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Sentencia T.S.J. Navarra 14/2010 de 16 de septiembre


 RESUMEN:

Asociaciones de cazadores: Daños ocasionados por piezas de caza en fincas. Indemnización por los daños causados por los conejos situados en el coto de la entidad de cazadores demandada, que habían arruinado una plantación de árboles de la finca de la actora.

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE:

D. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ALFONSO OTERO PEDROUZO

D. MIGUEL ANGEL ABARZUZA GIL

En Pamplona, a dieciseis de septiembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al margen indicada, el Recurso de Casación Foral n.º 10/10, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de Pamplona/Iruña el 2 de diciembre de 2009, en autos de Procedimiento ordinario n.º 576/08, (rollo de apelación civil n.º 25/09) sobre daños ocasionados por piezas de caza, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Tudela siendo recurrente la demandada ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS LAS JIMENAS, representada ante esta Sala por la procuradora dña. Ana Gurbindo Gortari y dirigida por el letrado don Jose Miguel Gortari Izu y recurrida la demandante dña. Felicidad representada en este recurso por la procuradora dña. Camino Royo Burgos y dirigida por el letrado don Javier Pablo Izal Mediavilla.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el procurador de los Tribunales don Pedro Luis Arregui en nombre y representación de doña Felicidad, se presentó demanda de juicio ordinario seguido ante el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Tudela en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba suplicando "dicte sentencia por la que estimándola, se condene a la demandada al pago de la cantidad de cincuenta y seis mil doscientos quince con noventa y tres (56.215,93) euros, en concepto indemnizatorio por los daños causados en la fincas de mi mandante, así como los intereses legalmente previstos y las costas procesales".

Segundo.-Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció la procuradora de los Tribunales sra. dña. Isabel Diez Cornago, en nombre y representación de Asociación de Cazadores Deportivos Las Jimenas de Fontellas, bajo la dirección letrada de don Jose Maria Gortari, oponiéndose a la demanda y tras citar los fundamentos de derecho en que basaba su pretensión, terminaba suplicando "se sirva dictar en su dia sentencia que desestime íntegramente la demanda y absuelva a mi representada de todas sus peticiones y condene a la actora al pago de las costas procesales".

Tercero.-El Juzgado de 1.ª Instancia a Instrucción n.º 1 de Tudela dictó sentencia en fecha 17 de noviembre de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO.- Estimo parcialmente la demanda interpuesta por D.ª Felicidad contra la Sociedad de Cazadores las Jimenas, y condeno a la demandada a pagar a la actora la suma de 37180,45 € más los intereses legales desde la interpelación judicial. Sin costas. Condeno a las demandadas al pago solidario de las costas procesales causadas a D. Jose Carlos. Sin condena en costas respecto de la reclamación de D. Luis Antonio. Solicitada aclaración de sentencia con fecha 26 de noviembre de 2008 se dictó auto de aclaración del tenor literal siguiente: "PARTE DISPOSITIVA.- Aclárese la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2008 debiendo desaparecer el pronunciamiento del fallo sobre la condena en costas referida a D. Jose Carlos y D. Luis Antonio, ambos ajenos al presente procedimiento.

Cuarto.-Interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Navarra dictó nueva resolución en fecha 2 de diciembre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente. "FALLO.- Que desestimando el recurso de apelación al que el presente rollo se contrae, interpuesto por la Procuradora D.ª Ana Gurbindo Gortari, en nombre y representación de Asociación de Cazadores Deportivas Las Jimenas, contra la Sentencia de fecha diecisiete de noviembre de 2008 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Tudela n.º 1 en Juicio ordinario n.º 576/2008, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución, con imposición de las costas de esta instancia a la parte apelante".

