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Sentencia T.S.J. Cataluña 5412/2010 de 23 de julio


 RESUMEN:

Ejecución de sentencia de despido: Imposibilidad de readmisión por cierre del centro de trabajo y caducidad de la licencia de concesión. Extinción de la relación laboral. Indmenización adicional: Es opcional para el juez. No constan perjuicios cualificados que justifiquen la indemnización adicional.   Subrogación empresarial: Desestimación. No consta transmisión de empresa.

CATALUNYA

SALA SOCIAL

mm

ILMO. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA

En Barcelona a 23 de julio de 2010

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA núm. 5412/2010

En el recurso de suplicación interpuesto por Luis Andrés frente al Auto del Juzgado Social 2 Tarragona de fecha 15 de octubre de 2009 dictado en ejecución de sentencia en el procedimiento n.º 71/2008 y siendo recurrido/a REPASA TARRAGONA SL y REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA SA, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En fase de ejecución de sentencia y en fecha 8.6.2009 se dictó auto por el citado Juzgado de lo Social, que desestima su pretensión de anular la extinción contractual por readmisión irregular acordada judicialmente, de que se declare la existencia de sucesión empresarial (entre las mercantiles REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA, S.A. y REPASA TARRAGONA, S.L.), así como su derecho a una indemnización adicional de 15 días por año de servicio (desde 2002 hasta la fecha del auto, más los intereses desde que se dictó la sentencia de instancia).

Segundo.-Contra dicho auto interpuso recurso de reposición la parte ejecutante, que se resolvió por auto de fecha 15 de octubre de 2009.

Tercero.-Contra dicha resolución anunció recurso de suplicación la parte demandanteimpugnó, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Interpone la parte ejecutante, D. Luis Andrés, recurso de suplicación contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Tarragona en fecha 15.10.2009 (que desestima el recurso de reposición interpuesto por el ejecutante contra el anterior Auto del mismo Juzgado de fecha 8.6.2009), autos por despido núm. 71/86, que desestima su pretensión de anular la extinción contractual por readmisión irregular acordada judicialmente, de que se declare la existencia de sucesión empresarial (entre las mercantiles REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA, S.A. y REPASA TARRAGONA, S.L.), así como su derecho a una indemnización adicional de 15 días por año de servicio (desde 2002 hasta la fecha del auto, más los intereses desde que se dictó la sentencia de instancia).

El recurso, que ha sido impugnado por la representación común de ambas mercantiles, plantea cinco motivos de impugnación, uno por nulidad (el quinto) ex art. 191.a LPL, para que se retrotraigan las actuaciones al momento de la práctica de las diligencias para mejor proveer; dos por revisión fáctica ex art. 191.b LPL (el primero y el cuarto), para que conste que existe transmisión de empresa y para que se modifiquen el antecedente de hecho primero y el fundamento de derecho cuarto del auto impugnado; y dos por censura jurídica ex art. 191.c LPL (el segundo y el tercero), para que se declare la vulneración de las normas de ejecución de sentencias de despido y de la normativa sobre subrogación de empresa.

Por razones de orden sistemático y de estructuración lógica de los argumentos del recurrente, dado que la estimación de la nulidad de actuaciones supondría la innecesariedad de resolver el resto de motivos, va a resolverse en primer lugar el motivo quinto; resolución que va a ligarse, por razones de orden público procesal, al argumento relativo a la inadmisión del recurso formulado por la parte impugnante del mismo. Con posterioridad, abordaremos los motivos fácticos y de censura jurídica.

En punto a la alegación sobre la inadmisión del recurso, debe tenerse presente que la LPL concede recurso de suplicación a los autos que decidan el recurso de reposición interpuesto contra los que, en ejecución de sentencia, dicten los juzgados de lo social, siempre que la sentencia ejecutoria hubiere sido recurrible en suplicación, cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado (art. 189.2 LPL), lo que permite concluir que se trata de un recurso de suplicación excepcional, que solo podrá concederse en los supuestos citados, con la finalidad de impedir la modificación de la integridad de los fallos firmes, salvo que el fallo haya modificado efectivamente el título ejecutivo, lo que exigirá contrastar si ha resuelto sobre puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en sentencia o que contradigan lo ejecutoriado; y, como ha señalado el Tribunal Supremo, las controversias del incidente de no readmisión comportan por definición hechos nuevos no resueltos en la sentencia de instancia (STS 21.9.1999), por lo que resulta procedente, frente a la desestimación de un recurso de suplicación (aunque por lapsus calami se autodenomine éste como "preparatorio del recurso de queja"). En consecuencia, dado que en la presente litis se interpuso recurso de reposición, primero, y recurso de suplicación (que no de queja, orillando una interpretación enervante y restrictiva del derecho de acceso al recurso, que en este caso debe ser respetado), después, la parte recurrente ha respetado las reglas legales de acceso a dicho recurso (forma y plazos), no existiendo impedimento para que la Sala pueda pronunciarse sobre el mismo.

