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Sentencia A.P. Castellón 183/2009, de 18 de junio


 RESUMEN:

En este caso se valora si hay que proceder a analizar los conceptos de violencia doméstica o de género. No hay especificación de circunstancias para hacer pensar que fue una reacción de desigualdad propia de los conceptos antes señalados. Por lo que se procede a condenar por una falta con la correspondiente pena de localización permanente.

SENTENCIA

En la ciudad de Castellón de la Plana, a dieciocho de junio de dos mil nueve.

La SECCIÓN SEGUNDA de la Iltma. Audiencia Provincial de Castellón, integrada por los Iltmos. Sres. anotados al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Penal núm.147/09, dimanante del recurso interpuesto contra la Sentencia de fecha 1 de octubre de 2008, dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal núm. 1 de esta capital, en su Juicio Oral núm. 51/07, dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 24/06 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Nules.

Han sido partes como APELANTE d. Santos (procesalmente representado por la procuradora sra. Adsuara Segarra, y asistido por la letrado sra. Monterde Cremades) y como APELADO el MINISTERIO FISCAL (representado en las actuaciones por doña Mercedes Díaz Esteban).

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don PEDRO JAVIER ALTARES MEDINA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En sentencia de 1 de octubre de 2008 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón, dictada en autos de Juicio Oral núm. 51/07, se dispuso lo siguiente: "Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO libremente a Santos de uno de los dos delitos de malos tratos en el ámbito familiar de que venía siendo acusado por los hechos objeto de la presente causa, declarando las costas de oficio.

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO al acusado Santos, como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar del art. 153 del Código Penal, en la redacción vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos operada por art. 1 siete de la LO 11/2003 de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de CUATRO MESES DE PRISIÓN, con la accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y UN AÑO Y SEIS MESES DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PROTE DE ARMAS, así como a la prohibición de aproximarse a D.ª Amalia, al domicilio de ésta o su lugar de trabajo o cualquier otro donde se encuentre durante UN AÑO Y SEIS MESES, así como al pago de las costas.".

En dicha sentencia se contiene la siguiente relación de hechos probados: "Resulta probado y así se declara que el día 10 de abril de 2005 el acusado Santos, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a los efectos de reincidencia en la presente causa, mantuvo una discusión con su compañera sentimental Amalia cuando se encontraban en el interior de un vehículo en el curso de la cual, tras bajar del mismo, con intención de menoscabar su integridad física le propinó una bofetada en la cara, produciéndole una contusión y hematoma retroaricular izquierdo, curando de la misma, sin quedar secuelas, a los cinco días, ninguno de los cuales estuvo imposibilitada para sus ocupaciones habituales, no habiendo precisado de tratamiento médico o quirúrgico, sino únicamente de una primera asistencia facultativa, y habiendo renunciado expresamente Amalia a cualquier indemnización por las lesiones descritas.

El día anterior Amalia había acudido al servicio de urgencias del Hospital La Plana refiriendo haber recibido un golpe en el abdomen por parte del acusado.".

Segundo.-El día 25 de noviembre de 2008 fue presentado escrito por la procurador sra. Adsuara Segarra, en nombre y representación de d. Santos, de interposición de recurso de apelación contra la sentencia indicada, solicitando se dicte sentencia absolutoria del acusado.

Tercero.-El recurso de apelación fue admitido a trámite.

El Ministerio Fiscal, en escrito de 5 de enero de 2009, se opuso al recurso de apelación interpuesto.

Cuarto.-Habiéndose recibido las actuaciones en este Tribunal el día 6 de abril de 2009, en resolución de 11 de mayo de 2009 se señaló el día 18 de junio de 2009 para la deliberación y votación del recurso interpuesto.


HECHOS PROBADOSSe admiten los declarados como tales en la resolución recurrida.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-La parte apelante alega "error en la apreciación de la prueba".

