Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Pontevedra 332/2010 de 1 de junio


 RESUMEN:

Filiación: Inscripción de la hija biológica extramatrimonial del demandante con los efectos legales inherentes a la declaración de filiación, con el mantenimiento de los apellidos. Prueba biológica: La oposición es un indicio cualificado que permite declarar la paternidad pretendida.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00332/2010

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0004226 /2008

Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO

Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000861 /2007

LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta por los Ilmos. Sres.

Magistrados D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, Presidente; D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO y D. JULIO PICATOSTE BOBILLO, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm.332

En Vigo, a uno de junio de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de JUICIO VERBAL 0000861 /2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO, a los que ha correspondido el núm. de Rollo de apelación 0004226 /2008, es parte apelante-demandado: D. Tomás, representado por el procurador D./.ª M.ª CARMEN LOPEZ DE CASTRO y asistido del letrado D. LUIS ZALARRUQUI NAVARRO; y, apelado- demandante: D./.ª Lucía representado por el procurador D./.ª PURIFICACION RODRIGUEZ GONZALEZ y asistido del letrado D./.ª ELENA MARIA GONZALEZ CASTAÑO; siendo parte el MINISTERIO FISCAL.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JULIO PICATOSTE BOBILLO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3 de Vigo, con fecha 23/04/07, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Purificación Rodríguez González en nombre y representación de Doña Lucía es hija biológica de Don Tomás con los efectos legales inherentes a dicha declaración, debiendo practicarse la oportuna inscripción registral de la filiación, aunque con mantenimiento de los apellidos que hasta ahora ha tenido la señora Lucía.

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada."

Segundo.-Contra dicha Sentencia, por el Procurador D. M.ª del Carmen López de Castro, en nombre y representación de D. Tomás, se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a la Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección Sexta, sede Vigo, señalándose para la del presente recurso el día 01/06/10.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-- Doña Lucía ejercita acción de reclamación de filiación extramatrimonial del art. 133 del CC contra don Tomás. Afirma en la demanda que su madre, María Teresa, y el demandado mantuvieron entre los años 1978 y 1979 una relación sentimental, no formal, pero íntima, fruto de la cual nació la actora el 20 de septiembre de 1979. Su madre falleció cuando ella tenía 13 años de edad. Ya enferma, encargó al abogado vigués don Nazario la realización de gestiones encaminadas a obtener el reconocimiento de la paternidad, sin éxito, pues el demandado, a través de otro abogado, se opuso a tal reconocimiento. Debido al quebrantado estado de salud de la madre de doña Lucía, desistió de instar todo procedimiento y falleció poco después.

El demandado niega en absoluto toda relación con la madre de la demandante, no solo sentimental, sino incluso todo trato personal con ella, que reduce a mero conocimiento como trabajadora en la aseguradora Mediodía donde él tenía concertada alguna póliza. Niega también haber tenido, durante todo este tiempo, noticia alguna sobre las pretensiones de la actora o su madre. Todo, dice, se reduce a un artificio en busca de ventajas económicas.

Segundo.-Se reprocha por el demandado la indebida admisión a trámite de la demanda, en cuanto que no habría cumplido la exigencia del art. 767.1 de la LEC, al faltar el principio de prueba de los hechos en los que la pretensión se funda.

La STS de 18-3-2002 advertía de la necesidad de dar al precepto una interpretación espiritualista, en el sentido de que basta con que en la demanda conste la oferta de practicar determinadas pruebas en el momento oportuno para tener por cumplido el requisito a que aquel se refiere; la razón de la exigencia legal, explica el TS, es la de posibilitar el control de la razonabilidad de la demanda; aquel requisito procesal "constituye un complemento tendente a procurar la seriedad de la demanda, pero nunca puede dar lugar a una restricción, ni a un obstáculo a la posibilidad que abre el art. 29.2 de la Constitución". En sentido similar se expresa la STS de 4-5-1999.