En cuanto a la nulidad de actuaciones instada por el recurrente, con retroacción al momento de práctica de la prueba de diligencias para mejor proveer (desde el 4 de mayo de 2010, diligencias finales), no puede estimarse la misma. En efecto, la nulidad de actuaciones, con retroacción del procedimiento al momento anterior al de la presunta infracción de garantías procesales, es un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio público, por lo que la estimación de la nulidad de actuaciones queda condicionada al cumplimiento de estrictos requisitos y, en especial, a la acreditación de una indefensión constitucionalmente relevante, que es la material, no la formal.

La indefensión, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, es un concepto fundamentalmente procesal que se concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes, alegando y probando cuanto estimen pertinente, puedan hacer valer en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos, de forma que hay que acudir al concreto y específico supuesto para examinar la existencia o no de la indefensión denunciada, y por otro se exige a la parte una diligencia adecuada en la defensa de sus derechos. El concepto de indefensión utilizado se presenta, así, como una noción material que nos exigirá comprobar siempre, y en todo caso, en qué medida el derecho de defensa se ha visto afectado y con él, y ya de manera concreta qué pretensiones han sido impedidas o dificultadas por la actuación procesal denunciada, partiendo siempre de la posición que constitucionalmente se garantiza a las partes del procedimiento de poder realizar la más completa exposición de su posición en cuanto al fondo o forma de la cuestión debatida.

En este sentido, esta Sala comparte el criterio de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 20 septiembre 2005, cuando señala que "son los Jueces y Tribunales los que han de valorar la pertinencia de las pruebas propuestas, pero en ese cometido no pueden sacrificar su realización a otros intereses que, aun estando también protegidos por el ordenamiento, sean de rango inferior al derecho constatado en el citado precepto constitucional", y por ello mismo hemos dictado ya sentencias, como la núm. 3665/2005, de 26 de abril de 2005, en las que hemos indicado que "la declaración de nulidad de una resolución, en cuanto supone una frustración, aunque sea provisional, del proceso seguido en la instancia, con el consiguiente estado de insatisfacción para los justiciables, por lo que se refiere a la obtención de una resolución, fundada en derecho, que de respuesta a las cuestiones debatidas en el litigio, sin dilaciones indebidas, constituye un remedio procesal que ha de ser manejado con el mayor cuidado y ponderación, no llevándose más allá de los límites impuestos por el propio derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución -artículo 24-1 de la misma- proclama y garantiza; y de ahí, que cuando no exista indefensión, no proceda la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de los autos al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento, de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 191 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral ".

Pues bien, en el procedimiento enjuiciado no se ha producido tal indefensión, porque debe recordarse que no toda irregularidad procesal genera la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino que han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, la finalidad e importancia del requisito omitido o irregularmente cumplido, y sobre todo la conducta procesal observada por quien alega tal vulneración, pues no puede invocar válidamente indefensión quien ha mantenido una conducta procesal errática o abusiva. Además, no toda infracción de norma procesal da lugar a la nulidad por quebrantamiento de forma, sino que es preciso que la misma haya producido a la parte consecuencias negativas. No basta, por tanto, "con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es necesario, además, que tal infracción legal determine la indefensión del afectado" (STC 158/1989 de 5 de Octubre), lo cual no ha sucedido en el supuesto de autos. En el caso de autos, no solo no se ha provocado una indefensión formal, sino ni tan siquiera una indefensión material que suponga una vulneración del artículo 24 de la CE. En el caso aquí enjuiciado es claro que el juzgador a quo no conculca derecho alguno, al existir ya en las actuaciones documentos aportados por la Autoridad Portuaria de Tarragona, siendo el documento aportado en diligencias para mejor proveer, de fecha 11 de mayo de 2009 (folio 455), una simple aclaración de los documentos anteriores (folios 391, 392 y 393), que no varía el contenido de los mismos sino que precisa y resume los ya conocidos por el ejecutante. Es por ello que el Auto de 8 de junio de 2009 recoge el resultado de las diligencias de 15.4.2009, señalando que la ejecutada REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA, S.A., no dispone de buques en Tarragona desde el 1.4.2009, como ya habían puesto de relieve otros documentos aportados por la Autoridad Portuaria de Tarragona. Todo lo cual debe llevar al rechazo de este primer motivo de recurso.