Tras exponer las pruebas sobre las que el juzgador de la primera instancia funda su condena ("el juzgador basa su condena, en primer lugar, en el reconocimiento que el acusado de haber mantenido una discusión el 10/04/05, con la que era su pareja, Sra. Amalia, y por el hecho de no recordar si la abofeteó o no. En segundo lugar, fundamenta la condena en que la víctima "reiteró en el acto del juicio lo que ya había dicho en fase instructora" (que mantuvo una discusión con el acusado, cuando ambos se encontraban en el vehículo de este y que al bajar del mismo, Santos le propinó una bofetada en el rostro), y en tercer y último lugar, se apoya en el "resultado objeto" reflejado en el parte de asistencia y en el informe forense."), hace una serie de consideraciones sobre dichos elementos probatorios.

En primer lugar, se indica que el acusado "negó rotundamenta haber agredido en ningún momento a Amalia ". Tras repasar lo ocurrido en el acto del juicio, se constata que, efectivamente, tal y como dijo el juez a quo, el acusado dijo no recordar lo ocurrido.

En segundo lugar, se indica que la denunciante declaró reiteradamente en el plenario que no recordaba lo ocurrido; aludiendo, en relación con ello, a la no concurrencia del requisito de la persistencia en la incriminación. Tampoco concuerda exactamente en este caso la referencia que la parte apelante hace respecto de lo ocurrido en el juicio oral, con lo realmente ocurrido. Ciertamente que dijo no recordar bien lo ocurrido en relación con el otro incidente imputado. Sin embargo, con respecto al incidente del último día declaró que estaban discutiendo y le dio con la palma en la cara.

En tercer lugar, y con respecto a la lesión consistente en hematoma retroauricular, la parte apelante centró su interés en el hecho de que la médico forense supuestamente no hubiera hecho constar en su informe lo que le refirió la denunciante con respecto a la forma en que sufrió dicha lesión. Se dice que no le refirió a la médico forense que la lesión se la hubiera causado su pareja. Con independencia de que lo relevante es la existencia de las lesiones objetivadas o visualmente apreciables, corroborantes del hecho imputado en cuanto que aquellas puedan ser el resultado razonablemente previsible de una agresión como la denunciada, basta con revisar el contenido del informe médico forense (folio 37) para constatar una vez más la discordancia entre lo reflejado en las actuaciones y la referencia que de ellas se hace en el recurso: "contusión y hematoma retroauricular izquierdo, a consecuencia de una agresión por parte de su compañero sentimental, según refiere" (lo que concuerda además con lo que la denunciante había dicho en el centro hospitalario en el que fue atendida, en que también dijo que las lesiones habían sido causadas por "agresión" -folio 24-).

Por tanto, no se pueden considerar desvirtuados los razonamientos y valoraciones realizados por el juzgador de la primera instancia, con las consideraciones realizadas en el recurso.

Segundo.-De forma subsidiaria, se interesa que se aplique la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

No ha lugar a plantearse tal posibilidad ya que, aunque no procede dictar sentencia absolutoria, entendemos que sí procede sustituir la condena por el delito previsto en el art. 153 del C. P. por la condena por la falta descrita en el art. 617.1 C. P.. El hecho de que no se haya propuesto específicamente esta calificación no es óbice para que el Tribunal pueda hacerla si considera que es la calificación correcta, dada la amplitud con la que se maneja el concepto de "voluntad impugnativa" en la doctrina del T.S., y las amplias posibilidades de actuación de oficio del Tribunal penal cuando se trata de absolver o de introducir calificaciones más favorables al acusado.

En nuestro caso, no fueron aclaradas ni precisadas las concretas circunstancias en que el acusado propinó la bofetada a la denunciante. Lo que desde luego no se precisó ni especificó es que la agresión tuviera lugar en unas circunstancias tales que hagan que la bofetada pueda considerarse como un episodio de violencia doméstica o de violencia de género. Desde tal entendimiento, entendemos que se impone la subsunción del hecho en la falta del art. 617.1 del C.P. (redactado con arreglo a la L.O. 15/03, de 25 de noviembre), y no en el art. 153 del C. P. (en la redacción procedente de la L.O. 11/03, de 29 de septiembre).