Por su parte, la STS 3-2-2006 insiste en la misma línea cuando recuerda que la jurisprudencia del TS ha flexibilizado significativamente el requisito de admisibilidad del art. 767.1 de la LEC, al punto de haber considerado bastante el ofrecimiento de pruebas a practicar en su día de modo que la demanda ofrezca una razonable verosimilitud (SSTS 6-10-1993, 20-10-1993, 3-9-1996, 3-10-1998 y 7-7-2003 entre otras muchas); de ahí que haya estimado cumplida aquella exigencia con la aportación con la demanda de actas notariales (STS 3-2-2006). También la STS de 1 de octubre de 1999 admite el carácter de principio de prueba de las actas notariales de manifestación acompañadas con una demanda de filiación (vid. también la STS de 2-2-2006).

En el caso que enjuiciamos estimamos que se satisface la exigencia legal de admisibilidad del art. 767.1 de la LEC. Con la demanda se acompañan dos actas notariales a las que se incorporan manifestaciones de amigas de juventud de la madre de doña Lucía (Rosalia y Sonia) dando noticia del conocimiento de la relación mantenida por el demandado y la madre de la demandante fruto de las cuales nació esta.

Ha de unirse a esta aportación la certificación de nacimiento de doña Lucía en la que consta como nombre del padre el del demandado. Y debe contabilizarse también la propia iniciativa de la actora al proponer la prueba biológica en la demanda.

La suma de todos los datos referidos constituye, a no dudarlo, principio de prueba suficiente al efecto de dotar de verosimilitud y seriedad a la demanda.

Este motivo del recurso debe, por consiguiente, ser desestimado.

Tercero.-Hemos de valorar ahora la negativa de don Tomás a someterse a la prueba biológica que la actora solicitó ya desde la misma demanda. Atendamos, en primer lugar, a las pautas señaladas por la doctrina jurisprudencial en relación con el valor probatorio que debe atribuirse a la negativa a someterse a esa prueba, pautas que podemos resumir y sistematizar del siguiente modo:

1. La STS 24-5-2001, señalaba que la negativa podrá ser valorada "como un "indicio muy cualificado" que en unión del conjunto de otras pruebas, puede llevar al ánimo del Tribunal la convicción de paternidad postulada (SS. de 20 de julio de 1990, 21 de octubre de 1994 y 24 de junio de 1996, entre otras). También la citada sentencia hace notar que la "tendencia de aumentar cada vez más el valor probatorio de la conducta negativa del demandado se da en las últimas sentencias de esta Sala, sobre la materia (SS. de 17 de noviembre de 1997, 3 de octubre de 1998 y 28 de marzo de 2000, entre otras).

2. Ni la doctrina del TC ni la del TS avalan la posibilidad de que se haga la declaración de paternidad con base única y exclusivamente en la negativa del afectado a someterse a la prueba biológica de paternidad; ello no obstante, sí se entiende que tal negativa representa o puede representar un indicio "valioso" o "muy cualificado" que, puesto en relación o conjugado con las demás pruebas practicadas en el proceso, permite declarar la paternidad pretendida, pese a que éstas en sí mismas y por sí solas no fueran suficientes para estimar probada una paternidad que por sí es de imposible prueba absoluta (STS 27-2-2007).

3. La vinculación del afectado a la práctica de la prueba biológica no constituye propiamente un deber, sino una carga procesal (SSTS de 7 de diciembre de 2005 y 2 de febrero de 2006); su incumplimiento, dice la STS de 27-2-2007 - no puede dar lugar a imponer su realización mediante medios coactivos, sino que únicamente determina que, en caso de ser injustificada la negativa, recaigan sobre la persona renuente las consecuencias de la falta de prueba, siempre que concurran los requisitos determinados por la doctrina constitucional y la jurisprudencia civil, la existencia de indicios suficientes para, conjuntamente con la consideración de dicha negativa como indicio muy cualificado, considerar determinada presuntivamente la paternidad reclamada.

