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Sentencia T.S.J. País Vasco de 5 de octubre de 2010


 RESUMEN:

Incidente concursal: Nulidad de actuaciones. Inadmisión de prueba documental. Desestimación. Enel incidente concursal la prueba documental se ha de acompañar con el escrito de demanda, no procediendo su aportación en el acto de juicio.

 

N.I.G. 48.04.2-09/009321

SENTENCIA N.º:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 5 de octubre de 2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. MODESTO IRURETAGOYENA ITURRI y D.ª ELENA LUMBRERAS LACARRA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto por Evelio contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. 2 de los de BILBAO de fecha dieciocho de Febrero de dos mil diez, dictada en proceso sobre MER, y entablado por Evelio frente a DEUSTO 2000 S.L.

Es Ponente el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a D./ña. ELENA LUMBRERAS LACARRA, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"1.º- Dentro del concurso de la sociedad Deusto 2000 SL, se tramitó expediente del artículo 64 LECO n.º 288/2009 en el que se dictó auto el 16 de noviembre de 2.009, que disponía la extinción colectiva de las relaciones labores y se declara como hecho probado que D. Evelio tenía una antigüedad desde el 1 de abril de 2.003.

2.º- D. Evelio trabajó para la entidad Centro Serigráfico Basauri desde el 21 de noviembre de 2.000 hasta el 1 de abril de 2.003, momento en el que fue contratado por Deusto 2000 SL".

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

1.- DESESTIMAR LA DEMANDA de D. Evelio, representado por la Procuradora Dña. Marta Escurra Fontan, frente a la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de Deusto 2000 SL, la propia DEUSTO 2000 SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. M.ª Elida Cerdeira Ricoy, y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL; absolviendo a los demandados de los pronunciamientos contenidos en la demanda.

2.- Tener por desistidos a DÑA. Natalia, D. Torcuato, D. Abelardo, DÑA. Angustia, DÑA. Guadalupe, DÑA. Soledad, DÑA. Catalina, DÑA. Marcelina, DÑA. María Teresa, DÑA. Erica y DÑA. Pura, representados por la Procuradora Dña. Marta Escurra Fontan, de la demanda planteada por los mismos frente a la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de Deusto 2000 SL, la propia DEUSTO 2000 SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. M.ª Elida Cerdeira Ricoy, y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL; pudiendo plantear nuevo juicio sobre el mismo objeto.

3.- NO SE HACE pronunciamiento respecto a las costas".

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que no fue impugnado.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao se dictó sentencia el día 18 de febrero de 2.010 en incidente concusal en la que se desestimaba la demanda presentada por D. Evelio en la que se solicitaba se modificara la fecha de su antigüedad a los efectos del concurso de la sociedad Deusto 2000, SL.

Frente a dicha sentencia el Sr. Evelio interpone recurso de suplicación que basa en los tres motivos previstos en el artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Segundo.-Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma contemplado en el art. 191.a) de la LPL, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.º) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine la indefensión del afectado, (STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración del art. 24 de la Constitución (STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción (STC 89/1986 de 1 de julio).

2.º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se denuncia, (SS del tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1.988 y 6 de junio de 1.990).

3.º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, (sentencias del Tribunal Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo).

4.º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma.

Tercero.-El Sr. Evelio solicita la nulidad de las actuaciones entendiendo que se le ha causado indefensión porque el Juez en el acto de la vista inadmitió la prueba documental presentada en dicho momento.

Tal y como se desprende del desarrollo de las actuaciones, en la demanda, instada por el Sr. Evelio y otros trabajadores de la sociedad Deusto 2000, SL, se pretendía la modificación de la fecha de antigüedad de los mismos a los efectos del concurso de la mercantil, de tal forma que se tuviera en cuenta la fecha de su contratación por la empresa Vacum Metal, a la que habría sucedido Deusto 2000, SL. Habiendo desistido de su demanda el resto de los trabajadores, el Sr. Evelio en el acto de la vista del incidente concursal solicitó que se tenga en cuenta su antigüedad desde que fue contratado por la empresa Centro Serigráfico Basauri, SL, y no por Vacum Metal, aportando en dicho acto la documental que estimó oportuna en apoyo de sus pretensiones. Dicha documental fue inadmitida por el Juez de instancia por no aportarse en el momento procesal oportuno.