En nuestra sentencia núm. 377/07, de 18 de septiembre, decíamos a tal respecto lo siguiente:

"La cuestión planteada resulta tan discutible como discutida, sin que la misma haya recibido una respuesta uniforme por parte de las Audiencias Provinciales.

En una primera aproximación al precepto, resulta evidente que la literalidad de la norma no exige más que la realización de alguna de las conductas típicas descritas en la misma, contra alguno de los posibles sujetos pasivos que se enumeran en ella.

Tal interpretación es mantenida en muchas sentencias de Audiencias Provinciales. También es la tesis apuntada en la sentencia del Tribunal Supremo número 580/06, de 23 -5, citada por el Ministerio Fiscal, en la que se afirma que el nuevo tipo del art. 153 del C.P. comprende (abarcando también los actos aislados) todas (sin distinción) las lesiones no constitutivas de delito, maltrato de obra, amenazas con armas o instrumentos peligrosos (antes del actual art. 171 del C.P., redactado por la L.O. 1/04), ejercidas sobre alguna de las personas indicadas en el art. 173.2 del C.P. Además de las mencionadas por el Ministerio Fiscal en su escrito del recurso, podemos mencionar, a título de ejemplo, las sentencias números 620/06, de 21-9, de la sec. 27.ª de la A.P. de Madrid, 494/06, de 7-9, de la sec. 1.ª de la A.P. de Sevilla, 290/06, de 10-5, de la sec. 3.ª de la A.P. de Girona, 347/05, de 18-7, de la sec. 2.ª de la A.P. de Madrid, o la n.º 569/04, de 25-octubre, de la sec. 4.ª de la A.P. de Sevilla. Y son muchas más las sentencias en las que (como en las tres sentencias íntegramente transcritas por el Ministerio Fiscal en su escrito de recurso) en las que no se entra a abordar realmente la cuestión controvertida sobre la calificación, y simplemente aplican, sin duda alguna, el art. 153 del CP a los dos contendientes una vez que, acreditado que hubo una riña mutuamente consentida, no se aprecia legítima defensa (centrando su examen, no en la calificación de los hechos como delito del art. 153 o como falta, sino en la apreciación acerca de si existió o no riña mutuamente aceptada y, consiguientemente, legítima defensa).

Frente a ello, son también muy numerosas las sentencias de Audiencias Provinciales en las que se sigue el criterio mantenido en la resolución recurrida, y que exigen (en virtud de una interpretación teleológica de la norma), para que los hechos puedan subsumirse en el art. 153 del C.P., que los mismos respondan a una situación de dominación o subyugación por parte del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, o que se produzcan en tal contexto de dominación del sujeto activo sobre el miembro débil de la relación familiar. Desde este planteamiento general, son muchas las sentencias que mantienen la inaplicabilidad del art. 153 del C.P. en los casos de riña mutuamente aceptada, en los que se considera que, por la propia lógica de las cosas, falta ese presupuesto de la dominación o subyugamiento de uno de los familiares sobre el otro. Así: las sentencias números 291/07, de 21-3, de la secc. 20.ª de la A.P. de Barcelona; la 251/07, de 9-3, de la sec. 20.ª de la A.P. de Barcelona; la 144/06, de 23-nov., de la sec. 4.ª de la A.P. de Pontevedra; la 271/06, de 8-nov., de la sec. 3.ª de la A.P. de Cádiz; la 428/06, de 3-4, de la sec. 7.ª de la A.P. de Barcelona; la 200/06, de 29-9, de la sec. 6.ª de la A.P. de Barcelona; la 193/06, de 13-3, de la sec. 20.ª de Barcelona; la 60/06, de 30-1, de la sec. 2.ª de la A.P. de Tarragona; la 87/06, de 11-oct., de la sec. 2.ª de la A.P. de Ciudad Real; la 415/05, de 9-dic., de esta sec. 2.ª de la A.P. de Castellón; la 1110/05, de 27-oct., de la sec. 8.ª de la A.P. de Barcelona; la 1044/05, de 20-oct., de la sec. 2.ª de la A.P. de Barcelona; la 901/04, de 1-9, de la sec. 3.ª de la A.P. de Barcelona; la 535/05, de 4-oct., de la sec. 2.ª de la A.P. de Valencia; la n.º 515/05, 9-6, de la sec. 5.ª de la A.P. de Barcelona; la n.º 535/05, de 17-5 de la sec. 2.ª de la A.P. de Barcelona; la 121/05, de 18-3, de la sec. 7.ª de A.P. de Sevilla; la n.º 38/05, de 17-3, de la sec. 3.ª de la A.P. de Navarra; la 1222/04, de 14-dic., de la sec. 2.ª de la A.P. de Barcelona (con cita de los números 123, 260 y 1308/04 del mismo Tribunal); la n.º 1054/04, de 15-nov., de la sec. 6.ª de la A.P. de Barcelona;... En alguna sentencia, como la de 15-3/05 de la sec. 5.ª de la A.P. de Barcelona, se eleva a la categoría de elemento constitutivo del tipo el ánimo de dominar, subyugar o discriminar al sujeto pasivo.

