Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Cataluña 432/2010 de 22 de abril


 RESUMEN:

El objeto de este recurso es que se declare la responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios causados a la paciente, por mala praxis médica. La hemorragia postquirúrgica y la infección que sufrió con posterioridad la paciente, constituye un daño o perjuicio antijurídico, que en modo alguno tiene porqué soportar, a efectos de su incardinación en el principio de responsabilidad patrimonial, como funcionamiento irregular del servicio público. Estimación.

SENTENCIA

En la ciudad de Barcelona, a veintidos de abril de dos mil diez

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN CUARTA), constituida para la resolución de este recurso, arriba reseñado, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente Sentencia.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Don EDUARDO BARRACHINA JUAN, quien expresa el parecer de la SALA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El día 16/10/2007 el Juzgado Contencioso Administrativo 10 de Barcelona, en el Recurso ordinario seguido con el número 69/2006, dictó Sentencia estimatoria parcial del recurso interpuesto sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por mala praxis médica. Sin expresa imposición de costas.

Segundo.-Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal, correspondiendo su conocimiento a esta Sección.

Tercero.-Desarrollada la apelación, finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que tuvo lugar el 12 de abril de 2010.

Cuarto.-En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El objeto de este proceso consiste en determinar la procedencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 10 de Barcelona, de fecha 16 de octubre de 2007, que estimó en parte la reclamación resarcitoria, interpuesta por el concepto de responsabilidad patrimonial, por los daños y perjuicios causados a la paciente, por mala praxis médica, en importe de 109193 euros, cuando sólo se reconoció por el concepto de daños morales que totalizaban la cantidad de 18000 euros.

En la sentencia se valoran los dos informes emitidos por médicos especialistas, así como la sucesión de la acción jurisdiccional, por fallecimiento de la causante y la continuación por las hijas como herederas universales, condenado a la Administración Pública demandada al pago de 18000 euros en concepto de daños morales.

En el recurso de apelación interpuesto por las tres hijas de la causante, se destaca que la acción jurisdiccional y la previa administrativa se inició por la madre de las recurrentes, quien posteriormente otorgó poder de representación para pleitos a favor de sus tres hijas; cuando se produjo el fallecimiento de la madre, reclamaron en nombre propio por su condición de herederas universales, por lo que reclaman la misma cantidad que le hubiera correspondido a su madre si hubiera vivido al tiempo de dictarse la sentencia.

En el escrito de oposición al recurso por parte del INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTENCIA SANITARIA, alega que una vez se produce el fallecimiento de la parte demandante, se extingue su personalidad jurídica y por lo tanto no puede nacer en sus herederos ningún derecho al resarcimiento del daño.

En el escrito de oposición y adhesión al recurso de apelación, el ICS, expresa la falta de legitimación activa de las tres hijas recurrentes para reclamar en concepto de Premium dolores. En el fondo se destaca que la condena se basa en un título de imputación que no fue planteado en la demanda, por cuanto inicialmente se aludió sólo a la existencia de una infección nosocomial, mientras que en el escrito de conclusiones la parte demandante introduce un nuevo título de imputación, una mala praxis en la ejecución de la intervención quirúrgica. Se alega también una incorrecta valoración de la prueba practicada; el centro hospitalario adoptó todas las medidas generales y específicas para la prevención de infecciones; la infección por MARSA no se produjo en el Hospital según informe del Dr. Remigio especialistas en Microbiología y Medicina Preventiva; se añade que el tratamiento de la endocarditis fue correcto; no existe prueba alguna de mala praxis.

En el escrito de oposición al recurso interpuesto por el ICS, las tres recurrentes hija de la paciente fallecida, alegan que no existe contradicción entre la demanda y el escrito de conclusiones, pues en aquella se hizo clara referencia de forma general a todos los daños y perjuicios objeto de reclamación, se aludió a una infección por herida quirúrgica y cuando se refieren a lesiones producidas se entiende que provienen de un acto quirúrgico. También se alega que el motivo de reclamación se completó con la infección contraída en el quirófano lo que provocó un daño desproporcionado en relación con el motivo inicial del ingreso. Se añade que no se trata de una infección nosocomial casual sino procedente de una intervención quirúrgica deficiente

La paciente fue intervenida el día 22 de noviembre de 2004 para una colecistectomía por colelitasis síntomatica, y posteriormente se practicó una nueva intervención a las veinticuatro horas, de laparotomía por shock hemorrágico derivado de hemoperitoneo.

