Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. País Vasco de 13 de octubre de 2010


 RESUMEN:

Recargo de prestaciones: Falta de medidas de seguridad. Deber de protección del empresario. Deber de implantar todas las medidas de seguridad para evitar la imprudencia no temeraria del trabajador. El empresario tiene el deber de implantar las medidas de seguridad necesarias  y el deber de comprobar que las mismas son efectivamene realizadas.

N.I.G. 01.02.4-09/000746

SENTENCIA N.º:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 13 de octubre de 2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, Presidente en funciones, D.ª ANA ISABEL MOLINA CASTIELLA y D. JUAN CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto por BIDAILAN CONSTRUCCIONES SL contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. tres de los de Vitoria de fecha veintiséis de Febrero de dos mil diez, dictada en proceso sobre AEL (IMPUGNACION RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD), y entablado por BIDAILAN CONSTRUCCIONES SL frente a FREMAP, Prudencio, LIMPRE RESTAURACIONES SL y INSS Y TGSS.

Es Ponente el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a D./ña. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"Primero.- Que el trabajador D. Prudencio, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con el número NUM000, viene prestando sus servicios por cuenta y orden de la empresa BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L., en virtud de contrato de trabajo por obra o servicio determinado a tiempo completo desde el 7 de mayo de 2007, siendo su ocupación la de albañiles y manposteros.

Que la empresa actora tiene concertado el servicio de prevención con el grupo MGO.

Que tiene concertada la empresa actora la cobertura de accidentes de trabajo con la Mutua Fremap.

Segundo.-Que por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se levantó acta de infracción de fecha 22 de julio de 2008, constando a los folios 212 y siguientes de los autos, dándose íntegramente por reproducida, y en la que, a la vista del informe de OSALAN y del informe emitido por el servicio de prevención MGO, hace constar que el accidente se produjo con fecha 15 de mayo de 2008 cuando el trabajador Sr Prudencio se encontraba realizando junto con otros dos compañeros implantación de protecciones colectivas de la cubierta y de la andamiada, ejecutándose una doble tirada con el cable de acero en la parte baja del faldón de cubierta paralelo a la fachada formalizando así un quitamiedos. Que cada uno de sus dos compañeros se encontraba colocando los cáncamos de fijación a las chimeneas de ambos lados de la plataforma de acceso, mientras que el Sr. Prudencio portaba la bobina de cable de acero que debía ser tendida en ambos tramos.

Que el trabajador accidentado accedió desde la cubierta a la plataforma del andamio a coger una caja de herramientas y, por algún motivo, se le cae la bobina de cable que portaba y, en el ademán de cogerla, pierde el equilibrio y cae desde la cubierta inclinada a la terraza del piso inferior, a los pies del lado derecho de la andamiada.

Que el trabajador Sr. Ceferino era el encargado de amarrar el cable a una de las chimeneas, llevando el trabajador accidentado colocado el correspondiente arnés pero sin fijarlo al sistema de línea de vida existente, portando también calzado de seguridad y no portando caso de barbuquejo.

Que se recogen en el acta las infracciones o incumplimiento de la empresa actora como proponiendo que se le imponga una sanción de 8.196 euros, entendiendo responsable solidaria también a la empresa LIMPRE RESTAURACIÓN S.L., en su condición de contratista principal de la obra en que se produjo el accidene, contratando ésta directamente con la comunidad de propietrios del inmueble de la C/ DIRECCION000 números NUM001, NUM002 de esta Ciudad, y existiendo una subcontratación tácita de ésta con la empresa BIDAILAN CONSTRUCCIONES, S.L.

Tercero.-Que constan en los autos el informe de OSALAN y de la Empresa o servicio de prevención ajena grupo MGO, dándose íntegramente por reproducidas.

Cuarto.-Que por resolución del Departamento de Justicia Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco de fecha 15 de octubre de 2008 se procede a imponer a la empresa hoy actora por una sanción grave el importe del 8.196 euros, con responsabilidad solidaria de la empresa LIMPRE RESTAURACIONES, S.L.

Que interpuesta por la empresa actora recurso de alzada, se dictó por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, diligencia de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, por estar pendiente de resolución procedimiento penal incoado por el accidente sufrido por el trabajador Sr. Prudencio.

Quinto.-Que consta en los autos atestado de la Policia Municipal de esta ciudad sobre el accidente, incoándose diligencias previas por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de esta ciudad, procedimiento abreviado n.º 96/2009.

Sexto.-Que por la Dirección Provincial del INSS, se dictó resolución por la que se acordaba instruir procedimiento por falta de medidas de seguridad, dando traslado a la empresa hoy actora, quien presentó las alegaciones que constan en expediente administrativo, dictándose resolución de fecha 10 de octubre de 2008 por el que se reconoce la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo de la empresa BIDALAIN CONSTRUCCIONES S.L., en el accidente sufrido el 15 de mayo de 2008 por el trabajador D. Prudencio, así como la responsabilidad solidaria de la empresa LIMPRE RESTAURACIONES, S.L., declarando la procedencia de que todas las prestaciones de seguridad social derivada de dicho accidente sean incrementadas en un 30% con cargo a las referidas empresas.

Que interpuesta reclamación previa por la empresa hoy actora frente a la referida resolución, la misma fue desestimada por resolución definitiva de la Dirección Provincial del INSS de Alava de fecha 26 de enero de 2009.

Séptimo.-Que el trabajador Sr. Prudencio a consecuencia del accidente estuvo en situación de IT desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de diciembre de 2008.

Octavo.-Que consta en los autos documental aportada por la empresa actora junto con el escrito de demanda, la formación recibida por el trabajador Sr. Prudencio, dándose por reproducida.

Noveno.-Que no existía en la realización del trabajo referido recurso preventivo, no poseyendolo el trabajador Sr. Ceferino ".

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que desestimando la demanda interpuesta por D. José Guedes Monteiro en nombre y representación de la empresa BIDEILAN CONSTRUCCIONES, S.L., frente al INSS, TGSS, FREMAP, el trabajador D. Prudencio, y frente a la empresa LIMPRE RESTAURACIONES S.L., debo absolver y absuelvo a las codemandadas de los pedimentos formulados en su contra, confirmando la resolución impugnada".

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Social n.º 3 de Vitoria dictó sentencia el 26-2-10 en la que desestimó la demanda interpuesta por la empresa en la que se impugnaba el recargo que sobre prestaciones de Seguridad Social se había impuesto por la entidad gestora por causa de omisión de medidas de seguridad respecto al AT acontecido el 15-5-08, cuando el operario de la recurrente, Bidailan Contrucciones, S.L., cayó concurriendo una situación de IT que comprendió hasta el 10-12-08. La Magistrada recurrida argumenta que no basta con la concurrencia de una posible imprudencia del trabajador respecto al deber de cuidado de su prestación de servicios para exonerar a la empresa de la responsabilidad que establece el art. 123 LGSS, puesto que el descuido o el exceso de confianza deben ser contemplados a la hora de fijar el umbral de la garantía de indemnidad.

Segundo.-Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, y lo hace en dos motivos, dedicando el primero de ellos, por la vía del apdo. b) del art. 191 LPL, a revisar el hecho probado segundo.

Para que prospere una revisión de los hechos no sólo es necesario que la parte instrumentalice el motivo por medio de prueba idónea: documental o pericial (art. 191 L.P.L); sino que se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditanto error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquélla que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte, que, lógicamente, representa un interés sectario, en uso de su legítimo derecho de defensa. Así, es el juzgador quien encarna la facultad soberana de interpretar los hechos desde la probanza llevada a cabo por las partes, que se plasma en el relato de hechos que se consigna. Sus deducciones es quien recurre el que debe impugnarlas de forma eficaz y veraz, sin dejar lugar a la duda o al cuestionamiento, ya que ante ella es primada la labor del juzgador de instancia; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea transcendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

Desde lo anterior, hemos de realizar diversas consideraciones relativas a la revisión: en primer término, el hecho octavo de la sentencia recurrida señala la formación recibida por el trabajador; segundo, en el noveno se niega la realización del cometido de recurso preventivo por el compañero del accidentado; y, por último, no es posible sustituir el criterio de la instancia por el de la parte, tal y como nos recuerda la impugnación del recurso. En efecto, para obtener las conclusiones del recurrente debemos realizar una pluralidad de conjeturas y deducciones, impropias de la revisión (TS 8-10-09), e igualmente obviar extremos que se han deducido por la Magistrada recurrida, y en concreto no se han impugnado como son los que hemos resaltado. No olvidemos que la facultad de valorar en su integridad y conjunto la prueba practicada corresponde a quien preside la vista, por establecerlo de esta manera el art. 97 LPL (TS 7-3-03), y es por ello que debe desestimarse este primer motivo.

En el segundo se alega la infracción del art. 123 LGSS, y se viene a señalar, básicamente, que la empresa cumplió con todos los medios de seguridad que le eran exigibles, y facilitó tanto los equipos de protección individual, como la formación adecuada. Para resolver la cuestión debemos partir de los mismos postulados doctrinales que ofrece la sentencia recurrida, recordando, tal y como lo hace la sentencia del TS de 26-5-09, que la garantía de seguridad que establece el art. 40,2 de la CE, obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, de conformidad a la normativa europea, significativamente la Directiva 86/391, y su plasmación en la Ley 31/95, en relación al Convenio 155 de la OIT de 22-6-1981. Ello implica que de conformidad a los arts. 14, 15 y 17 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, se haya concluido (TS 8-10-01), con un deber de protección del empresario prácticamente incondicionado e ilimitado, con la adopción de todas y cada una de las medidas que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran, para evitar la imprudencia no temeraria del trabajador, de manera que aunque todo accidente no lleva consigo la violación de medidas de seguridad, sí que la vulneración de los mandatos reglamentarios de seguridad ha de implicar en todo caso esa responsabilidad cuando existe un resultado lesivo que se origina a causa de estas infracciones. En términos generales se viene indicando que para que concurra el recargo (TS 2-10-00), es necesario que concurra una infracción, que exista una causación de un daño en la persona del trabajador, y que concurra una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso. Partiendo de ello, y concretado al caso que examinamos, lo cierto es que, tal y como se había recogido en el estudio básico de seguridad, la actividad que se llevaba a cabo se efectuaba con alto riesgo respecto a las posibles caídas, y habiendo previsto la presencia de quien ejerciese las funciones de recurso de prevención, sin que conste (hecho probado noveno), que el compañero del trabajador ostentase dicha cualidad, tanto por su formación como por el trabajo encomendado. De otro lado, se utiliza un método distinto al previsto, mediante la utilización de cable, el que no estaba previamente cortado, y requería la deambulación con la bobina del operario siniestrado. A ello se une que no es suficiente utilizar el arnés de seguridad, pues si no existe un efectivo enganche a la línea de vida, prevista y con instrucciones en el plan de seguridad en cuanto a su realidad y obligatoriedad, concurre la infracción, en cuanto que la medida teórica no suplanta su omisión efectiva. Tampoco se llevaba casco, y si la medida primordial para evitar los riesgos de la caída es el cinturón sujeto, el admitir el empleador que el trabajo se lleve a caso sin él, supone una quiebra de la deuda de seguridad, y de la obligación que le compete de acuerdo a los art. 19 y 20 del ET, en relación a los 14 y 15 de la Ley 31/95, que obligan al empresario a adoptar todas las medidas que excluyen y también hayan previsto las irregularidades en el trabajo del operario.

Cuanto se ha referido supone que la empresa ha infringido las medidas de seguridad que debían concurrir, pues aunque tuviésemos la formación del trabajador por suficiente, que para la sentencia recurrida no ha sido así, lo cierto es que la misma no exonera al empleador de la adopción de medidas reales y efectivas, y con mayor rigor en el caso de que el riesgo esté previsto, las concretas medidas a adoptar se hayan seleccionado y previamente fijado, y la adopción, por contra haya sido en grado mínimo, sin comprobar la realización efectiva de las mismas.

Todo lo anterior implica que el exceso de confianza no exonere de manera plena a la empresa de su conducta, y de aquí que se desestime el recurso sustanciado por la empresa y el segundo motivo jurídico, con costas.

Vistos: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Vitoria de 26-2-10, procedimiento 264/09, por don Carlos Chacón Castro, letrado que actúa en nombre y representación de la entidad Bidailan Construcciones, S.A., la que se confirma en su integridad, imponiendo las costas del recurso a la recurrente, cifrándose en 500 euros los honorarios de letrado de cada una de las partes impugnantes, y pérdida de depósitos y consignaciones, a los que se les dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 300 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1712-10.

B) Si se efectúan a través de tranferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000-66-1712-10.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación