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Sentencia T.S.J. Navarra 192/2010 de 30 de junio


 RESUMEN:

Valoración de la prueba: Incumbe al juez de instancia. Libre valoración de la prueba en su conjunto.    Recurso de Suplicación: Modificación de hechos probados. Requisitos. Desestimación.

PRESIDENTE

ILMA. SRA. D.ª CARMEN ARNEDO DIEZ

ILMO. SR. D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI

En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a TREINTA DE JUNIO de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recursos de Suplicación interpuesto por D. RAQUEL URDANIZ NARVAEZ, en nombre y representación de D. Iván, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 1 de Pamplona/Iruña sobre CANTIDADES, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON VICTOR CUBERO ROMEO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Ante el Juzgado de lo Social n.º Uno de los de Navarra, se presentó demanda por D. Iván, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia condenando a la empresa demandada al pago de las cantidades reclamadas

Segundo.-Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Tercero.-Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Don Iván contra la empresa BLORALIX, SL, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 1.844,00 Euros brutos por los conceptos a que se contrae la demanda."

Cuarto.-En la anterior sentencia se declararon probados: "PRIMERO.- El demandante Don Iván viene prestando servicios por cuenta de la empresa demandada Bloralix, SL desde el 18 de enero de 2008, ostentando la categoría profesional de trabajador cualificado y debiendo percibir un salario bruto mensual, con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias, de 1.200,00 euros al mes. Ambas partes suscribieron un contrato de trabajo a tiempo completo, por obra o servicio determinado, cuya duración estaba prevista hasta el 18 de enero de 2009. La empresa se dedica a actividad incluida en el sector agropecuario y el centro de trabajo se encuentra ubicado en San Adrián. SEGUNDO.- El día 1 de julio de 2009 la empresa entregó al trabajador un finiquito en el que este reconocía haber percibido todas las cantidades que pudieran corresponderle por salarios, vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de pagas extraordinarias e indemnización y se comprometía a no reclamar por concepto alguno que pudiera derivarse de la relación laboral. El demandante interpuso demanda de conciliación por despido, celebrándose el acto de conciliación ante el Tribunal Laboral de Navarra el 24 de julio de 2009. En dicho acto la empresa reconoció la improcedencia del despido y le ofreció su readmisión con efectos del día 27 de julio de 2009 y con abonó de los salarios de tramitación, ofrecimiento que fue aceptado por el trabajador. El día 19 de agosto de 2009 se interpuso nueva demanda de reclamación por despido, celebrándose el acto de conciliación ante el Tribunal Laboral de Navarra el 28 de agosto de 2009. En dicho acto la empresa reconoció la improcedencia del despido y ofreció al trabajador la cantidad de 2.958,90 euros en concepto de indemnización, la cantidad de 960,00 euros netos por salarios del mes de agosto de 2009 y la cantidad de 790,00 euros netos en concepto de vacaciones del año 2009. Este ofrecimiento fue aceptado por el trabajador. TERCERO.- La forma de abonar el salario en la empresa era la siguiente: a los trabajadores se les pagaba según las horas trabajadas. La empresa iba anotando el número de horas realizadas por cada uno de los trabajadores. Aproximadamente cada dos o tres meses la empresa efectuaba el cómputo de horas y lo comprobada con los trabajadores. Una vez que habían llegado a un acuerdo sobre las horas trabajadas la empresa calculaba la cantidad que adeudaba a cada uno de ellos. La empresa entregaba la cantidad de los trabajadores marroquíes al encargado de la empresa Don Iván, previa firma del recibo por parte de éste. El encargado era el que repartía las cantidades a cada uno de los trabajadores marroquíes. Era habitual que el encargado entregará a los trabajadores anticipos a cuenta de las cantidades adeudadas por la empresa. CUARTO.- Entre junio y diciembre de 2008 el trabajador percibió las siguientes cantidades en concepto de salario: De abril a julio de 2008: 4.824,00 Euros. Agosto y septiembre 2008: 1.500,00 Euros. Septiembre a diciembre de 2008 y vacaciones: 4.042,00 Euros. Entre enero y Junio de 2009 el demandante percibió las siguientes cantidades en concepto de salarios: De enero a marzo de 2009: 2.166,00 Euros. Abril, mayo y junio de 2009: 3.642,00 Euros. QUINTO.- El demandante adquirió un coche aproximadamente en septiembre de 2008. En diversas ocasiones remitió dinero a su empresa en Marruecos y les envió regalos a través de compañeros que iban de vacaciones a Marruecos. SEXTO.- El día 24 de julio de 2009 se celebró el acto de conciliación que finalizó con el resultado de sin avenencia."

