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Sentencia T.S. 813/2010 (Sala 2) de 1 de octubre


 RESUMEN:

Delito contra la salud pública: Tráfico de drogas. Cocaína y hachís. Reincidencia. Atenuante drogadicción. No concurre. Vulneración presunción de inocencia. No procede. Error en la apreciación de la prueba. No procede. Tenencia ilícita de armas.

En la Villa de Madrid, a uno de Octubre de dos mil diez.

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cartagena, Sección Quinta, de fecha 16 de enero de 2009. Han intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes Felicisimo y Leon, representados por el procurador Sr. Couto Aguilar, Gabino, representado por la procuradora Sra. Pinto Campos y Teofilo representado por el procurador Sr. García Riquelme y el recurrido Ángel Jesús, representado por la procuradora Sra. Pinto Campos. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andres Ibañez.


ANTECEDENTES


 
1.- El Juzgado de instrucción número 5 de Cartagena instruyó procedimiento abreviado 23/2008, por delito contra la salud pública contra Felicisimo, Gabino, Leon, Teofilo, Ángel Jesús, Maximino, Valeriano, Dimas, Celso y Gonzalo y, abierto el juicio oral, lo remitió a la Audiencia Provincial de esa ciudad, cuya Sección Quinta dictó sentencia en fecha 16 de enero de 2009 con los siguientes hechos probados: "El acusado Felicisimo nacido el 2/01/54, con Documento Nacional de Identidad número NUM000 con instrucción, sin antecedentes penales, en fechas comprendidas, al menos, entre el 3-9-2007 y el 2-11-2007 estableció en Cartagena un sistema de venta de estupefacientes, a cuyo efecto, por cuenta y encargo del mismo, los también acusados Gabino, nacido el 25/01/1977, con Documento Nacional de Identidad número NUM001, sin antecedentes penales, Leon, nacido el 12/11/1980, con Documento Nacional de Identidad número NUM002 y ejecutoriamente condenado el 18-5-2006 a un año y seis meses de prisión por delito contra la salud pública, habiéndosele concedido la suspensión de la ejecución de la pena por dos años el día 1-6-2006, Teofilo nacido el 2/09/1973, con Documento Nacional de Identidad número NUM003, sin antecedentes penales, y Ángel Jesús nacido el 20/04/1973, con Documento Nacional de Identidad número NUM012, y ejecutoriamente condenado el 5-4-1999 a 3 años de prisión por delito contra la salud pública, procedieron a vender en las mencionadas fechas cocaína y hachís a cuantas personas lo solicitaron en el inmueble situado en C/ Lanzarote n.º 11 de Lo Campano, Cartagena, inmueble éste de propiedad municipal y en el que no consta censada persona alguna. Para dicho tráfico, el acusado Felicisimo proporcionaba a éstos las llaves del inmueble, así como los estupefacientes que poseía en el dormitorio de su domicilio situado en C/ DIRECCION000 número NUM004 de Lo Campano, Cartagena, procediendo éstos a su venta y retornándole diariamente el dinero de la venta y el sobrante de estupefaciente no vendido.- El acusado Maximino nacido el 17/09/1961, con Documento Nacional de Identidad número NUM005, sin antecedentes penales, los días 7, 17 y 18 de septiembre y los días 8 y 30 de octubre de 2007 fue visto entrar y salir del local de C/ Tenerife 11.- El igualmente acusado Valeriano nacido el 5/10/1970, con Documento Nacional de Identidad número NUM006 y ejecutoriamente condenado el 5/10/1995 a 3 años de prisión por delito contra la salud pública, en fechas comprendidas entre el 3/09/2007 y el 2/11/2007 fue visto entrar y salir del local de C/ Tenerife 11.- El acusado, Dimas nacido el 19/01/1987, con Documento Nacional de Identidad número NUM007, sin antecedentes penales, en las mencionadas fechas fue visto en las inmediaciones del inmueble de C/ Lanzarote n.º 11.- Asimismo, el acusado Celso nacido el 23/11/1976, con Documento Nacional de Identidad número NUM008 y ejecutoriamente condenado el 31-5-1999 a un año y 10 días de prisión por delito contra la salud pública, en la tarde del día 5-9-2007 fue visto entrar y salir del local de C/ Lanzarote 11.- El acusado, Gonzalo nacido el 26/08/1967, con Documento Nacional de Identidad número NUM009 y ejecutoriamente condenado el 13-6-2000 a 2 años de prisión por delito contra la salud pública, al menos los días 7,8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2007 fue visto entrar y salir del local de C/ Lanzarote 11.- Practicada entrada y registro el día 2-11-2007 en el inmueble de la C/ Lanzarote n.º 11 de Lo Campano, se intervino dos envoltorios conteniendo 24'84 gramos y 3'34 gramos de cocaína con una pureza respectivamente del 69'8 y 65'8, una tableta de 66'73 gramos de hachís y un trozo de 2'82 gramos de resina de cannabis, sustancias éstas destinadas a la venta y valoradas en 2.648,08 €; así como 176 € producto del tráfico, una balanza de precisión Tanita, bolsas de plástico con recortes circulares para efectuar las envueltas, una hoja cuadriculada y una libreta con anotaciones de ventas de estupefacientes y un trozo de folio con la inscripción: "abierto 8 de la mañana hasta las 12'15 de la noche".- Practicada entrada y registro en la vivienda de C/ DIRECCION000 número NUM004 de Lo Campano, domicilio del acusado Felicisimo, se intervino en su dormitorio, en una caja fuerte cuyas llaves portaba, 4 envoltorios conteniendo 99'62, 99'51, 24'78 y 24'91 gramos de cocaína con una pureza respectiva de 57'6, 53, 53'6 y 52'8 % y cuatro piezas de 198'39, 62'77, 94'55 y 8'75 gramos de resina de cannabis, todo ello valorado en 17.964,83 €, así como dos básculas de precisión Henry, 3.100 € producto de la venta de estupefacientes y joyas con un peso de unos 800 gramos consistentes en 2 brazaletes, 2 esclavas, 2 relojes, una gargantilla, 8 sellos y una pulsera adquiridas con los ingresos de la venta de estupefacientes.- El acusado Felicisimo poseía también, en el cajón de su mesilla de noche una pistola Tokarev "M57" con n.º de serie NUM010, en buen estado de conservación y apta para efectuar disparos con bala, careciendo de guía de pertenencia y de la licencia correspondiente. Poseía igualmente en el mencionado domicilio, en el armario de su dormitorio, una escopeta marca BOPE con n.º de serie NUM011, a la que se le había recortado tanto los cañones como la culata y que, aunque en mal estado de conservación, era apta para el disparo con bala y para la que igualmente carecía de licencia de armas y guía de pertenencia, así como 62 cartuchos aptos para ser disparados por la pistola Tokarev. También se intervino una libreta con anotaciones de venta de estupefacientes".

2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Que debemos condenar y condenamos, a los acusados: Felicisimo, como autor de un delito contra la salud pública a la pena de seis años de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y sesenta mil € de multa y por el delito de tenencia ilícita de armas a la pena de dos años de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y al pago de dos onceavas partes de las costas.- A Leon como autor de un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia a la pena de seis años y un día de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y sesenta mil € de multa y al pago de la onceava parte de las costas.- A Gabino, Teofilo y Ángel Jesús, por un delito contra la salud pública a la pena de tres años de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y sesenta mil € de multa con tres meses de arresto sustitutorio en caso de impago, y al pago de la onceava parte de las costas a cada uno de ellos.- Que debemos absolver y absolvemos a Maximino, Valeriano, Dimas, Celso, Gonzalo, declarando las costas de oficio.- Que procede el comiso de la droga, dinero, joyas, armas y demás efectos intervenidos."

3.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por los condenados Felicisimo, Leon, Gabino y Teofilo que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

4.- La representación del recurrente Felicisimo basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva del artículo 24. CE.- Segundo y tercero. Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1.º Lecrim por aplicación indebida del artículo 66.6 y 72 Cpenal.

5.- La representación del recurrente Gabino basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 CE.- Segundo. Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1.º Lecrim, por indebida aplicación del artículo 21.6 en relación con el artículo 21.1 y 2 todos ellos del Cpenal.- Tercero. Infracción de ley, al amparo de lo previsto en el artículo 849.1.º Lecrim por indebida aplicación del artículo 29 Cpenal.