Segundo.-Por la vía de la revisión fáctica, ex art. 191.b LPL, pretende el recurrente, en primer lugar, la inclusión en el Auto recurrido de fecha 15.10.2009, de un nuevo antecedente de hecho con el ordinal séptimo, para que se recoja en el mismo que ha existido una transmisión de empresa en cuanto a la titularidad de la licencia de prestación del servicio básico de remolque otorgada, con traspaso añadido de know how y con apoyo logístico de una a otra empresa, por la Autoridad Portuaria de Tarragona, siendo REPASA TARRAGONA, S.L., la nueva licenciataria a través de la UTE en la que se integra. Al efecto, aporta al amparo del art. 231 LPL documento que se refiere a un contrato laboral en el que consta la subrogación aludida.

El artículo 231 LPL, en el apartado de "disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación", señala que la Sala no admitirá a las partes documento alguno ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos, salvo que el recurrente presentara algún documento de los comprendidos en el artículo 506 -actualmente 270- de la Ley de Enjuiciamiento Civil o escrito que contuviese elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental. El artículo 270 de la LEC permite presentar documentos en un momento no inicial del proceso cuando se hallen en alguno de los casos siguientes: a) ser de fecha posterior a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales; b) tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia; y c) no haber sido posible obtener con anterioridad los documentos, medios o instrumentos, por causas que no sean imputables a la parte, siempre que haya hecho oportunamente la designación a que se refiere el apartado 2 del artículo 265 o, en su caso, el anuncio al que se refiere el núm. 4 del apartado primero del artículo 265 de la presente Ley.

El documento que aporta el recurrente pudo aportarse al acto del juicio o, sin género de duda, en el incidente de ejecución sustanciado, sin que haya intentado justificar -por ejemplo, acreditando la fecha en que tuvo acceso al mismo- que no tuvo conocimiento antes de su existencia, por lo que el documento en cuestión no puede servir de base para revisar el hecho probado como pretende.

Señalado lo anterior, la adición propuesta colisiona con el criterio consolidado de esta Sala, que, glosando constante doctrina jurisprudencial, señala que en materia de revisión de hechos probados, se precisa para su apreciación la concurrencia de una serie de requisitos y en concreto:

a) Debe ponerse de manifiesto de manera clara, evidente, directa y patente, de forma incuestionable, sin necesidad de tener que acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones lógicas o razonables, es decir, el error ha de ser evidente;

b) Ha de señalarse con precisión cuál sea el hecho afirmado, negado u omitido que se entiende equivocado, contrario a lo acreditado o que conste con evidencia y no se halla incorporado al correspondiente relato fáctico, debiendo precisarse el sentido en que ha de ser revisado, esto es, adicionando, suprimiendo o modificando algo, expresando claramente la redacción que debe darse al hecho probado cuando el sentido de la revisión no sea la supresión total;

c) Deben citarse pormenorizadamente los documentos (públicos o privados siempre que tengan carácter indubitado) o pericias que obren en autos y de los que se estima proviene la equivocación, no estando permitida la invocación genérica o un sentido negativo por falta de prueba, expresando con claridad y precisión los errores atribuibles a la resolución que se impugna, no pudiendo plantearse revisión de cuestiones fácticas no discutidas en el proceso;

d) En especial, de ser varias las pruebas aptas (exclusivamente documentales o periciales), sólo son admisibles y útiles las que ostentan un decisivo valor probatorio y tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia e idoneidad, no pudiendo ser combatidos los hechos probados si han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en el que la parte pretende amparar el recurso;

e) Finalmente, el error ha de ser trascendente.

Las alegaciones revisoras formuladas carecen, por las razones expuestas, de posibilidad alguna de acogimiento. En efecto, la adición fáctica planteada no debe aceptarse porque pretende contrariar, sin base suficiente, la interpretación dada por el juzgador de instancia, pues se basa en documentos que ya han sido valorados por el juzgador a quo conforme al art. 97.2 LPL, sin que aprecie la Sala error alguno en la tarea del juzgador a quo, por lo que el motivo debe ser desestimado. De hecho, la adición propuesta, basada incluso en nuevos documentos no aportados en la fase de instancia ejecutiva, no constando tampoco que sean de fecha posterior a la misma, está predeterminando el fallo ya que no son sino valoraciones jurídicas y fácticas, formuladas sin base argumental sólida para demostrar la existencia de subrogación empresarial, sobre los extremos discutidos en el pleito, de suerte que el motivo no puede sino decaer, rechazándose la adición propuesta.