Quinto.-Contra dicha sentencia se ha interpuesto Recurso de Suplicación por la parte demandante, habiendo sido impugnado, y elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia, estima parcialmente la demanda de cantidad interpuesta por D. Iván contra la empresa Bloralix SL, y condena a la mercantil a abonar al actor la cantidad de 1.844 euros.

Frente a la resolución, se interpone recurso de suplicación por parte del trabajador. Pese a lo anunciado en la cabecera del escrito del recurso en el que se expresa la intención de revisar los hechos declarados probados y examinar las infracciones de derecho sustantivo, ha de destacarse que las mencionadas pretensiones, han sido formuladas con escaso rigor procedimental, ya que ni siquiera se mencionan los preceptos de la norma rituaria laboral, en los que necesariamente han de tener apoyo las reclamaciones que vengan a suscitarse mediante el recurso de suplicación.

No obstante dichas carencias, se entrará a conocer las reclamaciones planteadas, sin perjuicio de las consecuencias materiales que puedan llevar aparejadas las lagunas formales detectadas.

Segundo.-Dado el carácter ciertamente asistemático del recurso planteado, se procederá a dar cumplida respuesta a las cuestiones planteadas en el orden en que las mismas han sido planteadas.

A este respecto, y supliendo en buena medida precisiones que debieran contener los planteamientos, puede distinguirse, tal y como anuncia el recurrente, una solicitud de modificación fáctica que comprendería cuatro extremos:

Respecto al hecho declarado primero, se solicita adición al efecto de hacer constar que el contrato que vinculaba a la empresa y al trabajador tenía carácter indefinido.

En el hecho declarado tercero, se reclama adición al objeto de incluir el hecho de que a los trabajadores fijos se les pagaba mediante transferencia y en mano a los demás. Añadiendo así mismo que el recurrente tenía la condición de trabajador fijo. Se refiere para fundamentar esta adición a la declaración del empresario titular.

Se solicita con relación al hecho declarado probado cuarto modificación en cuanto se sostiene que la documental aportada por la empresa acredita únicamente que el encargado firma percibir unas cantidades al objeto de repartirlas entre los trabajadores marroquíes. En este sentido se alega que no se ha acreditado que el Sr. Iván percibiera cantidad alguna del encargado ni de la empresa.

Por último, han de entenderse referidas al hecho declarado probado quinto las siguientes modificaciones: que el Sr. Iván adquirió un vehículo Volkswagen y no un vehículo Mercedes y que respecto a la remisión de dinero a Marruecos a través de la entidad bancaria La Caixa, la misma no ha quedado acreditada.

Respecto a la presunta revisión planteada en el apartado segundo del recurso, no se puede deducir o inducir la concreta pretensión ejercitada, ni las conclusiones que parece obtener la recurrente de la negativa a firmar el finiquito por parte del recurrente, ni las presunciones que aparentemente se apuntan de la conducta del empresario al respecto, por todo lo cual, no solicitándose ni siquiera de forma indiciaria el contenido del hecho declarado que se impugna y el texto que se propone, debe rechazarse el contenido de dicho párrafo a tenor tanto de su nulo cumplimiento de los mínimos requisitos formales como de la oscuridad manifiesta que revela, ya que en modo alguno se formula petición concreta.

Entrando en el examen de las revisiones y adiciones planteadas, ha de partirse necesariamente de la consolidada doctrina jurisprudencial en la que se exponen los requisitos formales y materiales que han de concurrir en orden a admitir dicha revisión fáctica. En este sentido, por todas se cita sentencia de esta Sala 218/2007 de 26 de julio:

"La existencia de motivos o finalidades específicas para poder impugnar resoluciones judiciales por vía de recurso de Suplicación es otro de los importantes elementos que permiten caracterizarlo como un recurso de naturaleza extraordinaria. No es suficiente con la mera disconformidad de las partes litigantes con el pronunciamiento obtenido en la Sentencia, sino que se requiere su justificación en alguna de las causas taxativamente señaladas en la Ley, lo que conduce a la limitación de las facultades del Tribunal Juzgador en orden al conocimiento mismo del recurso, los cuales se circunfieren a los motivos concretos que se corresponden con los previstos por la Ley.

La Ley de Procedimiento Laboral en el artículo 191 recoge los tres motivos fundamentales del recurso; el segundo motivo es el siguiente: Revisar los hechos declarados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas. La doctrina jurisprudencial elaborada en torno a este motivo se puede resumir, sistematizándola, por un lado, sobre las declaraciones atinentes al hecho probado objeto de revisión; por otro, sobre las declaraciones referentes a la forma en que dicha revisión debe llevarse a cabo.

En relación con el hecho probado se exigen como requisitos: a) La concreción exacta del que haya de ser objeto de revisión; b) La previsión del sentido en que ha de ser revisado, es decir, si hay que adicionar suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la Sentencia; y c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total.

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión: a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del Juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos; b) No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión; c) El error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el Juzgador "a quo" y d) No pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso.

Por tanto, a través de este recurso no puede pretenderse que el Tribunal Superior entre a efectuar una nueva valoración de la globalidad y conjunto de la prueba practicada, sino que la revisión de los hechos probados debe efectuarse mediante nuevo o nuevos documentos idóneos que patenticen fehacientemente el error de hecho cometido y que por tanto no sea necesario acudir a operaciones deductivas o razonamientos lógicos para descalificar los hechos probados sentados por el Juzgador. Igualmente, siempre se ha señalado que el juicio valorativo sobre la globalidad y conjunto de la prueba practicada corresponde en exclusiva al Tribunal "a quo", puesto que así le viene atribuido por Ley.

En caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias o incompatibles entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el Juzgador en virtud de la naturaleza excepcional del propio recurso que impide la valoración "ex novo" por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de la prueba practicada. El documento en que se sustenta la revisión de hecho postulada en el recurso ha de ser hábil e idóneo y con una fuerza probatoria inmediata y evidente, sin necesidad de acudir a razonamientos o nuevos análisis u operaciones jurídicas, salvo que se acuda a algún precepto legal valorativo de la prueba practicada, que no es el caso. No aceptar estas reglas clásicas implica que el decisionismo o discrecionalidad judicial que siempre ha de existir en alguna medida, puede desbordarse y extralimitarse hasta el punto de transformar y alterar las propias reglas imperativas de orden público que rigen el proceso y los recursos y convertir en la práctica un recurso excepcional como es de especial Suplicación en un recurso de Apelación.

Que sentado cuanto antecede, es imprescindible basar las modificaciones pretendidas en documentos auténticos que sean hábiles para producirlos y que no estén contradichas con otras pruebas practicadas en el pleito; por tal motivo deben rechazarse las modificaciones propuestas, pues las mismas no encuentran debido apoyo en prueba documental que ponga de manifiesto de una manera directa e inequívoca, sin necesidad de hipótesis, conjeturas y razonamientos, el error del Juzgador de instancia.

A mayor abundamiento, en la instancia del proceso laboral ningún medio de prueba tiene valor superior a los demás, y corresponde al Juzgador la prerrogativa de la convicción de lo actuado (artículo 97-2 Ley de Procedimiento Laboral); y no cabe inferir por lo mismo infracción de reglas sobre carga de la prueba ni una errónea valoración de la misma por la circunstancia de que la Juzgadora, valorando conjuntamente la que se le ofreció y razonando al respecto su convicción, no otorgase virtualidad probatoria alguna a los documentos que la parte recurrente invoca, habida cuenta además que éste basamenta sus pretensiones revisorias en prueba testifical, inhábil como se sabe, a los efectos pretendidos.

La proyección de la doctrina expuesta en el concreto supuesto estudiado, determina necesariamente el rechazo de todas las revisiones formuladas y ello porque acontece un manifiesto incumplimiento de los mínimos requisitos exigibles.

En primer lugar, no se propone claramente un texto alternativo en ninguna de las solicitudes planteadas. Así mismo, respecto a la primera petición, la parte pretende extraer conclusiones distintas a las obtenidas por el Magistrado de la instancia, que ya revisó el contenido del contrato suscrito y cuyas conclusiones han de prevalecer en caso de duda, ya que han sido obtenidas tras el examen imparcial del conjunto de la actividad probatoria practicada, no siendo admisible que vengan a sustituirse por las interpretaciones de parte que pretenden incluirse.

Estos motivos expresados, son igualmente aplicables a la segunda modificación solicitada, así como la consideración de que para solicitar la misma, ha de basarse en un elemento probatorio documental, no siendo admisible a estos efectos, basar la modificación en la declaración efectuada por una de las partes.

Iguales consideraciones cabe reproducir con relación a la tercera pretensión, ya que no sólo no se cumplen los mínimos requisitos formales para acceder a la modificación sino que no puede sustituirse o incluso negarse como pretende la recurrente, la valoración efectuada por el juez a quo.

Procede igualmente el rechazo de la última modificación solicitada, reiterando lo expuesto y manifestando que en realidad, los hechos declarados probados no se hacen eco ni de la marca del vehículo adquirido ni de la entidad financiera mediante la que se realizaron transferencias a Marruecos, debiendo constar igualmente la intrascendencia de las "presuntas" modificaciones solicitadas.

Tercero.-Por último, ha de entenderse denunciada la infracción de lo dispuesto en el artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores (y ello pese a la ausencia de la adecuada alegación del precepto procesal aplicable).

Sostiene el recurrente que el pago y la liquidación debieron efectuarse documentalmente. Ciertamente, a tenor de los hechos declarados probados, puede afirmarse que dicha obligación se incumplió, pero no resulta una infracción imputable a la sentencia (presupuesto necesario para recurrir el fallo en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 c) de la LPL), sino que la infracción es imputable en su caso al empresario. Ante dicha eventualidad y al objeto de proceder a determinar las cantidades que le eran efectivamente debidas al trabajador, el juzgador "a quo" procedió a tener en cuenta los elementos probatorios que fueron presentados por las partes, así como las declaraciones efectuadas por las mismas. Debiendo tenerse en cuenta que el juzgador goza de una amplia libertad, siempre que sus actuaciones y conclusiones se muevan dentro de unos parámetros racionales y lógicos.

En términos generales ha de afirmarse que el Juez de instancia es el único competente para valorar en su integridad la prueba, por cuanto que conoce de la cuestión suscitada en instancia única, a través de un juicio regido por los principios de inmediación, oralidad y concentración, siendo así que la potestad jurisdiccional conlleva, a nivel fáctico y con carácter privativo, la admisión, pertinencia y práctica de los medios de prueba utilizables y la libre valoración de su conjunto. Ahora bien, esta valoración ha de llevarse a cabo conforme a las reglas de la sana crítica (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 1994), lo que implica que el Juzgador de instancia pueda realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, pero siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas (Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1985), por cuanto -conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1990 - la facultad de libre apreciación de la prueba otorgada al Juez de instancia no puede convertirse en instrumento que permita llegar a conclusiones fácticas inadmisibles o contrarias a la lógica jurídica, y que su libre apreciación sea además razonada para que las partes puedan conocer el proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido por el Órgano Judicial (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 1990), en el que incluso cuenta como elemento de convicción la conducta de las partes en el proceso (Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 4 de abril de 1975, 5 de octubre de 1977 y Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1975), lo que determina que el Tribunal Superior haya de limitarse normalmente a efectuar un mero control de la legalidad de la sentencia y sólo excepcionalmente pueda revisar sus conclusiones fácticas, reservándola -supuesto de que se haya practicado la "mínima actividad probatoria" a que se refieren las Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 12 de junio de 1987, Tribunal Constitucional 37/1985, de 8 de marzo, Tribunal Supremo 21 de marzo de 1990, y Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de abril de 1996, 22 de mayo de 1996, 28 de junio de 1996, 15 de octubre de 1996, 23 de septiembre de 1997, 25 de noviembre de 1998, 17 de diciembre de 1998, 4 de noviembre de 1999 y 21 de enero de 2000 - para cuando de algún documento o pericia obrante en autos e invocado por el recurrente pongan de manifiesto de manera incuestionable el error del Juez "a quo", sin que esté permitido acudir a hipótesis, conjeturas, especulaciones o razonamientos más o menos lógicos, que siempre implican ausencia de lo evidente, de modo que lo que pretende la parte recurrente en tales casos es sustituir el criterio objetivo e imparcial del Magistrado sentenciador por su criterio propio y subjetivo en favor de sus intereses. (STJ Navarra 330/2201 de 28 septiembre).

Lo anteriormente expuesto conduce a la desestimación del recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 1 de los de Navarra que debe confirmarse en su integridad.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación formulado por la representación letrada de D. Iván, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º UNO de los de Navarra, en el Procedimiento n.º 547/09, seguido a instancia de D. Iván, contra BLORALIX, S.L. sobre CANTIDAD, confirmando la sentencia recurrida.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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