Segundo.-Este Tribunal ha llevado a cabo una valoración conjunta de las alegaciones y razonamientos que se contienen en los recursos de apelación y escritos de oposición al mismo, en relación con los informes emitidos por especialistas, en relación con la sentencia impugnada, para llegar a la conclusión de que la acción jurisdiccional ejercitada por las tres recurrentes, herederas de la paciente fallecida, debe prosperar por los siguientes motivos.

En primer lugar y respecto de la legitimación activa, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2005, reconoce la sucesión procesal al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso -administrativa. En el mismo sentido, la sentencia de esta misma Sala, Sección Quinta, de fecha 10 de diciembre de 2004, ya dijo lo siguiente: La legitimación del compareciente resulta indudable, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Jurisdiccional, según el cual, al tratarse de una relación jurídica transmisible, el causahabiente puede suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2004, dice lo siguiente: Esa alegación de falta de legitimación debe rechazarse. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente, Ley 29 de 1998, de 13 de julio, regula esta cuestión en el artículo 22, dentro del Título Segundo que se dedica a las partes, y del Capítulo II del mismo que trata de la legitimación, reproduciendo de modo casi idéntico el artículo 31 de la Ley derogada de 1956, y dispone que "si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiera actuado como parte. Es cierto como afirma la Corporación recurrida que la relación colegial es personalísima, y que se posee en tanto se ostenta la condición de colegiado, pero no lo es menos, que, con toda evidencia, de esa relación colegial en determinadas circunstancias y en relación con el Colegio y el colegiado puede derivarse una relación jurídica transmisible que hace que extinguida la legitimación del recurrente colegiado pueda su causahabiente sucederle en cualquier estado del proceso como ocurre en este caso.

Incluso en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2007 se reconoce la sucesión procesal, en la fase de ejecución de sentencia: En la sentencia dictada el 7 de junio de 2005 en el recurso de casación 2492/2003 por el Pleno de esta Sala de lo Contencioso Administrativo se analiza la personación como ejecutantes de quienes no fueron parte en la fase declarativa del proceso partiendo de si se trata de una sentencia de las referidas en el art. 72.2 LJCA o de las contempladas en el art. 72.3 del mismo cuerpo legal. Por todo ello debemos tomar en consideración los ejes esenciales de los razonamientos de la antedicha sentencia de 7 de junio de 2005, en que se reconoce legitimación para interesar la ejecución a personas afectadas, aunque no hubieren sido partes litigantes, si se ostenta un interés legítimo en la ejecución, tal cual declaró el Tribunal Constitucional en su STC 4/1985, de 18 de enero, bajo la vigencia de la LJCA de 1956, con mención incluso de jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo concretada en las SSTS de 10 de octubre de 1959, reiterando lo vertido en las de 18 de enero de 1943 y 21 de noviembre de 1957. La referida STC 4/1985 recuerda que la propia LJCA, al regular la ejecución de las sentencias de este orden jurisdiccional, legitima no sólo a las partes que han comparecido en el proceso principal, sino más ampliamente a las "partes interesadas". En el supuesto allí amparado considera que la legitimación para comparecer en el proceso de ejecución de los demandantes de amparo tienen el carácter de "sobrevenida", si se toma en cuenta la perspectiva del proceso principal en el que "originariamente" no ostentaban tal cualidad procesal.

La misma sentencia añade a continuación: Matizando desde otra perspectiva, cabe añadir que la restricción reconocida en nuestro ordenamiento jurídico para que una "persona afectada" deba ser tenida como tal es la que deriva de las normas contenidas en los números 1 y 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es: de la que exige que en todo tipo de procedimiento se respeten las reglas de la buena fe (número 1); y de la que ordena a los Juzgados y Tribunales que rechacen fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal (número 2). Por ello la condición de titular de interés legitimo, en los términos del art. 19.1.a) LJCA, debe observarse en relación con la condición de "afectado" en la ejecución de la sentencia en la redacción del art. 104.2 LJCA con la necesaria interpretación del art. 22 LJCA atendiendo a las circunstancias concurrentes en que D. José Ramón, no obstante la venta de todas las acciones de "Autobuses L., S.A.", se reservó el derecho a la indemnización que procediera en la ejecución de la sentencia de 20 de julio de 1988 confirmada por la de 28 de octubre de 1991.

Aplicando la doctrina anteriormente expuesta al presente caso, aun cuando la última sentencia del Tribunal Supremo se refiere a la fase procesal de ejecución de sentencia, en el fondo lo que se está resolviendo y sentando como doctrina es que es posible y admisible la sucesión procesal en la legitimación activa, como ocurre en el presente caso.

Entrando a resolver el fondo de la cuestión controvertida que enfrenta procesalmente a las partes litigantes, a efectos de determinar si hubo mala praxis y si ello es susceptible de fundamentar una decisión indemnizatoria en los términos que fueron solicitados en primera instancia, compartimos el criterio expuesto en el recurso de apelación, en el sentido de que, efectivamente, en la demanda se hizo mención expresa de los daños y perjuicios derivados de la intervención quirúrgica, o mejor dicho, de las dos intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse la paciente. con los efectos y perjuicios que ello pudo suponer no sólo para la paciente sino también para la familia de la misma. Tanto la infección nosocomial como la intervención quirúrgica derivan del mismo hecho, como es, la asistencia médica deficiente que se prestó a la paciente, como claramente resulta incluso de los dos informes que se aportaron en primera instancia. La intervención de colecistectomia por vía laparoscópica con producción de hemorragia, en los términos que se especifican en los informes periciales acreditan mala praxis en dicha intervención quirúrgica. Las infecciones y complicaciones posteriores incluso cardíacas están directamente relacionadas con la intervención médica. No podemos admitir, en este aspecto, una mera sospecha para excluir la responsabilidad de la parte demandada, al alegarse en el informe pericial aportado de contrario, que es probable que la causa de la infección fuese la propia paciente al intentar arrancarse el cateter. Asimismo, también rechazamos la afirmación de que la paciente ya era portadora del virus stafilococus aureus cuando ingresó en el centro hospitalario, afirmación que carece de prueba suficiente. Y debemos destacar que la particularidad del presente caso se encuentra en que, en primer lugar, hubo una deficiente intervención quirúrgica y como consecuencia de ello se tuvo que intervenir pro segunda vez a la paciente y es en fase posterior cuando se produce la infección nosocomial. Esta infección no se produce de forma autónoma, a lo largo del tratamiento médico en un centro hospitalrio, como ha ocurrido en otros casos, sino que en el presente es consecuencia de la mala praxis anteriorrmente expresada.

Por ello, podemos concluir que la hemorragia postquirúrgica y la infección que sufrió con posterioridad la paciente, constituye un daño o perjuicio antijurídico, que en modo alguno tiene porqué soportar, a efectos de su incardinación en el principio de responsabilidad patrimonial, como funcionamiento irregular del servicio público.

En resumen, valorando los dos informes emitidos por especialistas, no nos cabe la menor duda de que la intervención quirúrgica no se ajustó a la lex artis, y buena prueba de ello fue la perentoria necesidad de practicar una segunda de forma casi inmediata.

Por todo lo cual, valoramos los daños y perjuicios derivados de la mala praxis médica en la cantidad de 59034 euros por secuelas, más otros 32759 euros por indemnización básica.

Estimamos, pues, el recurso de apelación interpuesto por las Sras. Evangelina, Inocencia y Natalia, revocamos la sentencia, menos en la fijación de la cantidad por daños morales, que respetamos, y desestimamos el recurso interpuesto por el Servei Català de Salud, sin imposición de costas a los efectos prevenidos en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso -administrativa.


FALLAMOS


 
1.º Estimar el recurso de apelación de las Sras. Evangelina, Inocencia y Natalia, revocar la sentencia impugnada y condenar al ICS al pago de la cantidad indemnizatoria de 91793 euros más intereses legales devengados desde el día de interposición de la reclamación administrativa.

2.º No imponer costas.

Notifíquese la presente resolución en legal forma, y verificado remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-

Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente / la Ilma. Sra. Magistrada Ponente estando la Sala celebrando audiencia pública el día 28 de abril de 2.010, fecha en que ha sido firmada la sentencia por todos los Sres. Magistrados que formaron Tribunal en la misma. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación