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Sentencia T.S.J. Madrid 466/2010 de 29 de abril


 RESUMEN:

Se alega en el recurso que han existido anormalidades durante el periodo de gestación y durante el periodo de parto que señalaban la idoneidad de una cesárea y se ha optado por contravenir los protocolos asumiendo un riesgo innecesario al desechar determinadas pruebas. De acuerdo con las pruebas presentadas la sala considera que los servicios sanitarios actuaron con diligencia en todo momento no pudiendo imputarles responsabilidad. Desestimación.

SENTENCIA

En Madrid, a veintinueve de abril del año dos mil diez.

Visto por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el Recurso Contencioso-Administrativo número 311/2007, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Javier Pozo Calamardo en nombre y representación de D.ª Salome y D. Roman contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial -presentada el 20 de abril de 2006 ante el Servicio Madrileño de Salud- y fijada en la cantidad de 261.840,85 euros por la deficiente prestación de asistencia sanitaria en el Centro de Salud Panaderas, en el Centro de Especialidades El Arroyo y en el Hospital de Fuenlabrada (Madrid), con motivo del control del embarazo y atención al parto de su hijo nacido a las 0,04 horas del día 3 de octubre de 2005.

Siendo parte demandada la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, representada y defendida por Letrado de sus Servicios Jurídicos, y habiendo comparecido como codemandada el Procurador de los Tribunales Don Francisco José Abajo Abril en nombre y representación de QBE INSURANCE (EUROPE) LTD.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte Sentencia por la que, estimando el recurso, se revoque el acuerdo recurrido y se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración con la condena a indemnizar en la cantidad que se determina a través de la prueba pericial e imposición de costas.

Segundo.-El Letrado de la CAM contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

Tercero.-Habiéndose recibido el pleito a prueba, y sí evacuado el trámite de conclusiones prevenido por la Ley, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.

Cuarto.-Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia del día 18 de febrero de 2010, teniendo así lugar.

Quinto.-En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección ILTMA. SRA. DOÑA CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Pretende la parte recurrente la nulidad de la expresada resolución por estimar que es contraria a Derecho, aduciendo en apoyo de su pretensión y, en esencia, las siguientes alegaciones en relación con los datos que constan en el expediente administrativo:

- mujer de 24 años de edad, primigesta y primípara, que el 23 de febrero de 2005, con estado gestante de 15+4 semanas, es atendida en el Hospital (Ginecología) por metrorragia escasa; se comprueba ausencia de sangrado activo, vitalidad del feto y estado de la placenta normal. Se diagnostica AMENAZA DE ABORTO y se recomienda reposo absoluto hasta 48 horas después de ceder el sangrado.

- el 29 de abril de 2005, con edad gestacional de 16+3 semanas, el Informe de Ecografía es normal, analogía y serología normales.

- el 26 de mayo de 2005, con edad gestacional de 20+2 semanas, el Informe de Ecografía es normal, las morfologías fetales y el desarrollo fetal es correcto.

- el 6 de junio de 2005, con edad gestacional de 21+6 semanas, el Informe de Ecografía es normal, las morfologías fetales y el desarrollo fetal es correcto.

- el 5 de julio de 2005, el Informe de Ecografía es normal, las pruebas analíticas son normales, pero se prescribe hierro (Tardyferon). El test de O'Sullivan (despistaje de diabetes gestacional) es normal.

- el 26 de de agosto de 2005, con edad gestacional de 33+3 semanas, el Informe de Ecografía es normal, el desarrollo fetal es correcto, pero el tamaño fetal es algo reducido (30 semanas) y peso fetal de 2.000 gr. Se recomienda control en tres semanas.

- el 13 de septiembre de 2005, con edad gestacional de 36+0 semanas, el Informe de Ecografía sospecha PEG (PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG), EL DESARROLLO GENERAL SE CORRESPONDE A 33-34 SEMANAS, PERO NO PARECE IMPRESIONAR DE CIR (CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO). Se solicita control de crecimiento con Doppler en diez días. Se recomienda baja laboral y reposo relativo.

- el 27 de septiembre de 2005, con edad gestacional de 38+0 semanas, el Informe de Ecografía indica LA PRESENCIA DE OLIGOAMINIOS (ÍNDICE DE LÍQUIDO AMNIOTICO). El peso estimado es de 2.434 gr., el Estudio de Doppler es normal y el desarrollo fetal es correcto.

