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Jurisprudencia
 
 
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Auto T.S. (Sala 4) de 21 de julio de 1993


 RESUMEN:

Recurso de casación para la unificación de la doctrina. Inadmisión por falta de contradicción. Alta dirección. Seleccionador nacional de fútbol. Rango y responsabilidad superior, independencia y autonomía en sus funciones.

CONTENIDO:

HECHOS

Primero.-Por el Juzgado de lo Social n.º 29 de Madrid se dictó sentencia, en fecha 10 de septiembre de 1991, en el procedimiento seguido a instancia de D. Luis S.M. frente a la Real Federación Española de Fútbol, en reclamación por despido, en la que, desestimando las demandas acumuladas, absolvía a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra, al no existir despido verbal alguno el día 29 de abril de 1991, ni constituir el cese del actor -ocurrido el 7 de junio de 1991- despido, sino que fue debido al desistimiento de la Real Federación Española de Fútbol, por ser la relación laboral que les unía de carácter especial propia del personal de Alta Dirección, sin perjuicio del derecho que le asiste al demandante a las indemnizaciones que por tal extinción contractual, así como por la falta de preaviso, contempla el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

Segundo.-Dicha resolución fue recurrida en suplicación por el demandante, siendo dictada sentencia, en fecha 16 de marzo de 1992, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que, con desestimación del recurso, confirmaba la sentencia dictada en la instancia.

Tercero.-Por el Letrado Don Fernando Rodríguez Rodríguez, en nombre y representación del demandante, se formalizó, mediante escrito de fecha 25 de junio de 1992, el recurso de casación para la unificación de la doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia recogida en el ordinal precedente.

Cuarto.-Esta Sala, por providencia de fecha 10 de mayo de 1993, acordó abrir el trámite de inadmisión, al amparo de lo prevenido en el artículo 222.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, por posible falta de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada y de esta misma. A tal fin se concedió a la parte recurrente el plazo de tres días para que formulase alegaciones, lo que efectuó mediante escrito de fecha 5 de junio de 1993. El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de entender que procedía la inadmisión.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.-El artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista una contradicción entre la resolución judicial que se impugna y sentencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo. La contradicción requiere para su apreciación que las resoluciones que se comparen contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", correspondiendo a la parte recurrente la carga de determinar mediante una relación precisa y circunstanciada la concurrencia de la contradicción alegada (artículo 221 de la Ley de Procedimiento Laboral). Esa parte debe, por tanto, establecer en el escrito de interposición la identidad de los supuestos a partir de los que afirman la existencia de contradicción sin que pueda estimarse válida a estos efectos la simple enumeración de una o varias sentencias a las que se atribuye la cualidad de contradictorias sin un examen que justifiquen en cada caso esta afirmación (sentencia de 19 de noviembre de 1991). Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la contradicción a que se refiere el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de 1as controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, por lo que es preciso una argumentación mínima sobre la concurrencia de las identidades (sentencias de 17 de diciembre de 1991 y 28 de enero de 1992), a través de un examen que, aunque no sea detallado, sea al menos suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa oposición de los pronunciamientos, lo que exige una cuidadosa selección de las resoluciones que se proponen como contradictorias y dar razón de la presencia de los supuestos determinantes de la contradicción (sentencia de 19 de noviembre de 1991).

Segundo.-El escrito de formalización del recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ahora examinamos, se estructura por la parte recurrente en diez motivos. En los motivos II, III, IV y X se denuncian diversos vicios procesales, que se dicen cometidos a lo largo de este proceso, en especial en el acto de juicio; el V, VI, VII y IX aborda la cuestión de fondo refiriéndose a normas sustantivas, concretamente la consideración como relación laboral común la que existía entre las partes; el VIII motivo hace referencia a la indemnización que se solicitó con amparo en la costumbre; y el I motivo se centra en la distinción entre desistimiento y despido.

En primer lugar, dicho escrito adolece de la relación precisa y circunstanciada de la contradicción que denuncia, exigible a tenor del artículo 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, por cuanto que se limita a recoger las sentencias que invocaba como contradictorias sin hacer un análisis comparativo en "hechos, fundamentos y pretensiones" de todas y cada una de las sentencias en contraste y la recurrida del que se desprenda la identidad sustancial en los supuestos que en ellas se resuelven.

