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Sentencia A.P. Sevilla 268/2010 de 1 de junio


 RESUMEN:

Propiedad intelectual: Requisito de originalidad para que la obra esté protegida. Necesidad de novedad frente a lo preexistente, y de una mínima relevancia. Textos técnicos en páginas web de empresas vendedoras. Exigencia de nota de singularidad en grado suficiente, lo que no ocurre cuando se ha limitado el autor a reflejar los datos técnicos y la mera descripción de la realidad del objeto que trata de vender, a través del proceso de exposición de esos datos objetivos, aunque sea con gran precisión técnica, pero sin aportación original alguna, pues la proyección de la personalidad y capacidad creativa del autor cede ante la mera información técnica sobre el objeto, sin otros aditamentos de su personalidad y creatividad. Principio general de libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales. No invocación de riesgo de confusión.

Ilmos. Sres.:

Don Juan Márquez Romero

Don Conrado Gallardo Correa

Don Fernando Sanz Talayero

En la ciudad de Sevilla a 1 de junio de 2.010.

Vistos por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla los autos de juicio ordinario n.º 607/2006 sobre uso no autorizado de los derechos de carácter patrimonial y de carácter moral de la propiedad intelectual y competencia desleal, que procedentes del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Sevilla, penden en grado de apelación ante este Tribunal, promovidos por ACTIVASAT, S.L., CIF B11789666, con domicilio social en El Puerto de Santa María (Cádiz), y contra Don Vicente, DNI NUM000, mayor de edad y vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz), representados por el Procurador Don Rafael Quiroga Ruiz y defendidos por el Abogado Don David Llucia Rodríguez, contra EDIVERSITAS MULTIMEDIA, SOCIEDAD LIMITADA, CIF B-91.129.361, con domicilio social en Sevilla, representada por el Procurador Don José Luis Arredondo Prieto y defendida por el Abogado Don Juan Pedro Cosano Alarcón. Habiendo venido los autos originales a este Tribunal en méritos del recurso de apelación interpuesto por la primera de las mencionadas partes contra la sentencia proferida por el expresado Juzgado en fecha 13 de enero de 2.009, resultan los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando la demanda presentada por el Procurador Sr. Quiroga Ruiz, en nombre y representación de la entidad ACTIVASAT, S.L. y de Don Vicente, contra la entidad EDIVERSITAS MULTIMEDIA, S.L. representada por el Procurador Sr. Arredondo Prieto, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones que contra ella se ejercitaban, imponiendo a la parte actora las costas procesales".

Segundo.-Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, y admitido el mismo, tras formular escrito de oposición la parte demandada, se elevaron seguidamente los autos originales a este tribunal, e iniciada la alzada y seguidos todos los trámites se señaló el día 31 de mayo de 2.010 para la deliberación y fallo.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Conrado Gallardo Correa.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La parte actora alega en su recurso infracción de los 2 y 3 de la Ley de Competencia Desleal y de los artículos 14,18,19, 20 y 21 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual por cuanto que la copia de los textos de descripción de los productos que se venden tanto en la página web de la actora como en la de la demandada constituye conforme a dichos preceptos un acto de competencia desleal y una infracción de los derechos de propiedad intelectual; valoración errónea de la prueba, por cuanto de la documental aportada resulta claramente la copia íntegra de los textos donde se describen los productos que se venden; infracción del artículo 27 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, por cuanto que se ignora la presunción de la existencia de los derechos y de su pertenencia al titular; error en la valoración de la prueba al negarse el carácter original de los textos copiados; error en la interpretación del artículo 146 de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con el documento 7 de la demanda, por cuanto el copyright amparaba los textos de la actora y la demandada se contradice al negar su originalidad, cuando ella mismo los ampara en su página con el copyright; error en la interpretación de la prueba en relación con los actos de imitación de la demandada y el artículo 11 de la Ley de Competencia desleal, por cuanto que en este caso lo imitado esta protegido por la propiedad intelectual y además supone aprovechamiento de un esfuerzo ajeno; y, finalmente, interpretación errónea de la carga de la prueba, por cuanto conforme al artículo 217.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas.

Segundo.-Como señala la sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2.004 el presupuesto primordial para que la creación humana merezca la consideración de obra es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. Es exigible además que esa originalidad tenga una relevancia mínima que la dote de los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad.

Lo decisivo a estos efectos, centrándonos en el caso de autos, es que los textos de cuya copia se acusa a la demandada, incorporen la nota de la singularidad en grado suficiente, lo que no ocurre cuando se ha limitado el autor a reflejar los datos técnicos y la mera descripción de la realidad del objeto que trata de vender, a través del simple proceso de exposición de esos datos objetivos, aunque sea con gran precisión técnica, pero sin aportación original alguna por su parte al haber prescindido de la autonomía y capacidad creativa en la presentación del producto, de tal modo que la proyección de la personalidad y capacidad creativa del autor cede ante la mera información técnica sobre el objeto, tal cual es en la realidad, sin otros aditamentos emanados de su personalidad y creatividad.

Por otro lado la Inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual ni conlleva carácter constitutivo ni acarrea la presunción de originalidad de lo inscrito, dada la limitada calificación que acomete el registrador al respecto (que simplemente califica una apariencia de obra y de titularidad, pero no analiza de forma exhaustiva, ni tendría posibilidad de hacerlo, dado el ingente caudal de obras preexistentes y la falta de accesibilidad al mismo al no ser obligatoria la inscripción, si es susceptible de protección ni si quién se afirma su autor lo es realmente). La existencia de la obra y la atribución de derechos sobre la misma no deriva de la inscripción registral sino del hecho mismo de su creación por parte de su autor (artículos 1 y 5 de la LPI), operando el registro como medio de prueba de que tal creación existía al tiempo de su presentación al Registro.