El incidente concursal, figura creada por el legislador al amparo de la modificación de la normativa concursal experimentada con la ley 22/2003, es el cauce previsto (como expresamente dispone el Art. 192 LC) para todas las cuestiones que se susciten en el ámbito de la tramitación del concurso y para las cuales la ley no haya señalado un trámite concreto. El artículo 194 regula el incidente concursal que podríamos denominar común, reservándose el artículo 195 para la regulación del incidente concursal en materia laboral. El incidente del 194 se iniciará con una demanda que debe reunir la forma prevista en el artículo 399 de la LEC. Admitida a trámite, se dará traslado a las partes par su contestación en el plazo común de diez días y en la forma prevenida en el artículo 405 de la LEC. Contestada la demanda, el proceso continuará conforme a los trámites del juicio verbal de la LEC, salvo en lo relativo a la celebración de la vista. Sólo habrá vista si lo han solicitado las partes y previa declaración de pertinencia de los medios de prueba anunciados. Por tanto, debe tenerse muy presente en este punto la importancia de anunciar la prueba de que intenten valerse las partes ya desde el momento de sus primeros escritos de demanda y contestación, a los efectos de que el Juez pueda valorarla, decidir sobre su admisión y pertinencia, así como para resolver sobre la celebración o no de la vista, con la importante consecuencia de la preclusión de la posibilidad de presentar prueba fuera de ese plazo. Es importante resaltar en este punto que la prueba documental debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes. Hay que acompañar físicamente los documentos al expediente judicial, sin que baste su designación o simple remisión a los autos principales del concurso donde ya pudieran constar.

Como apreciamos, la única especialidad que se fija es el referente a la contestación a la demanda, la cual ya no se hará de forma oral en el acto del juicio, sino que se anticipa a ese acto y se exige que se ponga por escrito. En lo demás el proceso es el que impone la normativa procesal general, disposiciones que se aplican en todo lo referente a la prueba por cuanto así lo determina la disposición final quinta y el apartado X de la Exposición de Motivos de la nueva Ley Concursal.

De tal forma que en cuanto a la prueba documental y siguiendo las disposiciones generales de los artículos 264 y siguientes LEC, debe acompañarse con los escritos iniciales de las partes, de tal forma que la actora deberá aportarlos en su demanda, precluyéndole el plazo para hacerlo con este trámite (Art. 136 y 272 LEC), a salvo las excepciones previstas en el Art. 270 LEC. El incidente concursal, es un proceso judicial propio, independiente, con su propia tramitación, con su propia prueba, en el que no es suficiente con hacer mención a lo que acontece en el proceso concursal del que deriva, sino que se impone el traer físicamente toda la prueba de que intente valerse la parte.

A la vista de lo expuesto debemos ratificar la decisión adoptada por el Juez mercantil al inadmitir la prueba documental aportada por la parte demandante en el acto del juicio sin justificación alguna sobre la imposibilidad de su aportación en momento procesal anterior.

Cuarto.-En segundo lugar el trabajador alega como motivo de recurso el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral para solicitar la modificación de los hechos probados de la sentencia de instancia.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional (Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente (artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

El Sr. Evelio solicita la modificación del hecho probado primero y la adición de dos nuevos hechos probados, si bien no se cita documental alguna en apoyo de su pretensión que por lo tanto debe desestimarse.

Quinto.-El artículo 191-c) de la Ley de Procedimiento Laboral recoge, como motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 191 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

Sexto.-El trabajador recurrente dedica los dos siguientes motivos del recurso a la denuncia de la infracción de normas sustantivas por la sentencia de instancia sin cita expresa de la normativa infringida, lo que de por sí conduciría sin más a la desestimación de los motivos esgrimidos. No obstante, procedemos a su examen para evitar indefensión a la parte.

En el motivo tercero vuelve a reproducir las alegaciones efectuadas sobre la inadmisión de documentos en el momento de la vista oral solicitando de nuevo la admisión de los mismos, debiendo aquí tenerse en cuenta la fundamentación expuesta sobre la necesidad de aportar la documental con la presentación de la demanda, sin que se advierta en la sentencia la infracción normativa denunciada.

En el último motivo del recurso argumenta sobre la sucesión empresarial habida entre Centro Serigráfico Basauri y Deusto 2000, SL, sobre lo que no se ha practicado prueba alguna y que por tanto debe ser desestimado.

Séptimo.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.1 LPL, en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede la imposición de costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.


FALLAMOS


 
ue desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por D. Evelio frente a la sentencia de 18 de febrero de 2010 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao, en autos de incidente concursal 14/10 seguidos frente a la Administración Concursal de DEUSTO 2000, SL, Deusto 2000, SL y el Fondo de Garantía Salarial, confirmando la sentencia recurrida, sin imposición de las costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 300 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1711-10.

B) Si se efectúan a través de tranferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000-66-1711-10.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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