Tercero.-También, dado que parte de los motivos de este recurso tienen como base la alegación de defectos procesales, es necesario tener presentes aquí los criterios y principios que esta Sala ha venido manteniendo, en relación a esta clase especial de denuncias en el ámbito del recurso de casación para la unificación de doctrina. Y así recuerda que:

a) Las sentencia de esta Sala de 4 de diciembre de 1991, 16 de junio de 1992 y 16 de noviembre de 1992, entre otras, han declarado que cuando en este excepcional recurso se aduce la existencia de vicios de naturaleza procesal, ello no exime de que se tengan que cumplir los requisitos establecidos en el antedicho artículo 216, entre los que se encuentra la igualdad sustancial de pretensiones ejercitadas, toda vez que "la existencia de vicios procesales y su tratamiento distinto no supone sin más una contradicción de sentencias sobre iguales supuestos".

b) La sentencia de 9 de febrero de 1993 precisa que "la Sala ha establecido también que no toda disposición procesal es eficaz para fundar la casación de unificación de doctrina, pues, de acuerdo con el carácter extraordinario de este recurso, ha de tratarse de infracciones procesales susceptibles de dar lugar a la casación conforme al artículo 204 de la Ley de Procedimiento Laboral", citando a este respecto a las sentencias de 17 de octubre y 16 de noviembre de 1992, "que continúan la doctrina de la sentencia de 4 de diciembre de 1991, que en el punto primero de su fundamento jurídico tercero advierte que en la expresión infracción legal, que utiliza el artículo 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, hay una implícita remisión al campo de las infracciones de la casación, sean éstas sustantivas o procesales".

Cuarto.-Pues bien, si se aplica la regla que acabamos de expresar en el apartado b) del fundamento jurídico anterior, a las alegaciones de carácter procesal que se exponen en los motivos II, III, IV y X del recurso, es forzoso concluir que las mismas carecen de contenido casacional, pues ninguna de ellas encuentra acomodo en el apartado c) del artículo 204 mencionado, único apartado del mismo en que tales vicios procesales podrán tener encaje dada su naturaleza y condiciones. Hay que tener en cuenta que este apartado c) exige que se traje de quebrantamiento de "las formas esenciales" del juicio y que, además, tal quebrantamiento "haya producido indefensión para la parte", cuando se refiera a las normas que rigen los actos y garantías procesales, que es lo que aquí se trata.

Y los quebrantamientos que se aducen en los motivos de este recurso que se refieren a defectos procesales, que son los que se recogían en el primer -sólo referente al escrito de contestación a la demanda- y tercer motivo de la suplicación, difícilmente puede entenderse que afecten a "las formas esenciales del juicio", pero además y sobre todo, tal como se han producido y del modo en que han sido alegados, resulta claro que no han causado indefensión al demandante, hoy recurrente. Esto es obvio, habida cuenta que: a) el escrito de contestación a la demanda (instructa, según señala la sentencia recurrida y así figura en el encabezamiento de dicho escrito) no ha vulnerado el principio de inmediación y oralidad que rigen el proceso laboral (puede comprobarse que no figura incorporada al procedimiento al no formar parte del foliado de dichos autos y, como expone el recurrente en este recurso, se entregó "a efectos ilustrativos"), ni ha producido indefensión alguna, desde el punto y momento en que ni la sentencia de instancia, ni la de suplicación, han resuelto con base en dicho escrito sino en las alegaciones vertidas por las partes en el acto de juicio, no señalándose, por otra parte, por el recurrente los argumentos y motivos que introducidos en escrito le originan indefensión, en cuanto que deberían consistir en alegaciones no expuestas en dicho momento procesal y, a su vez, valoradas por el juzgador, y no siendo necesario, en consecuencia, dar traslado del mismo a la parte contraria -motivo X de este recurso- porque no constituye prueba documental -artículo 94.1 de la L.P.L.- ni forma parte del procedimiento; por tanto, los motivos que se refieren a esta cuestión -II y X- deben ser rechazados; b) Tampoco genera ningún perjuicio ni desamparo para el demandante recurrente el hecho que denuncia en el motivo III, como "redacción oscura del acta del juicio" ni deja indefensa a la misma cuando la firmó sin hacer, en el momento procesal oportuno, observaciones sobre su contenido -artículo 89.2 de la Ley de Procedimiento Laboral-; la no referencia a la repregunta y posiciones tampoco supone un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por cuanto, a tenor del artículo 89.1.c), 1.º de la Ley de Procedimiento Laboral, en el acta de juicio se hará constar resumen suficiente de la prueba de confesión y testifical por lo que figurando tal resumen en el acta en cuestión no se incurrió en ningún vicio procesal en la redacción de la misma ni se originó indefensión a la parte. Todo lo expuesto, implica, tal como se desprende de la doctrina de esta Sala mencionada, que las pretensiones ejercitadas en esos motivos carecen de contenido casacional, y por tanto no pueden ser admitidos a trámite, en base a lo que disponen los artículos 215, 216, 221 y 222 de dicha Ley Procesal Laboral.

