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Sentencia T.S.J. País Vasco de 13 de octubre de 2010


 RESUMEN:

Recargo de prestacines: Falta de medidas de seguridad específicas. Porte de cargas de hasta 60 kilos. Medida adoptada, grúa imán, insuficiente, dado que el operario no utilizaba ningún tipo de medida para garantizar el trabajo, y no consta evaluación del riesgo ergonómico de la actividad de hornero. Relación de causalidad entre la no adopción de las medidas necesarias de previsión y el daño producido.

N.I.G. 01.02.4-10/000830

SENTENCIA N.º:

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a 13 de octubre de 2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, Presidente en funciones, D.ª ANA ISABEL MOLINA CASTIELLA y D. JUAN CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación interpuesto por GAMARRA S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Social num. cuatro de los de Vitoria de fecha cuatro de Mayo de dos mil diez, dictada en proceso sobre AEL (RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD), y entablado por GAMARRA S.A. frente a Leoncio y INSS Y TGSS.

Es Ponente el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a D./ña. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"1.º-) El trabajador D. Leoncio, nacido el día 2 de Marzo de 1951, se encuentra afiliado a la Seguridad Social con el N.º NUM000 y ha venido prestando servicios para la empresa Gamarra S.A., con la categoría profesional de oficial metalúrgico habiendo causado alta en la citada empresa el día 26 de Mayo de 1985.

2.º-) La empresa Gamarra S.A. se dedica a la fundición y elaboración de piezas de acero destinadas fundamentalmente a la exportación, en concreto y principalmente la empresa fabrica piezas para tres (así discos de freno) y también pero en bastante menor medida piezas para maquinaria agrícola. En lo que respecta al proceso productivo la materia prima (recortes de piezas elaboradas y chatarra) es fundida en dos hornos, uno llamado de arco, en el que el acero es vertido de una vez, desde cestón (recipiente cilíndrico de 1250 kilos de capacidad que se completa cada hora y media). La chatarra es vertida con imán al cestón y éste es trasladado con grúa puente hasta la boca del horno. El otro horno es uno de los llamados de inducción en los que la materia prima es vertida poco a poco, también con ayuda de un imán.

Una vez alcanzado el punto de fusión adecuado la colada es vertida en grandes moldes metálicos con recubrimiento de arena, llamados cucharas, cuyo contenido es vertido en cajas más pequeñas donde se han introducido previamente piezas de arena llamada machos (de muy diversos pesos, desde 50 gr. hasta tambor que se introduce con grúa; el más grande de los manipulados a mano es el disco, que pesa unos 20 kilos aproximadamente) que introducidos en los moldes sirven para dar la forma deseada a la pieza. A través de sistema hidráulico los moldes, ya preparados con los machos y con la colada en su interior pasan a transitar por circuito para que se enfríen. Después la pieza es desmoldada con brazo hidráulico. La pieza pasa a una zaranda que la va agitando hasta que pierde las arenas. Tras ello se procede al chorreo, limpieza de la pieza con granalla lanzada por medio de turbinas. Se procede después a cortar el llamado bebedero que luego es reutilizado como materia prima. Tras lo cual pasan a ser objeto de una primera operación de rebabado, básica (eventuales pulidos adicionales son llevados a cabo por otras empresas) y en su caso soldadas en orden a reparar pequeños defectos salvo si los mismos afecta a partes esenciales en cuyo caso son desechadas. Las piezas desechadas y la parte de las piezas retirada de éstas por no ser necesaria pasan de nuevo a ser empleadas como materia prima. Las piezas listas son colocadas en palés que luego son transportadas por medio de toro mecánico hasta camión.

3.º-) Mientras estuvo vigente la relación laboral entre el Sr. Leoncio y la empresa el mismo desempeñó diferentes puestos de trabajo, en concreto machero, rebarbador, fundidor colador, abastecedor de hornos de arco y horneo tanto en el horno de arco como en el de inducción.

4.º-) El día 4 de Noviembre de 2004 cuando el actor realizaba las funciones propias de su puesto de abastecimiento de horno (llenado de cestón de chatarra con electroimán), sintió un dolor lumbar al realizar un sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético.