6.- La representación del recurrente Leon basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1.º Lecrim por indebida aplicación del artículo 21.6 Cpenal, al no tenerse en cuenta la aplicabilidad de la atenuante analógica de drogadicción.- Segundo. Infracción de ley, al amparo del artículo 849.2.º Lecrim, por error en la apreciación de la prueba, puesto de manifiesto por documentos obrantes en autos, no desvirtuados por otras pruebas.- Tercero. Infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 CE.

7.- La representación del recurrente Teofilo basa su recurso de casación en los siguientes motivos: Primero. Infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 CE, así como a la tutela judicial y a un proceso con garantías.- Segundo. Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1.º Lecrim, por indebida aplicación del artículo 29 Cpenal.

8.- Instruido el Ministerio fiscal y parte recurrida de los recursos interpuestos el Fiscal se ha opuesto a los mismos; la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

9.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 23 de septiembre de 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Recurso de Felicisimo

Primero.-Por el cauce de los arts. 5,4 LOPJ y 852 Lecrim, se ha denunciado vulneración del art. 24,2 y 24,1 CE, con el argumento de que se habría vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y a una sentencia motivada, porque -se dice- la Audiencia no tuvo en cuenta que Leon, también acusado e hijo del que recurre afirmó que la droga hallada en la vivienda del primero era exclusivamente suya; además no habría constancia de que Felicisimo hubiera llevado droga de su domicilio al llamado garito, de la calle Lanzarote, 11, a que se refieren los hechos; por otra parte, el dinero hallado en su domicilio estaría justificado por su dedicación a la compraventa de chatarra, y de las joyas intervenidas algunas llevaban el nombre de las hijas y nietas del recurrente. En fin, se sostiene que de las armas halladas en el registro, una no sería de este último y de la escopeta no consta que hubiera sido manipulada por él.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciaria, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente. Se trata de ver si la valoración de los elementos de prueba relacionados con Felicisimo se ajusta o no a este canon jurisprudencial.

Pues bien, lo primero que hay que decir es que no es verdad que la condena del que recurre carezca de fundamentación. Por el contrario, pues, de forma sintética pero bastante, la sala pone de relieve el hallazgo en poder de ese inculpado de la llave de la caja fuerte, ubicada, precisamente en su dormitorio, en cuyo interior se halló la droga y las balanzas de precisión, así como las joyas y el dinero a que se refieren los hechos relativos al registro de la casa n.º NUM004 de la DIRECCION000. Además razona sobre las particularidades de las joyas. Y, en fin, repara en que consta por declaración testifical de uno de los agentes policiales en el juicio cómo fue Felicisimo el que abrió el llamado garito de la calle Lanzarote el mismo día del registro de su vivienda. Y, en cuanto a la pistola y la escopeta, se da la circunstancia de que ambas se hallaban asimismo en el dormitorio del que recurre, que, dijo haber hallado la escopeta de cañones y culata recortados en un basurero, tratándose de armas aptas para el disparo, la primera, además, acompañada de 62 cartuchos idóneos para ese fin.

Así las cosas, salta a la vista que el núcleo argumental del motivo se agota en la oposición de algunas afirmaciones puramente evasivas sin más sustento, cuando la información probatoria acredita la existencia de acciones de este acusado que ilustran positivamente acerca de su relación con las drogas: como el dato de tenerlas en el lugar más personal de su vivienda, de hallarse en poder de la llave de la caja; y, en fin, el de disponer también de la llave del local de la calle Lanzarote, dedicado, cabe decir que en exclusiva, a la venta de sustancias estupefaciente.

De este modo, es claro que todos esos elementos de juicio guardan precisa relación de coherencia con la hipótesis acusatoria, que es, por ello, la que mejor da razón de los hechos probados en lo relativo a Felicisimo. Y, finalmente, como se ha visto, el tribunal discurre de manera bastante y lo bastante expresiva sobre estos particulares.

Es por lo que el motivo tiene que rechazarse.