- el 29 de septiembre de 2005, con edad gestacional de 38+3 semanas, el Informe de Ecografía indica FETO PEQUEÑO CON AUSENCIA DE CRECIMIENTO FRENTE A CONTROLES PREVIOS (PEG Y CIR). El peso estimado es de 2.500 gr.; el Estudio Doppler es normal. Se indica valorar CX para inducción.

- el 30 de septiembre de 2005, en el Informe de Ecografía se determina bienestar fetal, cuello borrado en un 40%, dilatación 1 cm. con bolsa íntegra. Presentación cefálica y altura de fondo uterino a termino; se realiza Hamilton (maniobra de despegamiento de membranas para favorecer el desencadenamiento del parto. Se cita en Urgencias para el día 2 de octubre para realizar registro cardiotocográfico y valoración de inducción al parto.

- el 2 de octubre de 2005, ingresa en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital para INDUCCIÓN DE PARTO CON PROPES VAGINAL, que se inicia a las 10,37 horas. A las 16,59 horas se producen deceleraciones ocasionales, y se indica retirada de Propes e inicio de INDUCCIÓN DE PARTO CON OXITOCINA; a las 22,26 horas se producen deceleraciones variables y saturación de oxígeno del 30% y se decide mantener monitorización continua; a las 23,30 horas se mantienen deceleraciones variables y saturación de oxígeno del 44%; la dilatación es completa y para abreviar el expulsivo ante la sospecha de pérdida de bienestar fetal se APLICA VENTOSA que fracasa por pérdida de vacío y se opta por la utilización del FORCEPS. Tras rotación de 90% y dos tracciones, se extrae feto varón vivo a las 0,04 horas del día 3 de octubre de 2005.

- el niño pasa a la Unidad de Neonatos del Hospital y la ECOGRAFÍA CEREBRAL a las doce horas de vida muestra: HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA FRONTOPARIETAL DERECHA DE 5-6 cm.; NO DESPLAZAMIENTO DE LINEA MEDIA; NO EDEMA CEREBRAL; VENTRÍCULOS VISIBLES; HUNDIMIENTO DE FRONTAL DERECHO DE 5 mm. QUE NO COMPRIME PARÉNQUIMA. CEFALOEMATOMA PARIETAL DERECHO.

- el niño presenta deterioro neurológico e ingresa en el Servicio de Neonatología del Hospital la Paz (Madrid) y se le interviene quirúrgicamente el 10 de octubre de 2005 de la fractura con hundimiento del frontal derecho, siendo dado de alta hospitalario el 2 de noviembre de 2005 y se determina como juicio clínico: DAÑO PREFRONTAL DERECHO SECUNDARIO A CONTUSIÓN EN DICHA ÁREA SECUNDARIA A FRACTURA CON HUNDIMIENTO DEL HUESO FRONTAL DERECHO POR TRAUMATISMO OBSTÉTRICO. AL ALTA EL EXAMEN NEUROLÓGICO ESTRUCTURADO NO MUESTRA HALLAZGOS ANORMALES. Por otra parte se alude que, "EN PRINCIPIO EL RIESGO NEUROEVOLUTIVO DEL NIÑO NO ES CLARO YA QUE LAS LESIONES PREFRONTALES DE ESTE TIPO SON EXCEPCIONALES. POR ELLO EL SEGUIMIENTO NEUROEVOLUTIVO DEL NIÑO ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE". En controles posteriores, se describe una EVOLUCIÓN FAVORABLE PERO CON LIGERO RETRASO EN EL ASPECTO MOTOR. El 26 de julio de 2006 se le realiza nueva RMN control informándose de LESIÓN QUÍSTICA FRONTAL DERECHA DE UN DIÁMETRO MÁXIMO DE UNOS 0,4 CM. CON LIGERO EFECTO MASA QUE DISTORSIONA EL ASTA FRONTAL ALTERACIÓN DEL PARÉNQUIMA CIRCUNDANTE MÁS PRÓXIMO, REMITIÉNDOLE A NEUROCIRUGÍA PARA SU VALORACIÓN.

- se considera que han existido anormalidades durante el periodo de gestación y durante el periodo de parto que señalaban la idoneidad de una CESÁREA (madre fumadora, amenaza de aborto, feto CIR, alteración de la frecuencia cardiaca fetal, líquido amniótico sanguinolento), y se ha optado por contravenir los protocolos asumiendo un riesgo innecesario al desechar la opción de la cesárea; nunca debió optarse por someter al feto al trabajo del parto, al no tener la certeza de que la evolución vaginal del parto carecía de seguridad pues hubo que utilizar maniobras de presión, absorción y tracción para la finalización del mismo, con las graves lesiones producidas al niño con el hundimiento craneal que requirió la reconstrucción craneal, el control neurológico permanente y una gran actividad rehabilitadora desde el nacimiento. Estos daños corporales con lesiones permanentes al menor y los daños ocasionados a la madre que detalladamente se valoran en la demanda deben ser objeto de la indemnización reclamada.