La cuestión está en analizar si, más allá del tenor literal del art. 153 del C.P., existe algún otro criterio interpretativo que exija realizar una interpretación integradora de la norma por virtud de la cual se precise el aditamento antes indicado para la aplicación del precepto. Debería tratarse en todo caso, de un criterio interpretativo que se imponga con la debida claridad, ya que merced al mismo se desarrollaría una interpretación correctora de la literalidad del precepto (restrictiva de su contenido literal).

En nuestra opinión, una interpretación lógica, teleológica, sistemática, histórica y sociológica del art. 153 del C.P. conduce a una interpretación y aplicación restrictiva de dicho precepto, al integrar su contenido literal en función de los conceptos de " violencia doméstica" (al que se hace referencia expresa en la exposición de motivos de la L.O.- 11/03- apartado III -) y de "violencia de género" (esto último tras la reforma introducida por la L.O. 1/ 04,de 28 - dic.), en cuanto que conceptos definidores de los ámbitos o contextos dentro de las cuales tiene sentido y está justificada la agravación penológica que el artículo indicado conlleva. No se puede prescindir de dichos conceptos, piedra angular de toda la normativa sobre la materia, para interpretar e integrar el tipo penal sobre los malos tratos contenido en el art. 153 del C.P.. Por ello, en nuestra opinión habrá de ser necesario que la conducta descrita en el tipo penal constituya una concreta manifestación de esos dos fenómenos conocidos como "violencia doméstica" y "violencia de género".

El concepto de "violencia doméstica" no está expresamente definido por el legislador de la forma en que hoy día (tras la L.O. 1/ 04) está definido y configurado el concepto de "violencia de género". Pero no resulta problemático en exceso inferir bien su significado, y afirmar que las situaciones de violencia doméstica son las producidas como manifestación de una situación de abuso, dominación o subyugación de un familiar sobre otro familiar(o también, por expresa asimilación o inclusión legal, en el marco de la situación en que se encuentran las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados).

En nuestro auto n.º 282/06, de 12-7, ya nos referíamos al concepto de violencia doméstica, por relación con el concepto de "ámbito doméstico". Decíamos: "Se trata de dos conceptos heterogéneos, aunque relacionados ambos por su común relación con lo doméstico. El primero hace referencia al ámbito espacial y afectivo en el que se desarrollan las relaciones de convivencia familiar (con generalidad, como cláusula de cierre en la enumeración legal, se incluye cualquier relación por la que el sujeto pasivo se encuentre integrado en el núcleo de convivencia familiar del sujeto activo) más intensas y continuadas que determina la ley. El segundo hace referencia a una peculiar forma de violencia producida dentro de dicho ámbito, elevada a la categoría de fenómeno sociológico claramente identificado, y caracterizado por la situación de abuso o de dominación que desarrolla uno de los miembros o sujetos de dichas relaciones familiares, sobre otros sujetos de las mismas.".

Con respecto al concepto de "violencia de género", en la exposición de motivos de la L.O. 1/ 04 se comienza afirmando que "la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.". A continuación, se explica la nueva normativa como un instrumento con el que contribuir a conseguir la efectividad de los derechos fundamentales proclamados en el art. 15 de la Constitución, y se aportan otras precisiones sobre el fenómeno que la ley pretende abordar:"La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en "las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral.".

En el art. 1.1 de la L.O. 1/ 04, sobre el "objeto de la ley", se indica que "la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.". En el art. 1.2 se dice que por esta ley se establecen medidas de protección integral contra la violencia de género, cuya finalidad es, entre otras cosas, sancionar las manifestaciones de este tipo de violencia. Y, en conexión con ello, en el Título IV de la ley, sobre la "tutela penal" contra la violencia de género, se acomete una nueva regulación completa de casi todos los artículos que afectan o inciden en el tratamiento de tal tipo de violencia. Más exactamente, el art. 37 de la L.O. 1/ 04 procede a dar una nueva regulación al art. 153 del C.P., bajo el título " protección contra los malos tratos". Y en diversos artículos de este Título IV de la Ley se utiliza repetidamente el concepto de "violencia de género" y de "delitos relacionados con la violencia de género" (arts. 33 a 35, 40), y se introducen reformas de determinados artículos del C.P. en los que se pasa a utilizar expresamente el concepto de "delitos relacionados con la violencia de género" (arts. 83.1.ª, 84.3, 88.1).

De todo cuanto antecede se deduce, en nuestra opinión, que no se puede prescindir de los conceptos de violencia de género y de violencia doméstica, piedras angulares motivadoras e imspiradoras de toda la normativa sobre la materia, para interpretar e integrar los tipos penales sobre los malos tratos familiares contenidos en los arts. 153.1 y 2 del C.P.. Es necesario, por tanto, que, tratándose de las mujeres a las que como sujetos pasivos del delito se refiere el art. 153.1 del C.P., la conducta descrita en el tipo penal sea una manifestación "de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres", que caracteriza o es propia de la violencia de género. O sea, ni la violencia de género aparece por el mero hecho de que la víctima del maltrato sea una mujer; ni tampoco resulta automáticamente aplicable al art. 153.1 del C.P., siempre y en todo caso, cuando la víctima del maltrato sea una mujer. La aplicación del art. 153.1 del C.P. existe un plus, un elemento adicional, cual es que esa conducta violenta o de maltrato pueda catalogarse como una manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Es este contexto o situación de abuso de poder o de dominación por razón del género femenino, o más exactamente con respecto a los miembros del género femenino de la relación (actual o pasada) conyugal o more uxorio, lo que justifica la mayor gravedad que se asigna a una conducta que, fuera de este contexto o situación, sería una simple falta. Con respecto al otro posible sujeto pasivo y víctima del delito de maltrato tipificado en el art. 153.1 del C.P. (además de la esposa, o persona que haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al sujeto activo por una análoga relación de afectividad), esto es, "persona especialmente vulnerable que conviva con el autor", la nota de especial vulnerabilidad viene a ser plasmación de esa exigencia de concurrencia de la situación de dominación o de poder del sujeto activo sobre sujeto pasivo propia de la violencia de género y de la violencia doméstica (según que se admita o no que ese otro sujeto pasivo al que se refiere el art. 153.1 del C.P. pueda no ser una mujer).

Y en correlación con lo que acabamos de decir, es necesario que, tratándose de la conducta descrita en el art. 153.2 del C.P., la misma responda a una situación de violencia doméstica.

