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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 14 de junio de 1996


 RESUMEN:

Invalidez. El reconocimiento de un grado inferior al postulado, en tanto no esté excluido expresamente en el petitum de la demanda, no da lugar al vicio de incongruencia procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El demandante que es trabajador por cuenta ajena, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, padece dolencias cardiológicas y artrósicas. El 17 de mayo de 1993 fue reconocido por la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades que emitió el correspondiente dictamen, y la Dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante resolución de 25 de junio de dicho año, declaró que este demandante no se hallaba aquejado de ningún grado de incapacidad permanente. Contra tal resolución formuló reclamación previa en la que solicitaba se le declarase afecto de incapacidad permanente absoluta, reclamación que le fue denegada.

El 9 de septiembre de 1993 el citado actor presentó la demanda que da origen al presente juicio, en cuyo suplico se pide se le reconozca una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. En el acto de juicio pidió subsidiariamente una incapacidad permanente total para su profesión habitual, que es la de administrativo; el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en aquel acto, además de oponerse a la pretensión principal de la demanda, se opuso también "a la petición subsidiaria ya que es un hecho nuevo".

El Juzgado de lo Social de Huesca dictó sentencia de fecha 17 de enero de 1994. En ella se afirma que no se puede examinar la petición subsidiaria planteada, "ya que es un hecho completamente nuevo que no fue objeto de planteamiento en la vía administrativa previa, y que por tanto no puede entrarse a conocer al causar indefensión"; y, analizando tan sólo la pretensión principal, la rechaza desestimando dicha demanda.

El demandante interpuso recurso de suplicación contra esta sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, fundado en dos motivos; en el primero se denuncia la aplicación indebida del artículo 72 de la Ley de Procedimiento Laboral por no haber examinado la resolución recurrida la pretensión subsidiaria aducida en el acto de juicio; y en el segundo se alega la infracción del artículo 135.4 de la Ley General de la Seguridad Social. En el suplico del escrito de formalización de este recurso, únicamente se pide por el actor recurrente que se le declare afecto de incapacidad permanente total para su profesión habitual.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 1 de marzo de 1995, estimó tal recurso; esta sentencia considera que puede y debe ser analizada por la Sala la discutida petición subsidiaria, y por ello, entrando en su examen, la acoge favorablemente y reconoce al demandante la incapacidad permanente total solicitada por él.

Segundo.-Contra esta sentencia de la Sala de lo Social de Aragón se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. En él se alega como contraria la sentencia de esa misma Sala de lo Social de 29 de junio de 1994, la cual, sin duda, entra en contradicción con aquélla, por cuanto que analizando un asunto sustancialmente igual al de autos, en el que incluso también en el acto de juicio se había solicitado subsidiariamente el reconocimiento de una invalidez permanente total, se llegó a una solución claramente opuesta, pues esa sentencia referencial considera que el artículo 72.1 de la Ley de Procedimiento Laboral impide el análisis de tal pretensión subsidiaria, al no haber sido planteada en la reclamación previa. Se cumple, por consiguiente, el requisito de recurribilidad que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Tercero.-La sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1995 que resolvió un caso que presenta una clara analogía con el de autos, llegó a la conclusión de que, "si bien la jurisprudencia se ha mostrado oscilante en orden a la cuestión sometida a enjuiciamiento, sin embargo y como así lo pone de relieve el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, últimamente se ha venido decantando por la tesis" de que es totalmente acertada y conforme a derecho la sentencia que concede al demandante un grado de incapacidad permanente inferior al que había solicitado en la demanda. Entre los distintos razonamientos que en apoyo de esta solución y con cita de la sentencia de la misma Sala de 10 de diciembre de 1990, maneja la que estamos comentando, cabe destacar los siguientes: "Realmente, no ya sólo la aplicación del principio aludido de que «quien pide lo más pide lo menos», principio, éste, que, ciertamente, en algún caso, pudiera no cohonestarse, exactamente, con los intereses de la parte postulante de la invalidez permanente, sino, también, la propia naturaleza revisoria de un acto administrativo que entraña todo juicio relativo a invalidez permanente permite admitir, sin quebrantamiento procesal apreciable, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda rectora de autos, en tanto no esté, expresamente, excluido del petitum de la demanda no debe dar lugar al denunciado vicio de incongruencia procesal".

Es cierto que esta sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1995 centró su discurso en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la congruencia que ha de cumplir toda sentencia con las peticiones de la demanda, y que en cambio en la recurrida se trata del artículo 72.1 de la Ley de Procedimiento Laboral; pero no cabe duda que, si se entiende que en toda demanda en que se pide el reconocimiento de un determinado grado de invalidez permanente, tal petición implica la de todos los grados inferiores al solicitado, a no ser que se excluyan expresamente, lo que determina que no pueda apreciarse incongruencia ni vulneración del artículo 359 citado cuando la sentencia reconoce tan sólo un grado inferior, necesariamente se ha de seguir igual criterio en lo que respecta a las peticiones de la reclamación previa y su relación con las planteadas en el pleito, es decir con respecto al mandato que se recoge en el artículo 72 de la Ley Procesal Laboral, habida cuenta que ambas situaciones responden a iguales líneas de pensamiento y se basan en razones equivalentes.

Por ende, se ha de aplicar también en este proceso la solución que adoptó la referida sentencia de 24 de marzo de 1995.

Cuarto.-A la vista de lo expuesto, dado lo que dispone el artículo 226 de la Ley de Procedimiento Laboral y en armonía con el dictamen del Ministerio Fiscal, se ha de desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina entablado por la entidad gestora.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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