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Sentencia T.S.J. País Vasco de 5 de octubre de 2010


 RESUMEN:

Lesiones permanentes no invalidantes: Desestimación. Hipoacusia inducidad por el ruido, pero no consta acreditado que el actor en el desarrallo de su profesión de encofrador esté sometido a un nível de ruido superior al reglamentario. La hipoacusia no puede ser calificada como profesional, por tanto no procede el reconocimiento de lesión permanente no invalidante.

N.I.G. 20.05.4-09/004429

SENTENCIA N.º:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a cinco de octubre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. EMILIO PALOMO BALDA y, D.ª ELENA LUMBRERAS LACARRA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto por D. José, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número uno de los de Donostia-San Sebastián, de fecha veintiocho de abril de dos mil diez, dictada en los autos núm. l1066/09, seguidos a su instancia, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ASEPEYO, y CONSTRUCCIONES AMENABAR S.A., sobre Prestación por lesiones permanentes no invalidantes (AEL).

Es Ponente el/la Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1).- D. José viene prestando sus servicios para la empresa Construcciones Amenabar, S.A. desde el 1 de abril de 2.004, con la categoría profesional de oficial 1.ª

2).- D. José padece en la actualidad hipoacusia neurosensorial bilateral de origen común, no derivado de enfermedad profesional.

3).- Se ha realizado la previa reclamación administrativa, habiendo sido la misma desestimada mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 15 de octubre de 2.009.

Segundo.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que desestimo la demanda de D. José contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Asepeyo y Construcciones Amenabar, S.A y declaro que la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 28 de agosto de 2.009, es conforme a derecho, debiendo las partes pasar por esta declaración; y absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social, Asepeyo y Construcciones Amenabar, S.A. de los pedimentos de la demanda.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso por el demandante recurso de suplicación, que fue impugnado por la Mutua demandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El problema que se suscita en el presente recurso de suplicación consiste en determinar si la pérdida de audición que padece el hoy recurrente, oficial de 1.ª en el sector de la construcción, tiene origen profesional.

La sentencia de instancia ha dado una respuesta negativa a esta cuestión y, consiguientemente, ha negado el derecho del actor a la prestación de lesiones permanentes no invalidantes solicitada en la demanda que dio inicio al proceso. Fundamenta el juzgador su decisión en que los informes aportados ponen de manifiesto que la hipoacusia neurosensorial bilateral tiene carácter degenerativo, al no poderse establecer una relación causal con el ejercicio de su actividad laboral en la empresa codemandada, e incumbir al demandante la carga de la prueba de ese nexo.

La anterior resolución ha sido impugnada por el trabajador mediante dos motivos. Uno, con base en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, tendente a la revisión de su relato fáctico; otro, con apoyo en el apartado c) del propio precepto procesal, para denunciar la infracción de los artículos 116 y 150 de la Ley General de la Seguridad Social y 46 de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969, en relación con el baremo número 9 del Anexo de dicha Orden.

Segundo.-El motivo primero propone una triple modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia en los términos que a continuación se exponen.

I.- La primera rectificación que se solicita afecta al ordinal segundo en el que se dice que la hipoacusia neurosensorial bilateral es "de origen común, no derivado de enfermedad profesional", y lo que interesa la recurrente es su supresión, por haberse consignado como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implican la predeterminación del fallo.

No puede acogerse esta petición, no sólo por estar huérfana de apoyo probatorio, sino porque aun siendo cierto que la relación de probanzas no debe contener valoraciones de carácter jurídico predeterminantes del fallo, como la que figura en el ordinal impugnado que implica, por un lado, el haber valorado e interpretado previamente determinadas circunstancias de hecho y normas legales y, tras los razonamientos jurídicos oportunos, aplicarlas al supuesto enjuiciado para llegar a tal resultado, y obliga, por otro, a resolver de acuerdo con lo que él se dice, prejuzgando la decisión que se ha de tomar, tal irregularidad carece de relevancia para la decisión del recurso, pues la consecuencia que de ello deriva es que tal juicio de valor deba tenerse por no puesto, con lo que se consigue el mismo efecto perseguido por el recurrente, siendo la vía del examen del derecho aplicado la adecuada para impugnar la conclusión jurídica a la que llega el juez de instancia.