4. Ha declarado la antes citada sentencia de STS 24-5-2001 que "dada la trascendencia que para las personas implicadas en los procesos de filiación tiene la determinación de las relaciones materiales que se dilucidan en ellos, especialmente por lo que respecta a los derechos de los hijos que se garantizan en el art. 39 CE, las partes tienen la obligación de posibilitar la práctica de las pruebas biológicas que hayan sido debidamente acordadas por la autoridad judicial, por ser este un medio probatorio esencial, fiable e idóneo para la determinación del hecho de la generación discutido en el pleito, pues, en estos casos, al hallarse la fuente de la prueba en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art. 118 CE), conlleva que dicha parte deba contribuir con su actividad probatoria a la aportación de los hechos requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad, ya que en otro caso, bastaría con que el litigante renuente a la prueba biológica se negase a su realización para colocar al otro litigante en una situación de indefensión contraria al art. 24.1 CE por no poder justificar procesalmente su pretensión mediante la utilización de los medios probatorios pertinentes para su defensa que le garantiza el art. 24.2 CE (STC 7/1994 fundamento jurídico 6.º y las resoluciones en ella citadas)."

De ahí que el TS, en la misma sentencia, proclame que "cuando un órgano judicial, valorando la negativa del interesado a someterse a las pruebas biológicas, en conjunción con el resto de los elementos fácticos acreditados a lo largo del procedimiento, llega a la conclusión de que existe la relación de paternidad negada por quien no posibilitó la práctica de la prueba biológica, nos hallamos ante un supuesto de determinación de la filiación, permitido por el art. 135, "in fine", del Código Civil, que no resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE (AATC 103/1990, 221/1990).

5. El Tribunal Constitucional (STC de 14 de febrero de 2005) en sintonía con la doctrina de la Sala Primera del TS considera que la negativa a la práctica de la prueba biológica de paternidad no puede interpretarse como una confesión presunta del afectado.

La STC 177/2007, de 23 de Julio, recuerda que "dada la trascendencia que para las personas implicadas en los procesos de filiación tiene la determinación de las relaciones materiales que se dilucidan en ellos, especialmente por lo que respecta a los derechos de los hijos que se garantizan en el art. 39 CE, las partes tienen la obligación de posibilitar la práctica de las pruebas biológicas que hayan sido debidamente acordadas por la autoridad judicial, por ser este un medio probatorio esencial, fiable e idóneo para la determinación del hecho de la generación discutido en el pleito, pues, en estos casos, al hallarse la fuente de la prueba en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art. 118 CE), conlleva que dicha parte deba contribuir con su actividad probatoria a la aportación de los hechos requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad, ya que en otro caso, bastaría con que el litigante renuente a la prueba biológica se negase a su realización para colocar al otro litigante en una situación de indefensión contraria al art. 24.1 CE por no poder justificar procesalmente su pretensión mediante la utilización de los medios probatorios pertinentes para su defensa que le garantiza el art. 24.2 CE (STC 7/1994, FJ 6 y las resoluciones en ella citadas)".

Cuarto.-En el presente caso, como ya adelantamos, el demandado se opuso a la práctica de la prueba biológica. La razón con que se excusa no podemos por menos de considerarla en verdad inconsistente. Aduce que dada su condición de empresario relevante en el sector de la telefonía móvil, titular de una importante y boyante empresa, que cuenta con un elevado número de trabajadoras, podría ser fácil y tentador objetivo para aspirantes a fingidas maternidades fuente de demandas.

El argumento carece de solidez alguna. Es un riesgo más que remotísimo y un temor harto infundado. Es más, bastaría con una demanda frustrada por una prueba biológica contraria a la demandante para que cualquier eventual pretensión injustificada decidiese no arriesgar un clamoroso fracaso. Máxime si el temor lo centra el demandante en el ámbito de las trabajadoras de su empresa.

Por tanto, estamos ante una justificación de tintes absurdos. Dicho de otro modo, la negativa es sencillamente injustificada. Pero es que la negativa se torna más perjudicial para el demandado contemplada desde la perspectiva del desarrollo del proceso. Vencido en primera instancia, propone en la segunda una batería de pruebas (inadmitidas) encaminadas a destruir determinados resultados probatorios que le han sido adversos y que, en realidad, versan sobre aspectos secundarios, accesorios y hasta algunos fútiles. Y sin embargo, pese a encontrarse ante una sentencia condenatoria no se decide a proponer la prueba fundamental; la sigue rehuyendo. Si ya no son admisibles las banales excusas dadas para eludir la prueba biológica dadas en un principio, se hace más costoso entender que, ya terminada la primera instancia, se mantenga en la negativa cuando comprueba que el resultado del proceso le es adverso; parece que en tal trance debiera avivarse el interés por atajar una contrariedad de tal entidad, pues de no ser cierta la paternidad, podría darle un vuelco al resultado del proceso en la primera instancia sometiéndose a la prueba capital; en su lugar, como decimos, propone otras pruebas insustanciales. Sin duda, persistir en la negativa, refuerza una valoración del indicio en contra del demandado.

