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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S.J. Madrid 431/2010 de 19 de abril


 RESUMEN:

Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por las lesiones sufridas tras una intervención quirúrgica. Jurisprudencia: No resulta suficiente la existencia de una lesión sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Desestimación.

SENTENCIA

En MADRID, a diecinueve de abril de dos mil diez.

Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 842/2006, interpuesto por la Procuradora Doña Esmeralda González García del Río, en nombre y representación de Doña Lina, Don Juan, Don Lucio, Don Miguel, Doña Palmira y Doña Rosa, contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial presentada, ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, el día 16/09/2005. La Administración demandada, Comunidad de Madrid, ha sido representada y asistida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos. También ha sido parte en calidad de codemandada Zurich España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, representada por el procurador de los tribunales Don Federico J. Olivares de Santiago.


ANTECEDENTES DE HECHO.


 
Primero.-Comienzan las actuaciones judiciales con el escrito de interposición del recurso que presenta la representación procesal de la parte actora ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 18/09/2006. Una vez que fue repartido a esta sección se dictó la providencia de 19/09/06 en la que se acordaba tener por interpuesto el recurso, por personada y parte a la recurrente y requerir a la Administración demandada para que remitiera el expediente administrativo. El día 17/11/06 se recibió el expediente administrativo y el veinte siguiente se acordó ponerlo a disposición de la actora para que, en el plazo previsto en la ley, formalizara su demanda. El quince de diciembre el procurador Don Federico José Olivares de Santiago presenta un escrito solicitando que se le tuviera por personado y parte, en calidad de codemandada, en nombre y representación de Zurich España, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, solicitud que fue atendida mediante la providencia dictada el dieciocho del mismo mes y año. En esta misma fecha se recibe un escrito de la parte actora en el que solicita que se complete el expediente administrativo, solicitud denegada en la providencia de veintiséis de diciembre.

Segundo.-El día 30/01/2007 se presentó el escrito de demanda en el que, después de referir los hechos y alegar los fundamentos que se consideraron oportunos, terminaba la parte actora solicitando que se dictara sentencia estimando su derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios derivados del funcionamiento del servicio público y en concreto a Doña Lina en 157.216,75 euros, a su esposo Don Juan en 12.000 euros, a cada uno de sus tres hijos, Lucio, Miguel y Palmira, en 2.000 euros y a su hermana, Rosa, en 2.500 euros. Del escrito de demanda y del resto de las actuaciones se dio traslado a la Letrada de la Comunidad de Madrid quien, el día 7/03/2007 presentó su contestación, oponiéndose a la demanda, alegando los hechos y fundamentos que consideró oportunos y solicitando que se dictara una sentencia desestimando el recurso en su integridad. La codemandada presentó su contestación el 14/09/07, oponiéndose a las pretensiones de los actores y solicitando que se dictara sentencia desestimatoria del recurso. El 17/09/07 se dicta una providencia concediendo a la actora el plazo de diez días para que alegara cuanto a su derecho conviniere en relación con la ampliación del expediente recibida, concediéndose igual oportunidad a las demás partes personadas mediante la providencia de nueve de octubre. El veintiséis siguiente se acuerda dejar sin efecto estos traslados al comprobarse que no se había recibido ampliación alguna.

