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Sentencia T.S.J. Cataluña 405/2010 de 17 de abril


 RESUMEN:

Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por la deficiente atención de los servicios sanitarios. La parte recurrente alega que de la prueba practicada se evidencia que no se siguieron los protocolos necesarios en este tipo de intervenciones.El Tribunal considera que se actuó de conformidad con la lex artis, con profesionales cualificados, utilizando los medios y conocimientos científicos avanzados, por lo que no se aprecia en este caso que de la falta de consentimiento haya derivado algún daño que deba ser indemnizado a la actora.

SENTENCIA

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de abril de dos mil diez

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), constituida para la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente Sentencia.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Don JOAQUIN BORRELL MESTRE, quien expresa el parecer de la SALA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El día 25/07/2007 el Juzgado Contencioso Administrativo 9 de Barcelona, en el Recurso ordinario seguido con el número 264/2005, dictó Sentencia estimatoria parcial del recurso interpuesto contra reclamación de responsabilidad patrimonial. Sin expresa imposición de costas.

Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección.

Tercero.-Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el 12 de abril de 2010.

Cuarto.-En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la señora Paulina se interpone recurso de apelación contra la sentencia número 203/2007, del 25 julio 2007, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona, por la que se estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación presunta por silencio administrativo negativo, de la reclamación presentada por la misma a la Administración en fecha 27 febrero 2004, y se declaró la existencia de responsabilidad patrimonial de ésta, aunque no se dió lugar a otorgar indemnización alguna.

La Resolución judicial de después de efectuar una serie de consideraciones sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas entra en el estudio de lo que considera son las dos cuestiones fundamentales para resolver el pleito a saber: el análisis de la actuación médica propiamente dicha en sus distintas fases, y la referente al consentimiento informado. En cuanto a la primera cuestión, después de analizar detalladamente los informes elaborados por el Dr. Humberto y por la Dra. Estrella llega a la conclusión de que el tratamiento aplicado a la demandante fue correcto, sin que en este punto pueda apreciarse un inadecuado funcionamiento del servicio público. La segunda cuestión tiene que ver con la falta de datos contenidos en el historial clínico, que conlleva una falta de información respecto de la patología concreta padecida por aquella, y del tratamiento más adecuado, riesgos de uno u otro, así como del consentimiento informado respecto de las intervenciones quirúrgicas. En este aspecto la sentencia objeto de recurso una vez examinada la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, indica que en el historial clínico que figura en el expediente no se contiene documento alguno en el que quede constancia de las visitas previas, de los resultados de las pruebas o de que se informaba la paciente del proceso y de sus consecuencias, y que respecto a las intervenciones no hubo consentimiento informado alguno al no existir formulario en el expediente y que en el presente caso, no se sabe qué conocimiento tuvo la recurrente y si la misma pudo valorar todos los riesgos, incluida la posibilidad de que la osteotomía no solventara el problema, teniéndose que proceder a reemplazar la articulación que es lo que finalmente sucedió. Y lo mismo puede decirse de las posteriores intervenciones. Esta falta de información, a criterio de la Juzgadora, es esencial y supone una defectuosa praxis médica ya que la prestación del consentimiento se engloba dentro de aquella, aunque lógicamente no suponga estrictamente una concreta actuación asistencial. En definitiva el defecto información y por tanto del consentimiento adecuado, que no resulta en ningún documento del expediente, afectó a la voluntad de la recurrente. Concluye indicando que la circunstancia de no haberse informado debidamente a la actora de los riesgos de las operaciones no desempeña una virtualidad causal en el resultado dañoso producido, puesto que del relato de hechos se desprende que aquellas se desarrollaron adecuadamente, pero no cabe duda que produce una afectación en el aspecto moral.

Finalmente en y en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios solicitados declara excluidos de ésta los daños corporales derivados de las intervenciones porque condidera que no están ligados al funcionamiento anormal del servicio sanitario. No obstante considera que la falta de consentimiento informado supuso un daño moral para la actora, siendo el mismo susceptible de indemnización y en el que no pueden incluirse los daños físicos que no se consideran antijurídicos al derivar de un tratamiento correcto. Ahora bien no concede en el fallo cantidad alguna por este concreto daño, ya que la parte recurrente en la demanda no solicita cantidad alguna por daño moral, de establecerla incurriría en incongruencia por exceso al otorgar aquello que no le fue pedido. Mediante auto de 25 septiembre de 2007 y a raíz de una solicitud de aclaración de sentencia, la Juzgadora consideró que no procedía tal aclaración.