5.º-) El actor venía realizando funciones consistentes en el rellenado de piezas de arena arrastradas por un circuito, realizadas de forma manual y que comportaban un movimiento pendular en posición agachada, levantamiento de piezas hasta el banco con peso aproximado entre cuarenta y sesenta kilos, así como el mantenimiento diario del horno mediante arenas de silicatos trasladadas en carretillas y echadas a palas al horno a través de una boca de tres metros de ancho.

6.º-) La empresa Gamarra S.A. ha contado a lo largo de los años y desde el año 1998 con varias evaluaciones de riesgos.

Una de fecha 30 de Octubre de 1998 en la que no se menciona el procedimiento o método empleado en orden a evaluar los riesgos ergonómicos. En dicha evaluación se puso de manifiesto la existencia de riesgos ergonómicos en todo los puestos referenciados y dio lugar a la adquisición e implantación por parte de la empresa de un electroimán para la carga del cestón para el llenado del horno de arco. Dicho electroimán fue adquirido por la empresa en el mes de Noviembre de 1999. Tras la implantación del mismo no se procedió a realizar evaluación de riesgos del puesto.

Una segunda de fecha 25 de Marzo de 2003 de carácter general que refería la existencia de riesgos ergonómicos en puestos línea 1 parte arriba y línea 1 parte abajo, sin consignar el método de evaluación de riesgos específico empleado, en la misma no se detectó riesgo ergonómico en el puesto de cargador ni tampoco en el puesto de horno de inducción. En dicha evaluación se recoge como medida preventiva la de evitar cargas de más de 25 kg para lo cuál han de utilizarse medios mecánicos y formación en el manejo de cargas.

Una tercera de fecha 3 de Mayo de 2004 con estudio ergonómico de los puestos de trabajo "colocación de machos, arrastre/empuje de carro colocación protaplaca y arrastre/empuje de carros", recogiéndose entre las medidas propuestas la de no superar los pesos de 25 kgs por pieza, ni 10.000 en total a lo largo de una jornada.

Una última evaluación de riesgos ergonómicos es de Enero de 2009, puestos de Loramendi L 25 y moldeadora CT-5 (parte arriba y abajo) y detecta supra riesgos de tipo ergonómico en los puestos evaluados.

7.º-) La empresa a la fecha del accidente del actor no había efectuado evaluación de riesgos ergonómicos con mención del procedimiento o método empleado en orden a evaluar los riesgos ergonómicos, en relación al puesto de abastecedor de hornos, ni había realizado evaluación ergonómica del puesto de hornero.

8.º-) Por Resolución del INSS de fecha 21 de Septiembre de 2006 se reconoció al Sr. Leoncio afecto de una incapacidad permanente total derivda de la contingencia de accidente de trabajo. Dicha Resolución fue impugnada por la Mutua Mutualia recayendo Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 2 deVitoria de fecha 30 de Julio de 2007 en virtud de la cuál se desestimaron las pretensiones de Mutualia. La Sentencia de instancia fue recurrida en suplicación y confirmada por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 6 de Mayo de 2008.

El cuadro residual que fue tenido en cuenta fue el siguiente:

Discreta estenosis del canal lumbar. Discopatía degenerativa L4-L5 y L5-S1. Así como pequeñas hernias foraminales L4-L5 y L5- S1 izquierda. Refiere lumbalgia crónica de características mecánicas y clínica de claudicación neurógena.

Y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes:

Para actividades que impliquen sobrecarga intensa o moderada y mentenida del raquis lumbar, así como para aquellas que impliquen alto-medio requerimiento de marcha.

9.º-) El 16 de Enero de 2009, la Inspección de Trabajo de Álava giró visita a las instalaciones de Gamarra S.A., sitas en la C/ Portal de Vergara N.º 6 de Vitoria, donde se produjo el accidente y tras efectuar las averiguaciones oportunas levantó con fecha 30 de Marzo de 2009 el acta N.º NUM001 de infracción en materia de seguridad y salud laboral por una infracción grave y propuso la imposición de una sanción de 5.000 Euros a la empresa "Gamarra S.A.".