Por su parte, el Letrado de la CAM y la representación de la codemandada interesaron la desestimación del presente recurso, argumentando en líneas generales que la actuación cuestionada se ajustó a la legalidad.

Segundo.-El art. 139 de la Ley 30/1992, dispone textualmente: "1.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2.- En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas..."; y el art. 141.1 dice que "sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley", y con arreglo al mismo precepto "se tiene el deber jurídico de soportar los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos".

Dichos preceptos establecen, en sintonía con el art. 106.2 de la C.E., un sistema de responsabilidad patrimonial: a) unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: abarca toda la actividad -por acción u omisión- derivada del funcionamiento de los servicios públicos, tanto si éstos incumben a los poderes públicos, como si son los particulares los que llevan a cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera de interés general; c) de responsabilidad directa: la Administración responde, directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del sistema, es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público; y e) tiende a la reparación integral.

Por tanto, para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración es preciso:

Que se aprecie una relación de causalidad entre la acción/omisión y el resultado lesivo.

Que el daño sea antijurídico o, lo que es lo mismo, que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo, y ello supone: a) que el daño sea la materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público; y b) que el ordenamiento no imponga al perjudicado expresamente el deber de soportar el daño.

Que el daño sea indemnizable: a) daño efectivo; b) evaluable económicamente; y c) individualizable en relación a una persona o grupo de personas.

En este sentido cabe recordar, entre otras, la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de noviembre de 1998 (RJA 9920).

Tercero.-En materia de responsabilidad patrimonial derivada de una actuación médica, el criterio básico utilizado es el de la Lex Artis, de suerte que la obligación del profesional de la medicina es de medios y no de resultados: la obligación del médico es prestar la debida asistencia y no de garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. Por ello, la Lex Artis constituye el parámetro de actuación de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos, imponiendo al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida. Este criterio es fundamental a la hora de delimitar la responsabilidad en este ámbito, exigiéndose para su existencia, no sólo la lesión sino también la infracción de dicha Lex Artis. Si sólo bastara la lesión se incurriría en una excesiva objetivación de la responsabilidad. Al respecto, cabe cita la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2000 (RJ 9404), en la que se recuerda: "Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano".

Cuarto.-Desde las precedentes consideraciones legales y doctrinales, en el supuesto de autos, tras el relato de la asistencia sanitaria recibida por la paciente, según se ha expresado en el Fundamento de Derecho Primero, esta Sala y Sección considera que no concurren todos los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración y, en concreto, no se aprecia que las lesiones producidas al recién nacido como consecuencia de la utilización del fórceps constituyan un daño antijurídico creado por la mala-praxis en la asistencia al parto.

Para llegar a esta conclusión, este Tribunal ha valorado en conjunto el Dictamen Pericial por designación judicial a petición de la parte recurrente (folios 439 a 496 autos) y aclaraciones (folios 518 a 519 autos), el Informe del Médico Inspector del SERMAS (folios 419 a 437 expediente), el Dictamen Médico Pericial de la Aseguradora de la Administración (folios 455 a 464, 1.ª ampliación expediente) y la Resolución desestimatoria de la reclamación dictada por la Consejería de Sanidad de la CAM (2.ª ampliación expediente).

Todos los informes coinciden en que "no se aprecia vulneración del principio "Lex artis ad hoc" en la asistencia al parto, siendo las secuelas sufridas por el recién nacido consecuencia de la propia técnica de extracción empleada de forma correcta y adecuada."

Por dotar de mayor imparcialidad al Informe de la parte recurrente, y sobre la consideración de estar en presencia de un embarazo de alto riesgo en el que debió procederse a la extracción del feto por cesárea en lugar de optarse por el parto vaginal, el apartado 6 de dicho Informe, estima que ante los factores con los que se contaba (líquido amniótico sanguinolento, feto de bajo peso, saturación de oxígeno al 30% y los inicios de sufrimiento fetal), no determinan necesariamente la realización de una cesárea.

