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Sentencia T.S.J. Madrid 644/2010, de 11 de octubre


 RESUMEN:

Contrato de trabajo para obra o servicio determinado: Ayuntamiento. Fraude de ley por no concurrir la temporalidad requerida. La existencia de subvención no es un elemento, por sí mismo,  determinante de la temporalidad. Hay que atender a la actividad en sí misma. La participación en el programa educativo es una actividad que responde a necesidades permanentes de la comunidad.    Extinción del contrato:La externalización del servicio no es causa legal de extinción. Despido improcedente

SALA DE LO SOCIAL SECCIÓN: 6

MADRID

C/ GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS/ NUM. 27

Tfno. 91.493.19.46

N.I.G. 28000 4 0000621 /2001

40126

ROLLO N.º: RSU 2588-10

TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECURSO SUPLICACIÓN

MATERIA; DESPIDO.

Jzdo. Origen: JDO. DE LO SOCIAL N. 32 de MADRID

Autos de Origen: DEMANDA 1556-09

RECURRENTE/S: AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA

RECURRIDO/S: Almudena

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

En MADRID a once de octubre de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON BENEDICTO CEA AYALA, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA n.º 644

En el recurso de suplicación n.º 2588-10 interpuesto por el Letrado GRACIA MATEOS RUIZ en nombre y representación de AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 32 de los de MADRID, de fecha 16.12.09, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que según consta en los autos n° 1556-09 del Juzgado de lo Social n° 32 de los de Madrid, se presentó demanda por Almudena contra, AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA en reclamación de DESPIDO, y que en su día se celebró el acto de La vista, habiéndose dictado sentencia en 16.12.09 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Almudena contra el Ayuntamiento de PEDREZUELA debo declarar y declaro la improcedencia del despido y condeno a la empresa demandada a la inmediata readmisión del actor o, a elección de aquéllas, a que le indemnice con la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (4.829,55 EUR) euros y en ambos casos al abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta el 1 de septiembre de 2009 a razón de 58,54 euros, que comporta, la suma de 234,16 euros".

Segundo.-En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

Primero.-La trabajadora demandante ha prestado servicios para el Ayuntamiento de Pedrezuela desde el 3 de septiembre de 2007 con la categoría de Educadora para el programa Municipal de Casa de Niños-Escuela Infantil, con un salario mensual de 1.756,45 Euros brutos/mes con prorrata de pagas extras por contrato a tiempo completo de duración determinada por obra o servicio hasta fin de obra.

Segundo.-Su labor profesional como educadora para primer ciclo de educación infantil se desarrollaba en la Escuela infantil- casa de niños, sita en Travesía de la Nevera 1 de Pedrezuela.

Tercero.-Dicho centro forma parte de la red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, es de titularidad municipal y ha venido gestionándose de forma directa por el Ayuntamiento da Pedrezuela en el marco de los convenios de colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid como Administración titular educativa.

Cuarto.-El último de estos convenios es de fecha 25 de marzo de 2009, extendía su ámbito temporal de aplicación hasta el 31 de agosto de 2009 y tenía por objeto regular la colaboración entre la Comunidad de Madrid-Consejería de Educación (C.A.M) y el Ayuntamiento de Pedrezuela en materia de educación infantil para garantizar la coordinación, el funcionamiento y financiación de los centros y servicios de educación infantil de titularidad municipal.

Quinto.-Este convenio se firma al amparo del Decreto 134/2008 de 28 de agosto de la C.A.M por el que se regula la financiación pública el primer ciclo de educación infantil y en el se prevé que las escuelas infantiles y Casas de niños, que formen parte de la red pública podrán gestionarse directamente por las administraciones titulares de los centros o de forma indirecta, por medio de contrato de gestión de servicio público.