Pero es que además las sentencia alegadas en estos tres motivos no son contrarias ni opuestas a la recurrida como se explica en los razonamientos que siguen.

Quinto.-En el segundo motivo se alega, como contrapuesta a la impugnada, la sentencia de esta Sala de 7 de julio de 1982. Esta sentencia no cumple, en primer lugar, la exigencia de la igualdad sustancial de pretensiones que prescribe el artículo 216, pues tampoco cabe establecer la necesaria equivalencia en cuanto a los defectos procesales analizados en una y otra sentencia. En esa sentencia referencial no se trató ni examinó, en forma alguna, ningún defecto procesal relativo a la aportación de una instructa -contestación a la demanda- por la parte demandada, sino la falta de unión a los autos de un medio probatorio que debió servir de base al juzgador de instancia para redactar los hechos probados; por consiguiente está fuera de dudas que no existe contradicción en lo que respecta a este vicio procesal. Ni con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, de 23 de julio de 1991 que, invocada en el X motivo, al igual que la anterior, hace referencia a la falta de conocimiento por la parte contraria de diversos documentos -la infracción se apoya en el artículo 94.1. de la L.P.L.- presentados antes del acto de juicio de los que no se le dio traslado ni pudo conocer hasta el momento de formalizar el recurso de suplicación.

Y en cuanto a la redacción oscura del acta y no expresión en la misma de las posiciones y repreguntas tampoco existe contradicción con la sentencia que invoca en contraste. La sentencia de esta Sala de 29 de abril de 1986 declara la nulidad de las actuaciones por ser incompleto y oscuro el relato de hechos probados al figurar en el mismo diversas fechas de despido siendo que se apreció por el juzgador de instancia la excepción de caducidad; ello no es lo que resuelve la sentencia recurrida que tacha de inexistentes las irregularidades y otras fueron corregidas -como las del salario que en este recurso no se cita por el recurrente-; la referencia que se contiene en la sentencia en contraste respecto de la incomprensión del acta de juicio lo es, simplemente, como posible causa justificativa de las contradicciones que se expresaban en los hechos probados pero no como causa que motiva la nulidad de actuaciones, y lo mismo acontece con la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 1976 que declara la nulidad de actuaciones porque el acta es ilegible y "no está redactada con claridad necesaria para poder entender con seguridad el total contenido de las alegaciones de las partes, ni las manifestaciones de los testigos, ni encontrarse relacionados los documentos presentados por cada parte". Por último, el hecho de que en esas sentencias de contraste se entendiese que "la redacción del acta de juicio, en letra manuscrita de muy difícil comprensión cuando no incomprensible"-respecto de la primera- o lo textualmente recogido -respecto de la segunda- no determina, de ningún modo, que la sentencia aquí impugnada haya adoptado una decisión contraria a la de aquéllas por no haber decretado la nulidad en razón al modo en que se encuentran redactados determinadas contestaciones, toda vez que no es posible hacer comparaciones, a efectos de la contradicción, cuando desconocemos cuáles eran las expresiones exactas que se utilizaron en el acta de juicio de cada una de ellas.

Quinto.-En el V, VI, VII y IX motivo, relativos a la calificación y existencia de una relación laboral común o de alta dirección, se citan, como término de comparación, cuatro sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pero ninguna de ellas está en contradicción con la recurrida, no existiendo a tal respecto la igualdad sustancial requerida por cuanto que, como ya expone el propio recurrente, su condición de Seleccionador Nacional de Fútbol limite la identidad sustancial exigible en este especial recurso sin que con ello se quiera exigir una identidad absoluta que difícilmente puede darse en la práctica.