Sobre la consideración de haber sido arriesgada la decisión de un parto vaginal inducido ante la no progresión del feto y la necesidad de utilización del fórceps, dicho Perito Judicial, en el apartado 8 y 9 de su Informe, manifiesta que se cumplían las condiciones adecuadas para realizar un parto vaginal por la dilatación completa, la presentación cefálica, la bolsa rota y la presentación en III plano de Hodge. No se tiene constancia de ninguna contraindicación para realizar una inducción al parto. Si hubiera existido alguna contraindicación para la inducción al parto, lo correcto hubiera sido realizar la extracción del feto por cesárea, pero en la historia clínica no hay ningún dato que haga pensar en la existencia de una contraindicación para la inducción al parto.

En relación con las lesiones del recién nacido, producidas por el fórceps, consistente en la fractura-hundimiento frontal derecho, y parálisis facial derecha (desviación de la comisura a la izquierda con imposibilidad de cerrar el ojo derecho) el mismo Perito judicial afirma en el apartado 11 de su Informe: "Si observamos la anotación de la historia clínica sobre la aplicación del fórceps, se indica lo siguiente:

- Condiciones: feto III plano, dilatación completa, OIIT, asinclitismo anterior

- se aplica ventosa tipo Kiwi, se produce pérdida de vacío en dos aplicaciones, por lo que se desiste y se indica fórceps de Kielland

- se aplica fórceps con presa transversa izquierda en una única aplicación, que se realiza sin ninguna dificultad, comprobando idoneidad en la presa

- se realiza rotación fetal de 90.º y extracción fetal en dos tracciones

El único elemento de juicio que tengo para saber si la presa era correcta o no son las anotaciones de la historia clínica. En este caso, se puede comprobar que el médico que aplicó el fórceps:

- aplica el fórceps sin dificultad

- comprueba la idoneidad de la presa

Esto último se hace de la siguiente manera: una vez aplicado el fórceps, y antes de realizar tracción, se realiza un tacto para comprobar que las ramas del fórceps se encuentran a la misma distancia de la fontanela posterior (punto de referencia de la cabeza fetal). Según estas anotaciones de la historia clínica, se puede afirmar que la aplicación del fórceps fue correcta. Posteriormente se realiza la tracción y rotación de 90.º para extraer el feto. Al estar el feto en posición transversa (mirando hacia un lado de la pelvis materna), la cabeza del feto debe realizar una rotación de 90.º para poder ajustarse a los diámetros de la pelvis materna, y progresar correctamente por la misma hasta su expulsión. Muy probablemente fue en este movimiento de rotación (más que por una aplicación incorrecta) cuando se produjo la lesión craneal con el fórceps, debido a un deslizamiento de las ramas durante la tracción-rotación. De hecho, son los fórceps rotadores los que se asocian con mayores tasas de complicaciones, debido a que en estos fórceps hay que hacer dos movimientos: uno de tracción, para hacer descender el feto, y otro de rotación para que el feto se ponga en la posición correcta para que pueda ser extraído por la pelvis."

Por ello, como se ha dicho, no se aprecia vulneración de la Lex-Artis ad hoc en la asistencia sanitaria dispensada durante el tiempo del embarazo y en el desarrollo del parto.

Quinto.-Los razonamientos precedentes llevan a la desestimación del recurso, sin que se efectúe pronunciamiento en materia de costas (artículo 139.1 de la L.J.C.A.)


FALLAMOS


 
Que DESESTIMAMOS el Recurso Contencioso-Administrativo n.º 311/2007 interpuesto por la representación procesal de D.ª Salome y D. Roman contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial -presentada el 20 de abril de 2006 ante el Servicio Madrileño de Salud- y fijada en la cantidad de 261.840,85 euros por la deficiente prestación de asistencia sanitaria en el Centro de Salud Panaderas, en el Centro de Especialidades El Arroyo y en el Hospital de Fuenlabrada (Madrid), con motivo del control del embarazo y atención al parto de su hijo nacido a las 0,04 horas del día 3 de octubre de 2005, y que se confirma por ajustarse a Derecho. Sin costas.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Esta resolución, dada la cuantía del proceso, no es firme y, frente a ella, cabe recurso de casación que habrá de prepararse ante esta Sección, en el plazo de diez días computados desde el siguiente a su notificación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que habrá de realizar mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, n.º 2582 (Banesto), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio), bajo apercibimiento de tener por no preparada la casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En el mismo día de su fecha fue publicada la anterior Sentencia dictada por la Magistrada Ponente Iltma. Sra. Doña CARMEN RODRIGUEZ RODRIGO, de lo que como Secretario de la Sección, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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