Quinto.-Preparado recurso de casación y recurso extraordinario de infracción procesal por la parte demandada, contra dicha resolución este se interpuso posteriormente dentro del plazo legal en base a los siguientes motivos, en cuanto al recurso de casación: Primero.- Infracción por inaplicación o errónea interpretación de los arts. 15 y 24 de la Ley Foral 17/2005 de caza y pesca de Navarra. Tiene interés casacional por tratarse de normas especiales de la Comunidad Foral Navarra con menos de 5 años en vigor y sobre las que no existe doctrina jurisprudencial del T.S.J. de Navarra. Segundo.- Infracción por inaplicación o errónea interpretación del art. 86-2.º de la Ley Foral 17/2005 de caza y pesca y del art. 33-1 de la Ley 1/1970 de caza, y por inaplicación o errónea interpretación del art. 86-2 de la Ley Foral 17/2005, por indebida aplicación del art. 33 -1 de la Ley 1/1970 de caza y por inaplicación de la Ley 488 del Fuero Nuevo de Navarra y el concordante art. 1902 del C. Civil. Tercero.- Por infracción del Art. 24 de la Constitución Española en relación con el art. 86-2 de la Ley Foral 17/2005 de caza y el art. 1106 del Código Civil sobre indemnización de daños y perjuicios. En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal por los siguientes motivos: 1.º Inaplicación o incorrecta aplicación del art. 216 de la L.E.C. en cuanto a las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes. 2.º Infracción por inaplicación o errónea interpretación del art. 218-1.º de la L.E.C. en cuanto a la aplicación del lucro cesante. 3.º Infracción por inaplicación o errónea interpretación del art. 218-2.º de la L.E.C. en cuanto que la sentencia se aparta de las reglas de aplicación en el cálculo de la indemnización. 4.º Vulneración a la tutela efectiva del art. 24.1 de la Constitución Española.

Sexto.-Por providencia de esta Sala de fecha 28 de abril de 2010 y al amparo del art. 484 de la L.E.C. se dió traslado a las partes sobre incompetencia del Tribunal para conocer del recurso de casación, entre otras por infracción del art. 24 de la Constitución Española. Por la representación procesal de la parte demandada, por escrito del 24 de mayo de 2010 renunció al motivo de casación basado en la infracción sustantiva del art. 24 de la constitución y ello en base a lo establecido en los art. 20 y 231 de la L.E.C. y por tanto a fundamentar el recurso de casación en la infracción del citado precepto constitucional.

Séptimo.-Por auto de fecha 3 de junio de 2010 dictado por esta Sala, se acordó declarar la competencia de la misma y admitir los motivos de casación con la salvedad de la invocación hecha del art. 24 de la C.E., en el 3er motivo de casación.

Octavo.-Conforme a lo dispuesto en el art. 486-1 de la L.E.C. y mediante providencia de fecha 22 de julio de 2010, la Sala señaló para la votación y fallo del recurso de casación el dia 7 de septiembre de 2010.

Noveno.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ALFONSO OTERO PEDROUZO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Antes de examinar el presente recurso de casación foral, interpuesto por la sociedad de cazadores demandada, es necesario exponer en este momento los antecedentes históricos del litigio, que por lo demás no se cuestionan.

Como expone la propia sentencia recurrida, en la demanda iniciadora de este litigio la actora aquí recurrida "solicitaba una indemnización por los daños causados por los conejos situados en el coto de la entidad demandada. A su juicio los conejos habían arruinado la plantación de árboles frutales situada en varias fincas de titularidad de la demandante, al comerse la corteza y el líber del pie de los árboles, que tuvieron que ser arrancados. Por ello solicitaba la indemnización correspondiente al importe de esa plantación en rendimiento durante el resto de su vida económica. La parte demandada se opuso a las pretensiones deducidas alegando que la causa de la ruina de la plantación es la vejez de la misma, así como su afectación por una plaga de "zeuzera", de modo que para cuando giró su visita el técnico del Gobierno de Navarra la producción y estado de las fincas ya no era rentable. El juzgador de primera instancia consideró que no se había acreditado que cuando se produjo el ataque de los conejos las fincas estuvieran ya agotadas, si bien dada la existencia de la zeuzera rebajó la indemnización solicitada un 25%, concediendo el 75% de lo pedido". Debemos añadir en este preámbulo que la sociedad de cazadores demandada tenía adjudicado el aprovechamiento cinegético del coto de caza de donde procedían los conejos causantes de los daños.