Segundo.-La denuncia, que busca el amparo del art. 849,2.º Lecrim, es de infracción de ley, por aplicación indebida, se dice, de los arts. 66,6 y 72 Cpenal. El argumento es ahora que la sentencia condena al recurrente por un delito del art. 563 Cpenal a una pena de dos años de prisión y accesorias, razonando que ello se debe a que poseía dos armas, cuando realmente sólo una de las incautadas respondería a las exigencias de ese precepto, pues la escopeta no habría sido objeto de una modificación sustancial.

En efecto, la Audiencia ha tomado en consideración la existencia en poder del acusado de dos armas, de las comprendidas en el art. 563 Cpenal, aptas para el disparo y de una relevante cantidad de cartuchos para una de ellas. Y esta decisión goza de pleno fundamento, pues, se trata de una pistola apta para el disparo, y de una escopeta con los cañones y la culata recortados, y, como se lee en la STS 947/2009, de 4 de febrero, una escopeta de caza tratada, al ser tratada de este modo, queda inhabilitada para su original uso deportivo, convirtiéndose en una peligrosísima arma ofensiva, con capacidad para producir devastadores efectos en el caso de ser utilizada sobre una persona. Tal es el criterio jurisprudencial que se expresa en las diversas sentencias de que se hace eco la que acaba de citarse, que recuerda la existencia de una única excepción, representada por la que en su apoyo cita el que recurre.

En consecuencia, y por todo, el motivo no puede acogerse.

Tercero.-La objeción es de infracción de ley, de las del art. 849,1.º Lecrim, por inaplicación también de los arts. 66,6 y 72 Cpenal; debido a que no se habrían tenido en cuenta las circunstancias personales del acusado ni la mayor o menor gravedad de los hechos, al imponerle una pena de 6 años de prisión.

Mas no es cierto que la decisión de la sala en lo relativo a la condena por delito de tráfico de estupefacientes esté aquejada de esa deficiencia. En efecto, basta pensar que la pena de 3 años de prisión sería la correspondiente al acto de venta de una simple dosis, y que, como expresa la sala, este acusado desempeñaba la dirección práctica del grupo familiar, dedicado de manera estable a la ilegal actividad descrita en los hechos, como lo acredita la disposición de la llave de la caja fuerte hallada en su dormitorio y el dato de disponer también de las llaves del local de la calle Lanzarote, punto habitual de venta de drogas.

Por tanto, hay que considerar que la pena impuesta es proporcionada a la gravedad de la conducta a la que da respuesta y está sucinta pero suficientemente justificada en la fundamentación de la sentencia; y así el motivo tiene que desestimarse.

Recurso de Gabino

Primero.-Con apoyo en los arts. 852 Lecrim y 5,4 LOPJ, se ha alegado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24,2 CE. El argumento es que los agentes en cuya declaración se funda la condena no observaron en el que recurre comportamientos distintos de los propios de una persona consumidora de drogas, en concreto, frecuentar el garito en el que su hermano Leon, según él mismo ha reconocido, vendería sustancias ilegales.

Pero esta afirmación no se sostiene, cuando lo cierto es que en la sentencia hay constancia de que nada menos que seis funcionarios policiales, que se turnaban en la vigilancia del local bajo sospecha, vieron durante los días 6, 7 y 13 de septiembre a Gabino operar en las inmediaciones del local dedicado de manera exclusiva a la venta de cocaína y derivados de la cannabis. En concreto, captando clientes y acompañándolos al interior de aquél para volver a salir de nuevo y repetir el mismo proceso.

Cierto que su hermano Leon tenía la implicación en los hechos que expresamente ha admitido, pero el modus operandi de este recurrente ilustra con suficiencia acerca de su implicación esencial en esa práctica ilegal. Por lo demás, con elementos de juicio de fuente plural, bien obtenidos y correctamente valorados de manera expresa, a tenor del canon jurisprudencial de que antes se ha dejado constancia.

En definitiva, el motivo debe rechazarse.

Segundo.-Invocando el art. 849,2.º Lecrim, se ha denunciado inaplicación indebida del art. 21,6 Cpenal en relación con los arts. 1 y 2 del mismo texto.