Los datos meramente técnicos o de información sobre las características de un producto electrónico, como son los navegadores GPS, están más o menos al alcance de todos mediante una simple consulta al fabricante, y han podido ser extraídos de la página web del actor, pero también se podrían haber obtenido de otras fuentes disponibles para el público en general, por lo que el tipo de obra intelectual con la que nos encontramos, textos meramente descriptivos de las características de productos de consumo, se presta a una menor originalidad que no permite hablar de plagio.

El requisito de originalidad en el caso de autos consistiría en que la selección y/o disposición de sus contenidos constituyan una creación intelectual de su autor. De este modo lo que se protege es la estructura o forma de expresión de los datos expuestos, esto es el continente y no el contenido. Sin embargo lo que denuncia la actora no es la copia del continente, de la forma de presentación, sino la copia de un contenido que no reviste originalidad alguna. Este contenido no es fruto de una creación intelectual de su autor, sino que, como ya hemos señalado, deriva de las propias características de los productos (marca, prestaciones, tipo de utilidad específica, etc.) y la originalidad en todo caso podría predicarse del de la forma de presentación de la página web, que en ningún caso, debemos reiterar, es objeto de copia.

Tercero.-De lo anterior cabe deducir que no puede aceptarse la existencia de competencia desleal por infracción de derechos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, con lo que la competencia desleal sólo podría venir por la aplicación de la cláusula general del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal. Conforme a dicho precepto se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

La jurisprudencia, con idea de dotar de contenido al citado artículo 4, parte de la consideración de que con este precepto se pretende impedir la participación en el mercado "a través de determinados comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado o las libres formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado. A continuación, sobre esta idea, concreta más "el contenido de normativo de la cláusula general, en primer lugar, a través de los principios acogidos en las normas que tipifican supuestos de hecho como actos de competencia desleal (conductas que frustran o dificultan la libre formación de preferencias o restan transparencia al mercado; o constituyen técnicas de presión sobre el consumidor, o implican el expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno y de sus resultados; o constituyen conductas predatorias, etc.). En nuestro caso, parece que la conducta relevante sería el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Pero para ello es necesario que la conducta enjuiciada haya contravenido la buena fe en sentido objetivo, entendida esta como "una exigencia ética significada por los valores de honradez, lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena" (Sentencias de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2007, con cita de otras anteriores de 20 de marzo de 1996, 15 de abril de 1998, 16 de junio de 2000, 19 de abril de 2002, 14 de marzo de 2007).

Como muy bien advierte la citada Sentencia de 8 de octubre de 2007, "esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta que se revele concurrencialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado".

Y esto es lo que ocurre en nuestro caso, pues la demandada al ofrecer una información del producto similar o idéntica a la que ofrece la actora en su página web, cuya finalidad precisamente es sólo dar a conocer las características de lo que se vende, no altera la estructura competitiva ni el normal funcionamiento del mercado. Es más, esta conducta fomenta la competencia, pues permite al consumidor poder comparar distintas ofertas GPS idénticos, de tal forma que quien consulta ambas páginas puede mejor decidir cual ofrece los mejores precios, los mejores servicios de entrega o la mejor atención postventa, partiendo de la base de un producto idéntico, y serán estas consideraciones, y no la mera descripción del producto, la que le incline a comprar en una u otra página.

Al parecer, para la actora, el esfuerzo ajeno del que se estaría beneficiando indebidamente es de aquél destinado a redactar la información del producto. Pero en realidad si el consumidor encuentra a través de una descripción parecida o idéntica ambas páginas donde se ofrecen, ello podrá incluso beneficiar a la actora, si el consumidor se inclina a comprar en su página por considerar que tiene una mejor oferta. El que otros usuarios puedan optar por comprar en la página de la demandada, no es resultado de una competencia desleal, sino la consecuencia de la libre competencia en el mercado.

Cuarto.-Finalmente, tampoco puede estimarse infringido el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, por cuanto que, como señala la sentencia apelada, parte precisamente del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, y ya hemos señalado que entendemos que el contenido descriptivo y técnico de los textos copiados no se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

Bien es cierto que en el apartado 2, como excepción a ese principio reputa desleal la imitación cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Pero en el caso de autos en ningún momento se ha cuestionado que la copia o imitación genere confusión entre los posibles compradores, al ser ambas páginas web claramente distintas. Tampoco existe aprovechamiento de la reputación ajena por igual motivo y dado que el producto que se vende es fabricado por un tercero. Finalmente, como ya hemos dicho, no puede considerarse indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno por cuanto que en ningún caso tal conducta es idónea para, ni siquiera potencialmente, alterar la libre competencia en el mercado.

Quinto.-Las precedentes consideraciones determinan la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución apelada, lo que conlleva el que deban imponerse las costas procesales de la alzada a la parte apelante por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite el artículo 398.1 de dicho texto legal para el caso de que se desestime el recurso de apelación.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador Don Rafael Quiroga Ruiz, en nombre y representación de ACTIVASAT, S.L. y de Don Vicente, contra la sentencia dictada eld ía 13 de enero de 2.009 por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Sevilla, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación por interés casacional, que deberá prepararse en el plazo de cinco días desde su notificación y ante este mismo Tribunal, previa consignación del depósito exigido en la Ley.

Devuélvanse a su tiempo las actuaciones originales al Juzgado de donde proceden, con certificación literal de esta Sentencia y despacho para su cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que ha sido ponente en estos autos estando celebrando audiencia pública ordinaria la Sección Quinta de esta Audiencia en el día siguiente hábil al de su fecha.


Diligencia.-Seguidamente se contrae certificación de la anterior sentencia y publicación en su rollo, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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