Segundo.-La recurrente en su escrito de apelación manifiesta que de la prueba practicada se ha evidenciado que el centro concertado no siguió en ningún momento los supuestos protocolos de actuación para la elección de una intervención quirúrgica tan agresiva como es una osteotomía de valguización de tibia, lo que evidencia el desacierto de los presupuestos de hecho en que se fundamenta la sentencia impugnada. Considera en primer lugar que la elección del procedimiento terapéutico - osteotomía- incumplió las normas de la praxis médica en los aspectos de prudencia y pericia e incluso los determinados en los protocolos en que la Administración, y la sentencia impugnada sostienen la corrección de la intervención quirúrgica practicada a la actora. En este sentido critica la actuación del Dr. Onesimo señalando que no solicitó el consentimiento informado de la paciente para ninguna de las intervenciones quirúrgicas, ni tampoco le puso en conocimiento de los riesgos de la osteotomía, ni de las alternativas posibles, ni de su derecho a escoger el tratamiento más conveniente. Se refiere también a los diagnósticos efectuados por los doctores Valeriano, Juan Luis y Avelino. Considera que la ejecución de la técnica operatoria fue incorrecta y se produjeron complicaciones post operatorias porque la recurrente no era la paciente indicada para estar sometida a la intervención quirúrgica de osteotomía. Por ello entiende que por estos conceptos procede la indemnización que determine la Sala teniendo en cuenta que la administración no discute las cantidades resultantes de los conceptos indemnizatorios que sin embargo no acepta. Mantiene asimismo que la sentencia impugnada es desacertada porque la estimación parcial del recurso por falta de consentimiento informado determina de forma preceptiva el reconocimiento de la situación jurídica individualizada reclamada por la demandante en este pleito, hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de la secc. 6.ª de 18 enero 2005. Asimismo denuncia que la sentencia impugnada es desacertada porque las pretensiones del suplico de la demanda incluyen una petición expresa de daños y perjuicios y porque las tablas indemnizatorias incluyen los daños morales y finalmente mantiene que la sentencia impugnada infringe el artículo 33 de la ley jurisdiccional que determina que los órganos de este Orden han de juzgar dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamentan el recurso y la oposición. Solicita la estimación del recurso.

Tercero.-La representación del Servei Català de la Salut se opone al recurso de apelación interpuesto por la recurrente porque entiende que se aplicaron los protocolos de actuación quirúrgica adecuados y que sobre este punto la recurrente se limita a reiterar las las manifestaciones formuladas en primera instancia, considerando además que la intervención de osteotomía era el tratamiento adecuado a la vista de los antecedentes de la paciente y considera ajustada la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora de instancia. Por otra parte se adhiere al recurso de apelación interpuesto por entender que, a diferencia de lo que se dice en la sentencia la administración no ha incurrido en responsabilidad patrimonial pues la actora de conformidad con lo dispuesto en la norma vigente en aquel momento, fue informada suficientemente por Don. Onesimo.

Por su parte la representación de la fundación privada "ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA" se opone al recurso de apelación presentado manteniendo que la sentencia objeto del mismo se ajusta a derecho pues la prueba practicada en las actuaciones judiciales ha evidenciado que el tratamiento médico preoperatorio, de diagnóstico y quirúrgico seguido por la paciente ha sido el correcto, y que las complicaciones posteriores no pueden ser atribuidas a una mala praxis médica. Se remite al informe de Doña. Estrella. Por otra parte manifiesta que la sentencia impugnada acierta al considerar que la falta del consentimiento informado no tiene ninguna virtualidad causal en los daños producidos, y que correctamente ha denegado a la recurrente una indemnización económica por los daños morales dado que ésta no ha solicitado cantidad alguna por ese concepto. Por tanto la sentencia ha sido motivada debidamente y es plenamente congruente con lo solicitado en la demanda.