Tercero.-El 26/10/07 se dictó un auto fijando la cuantía del recurso en 177.716,75 euros y acordando su recibimiento a prueba. El 29/11/07 la parte actora presentó un escrito proponiendo como medios de prueba la documental aportada con el escrito de interposición y con la demanda, el expediente administrativo, que se librara exhorto al Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, a fin de acreditar que en el proceso 594/06 no existe aun sentencia firme, más documental consistente en la historia clínica completa y diversos informes obrantes en la documentación médica, testifical, de los peritos que figuran en las listas que acompaña, pericial de parte, consistente en el informe acompañado a la reclamación administrativa, y pericial judicial; el 12/11/07 la Comunidad de Madrid presenta un escrito proponiendo como medio de prueba el expediente administrativo; el 30/11/07 la codemandada presenta un escrito solicitando la práctica de prueba documental consistente en el expediente administrativo, más documental consistente en la acompañada al escrito de contestación y en librar exhorto al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, a fin de que remitieran testimonio de las Diligencias Previas 5429/2003, pericial consistente en el informe aportado en el expediente y en el aportado con la contestación a la demanda. Todos los medios de prueba, salvo la más documental de la actora recogida los apartados 1 y 2 del IV, fueron declarados pertinentes y se practicaron con el resultado que obra en autos, salvo la testifical que quedó pendiente de la aportación de los pliegos de preguntas. La actora interpuso recurso de súplica contra la denegación de medios de prueba y el 19/05/08 se dicta un auto desestimando el recurso y admitiendo la práctica de la testifical propuesta.

Cuarto.-El día 3/12/08 se dictó una diligencia de ordenación declarando concluido el período probatorio y concediendo a la actora el plazo previsto en la ley para que formulara sus conclusiones, diligencia que fue recurrida en revisión por la actora. El 23/12/08 fue presentado el escrito de la actora, en el que insistía en todo lo manifestado en su demanda. El 14/01/09 se acuerda no incoar la solicitud de revisión y practicar la prueba testifical que faltaba por realizar. El 20/01/09 presentó el Letrado de la Comunidad de Madrid sus conclusiones insistiendo en la oposición y el día 26/02/09 lo hizo la codemandada, insistiendo igualmente en su oposición a la demanda. El 22/10/09, recibidas algunas de las testificales acordadas, se le dio nuevo traslado a la actora para que presentara escrito de conclusiones, resolución que fue recurrida por la actora, quien el 16/11/09 presenta nuevo escrito de conclusiones valorando las pruebas. El 5/02/10 se desestima el recurso de súplica. El 29/03/10 la Comunidad de Madrid presenta escrito de conclusiones valorando las últimas pruebas recibidas. Con fecha 6/04/10 se dictó una providencia acordando señalar para votación y fallo la audiencia del día 13/04/10, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia. El día nueve de abril se había recibido el escrito de conclusiones de la codemandada que fue admitido y unido a los autos.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don GREGORIO DEL PORTILLO GARCÍA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO.


