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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 24 de julio de 1996


 RESUMEN:

Prestaciones reconocidas en distintas resoluciones judiciales a beneficiario de la Seguridad Social. Compensación. Improcedencia al no concurrir los requisitos legales (artículos 1195 y 1196 C.C.).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión que en el presente recurso se debate es la de si cabe o no compensar lo que corresponde percibir a un beneficiario de la Seguridad Social, en concepto de prestaciones reconocidas en una resolución judicial, cuando estas prestaciones, por modificación del porcentaje o de la base reguladora, resultan superiores a las que finalmente le corresponden.

Al actor le fue reconocida, por el Instituto Social de la Marina, pensión de jubilación, en cuantía del 54 por ciento de una base reguladora de 106.071 pesetas.

Disconforme el actor con la resolución del I.S.M., promovió un procedimiento judicial que, tras distintas vicisitudes, dio lugar a las siguientes resoluciones:

a)  5 de mayo de 1987: sentencia del Juzgado reconociendo pensión del 98 por ciento de 134.784 pesetas mensuales.

b)  26 de mayo de 1988: sentencia del Tribunal Central de Trabajo anulatoria de la de instancia.

c)  14 de noviembre de 1988: nueva sentencia del Juzgado reconociendo pensión del 58 por ciento de la misma base reguladora.

d)  14 de junio de 1991: sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nuevamente anulatoria de la de instancia.

e)  16 de diciembre de 1991: nueva sentencia del Juzgado reconociendo otra vez pensión del 98 por ciento de idéntica base reguladora.

f)  Finalmente, en 30 de julio de 1993, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que estableció definitivamente la pensión en un porcentaje del 80 por ciento sobre una base reguladora de 114.451 pesetas mensuales.

Esta dilatada sucesión de actuaciones procesales dio lugar a que, en los períodos de tramitación de dos de los recursos de suplicación interpuestos por el I.S.M., las sumas percibidas por el actor fueran superiores a la pensión definitiva (98 por ciento en lugar de 80 por ciento), mientras que, por el contrario, en el recurso intermedio y en aquellas otras fases en que, por anulación de la sentencia de instancia, la entidad gestora repuso la pensión a la cuantía de origen, la suma percibida era inferior a la fijada al final del proceso.

Así las cosas, el Instituto Social de la Marina practicó una liquidación conjunta de todo el proceso, compensando las cantidades desembolsadas en cuantías superiores e inferiores a la pensión definitiva, con lo que resultó un saldo a su favor de 61.362 pesetas, que por lo demás nunca pretendió hacer efectivo.

Disconforme el actor con esa actuación de la entidad gestora, que se tradujo en la correspondiente resolución administrativa, nuevamente interpuso demanda jurisdiccional, recayendo sentencia estimatoria de su pretensión, que absolvió al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la empresa, por falta de legitimación pasiva, y condeno al I.S.M. al abono a aquél de la cantidad de 1.420.394 pesetas. Ello al entender, de acuerdo con lo interesado en la demanda, que no cabía la compensación de cantidades, sino tan sólo el abono de los atrasos correspondientes a aquellos períodos en que lo percibido por el beneficiario resultó inferior a la definitiva pensión.

Mas la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acogió el recurso de suplicación que la entidad gestora interpuso y, revocando la sentencia del Juzgado, absolvió a aquélla, por aplicación a la litis de la figura jurídica de la compensación.

Segundo.-Contra la expresada sentencia de la Sala del País Vasco se interpone por el actor el presente recurso de casación para la unificación de doctrina en el que, además de la Sala de Madrid de 3 de septiembre de 1991, se invoca y aporta como contradictoria la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1994.

Esta sentencia fue ya objeto de cita en la de instancia del presente asunto, en la que se dijo que el Tribunal Supremo se había pronunciado en un supuesto en el que, en esencia, se discutía el mismo problema planteado en este litigio: la posibilidad de compensar lo percibido por un beneficiario de la Seguridad Social, en concepto de prestaciones declaradas en una resolución judicial, cuando estas prestaciones son superiores a las que finalmente le corresponden. Se trata, en efecto, en dicha sentencia, de un beneficiario de la Seguridad Social al que le fue reconocida por el Juzgado una invalidez permanente en grado de incapacidad total, cuyo grado de invalidez fue luego rectificado en suplicación, al declarársele afecto de una incapacidad permanente parcial. Y al hacer efectivo la entidad gestora el pago de la indemnización a tanto alzado correspondiente a este último grado de invalidez, dedujo las sumas abonadas durante la tramitación del recurso, por la pensión de incapacidad permanente total declarada en la sentencia de instancia.

Concurre, pues, el presupuesto de la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, y es preciso por ello pronunciarse sobre la infracción legal denunciada, que es la aplicación indebida de los artículos 1195 y 1196.1 del Código Civil, violando al mismo tiempo el artículo 292, en relación con el 192.4, ambos de la Ley de Procedimiento Laboral.

Tercero.-Para llegar a la conclusión de que estas infracciones han tenido lugar, en efecto, basta considerar que la contradicción se produce con una sentencia dictada por esta propia Sala y precisamente en un recurso de unificación de doctrina.

Dicha sentencia comienza afirmando que, a tenor del artículo 118 de la Constitución Española, en relación con el artículo 238.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, las sentencias dictadas por los Tribunales deben ejecutarse, y en sus propios términos, por lo que si el Tribunal se conoció del recurso de suplicación decidió de modo definitivo y firme que la situación de invalidez permanente que afectaba al recurrente era la de invalidez permanente parcial con derecho a indemnización a tanto alzado, en estos términos debía cumplirse el mandato judicial, "sin que sea dable, ni en vía administrativa ni en vía ejecutiva judicial, el proceder a la verificación de compensación alguna con lo percibido por el beneficiario de la cuestionada prestación de Seguridad Social desde su inicial reconocimiento y hasta la resolución del recurso interpuesto frente a la sentencia de instancia que, de acuerdo con la resolución administrativa de la Entidad Gestora, le otorgó un grado superior de invalidez permanente al realmente deseado por dicho beneficiario".

Al respecto, es de significar -continúa diciendo la sentencia- que, habiéndose reconocido por la Entidad Gestora una invalidez permanente total, frente a la que accionó, sin éxito en la instancia, el beneficiario por tal reconocimiento, la inmediata ejecutividad de esto último, con abstracción de la reclamación judicial que lo impugna, constituye un normal efecto que debe perdurar en tanto en cuanto no se le prive de virtualidad en mérito a una resolución judicial que lo neutralice en todo o en parte. "Y así como no es lógico ni legal -artículo 292 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral- exigir del beneficiario de la Seguridad Social la devolución de pensiones percibidas en concepto de una invalidez permanente que luego es dejada sin efecto en una superior instancia judicial, tampoco resulta aceptable el llevar a efecto una compensación como la operada en la sentencia impugnada, para lo cual se carece, además, de los presupuestos previstos por el artículo 1196 del Código Civil".

Aquí está la clave de la cuestión que nos ocupa. El artículo 1195 del Código Civil dice que tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. Y el 1196 exige, para que la compensación proceda, entre otros requisitos, que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor principal del otro, y también que las deudas sean líquidas y exigibles.

Mas resulta que el Instituto Social de la Marina no era acreedor del actor, ni había en consecuencia deuda alguna exigible. Pues el artículo 292.2 de la Ley de Procedimiento Laboral es categórico cuando afirma que "si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo o en parte, no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el período de ejecución provisional y conservará el derecho a que se le abonen las prestaciones devengadas durante la tramitación del recurso y que no hubiere aún percibido en la fecha de firmeza de la sentencia".

Cuarto.-La triple concurrencia, pues, de los requisitos de la contradicción, la infracción legal y el quebranto jurisprudencial, conduce a la estimación del recurso, tal como en su informe propugna el Ministerio Fiscal, para casar y anular la sentencia como contraria a la unidad de doctrina. Y a resolver el debate planteado en suplicación, sin que para ello sean precisos razonamientos distintos a los ya expuestos, en el sentido de desestimar el mismo y confirmar la sentencia recaída en la instancia. Sin que haya lugar a pronunciamiento alguno sobre costas. Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 226 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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