No desconocemos los aspectos dudosos que tiene la interpretación que aquí se propugna. Así, aunque las sucesivas reformas se han articulado sobre el concepto de "violencia doméstica", y al mismo se hace referencia en la exposición de motivos de la L.O. 11/ 03, no es menos cierto que en dicha exposición de motivos, al explicar la agravación de tratamiento penal de determinadas conductas, se refiere al hecho o circunstancia de que estas se produzcan "en el ámbito doméstico" (se indica, textualmente, que "las conductas que son consideradas en el Código Penal como faltas de lesiones cuando se cometen en el ámbito doméstico pasan a considerarse delitos"), no en el seno de una situación de "violencia doméstica", que son (según hemos visto más arriba) cosas cualitativamente distintas. Y aunque puede contraargumentarse que posiblemente el legislador, en el marco de la exposición de motivos no ha tenido necesidad de discernir el matiz diferente entre "ámbito doméstico" y "violencia doméstica" (y, dada la construcción de la frase, y que con anterioridad a la frase transcrita se venía refiriendo a la "violencia doméstica", cabe pensar que lo que realmente quiso decir fue "en el ámbito de la violencia doméstica"), también puede reputarse carente de fundamento razonable el entendimiento según el cual pensar que, no conteniéndose en la descripción de la conducta típica referencia alguna expresa al concepto de "violencia doméstica", el legislador pudo optar por intentar regular el fenómeno de la "violencia doméstica" (y luchar contra él) dispensando un trato agravado a todas las conductas de malos tratos producidos en el ámbito doméstico o familiar, aunque las mismas no responderían propiamente a eso que ha venido en llamarse "violencia doméstica"; o incluso entender que el legislador equipara los conceptos de "violencia doméstica" y "violencia en el ámbito doméstico", entendiendo que toda violencia "en el ámbito doméstico" responde en definitiva, con más o menos claridad, a eso que ha venido en llamarse "violencia doméstica".

En nuestra opinión, dado que con la L.O. 1/04 se trata de establecer una serie de medidas (entre ellas de orden penal) de protección integral contra la violencia de género, indicándose en el art. 1 de la misma que se trata de actuar contra dicho tipo de violencia (que define en el mismo artículo), y dado que en dicha ley se da nueva redacción al art. 153 del C.P., dándole una nueva redacción y estructura en función precisamente del concepto de violencia de género, no creemos que se pueda prescindir de tal concepto a la hora de interpretar dicho artículo del C.P.. La respuesta penal es una más de las diversas medidas que la ley preve para reaccionar contra la violencia de género; y dicha respuesta, al igual que todas las demás medidas protectoras, tan sólo tienen sentido ante un episodio de violencia de género. Sin el presupuesto de la violencia de género, carece de sentido la aplicación de las medidas protectoras previstas por el legislador, entre ellas la agravación punitiva prevista en el art. 153.1 del C.P.

Y aunque el concepto de "violencia de género" tan sólo sirve para delimitar parte del alcance del art. 153 del C.P., puesto que en el mismo (desde la L.O. 1/ 04, en el art. 153.2 del C.P.) se indican también como posibles víctimas o sujetos pasivos del delito personas ajenas a la violencia de género, en relación con estos el precepto debe integrarse en función del concepto de "violencia doméstica". Dicho concepto fue el primeramente utilizado por el legislador (según se indica claramente en el apartado III de la exposición de motivos de la L.O. 11/ 03; y ya antes, entre otras, en la ley 27/03, de 31-7, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica) para explicar la previsión de una serie de medidas generales de protección y la punición agravada de los maltratos o violencias no habituales, tipificadas en el art. 153 a partir de la L.O. 11/ 03. Según se decía en la sentencia n.º 1222 /04, de 14 - diciembre, de la sec. 2.ª de la A.P. de Barcelona (ponente: Martín García, Pedro): " Efectivamente, dejando de lado la literalidad del art. 153 del Código Penal y acudiendo a la Exposición de Motivos de la L.o. 11/2003, de 29 de Septiembre, podemos leer en su apartado III que: "El fenómeno de la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es preciso abordarlo con medidas preventivas, con medidas asistenciales y de intervención social a favor de la víctima, con medidas....".

Pues bien, el Tribunal entiende que la referencia del legislador a la víctima indica que el delito del art. 153 está pensado para aquellos supuestos en los que las acciones típicas se despliegan por el sujeto activo contra cualquiera de los sujetos pasivos relacionados en aquél, es decir, para los casos en que existe un agresor y un agredido, pero no para aquellas hipótesis en que se produzca una situación de riña mutuamente aceptada, donde los intervinientes sean a la vez agresores y agredidos, pues en tales casos pedería todo sentido la aplicación simultánea a ambos del abanico de medidas protectoras a las que alude el legislador en la E.M. de la antes mencionada L. O. 11/2003."

A nuestro entender, son dos supuestos claramente diferenciables la comisión de las conductas descritas en el art. 153 y en el art. 617 del C.P., según que las mismas aparezcan como una manifestación de una situación de poder, sometimiento o dominación en la que el miembro más fuerte de la relación familiar (o análoga o asimilada) despliega la violencia física o psíquica sobre el miembro más débil de la relación, o que, por el contrario, se produzcan al margen de tal contexto o situación de abuso, sometimiento o dominación. En el primer caso nos encontraremos ante un supuesto conceptuable como de violencia doméstica y/o de género, claramente más reprochable que el segundo caso. Dado que la ley penal sigue posibilitando las dos alternativas calificadoras, y que la agravación penológica que contiene el art. 153 del C.P. surgió en función de los conceptos de violencia doméstica y de género, nos parece procedente restringir la aplicación de la calificación más grave (el art. 153 del C.P.) a los supuestos en que la conducta constituye una manifestación de alguno de dichos tipos de violencia, merced a la interpretación restrictiva del precepto que aquí se mantiene. No se trataría de un supuesto susceptible de ser subsumido con arreglo a dos o más normas, a resolver por la vía del art. 8 del C.P.; sino de integrar el tipo delictivo con los conceptos de violencia doméstica y de género, restringiendo la comprensión o alcance de la literalidad del precepto.

Desde este entendimiento, consideramos que no procede aplicar el art. 153 del C.P. en los casos de riña mutuamente aceptada, en que son los dos miembros de la pareja (o de la relación familiar) quienes despliegan la violencia con ocasión de disensiones y peleas entre iguales, y desconectadas por completo de esas situaciones de abuso, sometimiento o sojuzgamiento por razón del género, o más en general del más débil por el más fuerte propias de las violencias doméstica y de género.

Y no creemos que se deba considerar que esas situaciones de poder, sometimiento, o de continuado abuso y humillación, tengan que recibir, como única respuesta penal posible, la aplicación del art. 173.2 del C.P.. En dicho artículo se tipifica el ejercicio habitual de la violencia física o psíquica entre los familiares y otros sujetos que el precepto determina; considerándose tal delito como un aliud y un plus (según la expresión que viene utilizando el T.S.) con respecto de los concretos actos violentos sobre los que se conforma la habitualidad. También deben ser tenidas en cuenta, según venimos razonando, para determinar si cada uno de esos concretos actos violentos debe ser calificado como delito del art. 153 del C.P. o como falta.".

Y más recientemente, en nuestra sentencia núm. 114/09, de 15 de abril, añadíamos las siguientes consideraciones:

"En la sentencia del T. S. núm. 58/08, de 25 de enero, también se mantiene la tesis interpretativa de la integración del tipo penal del art. 153.1 del C. P. con el concepto de violencia de género.

También, en nuestra opinión, la doctrina sentada por el T. C. en su sentencia núm. 59/08, de 17 de mayo (y en todas las sentencias posteriores que han seguido a esta) parece abocar a la interpretación restrictiva que aquí postulamos, ya que se justifica la mayor pena que el precepto comentado establece cuando el hecho responde "a un arraigado tipo de violencia", la violencia machista (que el T.C. califica como "abominable") que es manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, en virtud de una "arraigada estructura desigualitaria" que menosprecia a la mujer, y "que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece".