II.- En segundo lugar, con sustento en el informe de vida laboral y en el informe elaborado por la mercantil codemandada sobre el nivel de ruido existente en su puesto de trabajo, se postula la inclusión en la versión judicial de los hechos de un nuevo apartado del siguiente tenor: "el demandante lleva trabajando en empresas de la construcción desde 1986, soportando ruidos de la maquinaria utilizada (bomba de hormigonado y vibraciones, martillo, taladros, rotaflex, sierra circular, martillo neumático, etc.)".

Son varias las razones que justifican su rechazo. Por una parte, lo que acredita el informe laboral invocado es que desde la fecha señalada el actor ha prestado servicios para diferentes empresas de construcción, pero no que en su ejecución estuviese sometido al ruido de manera permanente ni el nivel de exposición.

Por otra, el dato que se quiere introducir carece de trascendencia decisoria: el hecho de que el uso de las herramientas empleadas los trabajos de encofrado, ferrallado y hormigonado (que son los que según consta en el documento empresarial alegado realiza el actor, al menos desde el 1 de abril de 2004) provoque ruido no tiene virtualidad para alterar el sentido del fallo de instancia, habida cuenta que para que a la merma auditiva se le pueda atribuir origen profesional es preciso, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, que el afectado realice "trabajos que exponen a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente sea igual o superior a 80 decibelios", por lo que el hecho de que el actor, en su actual puesto de trabajo, esté expuesto, de manera ocasional, a ruidos cuyo nivel no precisa, es una circunstancia irrelevante a los fines expresados.

Por último, el texto propuesto omite una circunstancia consignada en el informe empresarial citado que resulta trascendente para la decisión del litigio, cual es que las mediciones del ruido generado por las herramientas manejadas por el demandante arrojan un resultado de 74,1 decibelios. Se olvida, así, que según doctrina jurisprudencial, aplicada reiteradamente por esta Sala, el cauce procesal escogido sólo permite la incorporación en plenitud de las circunstancias consignadas en el elemento probatorio designado, tanto en los aspectos que fueran favorables a la tesis defendida en el recurso, como en los que le fueran adversos, ya que, de otro modo, lejos de conseguirse enriquecer las bases fácticas, se alejarían éstas de la realidad, con resultado no querido por el derecho.

Además, ese dato desvirtúa los argumentos deducidos en el recurso en relación a las consecuencias del supuesto vacío probatorio ocasionado por la falta de aportación de tales mediciones por parte de Asepeyo o del servicio de prevención de riesgos laborales (que en todo caso no consta se hubiesen realizado, sin que la parte actora formulase protesta alguna por su no presentación ni hiciese referencia alguna en la demanda al nivel de ruido al que está expuesto).

Resta por añadir que, la parte recurrente, en el escrito de formalización argumenta al margen del contenido del documento empresarial que invoca, dando por acreditado lo contrario que en él figura, afirmando que "es conocido" que el nivel de ruido de las herramientas es superior a los 80 decibelios, lo que constituye una mera alegación de parte carente de cualquier fundamento y que no tiene reflejo en la redacción propuesta, por lo que no puede desplegar eficacia alguna, como tampoco los razonamientos relativos a la presunción de que los niveles sonoros están por encima de 80 decibelios, al existir prueba directa de que no alcanzan ese umbral.

III.- Distinta suerte debe correr la tercera variación instada en el motivo en examen, al objeto de que el relato fáctico se complete con un nuevo ordinal en el que se deje constancia de los resultados de la audiometría practicada el día 23 de enero de 2009 por el Servicio de ORL del Hospital de Zumarraga, recogidos en el dictamen propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades de 25 de agosto de 2009, que son los siguientes: oído derecho: 10/500, 10/1000, 15/2000, 45/4000; oído izquierdo: 15/500, 15/1000, 10/2000, y 65/4000, pues así se constata en los documentos alegados, cuyo contenido no resulta enervado por otros de signo contrario. Por el contrario, no procede incluir el diagnóstico de "hipoacusia de percepción bilateral de trauma sonoro", pues el hecho de que en el informe médico de referencia se indique que la hipoacusia neurosensorial es "compatible con traumatismo sonoro crónico" no significa que se pueda considerar acreditada su etiología laboral, máxime cuando no se ha probado que el nivel de ruido soportado en el trabajo supere el reglamentariamente exigido.

Tercero.-El segundo motivo no merece favorable acogida, pese a que la escasa fundamentación de la sentencia impugnada y la falta de referencia explícita a los elementos de juicio en los que se basa para afirmar que la hipoacusia es de origen común, haga difícil la comprensión de las consideraciones que han llevado al Juzgado de lo Social a desestimar la demanda.

Las razones que conducen a la Sala a rechazar el motivo de censura jurídica y a confirmar la decisión del órgano de instancia de desestimar la demanda rectora de autos son las que seguidamente se exponen.

1.ª) La prestación por lesiones permanentes no invalidantes aparece regulada en los artículos 150 a 152 de la Ley General de la Seguridad Social y en los artículos 46 a 50 de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969, otorgándose únicamente si tienen su origen en el trabajo desempeñado. El Baremo Anexo de la meritada Orden contiene la relación de secuelas indemnizables y la indemnización que a cada una de ellas corresponde, estableciéndose en el epígrafe núm. 9 una indemnización de 1.500 euros a favor de quien padezca "hipoacusia en ambos oídos que no afecta a la zona conversacional de ninguno de ellos".

2.ª) La concesión de la citada prestación por la contingencia de enfermedad profesional está condicionada a que la hipoacusia merezca esa consideración, estableciendo el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre - Anexo I, grupo 2, agente A, subagente 01 - que para que la sordera pueda ser calificada como tal debe ser provocada por el ruido, lo que excluye a la que tenga su origen en otros factores, y, en que en su trabajo, el afectado ha de estar sometido a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente sea igual o superior a 80 decibelios. Sólo si concurren ambos presupuestos se presumirá la existencia de nexo causal entre el ambiente sonoro en que se ha desarrollado la prestación de servicios y la hipoacusia, sin que sea necesario probar que ésta ha sido causada por el ruido de origen laboral.

3.ª) El juego de la presunción legal resultante de la inscripción de la hipoacusia en el listado de enfermedades profesionales no alcanza, por tanto, a los elementos básicos en que se sustenta, como aclara la sentencia de 24 de junio de 2004 (RJ 4984), de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Ello supone que el trabajador debe acreditar no sólo que la hipoacusia ha sido causada por el ruido, sino que el nivel sonoro de su trabajo supera el umbral reglamentariamente fijado.

4.ª) En el presente caso, se puede admitir que la hipoacusia del actor ha sido inducida por el ruido, como dictaminó el Servicio de ORL del Hospital de Zumarraga, pues el trazado de la gráfica audiométrica responde a los patrones típicos de la hipoacusia por exposición a ese factor de riesgo, al ser neurosensorial y bilateral y existir un escotoma a 4000 Hz en ambos oídos, aun cuando no se aprecie total simetría, y no haberse alegado ni acreditado la existencia de otras patologías que expliquen la pérdida de capacidad auditiva (aunque en el informe del facultativo de la Mutua obrante al folio 95 se afirme que la pérdida de la frecuencia 4000 en el oído derecho es fisiológica), pero falla el segundo de los requisitos exigidos, al no haberse acreditado en el proceso que el actor, en el desarrollo de su actividad profesional como encofrador, soporte un ambiente ruidoso continuo que llegue al mínimo reglamentario.

Consiguientemente, no habiéndose incorporado ese dato en trámite de suplicación, resulta improsperable la censura jurídica que se formula, sin que tal déficit probatorio pueda suplirse con las especulaciones que se realizan en el desarrollo del motivo en relación con el alto nivel de ruido existente en las obras de construcción, sin distinguir el ruido ambiental general del soportado en los diferentes puestos de trabajo. Es más, el único elemento probatorio practicado al respecto pone de relieve que el actor sólo está expuesto al ruido cuando utiliza herramientas eléctricas y de corte y que el ruido soportado no alcanza los 80 decibelios.

La falta de uno de los elementos necesarios para poder conceptuar la hipoacusia del demandante como enfermedad profesional impide el reconocimiento de la prestación solicitada por tal contingencia, lo que acarrea la desestimación del recurso.

Cuarto.-Atendiendo a lo preceptuado en el artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, no procede imponer al demandante las costas causadas por su recurso, al no apreciarse temeridad en su interposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. José, frente a la sentencia de fecha 28 de abril de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Donostia en proceso sobre Prestación por lesiones permanentes no invalidantes, confirmando lo en ella resuelto. Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 300 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1681-10.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000-66-1681-10.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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