 
Primero.-A la vista del expediente administrativo y del resultado de la prueba practicada en este proceso se consideran acreditados los hechos, relevantes para resolver las cuestiones planteadas en el recurso, siguientes: Doña Lina, de 35 años de edad, ingresa el día 24/10/2003 en el Hospital de día del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Doce de Octubre de Madrid, a fin de que se le practique una ligadura de trompas mediante electrocoagulación por laparoscopia; realizada la intervención es dada de alta el mismo día; como quiera que sufría un fuerte dolor en la zona afectada y vómitos acudió el día siguiente al Servicio de Urgencias del Hospital donde se le realiza una exploración y analítica, siendo dada de alta con un tratamiento de analgésicos y antiemético; al día siguiente regresa al Hospital Doce de Octubre al no ceder los síntomas decidiéndose su ingreso hospitalario. Se le realiza una exploración, dos ecografías y analítica, siendo diagnosticada de íleo paralítico, pautándose un tratamiento con sueroterapia, primperan, sonda nasogástrica, sonda rectal y sonda vesical. Se consulta con el Servicio de Cirugía que considera correcto el tratamiento; el 27 de octubre se decide hacer una laparotomía que evidencia la existencia de abundante material intestinal maloliente a nivel del colon descendente y dos perforaciones en sigma, con orificio de entrada y salida de un centímetro. Son llamados los cirujanos quienes realizan una revisión y lavado de la cavidad abdominal, la exteriorización del segmento perforado, dejándolo como colostomía lateral sobre varilla y drenaje de Douglas, quedando ingresada en Reanimación con el tratamiento que se le prescribe; el 29 de octubre se le da de alta en Reanimación y es ingresada en planta de Cirugía General; al día siguiente presenta subida de temperatura y salida de contenido purulento a través de la laparotomía. Se le realiza un TAC abdominal que evidencia la presencia de gas ectópico, líquido libre, dilatación de asas de intestino delgado e inflamación de la grasa mesentérica; el 2/11/2003 se lleva a cabo una nueva laparotomía exploradora que evidencia una peritonitis purulenta generalizada y sigmoidectomía lateral sin hallazgos patológicos, se practica un lavado de la cavidad abdominal dejando drenajes. Laparatomía de Brook para posteriores lavados en sesiones quirúrgicas. Queda ingresada en la UVI; el cuatro de noviembre en la UVI se le aprecia una peritonitis purulenta, shock séptico, neumonía nosocomial, neutropenia de origen tóxico farmacológico y síndrome compartimental abdominal postoperatorio; el 30/11/03 es dada de alta en la UVI por mejoría y pasa nuevamente a la planta de Cirugía, donde queda ingresada; el 19/12/2003 es dada de alta, quedando programadas curas periódicas en consulta de cirugía; el 16/03/04 ingresa nuevamente en el Hospital por dehiscencia cutánea de la herida de laparotomía, permaneciendo ingresada por este motivo durante 29 días; el 24 de abril del mismo año tiene un nuevo ingreso hospitalario, esta vez por absceso retroprotésico y rechazo crónico, realizándose una laparotomía para extracción de la prótesis y drenaje, permaneciendo en el Hospital 21 días; el 25/02/05 se procede a la reconstrucción del tránsito intestinal y cierre de la colostomía; el 17/03/05 es nuevamente intervenida por un absceso en la región donde se había realizado la colostomía, quedando ingresada hasta el 4/04/05 en que es dada de alta; el 16/09/05 Doña Lina, su esposo, en nombre propio y en representación de sus hijos, y la hermana de aquélla con la que conviven presentan ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial; el 15/09/06 interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación. Considera la parte actora que la perforación del colon se produjo como consecuencia directa de la ligadura de trompas, que el diagnóstico fue tardío y no se llevaron a cabo todos los estudios y pruebas necesarias para descartar la complicación, que de ello se derivó un riesgo grave para su vida y que le han quedado como secuelas alteraciones del tránsito intestinal que requieren tratamiento farmacológico, insuficiencia muscular de la pared abdominal que requiere el uso de faja abdominal y le impide realizar esfuerzos. También le ha quedado resistencia a algunos antibióticos y riesgo de reactivación del proceso infeccioso. La Comunidad de Madrid se opone a la reclamación considerando que el daño no es antijurídico pues, aun cuando la perforación se produjo en el curso de la ligadura de trompas por laparoscopia, no hubo mala praxis, se trata de un riesgo inherente a la intervención y la paciente fue debidamente informada suscribiendo el consentimiento correspondiente. Por lo que respecta a la asistencia prestada con posterioridad a la intervención se ajustó a la praxis y era adecuada a la vista de los síntomas apreciados. La compañía aseguradora se opuso por los mismos motivos a la pretensión de los actores.

Segundo.-El artículo 106.1 de la Constitución dispone que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, esta previsión constitucional tiene su desarrollo normativo en el artículo 139 de la LRJAP y PAC establece: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas...", normativa recogida en el fundamento anterior, es interpretada en un supuesto de reclamación por responsabilidad patrimonial derivada de atención sanitaria, por la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 9/12/08 en los siguientes términos:"... el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no impide que para su exigencia, como señala la sentencia de 7 de febrero de 2006, sea imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. A tal efecto, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, lo que supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, siendo necesario, por el contrario, que esos daños sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración. (Ss. 14-10-2003, 13-11-1997). La concepción del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial que se mantiene por la parte recurrente no se corresponde con la indicada doctrina de esta Sala y la que se recoge en la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003). Debiéndose precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto."...".

Tercero.-En el supuesto que estamos resolviendo disponemos de un buen número de informes periciales que valoran la actuación de los médicos que asistieron a la paciente, desde la realización de la ligadura de trompas inicial hasta la última asistencia identificada en la demanda, informes de los que se extraen las siguientes conclusiones.

