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Sentencia T.S.J. Cataluña de 5 de febrero de 2004


 RESUMEN:

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Nulidad por no seguir el procedimiento fijado en el artículo 41.4 ET. No equivale al procedimiento citado el mero informe de la decisión adoptada unilateralmente por la empresa, ni la "votación" de los afectados.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Con fecha 26 de abril de 2002 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Conflicto colectivo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 19 de diciembre de 2002 que contenía el siguiente Fallo:

"Que esitmando la demanda promovida por D. María Milagros, D. Elena y D. Ramón, en su calidad de miembros del Comité de Empresa contra la empresa 'Recubrimientos y Moldeados, S.A.' (REMOSA) y declaro nula la decisión empresarial comunicada el día 28-3-2002 de pagar prorrateada mensualmente la gratificación extraordinaria de beneficios a partir del mes de abril de 2002 a todos los operarios de la empresa, y en su consecuencia, condeno a la empresa demandadas a estar y pasar por la presente resolución y a reponer a los afectados en sus condiciones de trabajo anteriores."

Segundo.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"Primero. Los actores prestan servicios en la empresa demandada y ostentan la representanción de los trabajadores de la misma por ser miembros del Comité de Empresa.

Segundo. La empresa demandada por su actividad está sometida al Convenio Colectivo General de la Industria Química.

La empresa en el mes de septiembre de 2001 tenía una plantilla de 71 trabajadores.

Tercero. La empresa demandada en fecha 28-3-2002 comunicó al Comité de empresa que a partir del mes de abril de 2002 se procedería a prorratear mensualmente la gratificación extraordinaria de beneficios respecto a la totalidad de los operarios de la misma, por razones de carácter económico, financiero y de organización, para contribuir a una mejora financiera de la sociedad, conseguir homogeneizar la totalidad de los salarios de los operarios de la empresa, toda vez que parte de los mismos ya tiene prorrateada la indicada paga de beneficios. Asimismo en la carta se indicaba que el prorrateo en ningún caso implicaría una pérdida de capacidad retributiva de los trabajadores, dado que en todo caso el salario bruto anual sería el mismo. (documento núm. 1 de los actores).

Cuarto. Consta que en fecha 18-12-2001 la empresa demandada suscribió un acuerdo con los representantes de los trabajadores a efectos de regular el sistema de incentivos (primas de cantidad y calidad), las horas extraordinarias y el fraccionamiento mensual de la paga extraordinaria de beneficios. En el pacto tercero se estableció que ambas partes acordaban que desde la suscripción del documento y respecto del personal de nueva contratación se podría, a libre elección de la empresa, proceder al fraccionamiento mensual de la paga extraordinaria de beneficios. (documento núm. 3 de los actores).

Quinto. En fecha 24-10-2001 en la empresa demandada, tuvo lugar un referendum sobre la conformidad de los trabajadores en el prorrateo de la paga de beneficios. El resultado de las votaciones fue de 56 votos en total, 1 voto a favor del prorrateo y 55 votos en contra del prorrateo. El Acta de escrutinio fue comunicada a la empresa. (documento núm. 2 de los actores).

Sexto. La empresa demandada ha venido abonando a los trabajadores una paga extraordinaria de beneficios en el mes de marzo (documentos núm. 5 a 32 de los actores).

Séptimo. Consta una resolución de la Comisión mixta del Convenio General de fecha 17-9-1991 en interpretación de los art. 27 y 30 del VII Convenio General y art. 30 y 33 del VIII Convenio General, según la cual la modificación del sistema retributivo debe entenderse como 'modificación sustancia de las condiciones de trabajo' y por tanto tratarse de acuerdo con el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores. (documento núm. 4 de los actores).

Octavo. Fue celebrado acto de conciliación en fecha 26-4-2002 con el resultado de sin avenencia."

Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Recurre la empresa condenada el desfavorable pronunciamiento judicial que declaró nula su decisión (de 28 de marzo de 2002) "de pagar prorrateada mensualmente la gratificación extraordinaria de beneficios a partir del mes de abril de 2002 a todos (sus) operarios...", dirigiendo el primero de sus motivos (de censura jurídica) a la denunciada infracción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores en la medida que (y frente al reprochado criterio judicial) en el reseñado "procedimiento (de modificación de sus condiciones retributivas) ha existido el período de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores"; requisito legal cuyo supuesto cumplimiento viene a reiterar en un segundo motivo que (aun formalizado bajo el epígrafe "revisión de los hechos probados") no viene sino a reafirmar su postura a favor de atribuir al referéndum que menciona el incombatido quinto ordinal fáctico aquella negada legal "condición".

Se trata, en definitiva, de decidir si la sustancial modificación [Hp 7.º de la sentencia, en relación con los artículos 31 y 41.1.d) del Estatuto de los Trabajadores] adoptada por la empresa en el "sistema remuneración" del colectivo reclamante (contratados con anterioridada la fecha del 18 de diciembre de 2001) se llevó a término observando el trámite legal previsto por el número 4 de este último precepto.

Dispone la norma cuya infracción se denuncia que "La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de duración no inferior a quince días. Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados"; debiendo las partes durante el citado período "negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo". Debiendo la empresa, tras la finalización del mismo, notificar "a los trabajadores su decisión sobre la modificación"" con una antelación mínima de treinta día a la fecha de su efectividad" (párrafo cuarto en relación con el 41.3).