Interpuesto recurso de apelación por la sociedad demandada, la Audiencia Provincial, en la sentencia ahora recurrida en casación, confirmó íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

El presente recurso de casación foral, deducido por la parte demandada y por la vía del interés casacional, consta de tres motivos de casación propiamente dichos y de cuatro motivos de infracción procesal; y en el auto de esta Sala de tres de junio último ya indicamos que la recurrente había renunciado a la invocación del art 24 de la Constitución Española en su tercer motivo de casación.

Segundo.-El primer motivo de infracción procesal denuncia la infracción del art 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), precepto que como se sabe lleva por título "principio de justicia rogada". Pues bien, en esta motivo se aduce que la sentencia recurrida "fija el importe de la condena atendiendo a la producción global de las 19,53 hectáreas plantadas con peras y manzanas, cuando la demanda, el informe pericial de la demanda y el propio perito que lo firmó dejan claro que tan sólo resultaron dañadas 11,18 hectáreas plantadas con perales...".

Este motivo está claramente abocado al fracaso pues esta concreta denuncia no fue planteada ante la Audiencia Provincial. En efecto, ya hemos dicho que la sentencia dictada en la primera instancia fue íntegramente confirmada en apelación y, además, como hemos adelantado, esta pretendida vulneración del principio de justicia rogada, a cuento del número de hectáreas afectadas por los daños, no fue alegada en el recurso de apelación. Y como hemos dicho, entre otras, en la sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 3.9.2003, "es sabido que en un recurso de casación no pueden abordarse, "per saltum", cuestiones ya decididas pacíficamente y no debatidas en apelación: así lo enseñan, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo (TS) de 1.3.2001 y 8.4.2002 "; en el mismo sentido de denegar motivos per saltum podemos citar las más recientes sentencias del TS de 1.12.2009, 30.3.2010 y 15.6.2010.

El segundo motivo de infracción procesal, canalizado a través del art 218.1 LEC, abunda en la misma materia que el motivo anterior, pero esta vez desde la perspectiva de la incongruencia. Obviamente, debemos dar la misma respuesta, pues este tema de la incongruencia también se nos plantea per saltum. Además, ya hemos señalado que la sentencia recurrida, avalando el criterio de la sentencia del Juzgado, concedió menos indemnización que la solicitada en la demanda, razón por la cual hay que descartar la incongruencia denunciada. Así, como dijimos, entre otras, en nuestra sentencia de 26.1.1999, "esta acción de culpa extracontractual "no se define por su cuantía o equivalente dinerario, sino por sus típicos elementos: acción negligente, daño efectivo y relación causal entre hecho y perjuicio. En este sentido la determinación de la cuantía, aunque en la economía particular importe, no es jurídicamente relevante y está sujeta a la apreciación judicial de la prueba, así como, según ya se dijo, a la fijación de los hechos alegados o ampliados lícitamente por las partes" (Sentencia del Tribunal Constitucional 92/1986). Por otra parte, recientes sentencias del Tribunal Supremo, en supuestos muy semejantes al aquí enjuiciado, han descartado todo asomo de incongruencia: así, en la de 17-9-1998 se analiza una indemnización por incapacidad de 4.704.000 ptas., superior a la postulada en la demanda (520.000 ptas.), pero se rechaza el motivo porque lo que caracteriza al vicio de incongruencia "es la concesión de una cantidad por encima del máximo reclamado"... y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17-3-1998, frente a la reclamación de una suma determinada (250.000.000 de ptas.), se reconoce una cantidad a tanto alzado (30.000.000 de ptas.) más una pensión vitalicia, explicando el Tribunal Supremo "que la congruencia de la decisión judicial no se ve alterada al modular la pretensión resarcitoria dentro de los límites solicitados, en atención a que el total de lo que se satisfaga, en concepto de indemnización, no puede sobrepasar el máximo de la cantidad solicitada". Las más recientes sentencias del TS de 3.4.2006 y 3.10.2006 abundan en la idea de que el principio de congruencia exige únicamente que no se rebase la cantidad total solicitada.

Debe claudicar, por tanto, este segundo motivo de infracción procesal.

Tercero.-El tercer motivo de infracción procesal alega la vulneración del art 218.2 LEC "en cuanto que la sentencia se aparta de las reglas de la lógica y de la razón...al cometer un evidente error aritmético en el cálculo de la indemnización por el lucro cesante, pues con arreglo a los datos de cosecha barajados por la sentencia recurrida el beneficio dejado de obtener por el actor será tan sólo 14.899 €...., la sentencia recurrida ha cometido un error de cálculo considerable y manifiesto". Y en apoyo de esta denuncia el motivo realiza una compleja operación matemática aderezada con fórmulas de cálculo: "(V= (1+r) 4-1 / r (1+r)4 * Rm * K)".

Este motivo incide en el defecto de los anteriores, pues la recurrente no denunció en la apelación este supuesto error patente: así, sólo el segundo de los motivos de su recurso de apelación contiene planteamientos matemáticos algo parecidos, pero con un enfoque - y un resultado- totalmente distinto y por supuesto sin mentar un error considerable y manifiesto. Por lo demás, no será necesario acudir a prolijos razonamientos para hacer ver que con aquella fórmula matemática, nada sencilla, mal se puede hablar de error patente o evidente error aritmético, y desde luego no se puede acudir a un tribunal de casación para que revise, en el ámbito de este recurso extraordinario, esas complejas operaciones.

Por fin, el cuarto motivo de infracción procesal incide de nuevo en este mismo tema del error patente, pero ahora alegando la infracción del art 24 de la Constitución Española en su vertiente de indefensión. En consecuencia, también debemos rechazarlo, por las mismas razones, y porque además no vemos ni se nos explica en términos razonables en qué radica esa supuesta indefensión.

Cuarto.-El primer motivo de casación aduce la infracción de los arts 15 y 24 de la Ley Foral 17/2005 (de caza y pesca de Navarra) y alega que los conejos causantes de los daños litigiosos procedían en realidad de los aledaños o taludes de la autopista de peaje que atraviesa el coto de caza de Fontellas, coto cuyo aprovechamiento cinegético fue adjudicado a la sociedad de cazadores ahora recurrente. En consecuencia, añade el motivo, la parte demandada no debe responder de los daños causados por tales conejos en la finca de la actora, pues es evidente, a la vista de los preceptos indicados, que la autopista no puede pertenecer al coto de caza de Fontellas.

El motivo, como viene a oponer la parte recurrida, hace supuesto de la cuestión, pues los hechos probados de la sentencia impugnada no expresan que los conejos causantes de los daños litigiosos procedían de la autopista indicada. En efecto, tanto la sentencia de primera instancia como la dictada en la alzada sólo hacen una breve referencia a los taludes de la autopista, pero en ningún caso afirman que todos o la mayor parte de los conejos causantes de los daños tenían su origen o provenían de la autopista o de sus taludes, dato fáctico sin el cual no es posible abordar la argumentación jurídica del motivo que nos ocupa; tanto más si la parte recurrida sólo está dispuesta a admitir "que es posible (no probado) que parte de dichos daños fueran causados por parte de los conejos que tienen allí sus madrigueras...".

Desde un plano puramente hipotético, entendemos que en cualquier caso no se puede compartir el alegato del motivo. El art 15 de la señalada Ley Foral de Caza (LFC) indica que: "1. Se entiende por coto de caza aquella superficie continua de terreno señalizado en sus límites, susceptible de aprovechamiento cinegético, que haya sido declarado como tal.... 2. A los efectos previstos en el número anterior, no se considerará interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de constituirse en cotos por la existencia de ríos, arroyos, vías o caminos de uso público, ferrocarriles, canales o cualquier otra construcción de características semejantes...". Y el art 23 de la misma LFC señala que: "1. El ejercicio de la caza con armas está prohibido en las zonas de seguridad de los cotos. 2. Son zonas de seguridad dentro del coto aquéllas en las que deben adoptarse medidas preventivas especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes, y en todo caso: a) Las carreteras, vías y caminos públicos, cañadas y vías pecuarias....". Por lo tanto, si "no se considerará interrumpida la continuidad de los terrenos susceptibles de constituirse en cotos por la existencia de ríos, arroyos, vías o caminos de uso público..." (art 15), y si las carreteras son "zonas de seguridad dentro del coto" (art 23), mal se puede defender que la autopista no forma parte del coto. De otro lado, y como arguye la parte recurrida, el art 13.2 del Reglamento de la examinada LFC (DF 48/2007) expresa que "en todo caso quedarán excluidos de los cotos locales los terrenos de uso residencial e industrial y aquellos terrenos cuyos titulares o propietarios renuncien de modo expreso a su inclusión ante la entidad local", no incluyéndose pues aquí a la autopista de que tratamos. Y tampoco podemos equiparar las autopistas a los núcleos urbanos que menciona el invocado art 24 LFC - "las entidades locales podrán promover cotos locales en su término, con exclusión de los núcleos poblados..."-, pues no percibimos la analogía que se alega en el motivo entre una carretera y un núcleo poblado.

El segundo motivo de casación está supeditado al anterior, pues al partir del supuesto -no probado, como hemos señalado- de que los conejos litigiosos procedían de la autopista, no del coto de caza, aduce la vulneración del art 86.2 LFC y la inaplicación de la Ley 488 del Fuero Nuevo. Pero ya hemos razonado cómo la parte recurrente ha hecho supuesto de la cuestión, al no estar probado que los conejos provenían de la autopista; además, como hemos razonado, la autopista forma parte del coto, por lo que la sentencia recurrida ha hecho una cabal aplicación del art 86.2 LFC.

Ambos motivos, por tanto, no pueden ser acogidos.

Quinto.-El tercer y último motivo de casación denuncia la infracción del art 1106 del Código Civil (CC) para alegar de nuevo que la indemnización fijada en la sentencia de instancia "ha sido establecida mediante un claro, patente y arbitrario error de cálculo al efectuar las operaciones contables y aritméticas...": en suma, reproduce aquí lo expuesto en el tercer motivo de infracción procesal, incluso repite las complejas operaciones matemáticas o contables a que antes aludíamos.

En primer lugar, y saliendo al paso de la objeción señalada por la parte recurrida, debemos resaltar que, a tenor del art 478.2 LEC, esta Sala puede conocer, en el ámbito de un recurso de casación foral, de supuestas infracciones del CC, al establecer dicho precepto que "corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad..."

Pues bien, este último motivo debe ser rechazado por las mismas razones. Ha sido invocado per saltum y, además, dentro de los errores patentes, arbitrarios o notorias desmesuras que admite excepcionalmente la jurisprudencia - sentencias del TS, entre otras, de 7.4.2003, 14.7.2003 y 26.12.2006 - para revisar en casación las indemnizaciones concedidas en la instancia, no cabe incluir, como ya dijimos, unas complejas operaciones o reglas de cálculo más propias de un perito que de un tribunal de casación.

El recurso de casación, en definitiva, debe decaer.

Sexto.-Deben imponerse las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, dado el tenor del art 398.1 LEC.

Por lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que nos ha sido conferida


FALLAMOS


 
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación foral (n.º 10/2010), interpuesto contra la sentencia dictada el día dos de diciembre de 2009 por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección segunda) en su rollo de apelación 25/2009.

Debemos imponer las costas de esta casación a la parte recurrente.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Con certificación de esta sentencia, devuélvanse los autos originales y el rollo de apelación a la Sección de la Audiencia Provincial de que proceden.

Así por esta nuestra sentencia, a la que se dará la publicidad prevenida en la Ley, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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