En primer lugar el perito judicial insaculado, especialista en cirugía general y aparato digestivo, afirma:

-Durante una intervención laparoscópica puede traumatizarse un asa intestinal al comienzo o en el curso de la intervención.

-No ha quedado acreditado el momento en que se produjo este incidente, ni tampoco si fue ocasionado por un objeto punzante o por con contacto con electrocauterio.

-La única posibilidad de diagnosticar, o sospechar, una perforación de colon tras laparoscopia será la presencia de signos y síntomas clínicos toda vez que los analíticos son absolutamente inespecíficos.

-La perforación de colon se manifiesta por un dolor abdominal importante, una contractura clara y evidente de la musculatura de la pared del abdomen y la paralización de la musculatura propia del intestino con cese de emisión de gases y heces.

-Respecto del cuadro clínico que presentaba Doña Lina durante su primera asistencia en urgencias tras la intervención afirma que "...No había defensa y no estaba afebril. Todo lo descrito es compatible con una laparoscopia reciente y sin complicaciones. Pretender que el nolotil encubra el cuadro de un abdomen agudo por perforación de sigma no pasa de ser una ingenuidad..."

-Respecto del dolor evidenciado a la exploración "...Indica la sensibilidad esperable al día siguiente de una laparoscopia...".

-Siguiendo con la valoración de esta primera asistencia de urgencias manifiesta:"...Efectivamente, la única forma de diagnosticar precozmente una perforación es una laparotomía exploradora. Pero para ello debe darse una situación clínica más sugerente de "abdomen agudo quirúrgico". A la luz de los acontecimientos parece que la actitud correcta hubiera sido operar el mismo día 25 ó 26 sin esperar al 27. Esto no es así...Es práctica habitual todo lo descrito hasta aquí. De hecho la laparotomía se indica por sospecha de alguna complicación como perforación de víscera hueca. Pero tal diagnóstico está sólo sospechado. Es natural que sea el propio servicio responsable de la laparoscopia el que quiera confirmarlo o descartarlo. Una vez confirmado se avisa a los cirujanos para su mejor solución. La actitud es práctica habitual y rigurosamente incontestable..."

-Al pronunciarse el perito sobre el momento en que podría haberse detectado la perforación y la influencia de tal momento en el pronóstico afirma que la mejor forma de mejorarlo es detectarla antes de terminar la intervención, pero añade que tal circunstancia sólo se produce en menos del 50% de los casos de perforación por instrumento punzante y en casi ningún caso de lesión por bisturí eléctrico "...Todo ello en manos razonablemente expertas y con todas las precauciones de la "Lex artis"...Una vez que se ha producido la perforación y no ha sido detectada intraoperatoriamente, los síntomas tardarán en aparecer entre 18 y 36 horas en el mejor de los casos y varios días en los más habituales".

-La cirugía exploradora fue indicada cuando aparece el primer signo de sospecha, que era la presencia de líquido en el fondo del saco de Douglas, pues el resto de los datos no lo confirmaban.

-Operar el día 25 o el 26 de octubre de 2003 hubiera sido una sobreinterpretación de los datos y el acierto puramente casual, no siendo esperable de una práctica profesional responsable tal actitud.

-Posteriormente al contestar las aclaraciones solicitadas por la actora insiste en sus manifestaciones, aclara que el coste de realización de la laparotomía exploradora se refiere a las posibles complicaciones que puede tener para la paciente y que nada garantiza que la evolución de Doña Lina hubiera sido diferente si se lleva a cabo el día 25 o el 26 en lugar del 27.

Disponemos también del informe aportado por la aseguradora con su contestación a la demanda, elaborado por cuatro médicos especialistas en ginecología y obstetricia quienes concluyen que la lesión intestinal es una complicación específica de la cirugía laparoscópica, que puede pasar desapercibida durante su realización, apreciándose posteriormente por sus manifestaciones clínicas. Que tal complicación viene descrita en el consentimiento informado. Que el manejo diagnóstico y terapéutico de Doña Lina en los días posteriores a la intervención fue el adecuado. Que la laparotomía se lleva a cabo ante los primeros signos de sospecha razonable de perforación. Que se ha actuado conforme a la lex artis.

En parecidos términos y en idéntico sentido se pronuncian los dos cirujanos, de la misma asesoría médica, que firman el dictamen que aparece a los folios 534 y siguientes del expediente administrativo, quienes afirman, entre otras cosas, que la sintomatología secundaria a la lesión fue muy escasa y, una vez detectada la presencia de líquido, el tratamiento fue el correcto y el habitual para este tipo de patologías, siendo resueltas las complicaciones que fueron surgiendo tras la intervención inicial de manera correcta y en el momento adecuado. Concluyendo por todo ello que la asistencia médica se ajustó a la lex artis.

Se han unido también al recurso el testimonio de las Diligencias Previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción número cinco de Madrid, como consecuencia de la denuncia de estos mismos hechos, procedimiento penal que fue archivado, acordando su sobreseimiento libre, al considerarse a la vista de las pruebas practicadas, entre las que igualmente había otro informe pericial, que no se había acreditado la existencia de negligencia en los actos médicos.

Frente a toda esta abrumadora y convincente evidencia médica la actora sólo opone sus valoraciones y dudas respecto de algunas afirmaciones contenidas en los informes o de las contestaciones de los profesionales que intervinieron en el proceso, a preguntas, no podemos olvidarlo, que se les realiza más de cinco años después de haberse producido los hechos, que son legítimas pero que se formulan sin conocimiento científico para que puedan resultar convincentes, y menos aun lo pueden ser ante la claridad y coincidencia de los informes elaborados por los especialistas más arriba aludidos.

La actora aporta con su escrito de reclamación administrativa un informe elaborado por un médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, que no es la especialidad adecuada al objeto de este proceso, y quien en un informe de cuatro páginas por una sola cara concluye que "...Del estudio de la documentación aportada se establece claramente que se realizó un diagnóstico tardío de una lesión aguda, non habiéndose realizado realizado los estudios y pruebas necesarias para descartar el alcance de la complicación; lo que ha representado riesgo con peligro grave para la vida de la paciente..." -folios 320 a 323 del expediente administrativo-, sin dar absolutamente una sola explicación científica y sin especificar qué síntomas permitían el diagnóstico o aconsejaban la realización de pruebas que lo permitieran, ni tampoco cuáles habrían de ser éstas. Siendo por lo tanto absolutamente inoperante este informe frente a los anteriormente valorados.

Cuarto.-De lo expuesto en los fundamentos anteriores se desprende que procede la desestimación de la demanda y la confirmación de la resolución contra la que se dirige, sin que pueda afirmarse que haya incurrido en temeridad o mala fe cualquiera de las partes litigantes, puesto que sus pretensiones no están manifiestamente desprovistas de amparo fáctico o jurídico, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la LJCA, cada una deberá soportar los gastos causados a su instancia en este recurso.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del REY y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos otorga la Constitución española:


FALLAMOS.


 
DESESTIMAMOS EL RECURSO INTERPUESTO POR la Procuradora Doña Esmeralda González García del Río, en nombre y representación de Doña Lina, Don Juan, Don Lucio, Don Miguel, Doña Palmira y Doña Rosa, contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial presentada, ante la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, el día 16/09/2005, reclamación que no puede prosperar al no ser antijurídico el daño sufrido por la actora. Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia en la tramitación de este recurso.

Esta resolución no es firme y, frente a ella, cabe recurso de casación que habrá de prepararse ante esta Sección, en el plazo de diez días computados desde el siguiente a su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que habrá de realizar mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, n.º 2582 (Banesto), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), bajo apercibimiento de tener por no preparada la casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En el mismo día de su fecha, fue publicada la anterior Sentencia dictada por el Señor Magistrado Ponente, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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