Como bien señala la STSJ de Galicia de 11 de diciembre de 2001, "de seguirse el período de consultas bajo estas premisas, ha de entenderse adecuado y suficientemente cumplido el requisito, y desde el punto de vista formal, podrá la empresa adoptar válida y unilateralmente su decisión, aun contra la voluntad de los trabajadores"; y ello en la medida de que la obligación de "negociar de buena fe" no impone el deber de llegar a alcanzar el acuerdo pretendido -SSTS de 17 de noviembre de 1998 y 30 de septiembre de 1999-. Sin embargo, en el presente caso, no sólo no se ha producido la "negociación" que se pretende inducir del referéndum celebrado el 24 de octubre de 2001 sino que (por el contrario) una ordenada secuencia temporal del inatacado relato fáctico de la sentencia pone de manifiesto el flagrante incumplimiento empresarial que, del (posterior) Acuerdo suscrito entre la empresa y los representantes de los trabajadores consultados, supone la impugnada decisión de modificar su sistema retributivo.

En efecto, tras ser preguntados sobre su conformidad con "el prorrateo de la paga de beneficios" 55 de los 56 consultados el 24 de octubre de 2001 se manifestaron "en contra del prorrateo" y 1 a favor del mismo; suscribiendo la empresa demandada (el 18 de diciembre de 2001) "un acuerdo con los representantes de los trabajadores" en cuyo "pacto tercero se estableció que ambas partes acordaban que desde la suscripción del documento y respecto del personal de nueva contratación se podría, a libre elección de la empresa, proceder al fraccionamiento mensual de la paga extraordinaria de beneficios".

Posteriormente el 28 de marzo de 2002 comunica aquélla al Comité de Empresa "que a partir del mes de abril de 2002 se procedería a prorratear mensualmente la gratificación extraordinaria de beneficios respecto a la totalidad de los operarios de la misma, para contribuir a una mejora financiera de la sociedad, conseguir homogeneizar la totalidad de os salarios...".

Recuerda la sentencia de la Sala 29 de septiembre de 2000 (en sentido sustancialmente similar a lo reiterado por la posterior de 23 de abril de 2002) como "El deber de negociar de buena fe que impone el art. 41.4.º del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a cumplimentar adecuadamente el preceptivo período de consultas, facilitando a la representación de los trabajadores la información y documentación necesaria y planteando en abierta y leal negociación la naturaleza, necesidad y justificación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo que pretende introducir; incumbiendo a la empresa la carga de probar que efectivamente ha mantenido tales negociaciones en forma hábil y suficiente para entender cumplimentado este requisito". Y en el presente caso ni puede considerarse cumplido mínimamente tal requisito por parte de quien se limitó a informar de una decisión ya tomada ni, en definitiva, puede otorgarse al referendum invocado otro efecto que el contrario al pretendido por la empresa. Y ello en la medida que el pacto posterior excluyente de un prorrateo respecto del cual habían mostrado su disconformidad la práctica totalidad de los consultados evidencia una actuación empresarial que (al decidir unilateralmente su extensión a los contratados con anterioridad al 18 de diciembre de 2001) contradice el concurso de una previa negociación sobre una cuestión que (en definitiva) había quedado fijado en términos antagónicos a los dispuestos por la empresa en su anulada comunicación.

El incumplimiento de dichos requisitos-recuerda la Sala en su sentencia de 12 de febrero de 2002; reiterando doctrina-conlleva la declaración de nulidad, por defecto de forma, pues si bien es cierto (y con independencia del inacreditado cumplimiento del preaviso previo)que el artículo 138.5 de la Ley de Procedimiento Laboral al remitirse al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sólo prevé expresamente para las medidas efectuadas en fraude de ley, por no respetarse los umbrales previstos en la norma,el propio artículo 138 de la Ley cuando alude a la calificación de la medida, como justificada o injustificada, lo hace en conexión a que se hayan acreditado o no las razones invocadas por la empresa para su adopción, es decir, dicha calificaciónaparece reservada para el examen de las razones o motivos-económicas, técnicas, organizativas y productivas-en las que se ampara la medida (por lo que) la empresa se hallaba obligada a acudir a los trámites que marca el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores y una vez cumplidos éstos y de no llegar a un acuerdo, podría adoptar la decisión oportuna, pero no de forma unilateral y sin sujetarse a dichas previsiones legales".

Segundo.-Procede, conforme a lo argumentado en el cuerpo de la presente resolución, la confirmación de la sentencia de instancia previo rechazo del recurso interpuesto; sin costas (art. 233.2 LPL).

FALLO

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la empresa "Recubrimientos y Moldeados, S.A." frente a la sentencia de 19 de diciembre de 2002 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Manresa en los autos núm. 339/2002 seguidos a instancia de D. María Milagros, D.ª Elena y D. Ramón en su calidad de miembros del comité de empresa; debemos confirmar y, en su integridad confirmamos la citada resolución. Sin costas.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que deberá prepararse ante esta Sala en los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos previstos en los números 2 y 3 del artículo 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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