La sentencia de esta Sala de 13 de marzo de 1990, hace referencia a un trabajador, médico, jefe de los servicios sanitarios de la entidad demandada -Club de Fútbol- cuya actividad fundamental consistían en la asistencia médica a los jugadores lesionados tanto en los partidos como en los entrenamientos con presencia diaria en estos y desplazamiento con el club cundo debía actuar fuera de Madrid, en el reconocimientos de los nuevos jugadores y en el control médico de los miembros del equipo, siendo únicamente sustituido por otro facultativo cuando se encontraba desplazado o concentrado sin haber ejercido poderes inherentes a la titularidad de la empresa y que afecten a los objetivos generales de la misma, siendo, dice la sentencia, limitadas dichas funciones "al ámbito de un servicio técnico claramente instrumental". La sentencia califica de relación laboral común la expuesta y, confirmando la improcedencia del despido, adoptó las consecuencias legales oportunas.

La sentencia de esta Sala, de 27 de noviembre de 1986, contempla la acción por despido planteada por quien ostentaba la categoría de Secretario General de la Federación Española de Lucha, dependiendo y recibiendo instrucciones del Presidente, tenía cono funciones la de cuidar la preparación y despacho material de los asuntos, dirección y organización de las oficinas de secretaría, asistiendo a reuniones, con voz pero sin voto, de las juntas de Gobierno y Asamblea General cuidar de llevar a cabo los acuerdos de la Junta de Gobierno y Asamblea General, despachar los asuntos de trámite, firmar las comunicaciones y correspondencia oficial; redactar y suscribir, con el visto bueno del presidente, las actas en los libros correspondientes; Jefe de personal de oficinas. Funciones que, según la sentencia, correspondía a una "tarea cualificada, pero no en grado bastante para ser equiparable a la alta dirección, en cuanto no concurren conjuntamente en la misma aquellas notas características de ésta, como son, el ejercicio de un poder correspondiente al núcleo organizativo y representativo de la empresa, proyección a los objetivos generales de la misma, autonomía en el sentido de independencia en el ejercicio de aquél y plena responsabilidad".

La sentencia de esta Sala, de 27 de febrero de 1976, aun cuando no se encuentra incorporada a autos por falta de localización lo que impide sea considerada en este recurso, tampoco, no obstante, según se desprende de la que se representa por la parte recurrente, contempla supuesto similar al de autos; se refiere a un entrenador de equipo de baloncesto que estaba sujeta a la disciplina de la directiva del club y que no tenía la facultad de contratar jugadores, ni aún de fijar el horario de los entrenamientos, limitándose sus servicios a la dirección técnica de los jugadores. Funciones que, según dicha sentencia, excluyen todo alto mando o alta dirección. Lo mismo que sucede respecto de la sentencia de esta Sala de 16 de junio de 1970 que, incorporada a autos, se refiere a un entrenador contratado para el adiestramiento deportivo, con independencia a las instrucciones y programa de la Entidad contratante.

De la exposición fáctica precedente se desprende la falta de similitud respecto de las funciones que tenía atribuidas el recurrente -contenidas en el relato de hechos probados- y que le enmarcaban, según se concluye por la sentencia recurrida, dentro de la relación de alta dirección, como seleccionador y entrenador de la selección nacional y del equipo olímpico, desempeñando funciones no sólo propias de un entrenador sino que las realiza con un rango y responsabilidad superior, independencia y autonomía en su función limitadas, únicamente, por los criterios e instrucciones directas de la Junta Directiva o su Presidente, teniendo, también, la responsabilidad de la representación en el extranjero del fútbol español. Tiene exclusiva competencia para designar a los jugadores de cualquiera de los equipos representativos de España, dirigir su preparación y actuación y proponer, en informe razonado, el terreno de juego que considera más apropiado para la celebración del partido internacional que se trate. Formulará el plan de preparación de los diferentes equipos nacionales, que se aprobará por la Junta Directiva, y tendrá plena autoridad para disponer las convocatorias, concentraciones y entrenamientos de los jugadores llamados.

Y estas específicas atribuciones no se comprenden en ninguna de las funciones que se contemplan en los supuestos de las diferentes sentencias en contraste, en los que se encuentra ausente la atribución de poderes relativos a los objetivos generales de la entidad y una actuación autónoma e independiente, sólo limitada por las directrices de los órganos superiores.