Cuarto.-La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. La parte apelante debe individualizar los motivos opuestos a la sentencia, a fin de que puedan ser examinados dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados, sin que basten con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia pues este recurso no está concebido como una repetición del proceso de instancia sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia. Es evidente que el recurso de apelación permite discutir la valoración de la prueba que hizo el Juzgador de instancia, sin embargo la facultad revisora por el Tribunal ad quem de la prueba practicada por el Juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquél órgano quien la realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece esta Sala, salvo de la prueba documental. En este caso el Tribunal ad quem podrá entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba llevadas a cabo defectuosamente, se entiende con infracción de la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sean notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

En esta instancia, como decimos, no se trata de reproducir lo actuado la primera, ni nuevamente proceder a su valoración o consideración para extraer una conclusión contraria, si aquella se ha realizado con plenitud de garantías procesales con contradicción e igualdad de armas, sino analizar los fundamentos de la sentencia de instancia para ver si corresponden a análisis de lo practicado y a una aplicación de la normativa y la jurisprudencia acorde con la normativa de aplicación.

Quinto.-Este Tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las alegaciones y razonamientos jurídicos que se contienen en el recurso de apelación, y en los escritos de oposición al mismo, en relación con la sentencia objeto del mismo, la apreciación de la prueba practicada, y legislación aplicable y llega a la conclusión de que no pueden prosperar las pretensiones de la recurrente, al compartir la valoración de la prueba que ha llevado a cabo la Juzgadora a quo y que hace suya en esta sentencia. En primer lugar y respecto al análisis de la actuación médica propiamente dicha, en sus distintas fases, cabe destacar que la actora se limita a manifestar su disconformidad con la sentencia recurrida y no aporta nuevos datos que vengan a desvirtuar la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora de instancia, ni aporta motivos jurídicos nuevos, simplemente pretende sustituir la valoración de la prueba que figura en la sentencia por su propia valoración que se apoya fundamentalmente en la prueba pericial en su día presentó. Se limita a reproducir los argumentos que utilizó en la instancia. En absoluto ha demostrado la errónea valoración de la prueba que imputa a la sentencia recurrida, sin que se manifieste la interpretación sostenida como palmariamente errónea o manifiestamente equivocada. Por tanto ha quedado acreditado que el tratamiento aplicado a la demandante fue correcto sin que en este punto puede apreciarse un inadecuado funcionamiento del servicio público.

Respecto a la falta de consentimiento informado que se aprecia en la sentencia apelada, cabe destacar que éste, constituye una obligación impuesta por la Ley al objeto de ofrecer al paciente la adecuada información sobre las consecuencias de la actuación sanitaria, a efectos de que por el mismo se pueda ejercer libremente la opción de decidir si, en atención a las consideraciones que se le exponen, se somete o no a la práctica de la actuación médica. Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la sanidad se pone cada vez con mayor énfasis de manifiesto la importancia de los formularios específicos, puesto que sólo mediante un protocolo, amplio y comprensivo de las distintas posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se cumpla su finalidad.

El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento, puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, olvidar que la información excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada, puesto que un acto clínico es, en definitiva, la prestación de información compleja y técnica al paciente, y que puede en algunos supuestos convertirse en un padecimiento innecesario para el enfermo, que normalmente no entiende el alcance de la información que se le suministra.

Lo contrario, dificultaría el ejercicio de la función médica o la haría completamente imposible, pues no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una agresión a la esfera de sus derechos subjetivos, sin excluir que la información previa pueda comprender también los beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que cabe esperar en caso contrario, cuando se conocen a ciencia cierta.

Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de modo radical la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. Sin embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a la forma documental, más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y contenido, tiene virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de la prueba, (según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la Administración).

La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha información. Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una notable excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente la justificación de no haberse producido la información, dado el carácter negativo de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad.

No obstante lo expuesto anteriormente, es disparatado equiparar falta o insuficiencia de consentimiento informado con un funcionamiento irregular del servicio público, para de ese modo utilizarlo como fundamento de la responsabilidad patrimonial, como si fuese necesariamente sinónimo de mala praxis. En este caso, se debe huir de principios generales y declaraciones dogmáticas, por cuanto el consentimiento informado no es nunca sinónimo de éxito en el tratamiento médico ni tampoco en una operación quirúrgica. Y en sentido contrario, la ausencia o insuficiencia del mismo, tampoco puede ser equiparada de forma automática y necesaria con la mala praxis, en lo que ello supone de tratamiento médico inadecuado o bien operación quirúrgica de la que el paciente queda con secuelas.

No es lo mismo una operación quirúrgica de urgencias, que otra planificada con tiempo suficiente para que el paciente entienda bien el alcance de la decisión de someterse a la misma. Como tampoco es lo mismo una intervención quirúrgica que no presenta riesgo alguno, ab initio, y otra que se sabe a ciencia cierta que el número de probabilidades de éxito es limitado o mínimo, siendo el tratamiento alternativo nulo o de limitado efecto.

Por lo tanto, son las circunstancias objetivas y subjetivas que concurren en cada caso, las que nos indicarán el efecto jurídico que puede producir, en atención a la operación quirúrgica indicada o tratamiento médico y nunca de forma generalizada, la ausencia o insuficiencia del consentimiento informado, en el sentido de si podrá constituir un factor determinante de la responsabilidad patrimonial en la prestación del servicio público sanitario.

Buena prueba lo expuesto anteriormente es la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2007, donde textualmente se dice: "Por último, no se acredita, ni siquiera se invoca, que la falta de consentimiento o su deficiente prestación haya originado daño alguno."

La sentencia recurrida llega a la conclusión de que se ha acreditado la falta de información al paciente lo que supone una defectuosa praxis médica dado que la prestación del consentimiento se engloba dentro de aquella, aunque lógicamente no suponga estrictamente una concreta actuación asistencial y que este defecto de información y por tanto de consentimiento adecuado afectó a la voluntad del recurrente habiéndose con ello producido un daño moral a la actora. Ahora bien de la lectura del suplico de la demanda, llega a la conclusión de que la demandante no solicitó una indemnización por daños morales, sino todo lo contrario y por ello no fijó indemnización alguna en favor de la actora por esta cicunstancia. Siendo esto así la sentencia recurrida, al no poder conceder algo que la parte no le solicitó en el momento procesal oportuno, fué congruente y se ajustó a lo dispuesto en el artículo 33 de la LRJCA.

No obstante lo anterior, este Tribunal a la vista de lo expuesto sobre el consentimiento informado llega a la conclusion de que en el presente caso no se ha producido el daño moral que aprecia la sentencia dado que la actividad médica llevada a cabo fué la necesaria, y sobre este aspecto, como indica la sentencia recurrida, no cabe la menor duda, que se actuó de conformidad con la lex artis, con profesionales cualificados, utilizando los medios y conocimientos científicos avanzados, por lo que no se aprecia en este caso que de la falta de consentimiento haya derivado algún daño que deba ser indemnizado a la actora.

En conclusión puede afirmarse que la sentencia de instancia ha valorado debidamente los hechos y las circunstancias necesarias para la resolución del pleito relacionandolos entre sí, y ha explicitado la personal convicción judicial consecuencia de un juicio racional, coherente, lógico y excluyente de arbitrariedad o duda razonable. Otra cosa es que la recurrente obtenga conclusiones diferentes a las apreciadas en una sentencia que ha valorado en este caso el conjunto de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica llegando a una acertada solución y todo ello sin perjuicio de lo que se ha expuesto antes sobre la improcedencia de la indemnización en este caso por falta de consentimiento informado.

Sexto.-Por todo lo anterior procede desestimar el recurso de apelación, confirmar la sentencia recurrida y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139. 2 de la LRJCA imponer a los recurrentes las costas causadas en esta instancia.


FALLAMOS


 
1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por señora Paulina contra la sentencia número 203/2007, del 25 julio 2007, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona, que confirmamos.

2.- Imponer a los recurrentes las costas causadas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 139.2 de la LRJCA

Notifíquese la presente resolución en legal forma, y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-

Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente / la Ilma. Sra. Magistrada Ponente estando la Sala celebrando audiencia pública el día 22 de abril de 2.010, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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