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Sentencia T.S.J. Navarra 204/2010, de 19 de julio


 RESUMEN:

FOGASA: Prescripción de la acción. Los actos que interrumpen la prescripción de la deuda del empresario no surten el mismo efecto frente al Fondo de Garantía Salarial, cuya responsabilidad viene tasada legalmente. El aplazamiento del pago de la deuda acordado entre las partes no afecta al Fondo de Garantía respecto de su responsabilidad, y respecto al mismo la acción está prescrita.

PRESIDENTE

ILMA. SRA. D.ª CARMEN ARNEDO DIEZ

ILMO. SR. D. JOSE ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI

En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a DIECINUEVE DE JULIO de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recursos de Suplicación interpuesto por DON JOSE IGNACIO BEAUMONT CASALES, en nombre y representación de FONDO DE GARANTIA SALARIAL, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 1 de Pamplona/Iruña sobre CANTIDAD, ha sido Ponente el Ilmo Sr. Magistrado DON VICTOR CUBERO ROMEO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Ante el Juzgado de lo Social n.º UNO de los de Navarra, se presentó demanda por DON Abelardo, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se condene a la empresa demandada a indemnizar al actor con la cantidad de 17.585,10 €, incrementada en un 10& de interés por mora.

Segundo.-Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.

Tercero.-Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Que, estimando íntegramente la demanda de reclamación de cantidad formulada por D. Abelardo, contra la empresa CONSTRUCCIONES MACHO Y RODRÍGUEZ, S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 17.585,10 € en concepto de indemnización y al FOGASA a estar y pasar por el anterior pronunciamiento."

Cuarto.-En la anterior sentencia se declararon probados: "PRIMERO.- El demandante, D. Abelardo ha prestado servicios por cuenta de la empresa demandada CONSTRUCCIONES MACHO Y RODRIGUEZ, S.L. entre el 7 de enero de 2004 y el 22 de abril de 2008, ostentando la categoría profesional de Encargado general y percibiendo un salario bruto mensual, con inclusión de parte proporcional de pagas extraordinarias, de 2.605,96 euros (nómina de marzo de 2008).- SEGUNDO.- La empresa se dedica a la actividad de construcción y el centro de trabajo está ubicado en Navarra. Por Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Pamplona de 16 de junio de 2009 se declaró el Concurso Voluntario de la empresa nombrándose como Administrador Concursal a D. Calixto.- TERCERO.- El día 22 de abril de 2008 la empresa entregó al trabajador carta de despido disciplinario, con efectos de esa misma fecha, por la comisión de una falta tipificada en el art. 54.2 a) del Estatuto de los Trabajadores. En la carta se reconoció la improcedencia del despido y se ofreció al trabajador la indemnización de 17.585,10 euros. Esta cantidad no fue puesta a disposición del trabajador ni depositada en el Juzgado de lo Social.- Ese mismo día los dos socios y Administradores Solidarios de la empresa suscribieron un documento por el que se comprometían ante el trabajador a abonarle la indemnización por despido una vez que obtuvieran ingresos por la venta de las viviendas de la promoción de Artieda (Navarra).- La empresa ha vendido las viviendas de Artieda en Abril de 2009 pero no ha abonado al trabajador la indemnización.- CUARTO.- El Administrador Concursal ha expedido un certificado en el que reconoce que la empresa adeuda al trabajador la cantidad de 17.585,10 euros netos en concepto de indemnización.- QUINTO.- · El día 29 de mayo de 2009 se celebró el acto de conciliación que concluyó con el resultado de INTENTADO Y SIN EFECTO."

Quinto.-Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada del Fondo de Garantía Salarial demandada, se formalizó mediante escrito en el que se consignan dos motivos, el primero al amparo del artículo 191.c) de Ley de Procedimiento Laboral para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, denunciando violación por falta de aplicación del artículo 1975 del Código Civil en relación con los artículos 33 y 59.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores y artículos 18 y 19 del RD 505/85 de 6 de marzo.