Con todo, y de acuerdo con la doctrina antes anotada, acudimos a otros elementos probatorios que, sumados a la negativa a someterse a la prueba biológica, permitan componer un mosaico probatorio de entidad bastante para sustentar la convicción del tribunal sobre la realidad de los hechos en que la demanda funda la reclamación de la demandante.

Quinto.-La actitud del demandado es de radical negación de los hechos; no solo se niega todo tipo de relación con la madre de la demandante; niega también haber tenido otro trato que el que derivase de la mera relación profesional de seguros: él cliente y ella trabajadora en Mediodía.

Niega, al mismo tiempo, haber tenido noticia alguna de este asunto hasta el mes de julio de 2007, declaración que no podemos tener por cierta a la vista del testimonio del abogado Sr. Nazario al que luego nos referiremos.

Por lo demás reconoce la oficina que tenía en la calle Ramón Nieto, que es escenario citado por algunos testigos.

En cuanto a la demandante, explicó coherentemente la razón de la tardanza en plantear una reclamación que su madre intentó en vida, pero abandonó. Salvo la identificación del padre hecha por la madre, no pudo proporcionarle muchos datos más, dado que murió cuando doña Lucía todavía era una niña de trece años. También explica que no hay fotos ni cartas, lo que es razonable por el tipo de relación habida entre María Teresa y el demandado. Ello no obstante, aportó a juicio una fotografía de grupo en la que aparece su padre y documentos de seguros concertados por el demandado, cuya conservación entre las pertenencias de su madre se explicaría por razones sentimentales; es, ciertamente difícil entender que se guarden papeles correspondientes a persona con la que no media vínculo alguno.

Sexto.-Hay varios testimonios que declaran a instancia de doña Lucía. Se trata de amigas de la madre, a la que trataron en los años 1978-1979, y que conocieron la relación entre María Teresa y el demandado. De la audición de sus declaraciones no se aprecia o percibe insinceridad; son declaraciones coherentes, de personas muy próximas a María Teresa en aquellos días de relación con el demandado; sus declaraciones son coincidentes y contestes en datos sustanciales, como el conocimiento directo de la relación de la pareja, confesión de datos íntimos, confesión del embarazo, inexistencia de otro hombre, declaraciones todas ellas adornadas de detalles propios de quienes vivieron de cerca los acontecimientos.

Rosalia se declara amiga íntima de María Teresa; su trato y afecto recíprocos tenían una cercanía y cariz fraternal, según ella misma explica (ambas carecían de hermanas). Conoce al demandado, Tomás, porque María Teresa salía con él; aclara que esta relación no era de noviazgo; "fue un lío", explica. En este extremo coinciden todos los testigos que conocieron a la pareja en aquellos años; califican la relación como no formal, al margen de las esperanzas que pudiese cifrar María Teresa, de quien sus amigas dicen estaba realmente enamorada del demandado. También afirma que no había otro hombre.

A Rosalia, y por ese vínculo de amistad íntima que le unía a la madre de la demandante, le consta que tenía relaciones íntimas con el demandado porque ella se lo contaba; conoce el lugar donde se producían los encuentros íntimos de la pareja; dice también que estuvieron dos veces en pisos de Camelias y Florida, y ella, la testigo, con un amigo de Tomás, apodado " Bucanero ".

Declara también que cuando María Teresa dio a conocer su embarazo Tomás no quiso saber nada, e incluso le propuso abortar en Portugal. La testigo habló con él en la discoteca Olimpia; le contestó mal, le dijo que de él no era, que andaba por ahí con todos; Rosalia reaccionó abofeteando al demandado.

Sonia era también muy amiga de María Teresa, aunque su amistad es posterior al embarazo; refiere que ella siempre le dijo que el padre era Tomás. Se ofreció a ir a hablar con él; acudió a su taller, y reservadamente se entrevistó con él en una oficina que describe con detalle; él le reprochó que ella tenía muchos hombres y le ofreció 500.000 pts. para zanjar la cuestión.

María Virtudes declara, por su parte, que ella le comento que tenían relaciones sexuales, en su taller; no eran novios formales. Llevaba una agenda donde anotaba los días del periodo y en color distinto otros que correspondían a los días que tenían relaciones sexuales. Cuando conoció el embarazo no tuvo duda alguna de que era de él, pues no había otro hombre.

Adriana sabía que Tomás era el padre porque se lo dijo ella; el demandado se puso en contacto con este testigo a la que reprochó que anduviese diciendo que era de él. María Teresa, dice esta testigo, no tenía relación con otros hombres. El demandado tenía un coche deportivo, no recuerda el color. Conoce el episodio del abogado al que acudió María Teresa.

Declara en juicio también el abogado don Nazario, con el que la madre de doña Lucía fue a hablar en el año 1992 a propósito de la paternidad del demandado; el Sr. Nazario envió una carta al demandado Tomás. En respuesta recibió una llamada telefónica de otro letrado - don José Manuel Olivares- que lo hacía en nombre del Sr. Tomás transmitiéndole el mensaje de su cliente que negaba la paternidad y que no quería saber nada del asunto. A la vista de esta negativa, el testigo explicó a María Teresa los pasos que debían seguirse en el caso de intentar la reclamación judicial de la paternidad; pero ella, ya enferma, dijo que no se sentía con fuerzas para poner en marcha el proceso.

Las testigos que declaran a instancia de la actora son contestes al decir que el demandado tenía un Alpine -algunos hablan de un deportivo o llamativo- y también, según algunos testimonios, tenía un 1430. No negada la posesión de este segundo turismo, el demandado afirma que el Alpine lo había vendido antes de 1978. No es suficiente con decir o saber que el vehículo se ha vendido, o que en esas fechas no figuraba a nombre del demandado, pues lo decisivo es si, por tener su posesión, lo usaba o no, pues aún en la hipótesis de que no fuese propietario en determinadas fechas, puede figurar a nombre de otra persona (ej. un familiar) o de la propia empresa y seguir en la posesión y uso del turismo.

Séptimo.-Varios son los testigos que declaran a instancia del demandado. De sus declaraciones destaca el juzgador a quo sus contradicciones, extremos que, sin embargo, constituyen para el apelante muestra de espontaneidad. Sin embargo, se trata de contradicciones llamativas, algunas provocadas por cierto empeño en eludir todo trato, incluso conocimiento, del demandado con María Teresa.

El testimonio de Landelino, que era empleado del Olimpia, dice que conocía al grupo de María Teresa pero que la única relación que le vio fue con Damaso; es el único testigo que afirma tal cosa. Dice que el demandado nunca habló con las cuatro chicas, lo que se contradice con otros testimonios Recuerda lo de la bofetada que Rosalia propinó a Tomás, lo que refuerza la credibilidad de la declaración de aquella; este testigo, puesto en trence de aclarar ciertos extremos y contradicciones, termina por reconocer que tiene fallos de memoria; siendo así, su testimonio carece de entidad y credibilidad; no podemos tomarle en consideración.

Raimundo era, en aquel tiempo, del grupo de amigos del demandado. Dice no conocer todas las chicas con las que Tomás salía. Manifiesta no conocer a María Teresa. Pese a no conocer a todas sus novias, afirma que no tuvo una novia rubia. Las afirmaciones hechas ante notario son aún más rotundas: es que nunca le vio con una chica rubia; no había según él, ninguna chica rubia en la pandilla. Refiere que conoce a Tomás en el año 1973, con motivo de la compra de una vivienda, y en esa fecha, dice el testigo, tenía una novia venezolana; sin embargo, en su declaración en el acta notarial sitúa esa relación en 1978; teniendo en cuenta que a partir de 1979 deja ya de salir y tener relación con Tomás, es notorio que en las dos declaraciones está situando el noviazgo de la venezolana en dos fechas muy distantes correspondientes al inicio y al final de la relación entre María Teresa y Tomás. No parece que, por ese dato, fuera difícil de situar el noviazgo con la mujer venezolana en uno u otro momento. Desde luego, ese noviazgo no duró tantos años; el mismo demandado lo contrae a los años 1978/79. No es creíble este testigo, tanto por este dato con el que transmite inseguridad, como por el hecho de que ese empeño en negar todo contacto o conocimiento de una mujer rubia se ve contradicho por otro testigo.