Además, por la misma vía fáctica pretende el recurrente que se declare la existencia de error judicial, a la vista de la singladura de despidos nulos padecidos por el actor y ejecutante, para que se incluya en el antecedente de hecho primero que el actor fue despedido el 12.12.2007 con declaración judicial de nulidad (sentencia de esta Sala de 25.11.2008), y auto de 2.6.2008 que declara la readmisión irregular por la pretensión empresarial de readmitir al actor en Rótterdam y no en Tarragona; para que se añada que el 5 de enero de 2009, la empresa demandada volvió a incurrir en la readmisión irregular del actor, para despedirlo por tercera vez, alegando infundadamente que eses día el trabajador no se había incorporado al trabajo; y finalmente para que se añada al antecedente de hecho segundo que la diligencia para mejor proveer no se notificó a la parte demandante, y al antecedente de hecho tercero que son partes demandadas en autos las dos mercantiles citadas.

Tercero.-Por la vía del art. 191.c LPL, denuncia el recurrente, con un doble motivo (segundo y tercero de su recurso) la vulneración de las normas de ejecución de sentencias de despido, en conexión sistemática con la normativa de subrogación de empresas (arts. 280 y 284 LPL, en relación con el art. 44 ET), pues entiende que ha existido transmisión en la explotación del servicio portuario básico de remolque entre REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA, S.A. y REPASA TARRAGONA, S.L., y por ello debe instarse la ejecución en sus propios términos (readmisión por despido nulo) con cargo a REPASA TARRAGONA, S.L.

Con respecto a la referida alegación, manifiesta con claridad la juzgadora a quo que la readmisión resulta imposible por la caducidad de la licencia de la concesión, de modo que no puede reincorporarse al actor en las mismas condiciones que regían antes del despido, de modo que la aplicación del art. 284 LPL (extinción indemnizada) es la solución lógica aplicable al caso que nos ocupa, al carecer la

empleadora del actor, REMOLCADORES DE PUERTO Y ALTURA, S.A., de licencia y de actividad en el puerto de Tarragona desde abril de 2009, produciéndose un cierre de centro de trabajo y no existiendo, conforme al Auto de 8.6.2009 y pese a la situación de readmisión irregular, acreditación suficiente en las actuaciones de la existencia de transmisión de empresa.

Por último, debe declararse que no ha lugar a la indemnización adicional de 15 días por año solicitada por el recurrente, dado que ésta es opcional para el juez, no obligatoria, pues la normativa indica (art. 279.2.b LPL) que el juez declarará extinguida la relación laboral con efectos de la fecha del propio auto y acordará se abone al trabajador la indemnización a la que se refiere el art. 110.1 LPL (45 días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 42 mensualidades) y además, atendiendo a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades, prorrateándose en ambos casos los períodos inferiores a un año y computándose como tiempo de servicios el transcurrido hasta la fecha del auto. Al no apreciar el juzgador a quo los referidos motivos o circunstancias concurrentes ni los perjuicios ocasionados por la no readmisión o readmisión irregular, sobre los que tampoco insiste demasiado el recurso con argumentos sólidos y más allá de las irregulares circunstancias de no readmisión, no valora la Sala, dado que, insistimos, no constan en el recurso datos o razones concluyentes que permitan sostener dichas circunstancias o perjuicios cualificados al actor, que concurran las mismas, de modo que la petición debe desestimarse.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Luis Andrés, contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Tarragona en fecha 15.10.2009 (que desestima el recurso de reposición interpuesto por el ejecutante contra el anterior Auto del mismo Juzgado de fecha 8.6.2009), autos por despido núm. 71/86, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos íntegramente el mismo. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a esta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días

siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en los números 2 y 3 del Art. 219 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del texto procesal laboral, todo el que (a excepción de los trabajadores o causahabientes suyos, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, quienes gocen del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos dependientes de todos ellos) intente interponer recurso de casación, consignará como depósito la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tiene abierta en el Banco Español de Crédito-BANESTO-, en la Oficina núm 2015, sita en Ronda de Sant Pere, n.º 47, n.º 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

En caso de recurso de casación, la consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO, en la oficina indicada en el párrafo anterior, n.º 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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