Una copia del acta obra a los folios 60 a 74 de las actuaciones, dándose su contenido por reproducido.

10.º-) Con fecha 1 de Septiembre de 2009 el Delegado Territorial del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social en Álava dictó resolución por la que confirmaba el acta de infracción N.º NUM002 e imponía a la empresa Gamarra S.A. la sanción de 2.046 Euros.

11.º-) La empresa "Gamarra S.A." recurrió en alzada la resolución de fecha 1 de Septiembre de 2009 recurso que resolvió la Delegación Territorial de Álava del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de fecha 12 de Abril de 2010 en virtud de la cuál se desestimaba el recurso de alzada formulado.

12.º-) Asimismo, a instancia de la Inspección de Trabajo se inició expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad, que concluyó con la Resolución de la Dirección Provincial de Álava del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 16 de Septiembre de 2009, por la que se declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador D. Leoncio el día 4 de Noviembre de 2004, y en consecuencia, la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del citado accidente, y de todas aquellas prestaciones de Seguridad Social reconocidas o que se pudieran reconocer en el futuro derivadas del mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en el 30% con cargo a la empresa Gamarra S.A.

13.º-) Disconforme con el recargo, la empresa Gamarra S.A. formuló la preceptiva reclamación previa que fue desestimada por resolución de 16 de Diciembre de 2009, cuyo contenido obra al folio 26 de las actuaciones y que se da por reproducido."

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la empresa GAMARRA S.A. contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y D. Leoncio, y en consecuencia confirmo la resolución de la Dirección Provincial del INSS de Álava de 16/9/2009, absolviendo a los demandados de las pretensiones contra ellos deducidas."

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el Recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Vitoria dictó sentencia el 4-5-10 en la que desestimó la demanda interpuesta por la empresa, relativa a la impugnación del recargo por omisión de medidas de seguridad que se había efectuado sobre el AT acontecido el 11-11-04, y del que derivó entre otras consecuencias la declaración de IPT que reconoció la entidad gestora el 21- 6-06, que impugnada por la Mutua dio lugar a sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Vitoria de 30-7-07, confirmada por esta Sala el 6-5-08. La Magistrada de instancia después de desestimar la prescripción alegada, señala que le consta un incumplimiento de la empresa, al no efectuar una evaluación efectiva del riesgo de sobrecarga dorso-lumbar, siendo que de las evaluaciones efectuadas en los años sucesivos (hecho probado sexto), y concretamente 1998, marzo de 2003 y mayo de 2004, no figura una concreta ponderación de la actividad que realizaba el trabajador siniestrado.

Segundo.-Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, que es la empresa, y lo hace en un único motivo, en el que por la vía del apdo. c) del art. 191 LPL, denuncia la infracción del art. 123 LGSS. En síntesis viene a señalar que de la sentencia recurrida no se deduce el elemento de causalidad entre un incumplimiento empresarial y el daño efectuado, y ello porque en primer término, no consta el suceso profesional, la incidencia de la patología del trabajador, y, por último que la omisión de una evaluación del riesgo haya determinado la consecuencia del accidente.

Desde ahora nos remitimos a la doctrina que especifica la sentencia recurrida, teniendo en cuenta que la deuda de seguridad que contrae el empresario con el trabajador viene establecida a través de un marco normativo de amplia aplicación, y cuya cúspide podemos encontrarla en el Convenio 155 OIT, de 22 de junio, y cuyo art. 16 garantiza que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que se efectúen sean seguros y no entrañen riesgo para la salud y seguridad del operario. También la Normativa Europea, Directiva 86/381, señala la obligatoriedad de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, principio también consagrado en el art. 40,2 CE, y cuya plasmación concreta, en nuestro Ordenamiento, se desarrolla en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, que establece la obligada protección del trabajador, de acuerdo a los arts. 19 y 20 del ET. Con carácter general (TS 26-5-09), se viene indicando que los requisitos de la responsabilidad empresarial por accidente de trabajo son la infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, que se acredite la causación de un daño, y que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso. Partiendo de ello, y del deber de protección que incumbe a todo empresario, arts. 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos, señalaremos dos cuestiones: por un lado, la sentencia recurrida recoge expresamente la situación de IPT reconocida al trabajador por causa de accidente de trabajo; y, segundo, en la misma sentencia se establece el cuadro de lesiones, y la cita de las sentencias que se dictaron para el reconocimiento de dicho grado, y de las que se deduce expresamente tanto la profesión de abastecedor y su contenido, como la declaración específica de IPT por el cuadro de lesiones, con una calificación de accidente de trabajo, que se lleva a cabo de modo específico tras valorarse la incidencia del trabajo y la lesión. Por tanto, los elementos desencadenantes del suceso constan en la sentencia recurrida, y ninguna carencia existe respecto a la posible determinación del recargo.

En efecto, apreciemos que de acuerdo al art 123 LGSS el empresario es responsable de cumplir las medidas de seguridad, y entre ellas está tanto la evaluación de los riesgos, como la adopción de aquellas garantías que impliquen un marco conveniente para la actividad profesional que desarrolla el trabajador. En el caso que examinamos, veamos que el trabajador demandado lleva a cabo una actividad profesional de abastecimiento, que se define por el porte de piezas que oscilan hasta un máximo de 60 kilogramos, en una postura forzada, y ante ello las medidas que se citan tanto en la sentencia recurrida y sobre las que incide el recurso (básicamente la grúa imán), se muestran insuficientes, y lo son, precisamente, porque la descripción de las actividades que desarrolla el trabajador muestran a las claras, según recogió esta misma Sala en la sentencia que confirmó el grado de IPT en el recurso 651/08, de 6-4-08, que el trabajador realizaba de forma manual su actividad, levantando piezas hasta el banco con peso aproximado entre 4.º y 60 kilos. De aquí el que aunque exista evaluación o ponderación de las actividades que se realizaban, lo cierto es que el operario las venía llevando a cabo sin ningún tipo de medida para garantizar el trabajo. Y las medidas existen legalmente, ya no solo por la prevención general a la que está obligado todo empresario, sino porque el RD 487/97, de 14 de abril, establece como obligación general del empleador, art. 3, la adopción de las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada, resaltándose que en el anexo del mismo Reglamento está prevista la situación del riesgo dorso-lumbar, e igualmente el esfuerzo físico. Había existido una prevención respecto al levantamiento de pesos, pero no se adopta la medida, y en la misma prevención se había destacado la necesidad de evitar los pesos, con umbrales respecto a las piezas y portes. Sin embargo, al tiempo en que sucede el accidente descrito en las actuaciones del Juzgado de lo Social n.º 2 de Vitoria, y por esta misma Sala en el recurso que ya hemos citado, lleva a cabo una actividad sin garantías, siendo que la norma reglamentaria las exigía, tal y como puso de manifiesto el acta de infracción, la que con independencia de su presunción de veracidad, muestra una correspondencia con nuestras anteriores sentencias, de las que desde luego es indudable deducir la concurrencia de un AT.

Por tanto, constan los elementos del recargo como son: una infracción, consistente en no adoptar las medidas necesarias tanto en la previsión como en el cumplimiento efectivo relativas al manejo de pesos; un daño que se plasma en la lesión del trabajador; y una causalidad, consistente en una infracción que incide sobre el riesgo que aconteció y actualizó en la persona del trabajador demandado. Desde esta perspectiva, concurre el elemento de causalidad, y ello determina que se desestime el motivo del recurso con costas ante la cualidad que ostenta la recurrente.

Vistos: los artículos citados y los demás que son de general aplicación


FALLAMOS


 
Se desestima el recurso de suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Vitoria de 4-5-10, procedimiento 187/10, por don Pablo Arregui Erbina, letrado que actúa en nombre y representación de Gamarra, S.A., la que se confirma en su integridad, imponiendo las costas del recurso a la recurrente, con pérdida de depósitos y consignaciones, y abono de los honorarios de letrado de cada una de las partes impugnantes, cifrándose en 500 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la

entencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 300 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-1797-10.

B) Si se efectúan a través de tranferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número 0030-1846-42- 0005001274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000-66-1797-10.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del regimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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