Sexto.-Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la parte demandante.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia, estima íntegramente la demanda de reclamación de cantidad formulada por D. Abelardo, contra la empresa CONSTRUCCIONES MACHO Y RODRÍGUEZ,S.L., y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), y condena a la empresa demandada a abonar a la actora la cantidad de 17.585,10 euros en concepto de indemnización y al FOGASA a estar y pasar por dicho pronunciamiento.

Frente a esta sentencia recurre el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en esta sede de Suplicación y con adecuación procedimental y jurídica alega un único motivo con base en lo dispuesto en el artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral. Dicho precepto permite al recurrente examinar el derecho aplicado en la sentencia e invocar cuantas infracciones o vulneraciones del ordenamiento considere cometidas. En este sentido, se aduce violación por falta de aplicación del artículo 1975 del Código Civil en relación con los artículos 33 y 59.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores y artículos 18 y 19 del RD 505/85 de 6 de marzo que regula la organización y funcionamiento del FOGASA.

En esencia, el núcleo del conflicto estriba en la operatividad que la prescripción haya podido desplegar en la deuda salarial reconocida por la empresa y respecto a la que el FOGASA ostenta responsabilidad subsidiara, siempre que se produzca en los supuestos legalmente previstos.

Segundo.-A efectos de dilucidar los derechos e intereses en conflicto, ha de traerse a colación un breve resumen del supuesto fáctico que sustenta la presente reclamación.

El demandante en la sentencia ahora recurrida trabajaba como Encargado general en la empresa CONSTRUCCIONES MACHO Y RODRÍGUEZ S.L. Con fecha de 22 de abril de 2008 la empresa entregó al trabajador carta de despido disciplinario, con efectos de esa misma fecha, por la comisión de falta tipificada en el artículo 54.2)-a. del Estatuto de los Trabajadores. En dicha carta se reconocía la improcedencia del despido y se ofrecía al trabajador la indemnización de 17.585,10 euros. Esta cantidad no fue puesta a disposición del trabajador ni depositada en el Juzgado de lo Social.

Ese mismo día, los dos socios y administradores solidarios de la empresa suscribieron un documento por el que se comprometían ante el trabajador a abonarle la indemnización por despido una vez que obtuvieran ingresos por la venta de las viviendas de la promoción de Artieda (Navarra). La empresa vendió las viviendas mencionadas en abril de 2009 pero no abonó al trabajador la indemnización.

El Administrador Concursal expidió certificado en el que reconocía que la empresa adeudaba al trabajador la cantidad de 17.585,10 euros netos en concepto de indemnización. El 29 de mayo de 2009 se celebró el acto de conciliación que concluyó con el resultado de intentado y sin efecto. La demanda de conciliación se había presentado el día 19 de mayo de 2009.

Sostuvo el Fondo de Garantía Salarial que entre el cese de actividad el 22 de abril de 2008 y la demanda de conciliación del 19 de mayo de 2009 ha transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, lo que determinó según entiende la prescripción de la acción para la reclamación cuestionada. No obstante, la Magistrada de la instancia consideró que la fecha a tener en cuenta para comenzar el cómputo de la prescripción era abril de 2009 (fecha en la que se efectúa la venta de las viviendas y la deuda sería exigible de conformidad con el documento emitido por la propia empresa), al entender que los trabajadores se hallaban vinculados por el acuerdo suscrito con la empresa. Esta consideración determinó la desestimación de la excepción de prescripción planteada por el Organismo Garante.

Expuesto el presupuesto fáctico, se procede a dar cumplida respuesta a las alegaciones formuladas.

Tercero.-Considera el FOGASA que la sentencia recurrida no atendió debidamente a la excepción de prescripción planteada y junto con los preceptos aludidos, se cita diversa doctrina jurisprudencial en la que se reiteran los posicionamientos que limitan la responsabilidad del FOGASA como fiador: distinción del tipo de responsabilidad que soporta el empresario y el FOGASA. De igual modo se invoca el contenido del artículo 1975 del Código Civil que dispone: "La interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda, surte efecto también contra el fiador; pero no perjudicará a éste la que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor".

Se recoge igualmente profusa doctrina jurisprudencial en desarrollo del precepto enunciado. Interpretaciones que sin duda han de acogerse, al objeto de limitar la responsabilidad del Organismo ante pactos ente las partes (empresa, trabajadores), que pudieran dilatar indefinidamente la responsabilidad subsidiaria que corresponde al FOGASA.

Debe precisarse que frente a la responsabilidad contractual del empresario en el pago de salarios e indemnizaciones respecto de sus trabajadores, la del FOGASA es de naturaleza legal, como así se desprende del contenido del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, cuya procedencia viene determinada por la insolvencia de aquél y requiriendo para su exigibilidad el cumplimiento escrupuloso de los presupuestos legales que configuran su existencia y contenido, de modo tal que no sólo la naturaleza autónoma de la responsabilidad del Fondo impide que los actos interruptivos de la prescripción frente al empresario deudor principal produzcan el mismo efecto de la obligación sustitutoria y legalmente impuesta al Fondo de Garantía Salarial -pues en otro caso el simple acuerdo o mera condescendencia entre el empresario y el trabajador determinaría sin más la exigibilidad de la responsabilidad de aquél, lo que deviene contrario a su estricta naturaleza legal- sino que además y de conformidad con lo dispuesto en el art. 1975 del Código Civil en su calidad de fiador responsable por sustitución del empleador declarado insolvente, frente al Fondo de Garantía Salarial no producen efecto ni pueden perjudicarle las interrupciones prescriptivas que se produzcan por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor porque como argumentó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 6-5-1991, la responsabilidad subsidiaria del FOGASA está condicionada a la actualidad del crédito frente al mismo que actúa en sustitución de empresario y respecto de créditos no prescritos, de manera tal que si la interrupción de la prescripción, por actos internos de los titulares de la relación crediticia no puede afectar a un tercero, cual es el organismo codemandado, aunque el reconocimiento de la acción legal y directa contra el mismo no se produce sino desde la fecha del auto de insolvencia, cuando éste se dicte, la acción de naturaleza subsidiaria de la directa del empleador ya no está viva por haber decaído el derecho del trabajador contra el FOGASA, pues lo contrario significaría desconocimiento de la ineficacia interruptiva de aquel acto de parte y revivir frente al mismo una acción inexistente.

En su consecuencia, pues, el reconocimiento de la deuda, y el fraccionamiento del pago, efectuado por la empresa, que motivó respecto de ella, la interrupción de la prescripción, no puede afectar al FOGASA, puesto que la naturaleza autónoma del mismo, conduce a descartar los hechos interruptivos de la prescripción, puesto que la expresión "las demás formas legales de interrupción de la prescripción", a que se refiere el art. 33.7 del Estatuto de los Trabajadores, no comprenden a un tercero autónomo sustitutorio, pues sostener lo contrario implicaría, desnaturalizar los términos de la obligación legal, cuya duración en el tiempo vendría sometida a la voluntad del acreedor y deudor directo de la deuda empresarial, manteniéndose así, una relación de dependencia indefinida.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debe señalarse que en el procedimiento objeto del presente recurso confluye otro elemento de capital importancia a la hora de valorar el cómputo de la prescripción, como es la existencia de un proceso concursal.

En virtud de lo expuesto, debe estimarse el presente motivo, dando lugar con ello a la revocación de la sentencia de instancia, por cuanto ha de entenderse admitida la excepción de prescripción efectuada por el FOGASA.


FALLAMOS


 
Que con estimación del Recurso de Suplicación interpuesto por la representación Letrada del FONDO DE GRANTIA SALARIAL frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º Uno de los de Navarra en autos seguidos a instancia de D. Abelardo contra CONSTRUCCIONES MACHO Y RODRÍGUEZ SL, Calixto y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en reclamación de CANTIDAD, debemos revocar y revocamos la misma en el sentido de absolver al FOGASA de toda responsabilidad por la deuda que se reclama en este procedimiento, manteniendo el resto de sus pronunciamientos.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.

Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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