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Sentencia T.S.J. Navarra 176/2010, de 28 de junio


 RESUMEN:

Despido: Inexistencia. Extinción contractual por no superación del periodo de prueba. Desistimiento empresarial que no exige causa ni formalidad alguna.

PRESIDENTE

ILMA. SRA. D.ª CARMEN ARNEDO DIEZ

ILMO. SR. D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI

En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a VEINTIOCHO DE JUNIO de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recursos de Suplicación interpuesto por DON JUAN CARLOS ALZAGA SIEIRA, en nombre y representación de DOÑA Cristina, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 3 de Pamplona/Iruña sobre DESPIDO, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON VICTOR CUBERO ROMEO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Ante el Juzgado de lo Social n.º TRES de los de Navarra, se presentó demanda por DOÑA Cristina, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declare la improcedencia del despido y se condene a la mercantil demandada a readmitirle o abonarle la indemnización legal por el despido improcedente, más los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido, y todo ello sin perjuicio de lo que se fije en conclusiones definitivas.

Segundo.-Admitida a trámite la demanda se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Tercero.-Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Que desestimando la demanda sobre despido deducida por Dña. Cristina frente a Mesoestetic SL, debo absolver y absuelvo a dicha empresa demandada de las pretensiones frente a ella deducidas al no existir despido sino válida extinción contractual por no superación del periodo de prueba."

Cuarto.-En la anterior sentencia se declararon probados: "PRIMERO.- La demandante Dña. Cristina viene prestando sus servicios por cuenta de la empresa demandada Mesoestetic SL, habiendo suscrito un contrato de trabajo indefinido el 27 de octubre de 2008, que obra unido a los autos y que se da aquí por reproducido.- En el contrato se pacta la prestación de servicios como Delegada Comercial responsable de Pamplona, Navarra, Rioja y Aragón, incluido en el grupo profesional de Delegado Comercial.- En la cláusula cuarta se indica que se establece como periodo de prueba "según convenio".- Y en la cláusula quinta se indica que es de aplicación el Convenio Colectivo de Comercio al Por Mayor e Importadores de Productos Químicos Industriales y de Droguería.- SEGUNDO.- La actora no es ni ha sido representante legal o sindical de trabajadores.- TERCERO.- El salario regulador anual es de 32.000 € brutos (hecho conforme).- CUARTO.- El 24 de abril de 2009 la empresa demandada comunicó por escrito a la actora la rescisión de su relación laboral por no haber superado el periodo de prueba.- QUINTO.- Se celebró el preceptivo acto de conciliación el 21 de mayo de 2009, instado el 14 de mayo de 2009, teniéndose por intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa demandada."

Quinto.-Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de la parte demandante, se formalizó mediante escrito en el que se consigna un único motivo amparo del artículo 191.c) de Ley de Procedimiento Laboral, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, denunciando interpretación errónea del artículo 14 en relación con el artículo 27 del Convenio Colectivo para la empresa mayorista e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería.

Sexto.-Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la Empresa demandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia de que trae causa el presente recurso, desestimó la demanda de despido deducida por Dña. Cristina frente a Mesoestetic SL, al entender que la extinción del contrato se había producido válidamente de conformidad con el periodo de prueba recogido en el Convenio aplicable y al que se remitía expresamente el contrato suscrito.

Segundo.-Frente a esta resolución, se alza en esta sede de Suplicación Dña. Cristina, y mediante alegación de lo dispuesto en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia infracción de lo dispuesto en el artículo 14 en relación con el artículo 27 del Convenio Colectivo para las empresas mayoristas e importadores de productos químicos industriales, de droguería y perfumería.

Según sostiene la recurrente, las funciones efectivamente desempeñadas durante su relación laboral deberían encuadrarse en el Grupo 3 y no en el 4, tal y como postula la empresa y reconoce la sentencia. Esta inclusión, determinaría que el periodo de prueba aplicable a la trabajadora (en virtud del Convenio aplicable), sería de dos meses frente a los 6 que corresponderían al grupo 4. De este modo, tal y como postula el recurso en la fecha de la comunicación de la rescisión laboral, la trabajadora se encontraría introducida de forma indefinida en la plantilla y la mencionada rescisión comportaría necesariamente su calificación de despido improcedente.

Con carácter previo al análisis de la cuestión, debe aclararse que el litigio subsistente es exclusivamente jurídico, ya que no se ha combatido ninguno de los hechos declarados probados en la instancia, por lo que habrán de considerarse como necesario contexto fáctico.

En primer lugar, ha de señalarse, tal y como efectúa la sentencia, que la previsión contenida en el artículo 27 del Convenio, en orden a diferenciar la duración de los periodos de prueba en función de las categorías profesionales, en modo alguno se opone a lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, ya que el periodo máximo de 6 meses es respetado, dentro del ámbito de libertad de negociación que se concede a los Convenios Colectivos.

Por todo ello, la cuestión central radica en determinar si la trabajadora ostentaba un nivel profesional de Grupo 4 o por el contrario desempeñaba funciones propias del Grupo profesional 3.

En este sentido, resulta clarificador el importe del salario regulador anual (32.000 euros brutos), hecho que ha sido admitido pacíficamente por la recurrente. Por otra parte hay que tener en cuenta que el cargo que desempeñaba consistía formalmente en ser "Delegada Comercial responsable de Pamplona, Navarra, Rioja y Aragón" y que como tal estaba incluida en el grupo profesional de Delegado Comercial.

Por todo lo expuesto, y pese a las manifestaciones contenidas en el recurso, no puede considerarse acreditado que la trabajadora estuviera incluída en el grupo profesional 3, cuyas funciones son esencialmente las siguientes:

"Grupo III. Tareas de albañilería, electricidad, carpintería, pintura mecánica, etc, con capacidad suficiente para realizar las tareas normales del oficio.

Operador de ordenador.

Secretaria/o, capaz de redactar directamente correo de trámite según indicaciones verbales.

Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la vista de ofertas recibidas, recepción y tramitación de pedidos y hacer propuestas de contestación.

Tareas que consisten en establecer, en base a documentos contables, una parte de la contabilidad.

Cálculo de salarios y valoración de costes de personal.

Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en los libros o máquinas al efecto del movimiento diario.

Tareas de delineación y dibujo.

Funciones de conducción con reparto, con carnet de clase C, D o E, entendiendo que pueda combinar la actividad de conducir con el reparto de mercancías.

Tareas comerciales (agentes de ventas o similares)".

Es por ello, que la somera alusión a tareas comerciales que pueden desempeñar los trabajadores adscritos al Grupo 3, no puede en modo alguno obviar la categoría reconocida en el contrato indefinido suscrito en el que se alude a la función de Delegada Comercial Responsable de Pamplona, Navarra, Rioja y Aragón. Esta consideración se acomoda perfectamente al hecho de que la trabajadora realizaba tareas de responsabilidad y con autonomía correspondiente al grupo profesional número 4, por lo que su nivel de retribución se adecuaba a su nivel de responsabilidad.

Establecido, cuanto antecede, queda acreditado que el periodo de prueba que afectaba a la recurrente era de 6 meses y que por lo tanto, nos encontramos ante un supuesto de válida rescisión y no un caso de despido improcedente.

Tercero.-Dispone el art. 14 Estatuto de los Trabajadores que: 1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. En defecto de pacto en convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba.

Y, en su apartado 2.º que durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

El período de prueba es una institución que permite a cualquiera de las partes que intervienen en el contrato de trabajo, trabajador y empresario, rescindir unilateralmente tal contrato, por su sola y exclusiva voluntad, sin necesidad de cumplir ninguna exigencia especial a tal respecto; basta para que sea plenamente válida tal rescisión con que el período referido esté todavía vigente y que el empresario, o el empleado, extinga la relación laboral, sin que sea preciso para ello llevar a cabo ninguna clase especial de comunicación. Así el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre otras las de 3 de diciembre de 1987, 14 de julio de 1987, 14 de abril de 1986, 29 de octubre y 20 de diciembre de 1985, y 6 de abril y 12 de diciembre de 1984, ha mantenido que para rescindir el contrato de trabajo durante el período de prueba no se precisa, en absoluto, especificar la causa que ha determinado tal decisión finalizadora pues su motivación es meramente subjetiva de quien la adopta. El único supuesto que puede generar la inefectividad de la decisión unilateral extintiva en estos casos, es el hecho de que la misma esté motivada o causada por una razón discriminatoria que viole el art. 14 de Constitución Española, o que vulnere cualquiera de los derechos fundamentales que ésta proclama como dictaminó la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de octubre de 1984.

En seguimiento de esta doctrina jurisprudencial esta Sala, en Sentencias como la de 23-7-1999 tiene declarado que "A este respecto, se ha de recordar que el período de prueba legalmente establecido en el artículo 14 TRET, tiene por finalidad el mutuo conocimiento entre trabajador y empresario, y, sobre todo, el examen por parte del empleador de las condiciones tanto personales como profesionales del trabajador sujeto al mismo. Conforme al apartado 2 del mentado artículo, durante el período de prueba, el trabajador tendrá todos los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuere de la plantilla, "excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Por tanto, el desistimiento permitido por el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores no requiere una exigencia causal que la parte haya de probar pudiendo cualquiera de las partes que intervienen en el contrato de trabajo, trabajador y empresario, rescindir tal contrato unilateralmente, por su sola y exclusiva voluntad, sin necesidad de cumplir ninguna exigencia especial a tal respecto. Ciertamente que esa facultad no es omnímoda y, para que sea válida tal rescisión se precisa, por un lado, que el período referido esté todavía vigente y, por otro, que no suponga un fraude de Ley, atente contra los dictados de la buena fe o suponga un ejercicio abusivo de la facultad de desistir por cuanto, en tales casos, se estaría atentando contra normas imperativas que componen el orden público. No se precisa pues cosa diferente a un desistimiento unilateral que, no motivado por hechos atentatorios a los derechos fundamentales de las personas, basta con que sea notificado sin precisar para ello llevar a cabo ninguna clase especial de comunicación. Así el Tribunal Supremo en numerosas Sentencias como las de 6 de abril y 12 de diciembre de 1984, 29 de octubre y 20 de diciembre de 1985, 14 de julio y 3 de diciembre de 1987 y 6 julio 1990, ha mantenido que para rescindir el contrato de trabajo durante el período de prueba no se precisa, en absoluto, especificar la causa que ha determinado tal decisión finalizadora, pues su motivación es meramente subjetiva de quien la adopta."

En el mismo sentido, debe destacarse que durante el periodo de prueba el contrato puede ser resuelto a instancia de cualquiera de las partes, sin que tal potestad resolutoria esté legalmente condicionada a la obligación de realizar las experiencias propias de la prueba pues, aun siendo su objeto fundamental la constatación de las aptitudes laborales del trabajador, también es elemento integrante de aquel objeto el mutuo conocimiento de las partes, no sólo en el aspecto "laboralidad", sino también en el estrictamente personal o humano y si estas últimas circunstancias, ajenas a la especifica capacidad laboral, no son satisfactorias para alguna de aquéllas, constituye motivo suficiente para poder exteriorizar durante el período de prueba la voluntad resolutoria y para que en virtud de tal manifestación, la vinculación entre las partes termine y no devenga otra de carácter definitivo, sin que resulten indagables las causas determinantes del acto resolutorio (STCT 13 enero 1984).

Expuesto lo anterior, desde el momento que no está causalizado el cese, éste depende tan solo de la voluntad del empleador (o del desistimiento del trabajador) sin tener que aducir causa alguna ni justificar la decisión que se adopta. En tal sentido, como se especifica en las SSTS de 27/12/1989 y 1/10/1990 el uso de la facultad resolutoria a que nos venimos refiriendo tiene como limites en su uso el fraude de ley o la vulneración de derechos fundamentales, lo que no acontece en el caso. Tales extremos, así se dice en las resoluciones citadas, habrán de ser acreditados por la parte interesada la que, cuando menos indiciariamente, ha de explicitar que el uso de un derecho reconocido en el E.T. y/o Negociación Colectiva, conculca aquellos lo que implicaría la posibilidad por parte de la empresa de destruir dicha causa.

Y en el presente supuesto ahora enjuiciado, y conforme al contenido del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, no existe indicio alguno de comportamiento fraudulento por parte de la empresa, limitándose a ejercitar el derecho a la resolución del contrato que tiene reconocido con forme al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores.

Lo anteriormente expuesto conduce a la desestimación del recuso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social N.º Tres de los de Navarra que debe confirmarse en su integridad.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación formulado por la representación letrada de DOÑA Cristina frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º TRES de los de Navarra en el procedimiento n.º 326/09, seguido a instancia de dicha demandante frente a MESOESTETIC, S.L. sobre DESPIDO, confirmando la resolución de instancia.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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