En dicha sentencia puede leerse: "Lo que hace el legislador, y lo justifica razonablemente, es apreciar el mayor desvalor y mayor gravedad propios de las conductas descritas en relación con la que tipifica el apartado siguiente. No se trata de una presunción normativa de lesividad, sino de la constatación razonable de tal lesividad a partir de las características de la conducta descrita y, entre ellas, la de su significado objetivo como reproducción de un arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte del varón en el ámbito de la pareja."; así como lo siguiente: "Que en los casos cuestionados que tipifica el art. 153.1 C.P. el legislador haya apreciado razonablemente un desvalor añadido, porque el autor inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa, no comporta que se esté sancionado el sujeto activo de la conducta por las agresiones cometidas por otros cónyuges varones, sino por el especial desvalor de su propia y personal conducta: por la consciente inserción de aquella en una concreta estructura social a la que, además, él mismo, y solo él, coadyuva con su violenta acción.".

En los votos particulares se hace dicha interpretación de la posición mayoritaria del Tribunal, y en algunos de ellos se critica especialmente, entre otras cosas, que se haya realizado una sentencia interpretativa sin que la interpretación considerada como constitucionalmente aceptable haya sido llevada al fallo de la sentencia.

A nuestro entender, y frente a lo que se ha mantenido por algunos estudiosos del tema, no se exige un elemento subjetivo especial del injusto por parte del sujeto activo. Tan sólo se exige que el sujeto quiera realizar la conducta típica conociendo la concurrencia de las circunstancias que hacen que esa situación de hecho pueda ser recognoscible como violencia de género. Lo que nos parece inadmisible es que, exigiéndose ese plus, se pueda considerar (como pudiera entenderse que se hace en el párr. 4.º del F. J. 9 de la sentencia) que todas las agresiones producidas en el marco de la relación de pareja entre hombre y mujer son expresión de la violencia machista. Sino que habrá que razonar o justificar que la situación de hecho sea constitutiva de violencia de género. No hay presunción alguna contra reo; y al juzgador se le ha de presentar como indudable que la situación probada es recognoscible como violencia de género. Las dudas que al respecto surjan no podrán actuar contra el acusado, sino beneficiar a este; y no podrán traducirse sino en la inaplicación del art. 153.1 del C. P., y en la subsunción del hecho en la falta del art. 617 del C. P.. Por tanto, a nuestro entender, lo que el T. C. viene a establecer es que la única interpretación constitucionalmente admisible del art. 153.1 del C. P., en cuanto que es la única con la que aparece objetivamente justificada la diferenciación punitiva establecida en el art. 153.1 y en el art. 153.2 del C. P., es la que integra el art. 153.1 del C. P. con el concepto de violencia de género.".

En el caso que nos ocupa, no se han especificado circunstancias que nos hagan pensar que la bofetada fuera una reacción que responda a esta "arraigada estructura desigualitaria" propia de la violencia de género, ni en el contexto de una situación de dominación o subyugación del miembro fuerte de la relación familiar sobre el miembro débil de la misma, propio de la violencia doméstica.

De conformidad con lo previsto en los arts. 617.1 y 638 del C.P., se aplica la pena de localización permanente por tiempo de nueve días, a cumplir con el culpable en su domicilio.

Tercero.-De conformidad con lo previsto en el art. 901 (aplicable por analogía) de la LECrim., procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Por cuanto antecede y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación:


FALLO


 
Que no obstante la desestimación de la petición principal realizada en el recurso de apelación interpuesto por la procurador sra. Adsuara Segarra, en nombre y representación de d. Santos, contra la sentencia de 1 de octubre de 2008 del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Castellón, debemos revocar y revocamos dicha resolución en lo relativo a su pronunciamiento condenatorio principal, dejando sin efecto la condena por el delito del art. 153 del C. P., que se sustituye por la condena del acusado, en cuanto que autor penalmente responsable de una falta del art. 617.1 del C. P., a la pena de localización permanente por tiempo de 9 días, a cumplir por aquel en su domicilio; declarándose de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese a las partes la presente resolución y con testimonio de la misma devuélvanse las actuaciones al juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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