Marco Antonio, amigo del demandado, dice no conocer a María Teresa. Insiste en que nunca le vio con una chica rubia. Es difícil aceptar lo que este testigo dice en el acta notarial; no se trata de que el demandado no haya tenido una novia rubia; no, va más allá; en diciembre de 2007 afirma que nunca le vio hablando con una chica rubia entre los años 1978 y 1979. Habrá de convenirse en la poca credibilidad que puede merecer tal declaración. Además, ese denodado empeño por negar toda relación del demandado con mujer alguna que fuese rubia, como ya hemos dicho, entra en contradicción con el siguiente testimonio.

Ángel es amigo de Tomás; a diferencia del demandado y de los demás testigos que este trae a juicio, sí reconoce conocer a María Teresa, aunque de vista. Pero este testigo dice que Tomás tuvo una novia extranjera rubia (la venezolana). Luego dice que la rubia era Bombi (en el acta notarial dice que era morena); después habla de la rubia a la que se refiere él trabajaba en Mediodía. Cualquiera que sea el nivel de confusión de este testigo, sí está admitiendo la existencia de alguna mujer rubia en el entorno del demandado, con lo que frontalmente contradice a los testigos anteriores. Pero es que en su relato hecho en acta notarial, aún habla de otra mujer rubia. De este testimonio se desprende - en contradicción con los demás- que el grupo de Tomás conocían al grupo de María Teresa que asiduamente acudía al Olimpia. De hecho, uno del grupo de los hombres tenía relación con una amiga de la demandada. Es Olegario. Este testigo dice que conocía a " Gatita "; tuvo una relación con Bombi; niega, sin embargo, haber acudido con ella de haber a piso alguno.

Octavo.-En suma, es el grupo de testigos que declaran a instancia de la demandante el que, al igual que ocurrió con la apreciación directa del juzgador de instancia, el que ofrece mayor credibilidad y coherencia por las razones ya expresadas hasta aquí.

Importa ahora decir que no podemos atribuir valor al planteamiento del demandado, para quien todo esto no sería sino una fabulación urdida, al cabo por razones económicas, por la demandante y las amigas de su madre, en una acción conjunta de testimonios falsos, en la que estaría también implicado un abogado en ejercicio. Tal planteamiento supone, en definitiva, atribuir la demanda a una acción conjunta de testimonios falsos concertados para conseguir un beneficio económico. No vemos que haya base alguna para admitir esta hipótesis.

Tampoco podemos dar valor a los testimonios de Casiano y Damaso (ambos asesores fiscal y económico-financiero, respectivamente) del demandado, quienes habrían sido testigos de ciertas conversaciones telefónicas del demandado a quien, al parecer, un interlocutor desconocido - un tal Damaso -, advertía de que había personas que estaban buscando pruebas sobre su paternidad. Nada extraño hay, por lo demás, que doña Lucía, u otras personas con ella relacionadas, estuviesen recabando o interesándose por los testimonios de que pudiera valerse para llevar a juicio. Por lo demás, no se entiende que no haya sido traído a juicio como testigo a aquel interlocutor telefónico.

Noveno.-Por todo lo razonado hasta aquí, la sentencia de instancia ha de ser confirmada.

El art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394 "; en consecuencia, al no prosperar el recuso de apelación interpuesto y ser rechazada la pretensión impugnativa de la parte apelante, le han de ser impuestas las costas de esta segunda instancia.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.


FALLAMOS


 
Que al desestimar el recurso de apelación interpuesto por don Tomás, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada en autos número 861 de 2007 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo, con imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte recurrente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación