cierto que no son emitidos por especialistas en Oncología estimamos que no por ello quedan vacíos de contenido como pretende la parte actora. En efecto, los dos informes valoran la asistencia y realización de pruebas prestada a la paciente, negando la existencia de mala praxis. Los dos informes han sido correctamente valorados en la sentencia de instancia pues si bien es cierto que se trata de una grave enfermedad que ha producido un triste desenlace también es cierto que las pruebas diagnósticas, la terminología, los informes de resultados, la historia clínica, la sucesión histórica de las actuaciones médicas y que la responsabilidad se imputa a la demora en el diagnóstico no muestran una complejidad que no pueda ser valorada por cuatro Médicos -los que emiten el dictamen a instancia de la entidad aseguradora- que si bien no están especializados en Oncología son especialistas en Cirugía General y pueden emitir un juicio técnico sobre la sucesión de asistencias a la paciente y la valoración de las pruebas médicas que le fueron practicadas (mamografías, PAAF, ecografía y biopsia). Lo mismo cabe decir del dictamen del Médico-Forense que emite su informe a la vista de lo obrante en el expediente administrativo, sin que sus conclusiones fueran desvirtuadas por la parte actora en la comparecencia celebrada en el Juzgado con fecha 16-9-2008 donde las preguntas de la apelante se encaminaron a determinar quien había nombrado al Médico-Forense para emitir dicha prueba pero no hubo preguntas sobre la concreta asistencia médica a la paciente y la mala praxis que la parte demandante imputa a la actuación médica. El dictamen del Médico-Forense es realizado por un funcionario público sometido a los principios de imparcialidad y objetividad y cuya misión es esclarecer dentro de un procedimiento jurisdiccional los hechos que pudieran tener consecuencias legales. De sus conclusiones no puede extraerse que existiera una mala actuación por parte de la Administración Sanitaria.

La única prueba que señala la existencia de mala praxis es la emitida por la Médico Doña Bernarda. Este informe recoge que las pruebas diagnósticas para el cáncer de mama consisten en exploraciones físicas, mamografías, ecografías, PAAF y biopsias. En el apartado quinto indica que "Ante la palpación de un nódulo mamario por parte del facultativo, se debe iniciar estudio diagnóstico definitivo a través de: mamografía, ecografía con PAAF y/o biopsia. Si por características mamarias fibrosas la mamografía no es efectiva se debe utilizar la resonancia magnética nuclear. Se deben tener en cuenta los antecedentes familiares patológicos de primera línea de la paciente. El informe mamográfico de Mayo de 2003, el mismo radiólogo especifica la falta de resolución de esta prueba por la densidad mamaria, sin embargo no solicita otra prueba. No se siguen los protocolos hospitalarios actuales que ante una lesión palpable en una paciente mayor de 35 años, y sospechando lesión dudosa, se debe practicar obligatoriamente biopsia de dicha lesión, para conseguir una mayor información y un rápido diagnóstico". Estas afirmaciones están totalmente desvirtuadas por lo obrante en el expediente administrativo. A la actora, después de la primera mamografía de mayo de 2003, se le practica PAAF, por lo que no puede afirmarse que no se realizara ninguna prueba después de la mamografía. PAAF que no dio resultado de malignidad. Posteriormente, es remitida al servicio de Ginecología del Hospital de Campo Arañuelo donde se realizan nuevas mamografía, ecografía y PAAF, y a la vista de los resultados el día 28-8-2003 se acuerda realizar biopsia. En consecuencia, las pruebas que la Médico Sra. Bernarda considera habituales en este tipo de enfermedad (mamografía, ecografía, PAAF y biopsia) son realizadas por el S.E.S., por tanto, su afirmación sobre falta de realización de estas pruebas no se corresponde con la realidad de lo acontecido. La única prueba mencionada por la Médico que no se efectuó a la actora fue una resonancia magnética nuclear pero en su informe también señala en el apartado cuatro que además de la mamografía se debe completar el estudio con otras pruebas como una ecografía mamaria y/o resonancia magnética, quedando probado que a la demandante se la practicó una ecografía y una segunda mamografía. No obstante, la resonancia magnética nuclear es una prueba diagnóstica más que no enerva la realidad de las que habían sido practicadas a la paciente y que son -como la propia perito indica en su informe- las recomendadas para este tipo de dolencias (mamografía, ecografía, PAAF y biopsia). La realización de estas pruebas desvirtúa la conclusión sobre falta de realización de pruebas, agotamiento de medios diagnósticos y no atención continuada a la paciente que señala la perito.

Por todo ello, la existencia de mala praxis no está acreditada tanto a la vista de la valoración conjunta de las pruebas periciales como de la amplia prueba documental obrante en el expediente administrativo -reseñada en el anterior fundamento jurídico-, no siendo posible concluir que existiera una demora excesiva pues las pruebas diagnósticas por parte del S.E.S. se realizaron de forma continuada y encadenada.

Quinto.-La objetivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración obliga a deducir que la conducta del personal asistencial no ha de ser enjuiciada aquí bajo el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad sino desde la estricta objetividad mecánica de un comportamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causalidad material, a nivel de experiencia, en la producción de un resultado. La exigencia de una responsabilidad patrimonial a la Administración en estos supuestos se nos aparece no como una obligación de resultado sino como una obligación de medios que en este caso se prestaron. El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad patrimonial es el de la "lex artis" y ello ante la inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar cuando el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido correcto. La existencia de este criterio se basa en el principio básico sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la obligación es la de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. Por lo tanto, el criterio de la "lex artis" es un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha "lex artis"; de exigirse solo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la "lex artis".

Aplicada esta doctrina al caso de autos, nos encontramos con que la paciente fue atendida de forma continuada desde el 19-5- 2003 hasta que el 19-9-2003 en fue remitida al Hospital de La Paz. Durante este tiempo la paciente es atendida por distintos facultativos y se realizan mamografías, ecografía, PAAF y biopsia. No es hasta la práctica de la biopsia cuando se puede realizar un exacto diagnóstico de la enfermedad de la actora. En todo momento, se atendió a la enferma y se fueron acordando las pruebas que conducían a esclarecer un diagnóstico que no aparecía en las primeras mamografías y PAAF efectuadas. No existió abandono en el análisis de la dolencia de la enferma, se cumplió con la obligación de medios y no existió una actuación incorrecta. La actuación médica, por el examen de la amplia prueba obrante en los autos, fue correcta dentro de las normas observadas en el ejercicio de la medicina, demostrándose que existieron unas pruebas (exploraciones físicas, mamografías, ecografía, PAAF, biopsia) adecuadas a fin de diagnosticar la enfermedad de la actora y las mismas fueron acordadas dentro de un procedimiento continuado de atención y seguimiento de la paciente.

Lo anterior es suficiente para desestimar el recurso de apelación al no apreciarse mala praxis en la actuación médica. A ello se añade que no existe una prueba que sin género de dudas acredite que de haberse detectado anteriormente el carcinoma ductal infiltrante no se hubiera acudido al tratamiento quirúrgico, de radioterapia y quimioterapia. La paciente padecía cáncer de mama que fue tratado mediante mastectomía y linfadenectomía axilar izquierda. Los informes de la Inspección Médica y de los cuatro Médicos especialistas en Cirugía General son coincidentes. Doña Bernarda afirma que la demora en el diagnóstico reduce la posibilidad de alcanzar una curación total de la enfermedad y no poder evitar un tratamiento agresivo. En la diligencia de ratificación de su informe practicada el día 7-4-2006 la perito manifiesta que la demora en el diagnóstico -diagnóstico que ya hemos visto que si no fue efectuado con anterioridad no fue por abandono en el seguimiento de la paciente y agotamiento de las posibilidades diagnósticas- influyó en un aumento probable del estadiaje TNM, así como en la invasión de estructuras vecinas como los vasos sanguíneos, y obligó a un tratamiento más radical. Se trata de afirmaciones que no van acompañadas del suficiente estudio detallado sobre la evolución y períodos de la enfermedad, estadísticas y tratamientos con carácter general y su aplicación a un supuesto como el debatido. La perito no concreta suficientemente en que se basa para concluir que un diagnóstico anterior hubiera evitado un tratamiento agresivo no conservador como fue la mastectomía y la posterior quimioterapia; no olvidemos que cuando el diagnóstico es efectuado, la paciente es remitida a un Hospital de Nivel III para su tratamiento, siendo intervenida quirúrgicamente en el Hospital, y sin que exista prueba que acredite que se pudo actuar de otra manera. Es cierto que el cáncer es una enfermedad de evolución cuyo tratamiento temprano mejora el pronóstico, pero de ello no se sigue necesariamente que se hubiera evitado la intervención de mastectomía en este caso ni tampoco el tratamiento oncológico posterior. En el presente supuesto de hecho, la primera sospecha de malignidad se produce el día 19-8-2003, confirmada por la biopsia del día 11-9-2008. Hasta estas fechas no existía sospecha de esta grave enfermedad, sin que por ello la paciente dejara de ser atendida. Antes de estas fechas no existe confirmación del diagnóstico y tampoco existe en el dictamen pericial de la Sra. Bernarda un estudio basado en estadísticas y estudios médicos sobre la evolución de la enfermedad aplicados a este caso concreto, y que por el tipo de tumor se hubiera podido seguir por la paciente un tratamiento distinto y menos agresivo.

En consecuencia, descartada que existiera negligencia en la realización de las pruebas para llegar a un diagnóstico tampoco es posible admitir que el resultado lesivo no se hubiera producido de haberse detectado con mayor antelación el cáncer.

Sexto.-El último motivo de impugnación alegado por la parte actora versa sobre la falta de motivación e incongruencia omisiva de la sentencia de instancia. Es suficiente la lectura de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida para comprobar que la misma está motivada y da respuesta a las cuestiones planteadas por las partes durante la sustanciación del proceso en primera instancia. La sentencia de instancia ha realizado una correcta valoración de la prueba y aplicación de los fundamentos jurídicos pertinentes, está redactada de forma precisa y detallada, sin que pueda imputarse a la misma defecto formal alguno. Cuestión distinta es que la parte demandante no comparta la fundamentación del Juzgador pero no por ello la sentencia deja de estar motivada y ofrecer una solución que se desprende del conjunto de material probatorio obrante en autos.

Todo ello conduce a la desestimación íntegra del recurso de apelación formulado por la parte actora, confirmando la sentencia de instancia.

Séptimo.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 139,2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales a la parte apelante pues en la segunda instancia rige el criterio del vencimiento que conlleva la imposición de costas si se desestima totalmente el recurso.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sra. González Leandro, en nombre y representación de Doña Beatriz, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida, de fecha 11 de noviembre de 2008, confirmamos la misma. Condenamos a la parte apelante al pago de las costas procesales causadas en el presente recurso de apelación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, remítase testimonio junto con los autos, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término de diez días, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

P U B L I C A C I O N

Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la autoriza estando la Sala celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Certifico.


Diligencia.-Seguidamente se dedujo testimonio de la anterior sentencia para constancia en el procedimiento. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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