El motivo (en realidad del art. 849,1.º Lecrim) es de infracción de ley, y, por tanto, sólo apto para servir de cauce a eventuales defectos de subsunción de los hechos fijados en la sentencia en un precepto legal.

Pues bien, la lectura del mismo hace patente que el que recurre no se ajusta en absoluto a esta exigencia, pues lo que hace es poner en tela de juicio la valoración que la Audiencia hizo del informe toxicológico que acreditaría algún consumo de cocaína por parte del recurrente en los seis meses anteriores a los hechos.

Pero la sala ha entendido que ni siquiera esa condición de consumidor puede entenderse acreditada, porque no basta la mera existencia de algún tipo de consumo, sino que es preciso acreditar que el mismo es de una apreciable duración, tiene cierta intensidad y la capacidad real de incidir en la conducta del afectado para que pueda ser considerado como jurídicamente relevante, incluso a los efectos de integrar una posible circunstancia atenuante analógica. Y nada de esto consta realmente.

De este modo, el motivo carece de fundamento.

Tercero.-Por la vía del mismo art. 849,1.º Lecrim, se dice indebidamente inaplicado el art. 29 Cpenal. El argumento es que la conducta consistente en indicar a los consumidores el lugar de venta de la droga carecería de aptitud para convertir al que lo hace en autor del delito del art. 368 Cpenal. Pero al razonar así se pierde de vista que ese modo de operar, que en una actividad comercial regular sería de captación de clientes, constituye una modalidad de favorecimiento del consumo, inequívocamente típica, según el tenor literal de ese precepto. Es claro, pues, que el motivo tiene que desestimarse.

Recurso de Teofilo

Primero.-Con apoyo en el art. 5,4 LOPJ se dice vulnerado los derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, del art. 24,2 CE. El argumento es que la condena se funda de manera exclusiva en la existencia de ciertas sospechas policiales acerca de la implicación del acusado en el tráfico de drogas, de la que no hay, se dice, prueba directa. Se sostiene, además, que el papel desempeñado por el que recurre sería a lo sumo de "puerta" "aguador", que es como en argot se denota al encargado de dar aviso de la presencia de la policía.

Pero con este modo de discurrir se prescinde de un dato fundamental, a saber, que existe una pericia acreditativa de la existencia de huellas dactilares del recurrente en los recortes de plástico, en el cuaderno y en el cartel empleados en la elaboración y venta de las drogas, en el local de la calle Lanzarte, 11. Esto sólo indica de manera más que suficiente la implicación del acusado en la ilícita actividad comercial, a la que contribuía además del mismo modo que el anterior implicado, según declaraciones de testigos a las que se alude en el propio escrito.

De nuevo, pues, se impone concluir que los elementos de juicio tomados en consideración prestan base sobrada para una inferencia como la de la sala, que se ajusta en cuanto al método al criterio jurisprudencial antes recogido y reiteradamente aludido. Por lo que el motivo tiene que desestimarse.

Segundo.-Invocando el art. 849,1.º Lecrim, se dice infringido, por su no aplicación, el art. 29 Cpenal.

Como es patente este aserto parte de un supuesto irreal, el de que el que recurre se habría limitado a estar fuera del local para, eventualmente, dar aviso de una posible presencia policial. Por tanto, se omite la consideración del dato del hallazgo de las huellas en objetos relacionados con el mismo núcleo de la actividad ilegal.

Pues bien, ya se ha dicho que incluso la actividad de captación de clientes, que es la que los testigos policías atribuyen a Teofilo sería la propia de un autor de la actividad de favorecimiento, pero es que, además, en este caso se da esa otra modalidad de implicación, mucho más elocuente y bien subsumida en las previsiones del art. 28 Cpenal en relación con el art. 368 del mismo texto. Es lo que hace que el motivo resulte inatendible.

Recurso de Leon

Primero.-Con apoyo en el art. 849,1.º Lecrim se dice infringido el art. 21,6 Cpenal porque al aplicar el art. 368 del mismo texto no se habría tenido en cuenta la drogadicción del que recurre, como atenuante analógica. Al respecto, se busca apoyo en el informe de toxicología del folio 208, del que resultaría un consumo de drogas, cocaína entre otras, de larga duración.

Pero la sala sí ha tomado en consideración ese dictamen, del que realmente sólo resulta algún consumo de esas sustancias en los meses anteriores a los hechos. Pero simple consumo, sin más especificaciones, que, en rigor, no permitiría hablar de adicción y menos aún sostener que ésta fuera de cierta relevancia y con una incidencia apreciable en la conducta del afectado. Así las cosas, sólo cabe decir que el criterio de la sala, al no consignar en los hechos ninguna referencia a la drogadicción del que recurre y consiguientemente, al desestimar la concurrencia de la atenuante analógica correspondiente, debe entenderse correcto, y el motivo tiene que desestimarse.

Segundo.-Lo denunciado es error de hecho en la apreciación de la prueba, derivado de documentos que acreditarían la equivocación del juzgador, sin estar desvirtuados por otras pruebas (art. 849,2.º Lecrim). El argumento es que la sala habría desoído el informe antes citado, del que resulta que en los meses quinto y sexto anteriores a los hechos el recurrente habría consumido cafeína, nicotina y cocaína.

Como es bien sabido, pues existe abundante y conocida jurisprudencia de esta sala, la previsión del art. 849,2.º Lecrim tiene por objeto hacer posible la impugnación de sentencias en las que un extremo relevante del relato de hechos se halle en manifiesta contradicción con el contenido informativo de algún documento, que no hubiera sido desmentido por otro medio probatorio. Donde "documento" es, en general, una representación gráfica del pensamiento formada fuera de la causa y aportada a ésta a fin de acreditar algún dato relevante. Así pues, para que un motivo de esta clase pueda prosperar será necesario acreditar la existencia de una patente contradicción entre unos y otros enunciados, tan clara, que hiciera evidente la arbitrariedad de la decisión del tribunal al haberse separado sin fundamento del resultado de la prueba.

De otra parte, hay que tener en cuenta que, como regla, los informes periciales carecen de la calidad de documentos (en sentido técnico-procesal) a los efectos del art. 849,2.º, por más que puedan acogerse como tales en algún caso, como cuando existiendo una sola pericia o varias coincidentes, el tribunal se hubiera apartado sin motivación razonable del contenido de los mismos (por todas, STS de 17 de febrero de 1992 y 30 de noviembre de 1990).

Pero es claro que el tribunal no ha incurrido en el defecto que se dice, pues en el fundamento tercero de la sentencia ha tomado expresamente en consideración el contenido del informe de referencia, del que, como se ha dicho, realmente sólo se infiere algún consumo, sin más precisiones, de cocaína, en los meses anteriores a los hechos, de lo que, a falta de otros datos, no puede seguirse la consecuencia pretendida por el que recurre, de ahí que este motivo tenga también que desestimarse.

Tercero.-Con apoyo en el art. 5,4 LOPJ se afirma vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Al respecto se sostiene que lo único acreditado es que este acusado, que a la sazón era consumidor de drogas, se hallaba presente en el local de la calle Lanzarote, en el que la sentencia localiza un ilegal negocio de venta de drogas, cuya organización atribuye a Felicisimo, padre de este inculpado.

Pero al discurrir de este modo se olvida, con manifiesta falta de rigor, que el propio interesado, respondiendo a preguntas del Fiscal, en el juicio, declara como propia dedicación la chatarra y, claramente, la venta de drogas en el local de la calle Lanzarote.

Falla, pues, el presupuesto básico del razonamiento destinado a fundar la impugnación y, así, ésta, y con ello el motivo, es rigurosamente insostenible; máxime cuando resulta también que en ese inmueble se halló cocaína y hachís y elementos propios de su manipulación con fines comerciales; constando, además, una rica información testifical acreditativa de la regular afluencia de compradores.

La objeción es, pues, inatendible.


FALLO


 
Se desestima el recurso de casación interpuesto por las representaciones procesales de Felicisimo, Leon, Gabino y Teofilo contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cartagena de fecha 16 de enero de 2009 dictada en la causa seguida por delito contra la salud pública y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas.

Comuníquese esta sentencia a la Audiencia Provincial de instancia con devolución de los antecedentes remitidos a esta sala para la resolución del recurso, solicítese acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Perfecto Andres Ibañez, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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