Sexto.-Al amparo del Decreto 134/2008 que prevé la posibilidad de que la C.A.M pueda suscribir con las Corporaciones Locales convenios de colaboración que tengan por objeto de la creación, y el funcionamiento de escuelas infantiles de titularidad pública, se aprueba por Orden 4382/2009 de 24 de septiembre, el cambio de domicilio y la nueva denominación específica de la escuela municipal que pasa a ubicarse en la Calle de la Cultura con el nombre de "El Pocito" y por Decreto 39/2009 de 22 da octubre del consejo de Gobierno se crea la Escuela Infantil-Casa de niños "Los sueños" sita en la Travesía de la Nevera n° 1.

Séptimo.-El Ayuntamiento de Pedrezuela en ejercicio de la facultad de gestión prevista en el Decreto 134/2008 previo procedimiento de contratación administrativa, optó por adjudicar la gestión de la escuela infantil de Pedrezuela a la entidad mercantil ATREYU BLOTA CARIO S.L, por contrato plurianual de gestión de servicio educativo público de fecha 7 de septiembre de 2009.

Octavo.-- No existe previsión legal alguna que condicione directa o indirectamente la firma de los convenios de colaboración C.A.M. - Corporaciones Locales ni la financiación pública para la creación y sostenimientos de centros de educación infantil a la externalización del servicio o a la modalidad de gestión indirecta del centro de titularidad municipal como es el caso de la escuela infantil de Pedrezuela.

Noveno.-La prestación de servicios de la educadora demandante formaba parte de la actividad ordinaria, permanente y habitual objeto del Área da educación de la Corporación demandada como administración pública territorial competente para participar y colaborar con la Administración autonómica en materia de educación.

Décimo.-- El Ayuntamiento de Pedrezuela anunció las bases de convocatoria de una plaza de educadora en régimen laboral eventual, mediante el sistema de concurso-oposición libre para la Casa de Niños de Pedrezuela, centro en el que venía trabajando la demandante.

Undécimo.-En fecha 28 de agosto de 2009 le fue notificado el despido mediante carta datada de 17 de agosto donde se le comunicaba la finalización del contrato con efectos de fecha 3 de septiembre de 2009. En dicha carta se alega como motivo de la decisión la finalización por parte del Ayuntamiento de Pedrezuela de la prestación directa del servicio de Escuela Infantil.

Duodécimo.-La actora no ostenta cargo sindical ni representativo alguno.

Decimotercero.-La trabajadora ha intentado la reclamación administrativa previa.

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Recurre en suplicación la entidad demandada AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA Contra la sentencia de instancia, que ha estimado la demanda de la actora sobre despido, declarando su improcedencia.

El primer motivo se ampara en el art. 191.a) LPL y en él se alega la vulneración de los artículos "90, 91, 94 y 97.2 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con los artículos 281, 282, 283, 299, 301, 316, 319 y 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con los artículos 56.1 a y 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, con el artículo 24 de la Constitución Española, y con los artículos 238.3 y 240.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ".

En estrecha relación con el anterior se formula un segundo motivo amparado en el apartado b) del art. 191 LPL en el que se solicita una nueva redacción para el hecho probado 11° del siguiente tenor literal: "En fecha 28 de agosto de 2009 le fue notificado el despido mediante carta datada de 17 de agosto donde se le comunicaba la finalización del contrato con efectos de fecha 3 de septiembre de 2009. En dicha carta se alega como motivo de la decisión la finalización por parte del Ayuntamiento de Pedrezuela de la prestación directa del servicio de Escuela Infantil. A su vez se le indicaba que a partir del día 3 de septiembre tendría disponible la indemnización que por ley le correspondía de 8 días por año trabajado, además de las partes proporcionales por todos los conceptos devengados hasta la fecha de extinción de su contrato. En la nómina del mes de septiembre de 2009 se incluyó, por el concepto de "Indemnizaciones", un total de 933,92 euros".

La queja de la parte recurrente consiste en que la juzgadora habría desatendido la valoración de la prueba propuesta por la demandada, omitiendo la declaración de que la actora había percibido una indemnización por finalización de contrato temporal por importe de 933,92 euros" Así se deduce, en efecto, de la documental que cita, no contradicha por otros medios de prueba, sino antes bien corroborada por el interrogatorio de la actora. Por ello así ha de constar, con independencia de la valoración jurídica que proceda, y el éxito de la adición propuesta pone de manifiesto que no era precisa la articulación del motivo de infracción de normas procesales, siendo así que el recurso de suplicación tolera la inclusión de nuevos hechos probados si se desprenden de modo evidente de la prueba documental, como en este caso sucede.

Segundo.-En el tercer motivo, acogido al apartado c) del art. 191 LPL, se alega la infracción del art. 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, 2 del RD 2720/98, en relación con los arts. 49.1.c) y 56 del propio Estatuto citado. En su desarrollo, con cita de varias sentencias de Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia que carecen de naturaleza jurisprudencial, sostiene la validez del contrato de obra o servicio determinado suscrito por las partes. Para ello aduce que la escuela donde la actora prestaba servicios como educadora formaba parte de la Red pública de Escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, que se había venido gestionando por el Ayuntamiento demandado con base en un convenio de colaboración con la CAM, que expiraba el 31-8-09, y que la extinción del contrato de trabajo de la actora, amparada en la pérdida de vigor del convenio de colaboración y, por tanto, de las subvenciones obtenidas por el Ayuntamiento para la prestación del servicio de Escuela infantil, debe considerarse ajustada a derecho.

Frente a esta argumentación, ante todo debe considerarse que el motivo invocado para despedir a la actora con fecha 28-8-09 no fue la finalización del convenio de colaboración ni la pérdida o extinción de la subvención, sino la decisión del Ayuntamiento de finalizar la prestación directa del servicio de Escuela infantil, pasando a externalizarlo mediante la gestión indirecta por medio de una empresa que se hizo cargo de la ejecución del servicio a partir de 7-9-09. La decisión de dejar de prestar directamente un servicio por parte de una entidad pública no es nunca legitimadora de la extinción de un contrato de obra o servicio determinado, que solamente puede terminar por la conclusión de la obra o servicio. Si el Ayuntamiento optó legítimamente por pasar a un sistema de gestión indirecta, ello debería haber dado lugar, respecto del contrato de trabajo de la actora, bien a la subrogación por parte de la nueva adjudicataria si se cumplían los presupuestos legales y jurisprudenciales para ello, bien a la extinción del contrato por amortización del puesto de trabajo por causas organizativas con sujeción a lo dispuesto en el art. 52. c) y concordantes del estatuto de los Trabajadores.

Por otra parte el contrato era fraudulento en cuanto concertado como de obra o servicio determinado, temporalidad que no debe apreciarse, pues en relación con la dependencia de los contratos de obra o servicio determinado de subvenciones administrativas debe tenerse presente la jurisprudencia constituida por las sentencias del TS de 10-4-02, 19-3-02, 21-3-02, 25-11-02, 25-11-03, 5-5-04, 31-5-04, 24-4-06, 10-11-06, 8-2-07, 1-4-09, 14-7-09, 15-9-09, 10-11-09, entre otras, que matizan la doctrina anterior representada por las sentencias de 11-11-98, 28-12-98, 10-12-99, 30-4-01 y tienen en cuenta la innovación normativa derivada del apartado e) del art. 52 ET, introducido por ley 12/01 de 9 julio. En ellas se ha declarado que la existencia de una subvención no implica un elemento decisivo y concluyente, por sí mismo, de la validez del contrata temporal causal, precisando que del carácter anual del plan, no puede deducirse la temporalidad de la obra o servicio que aquél subvenciona, pues se trata de una concreción temporal que afecta exclusivamente a las subvenciones, no a los servicios básicos quo las mismas financian. Y en el mismo sentido se pronuncia el nuevo apartado e) del articulo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que, al reconocer como causa objetiva de extinción del contrato de trabajo la pérdida o insuficiencia de a consignación presupuestaria o de otro orden de los planes programas que no tengan un sistema estable de financiación, está reconociendo que la financiación en sí misma no puede ser causa de la temporalidad de la relación. En suma, la eficacia de la cláusula de temporalidad está condicionada a que la actividad en sí misma no sea permanente o no pueda adquirir ese carácter en virtud de los condicionamientos derivados de la propia configuración del servicio público, entre ellos, en su caso, la financiación cuando ésta opera como elemento determinante de esa configuración.

Lo decisivo es que se identifique un servicio con autonomía y sustantividad que no sea permanente, no que exista una subvención, y en el caso presente la sentencia de instancia ha declarado que la actividad educacional s ordinaria, permanente y habitual objeto del Área de educación de la Corporación demandada como administración pública territorial competente para participar y colaborar con la Administración autonómica en materia de educación, razonando que las funciones propias de las actividades de participación de la corporación municipal en la programación de la enseñanza y de cooperación con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, interviniendo en sus órganos de gestión, a tenor del art. 25.2 de la ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases del Racimen Local, no pueden considerarse para dicho ente como actividades contingentes o variables, pues responden a necesidades permanentes de la comunidad, por lo que la naturaleza de la prestación debe considerarse indefinida, consideraciones todas ellas que el recurso no intenta desvirtuar.

Por todo ello se ha de desestimar el motivo.

Tercero.-En el cuarto y último motivo, también amparado en el art 191.c) LPL, se alega la infracción de los arts, 49.1.c) y 56.1.a) del ET, en relación con los arts. 1195, 1196 y 1202 del Código Civil respecto a la compensación de deudas, de modo subsidiario respecto del anterior motivo, para mantener que en caso de improcedencia del despido, se ha de reconocer la compensación de deudas restando de la indemnización por despido improcedente la cantidad que ya abonó la entidad recurrente en concepto de indemnización por extinción de contrato temporal, con cita de sentencias del TS de 31-5-06 y 9-10-06 y de algunas Salas de los TSJ.

La doctrina de las citadas sentencias del TS declara que, para que dos deudas sean compensables, es preciso, de conformidad con el art. 1.196 del Código civil, que las dos estén vencidas, que sean líquidas y exigibles, añadiendo que las cantidades que se pretende compensen parte del importe de la indemnización por despido fueron satisfechas en su momento por el empleador como uno de los elementos integrantes de una serie de operaciones que, en su conjunto, se han calificado como contrataciones en fraude de ley, y por ello, no generaron una deuda del trabajador a la empresa, e, inexistente la deuda, obviamente no procede compensación alguna.

A juicio de esta Sala, tal doctrina es trasladable al presente supuesto, sin que constituya diferencia relevante el dato de que en los casos examinados por el TS se tratara de indemnizaciones abonadas por la extinción de contratos precedentes pretendidamente temporales, y en el presente caso se trate de la indemnización abonada por la extinción de un único contrato, extinción que se ha calificado como despido improcedente, pues en todo caso se da el mismo supuesto de contrato temporal en fraude de ley y abono de una indemnización como parte integrante de ese mecanismo fraudulento, según declara la jurisprudencia. Por ello se desestima el motivo y con él la totalidad del recurso, siendo procedente imponer las costas a la entidad recurrente como parte vencida en el recurso, por haber sido desestimado su recurso de suplicación, con arreglo al articulo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, teniendo presente que la Administración - aunque exenta de las obligaciones de constituir depósito y de consignar el importe de la condena por el art. 227.4 LPL - no goza del beneficio de justicia gratuita, conforme al art. 2 de la ley 1/96 de 10 enero y artículo 13.3 de la Ley 52/97 de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, tal como ha declarado la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 26.11.93, 29.9.94, 2.3.05 entre otras).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS:


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 32 de Madrid en fecha 16.12.09 en autos 1556-09 sobre despido, seguidos a instancia de Almudena contra el recurrente, y en consecuencia confirmamos dicha sentencia. La parte recurrente deberá abonar al letrado del actor la suma de 350 € en concepto de honorarios por la impugnación del recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma, sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 219, 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados, que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del deposito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir ésta ultime consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguarde acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c n° 2870 0000 00 2588-10 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Ángel n° 17, 28010 Madrid.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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