Sexto.-Rechazada la identidad sustancial de supuestos en los motivos que afectan a la relación jurídica que vinculaba a las partes, se formula otro motivo -el primero- por la parte recurrente relativo a la calificación de su cese como desistimiento o despido. Invoca como sentencia contradictoria la de esta Sala, de 25 de septiembre de 1989.

Dicha sentencia hace referencia al despido de un Director de Empresa que, trabajando desde el 1 de octubre de 1985, suscribió en enero de 1986 un contrato como personal de alta dirección en el que se hacía constar que la empresa consideraba satisfactorios sus servicios; se pactó que si se promovía la rescisión del contrato por la empresa de manera improcedente ésta vendría obligada al pago de los importes pendientes hasta el 31 de marzo de 1994. La empresa remitió, en junio de 1987, comunicación al trabajador desistiendo de dicha relación alegando que la falta de desarrollo de los programas de inversión de la sociedad, como la realización de acciones tendentes a crear enfrentamientos entre los órganos sociales, así como una absoluta falta de capacidad decisoria y de control sobre la gestión administrativa-financiera de la empresa que ha hecho perder la confianza depositada; tal decisión extintiva es calificada por la sentencia de contraste como despido improcedente con base en considerar que se incurrió por la empresa en un actuar fraudulento al pretender eludir su obligación, contraída en caso de improcedente extinción, alegando una pérdida de confianza justificada en incumplimientos de sus obligaciones, sin intentar probarlas y al cabo de un año de la firma del contrato en el que se reconocían como satisfactorios sus servicios.

Circunstancias éstas que, sustancialmente, no concurren en la extinción del vínculo que unía a las partes de este procedimiento por cuanto que no se pactó cantidad alguna para el supuesto de que se procediera a extinguir de forma improcedente por la empresa la relación de alta dirección, cuyo cumplimiento se pudiera eludir por el empresario como amparo en otra causa extintiva.

Séptimo.-En el octavo motivo, relativo a la indemnización por cese, se alega, como contraria, la sentencia de esta Sala de 14 de mayo de 1985, 14 de febrero de 1990 y 5 de diciembre de 1985.

La sentencia recurrida, en su fundamento jurídico octavo, rechaza el motivo de suplicación que se formuló por el recurrente relativo a esta cuestión, al no existir pacto alguno que estipulase una indemnización por cese ni prueba de la costumbre invocada, no siendo vinculante para las partes ni el Tribunal la circunstancia de que en el ámbito federativo, en algunos casos, se haya previsto el criterio de cálculo que se propone por el recurrente -en caso de resolución contractual anticipada se abonará, en concepto de indemnización, la retribución pactada hasta el vencimiento del período de vigencia estipulado-.

La sentencia de 14 de mayo de 1985, si bien fue dictada en un procedimiento por despido, desestima la demanda planteada por el demandante, preparador físico de un Club de Fútbol, al estimar que se extinguió el contrato por expiración del tiempo convenido. Por tanto no hay pronunciamiento diverso a la sentencia recurrida al no ventilarse en aquélla la cuestión relativa a la indemnización por cese que es lo que se plantea por el recurrente, y referido, además, a personal de alta dirección y amparada jurídicamente en la costumbre.

La sentencia de 14 de febrero de 1990 aunque dictada en un proceso por despido no resuelve sobre cuestión alguna atinente a la indemnización por cese que afecte a relaciones laborales como la del caso de autos sino que se pronuncia en torno a la normativa aplicable a la relación jurídica del actor y la temporalidad de los contratos que suscribió el demandante -entrenador-.

La sentencia de 5 de diciembre de 1985, tampoco guarda sustancial identidad con la recurrida al referirse a trabajadores que vieron extinguidos sus contratos de trabajo al no haber obtenido la titulación académica a la que se habían obligado en el contrato laboral suscrito, siendo declarada dicha extinción ajustada a derecho, según recoge la referida sentencia.

Octavo.-Por todo lo anteriormente expuesto el recurso debe, por tanto, inadmitirse, en concordancia con lo informado por el Ministerio Fiscal.

LA SALA ACUERDA: Declarar que no ha lugar a admitir el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Don Luis S.M. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 16 de marzo de 1992, conociendo del recurso de suplicación interpuesto por dicho recurrente frente a la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 29 de Madrid, de fecha 10 de septiembre de 1991, dictada en actuaciones n.º 1453/1991 seguidas frente la Federación Española de Fútbol, por despido.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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