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Sentencia A.P. Pontevedra 241/2010 de 17 de junio


 RESUMEN:

Junta de Propietarios: Impugnación de acuerdos comunitarios. Validez y ejecutoriedad por transcurso de los plazos impugnatorios. No se acredita el exceso de lo ejecutado frente a lo autorizado. Legitimación pasiva: Admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00241/2010

LA SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, compuesta por los Magistrados Ilmos. Sres. D. ANTONIO J. GUTIÉRREZ R.- MOLDES, Presidente, D. JAIME ESAIN MANRESA y D. FRANCISCO JAVIER ROMERO COSTAS, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY, la siguiente:

SENTENCIA N.º: 241/2010

En PONTEVEDRA, a diecisiete de Junio de dos mil diez.

Visto el recurso de apelación contra la sentencia recaída en los autos de juicio de procedimiento ordinario n.º 0154/06, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Lalín (Rollo de Sala número 102/10) en el que son partes como apelante D.- Adolfo; y como apelados "SOCIEDAD DE INVERSIÓN POLICLÍNICO LA ROSALEDA S.L.", que se personó en esta instancia representado por la Procuradora Dña.- Alejandra Freire Riande y "INSTITUTO POLICLÍNICO LA ROSALEDA, S.A.", siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER ROMERO COSTAS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 17 de Julio de 2007, recayó sentencia en los autos de que se deja hecha mención, cuyo fallo, literalmente dice: "Que apreciando la excepción de falta de legitimación pasiva desestimo íntegramente la demanda presentada por el Procurador D. Manuel Nistal Riádigos en nombre y representación de D. Adolfo contra "Instituto Policlínico La Rosaleda S.A." y "Sociedad de Inversión Policlínico La Rosaleda S.L." absolviendo a las demandadas de todos los pedimentos de la demanda con imposición de costas al actor".

Segundo.-Contra dicha sentencia se preparó, en tiempo y forma, recurso de apelación por D.- Adolfo, recayendo resolución del juzgado de instancia por la que se tuvo por preparado el recurso y se acordó emplazar a la parte recurrente al objeto de que lo interpusiera en legal forma, lo que efectuó dentro del plazo legal, y conferido traslado a las restantes partes, con emplazamiento por diez días, al objeto de que formularan oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que resultara desfavorable, por "SOCIEDAD DE INVERSIÓN POLICLÍNICO LA ROSALEDA S.L."; no formulándose recurso ni oposición e impugnación al mismo por "INSTITUTO POLICLÍNICO LA ROSALEDA, S.A.".

Tercero.-Remitidos los autos a esta Audiencia con los escritos de interposición al recurso y de impugnación al mismo correspondió su conocimiento a esta Sección, por turno de reparto de fecha 26 de febrero de 2010.

Solicitado el recibimiento a prueba en esta instancia por la representación de la parte recurrente D.- Adolfo, por resolución de fecha 4 de mayo de 2010, se denegó dicha solicitud.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han cumplido las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-Se impugna la resolución de la instancia por la representación de la demandante, cuestionando la admisibilidad de la excepción de falta de legitimación pasiva de las demandadas acogida en sentencia en base a la realidad de conformar la comunidad solamente las tres partes interesadas y convergentes en autos, denunciando una actuación abusiva y fraudulenta por aquéllas ante la transmisión habida entre las mismas y las diferentes Juntas convocadas antes de la impugnada, suscitando que el rigorismo en la formalidad que se deriva de todo ello no puede impedir el entrar a conocer del fondo de la litis. Frente a ello se opone la codemandada personada (SIPLAR) destacando la corrección de lo decidido, la desvinculación del recurso con los argumentos de la sentencia y, a su vez, la adecuación de lo actuado en todo momento por las demandadas en relación a la autorización obtenida en la Junta de 9-III-06.

Segundo.-La primera cuestión que se ha de resolver, de cuya principalidad no puede ajenizarse la parte actora e impugnante, es la de la legitimación pasiva en relación a la petición primera y primordial de Impugnación de los Acuerdos tomados en la Junta de Propietarios de 9 de Marzo de 2006 N.º 2, 3, 4, 5 y 6, revisando después el alcance o consecuencias derivables de lo que se decida. A tales efectos, la simple lectura del contenido del Art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal en base al cual se sostiene tal impugnación resulta reveladora y decisiva al establecer un su apartado 2 quiénes ostentan dicha acción, los propietarios, y las condiciones o actuaciones que han de concurrir en los mismos a tales efectos (legitimación activa) y en su apartado 4 frente contra quienes ha de dirigirse, la comunidad de propietarios, al referir que no cabe la suspensión de la ejecución de los acuerdos impugnadas salvo disposición judicial como medida cautelar y "oída la comunidad de propietarios". A mayores, sólo cabe recordar que nos encontramos ante una forma especial de propiedad regulada en el ARt. 396 del C. Civil y en la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960 cuya capacidad para ser parte y representación procesal en autos viene determinada por tal norma especial Arts. 1, 2, 3, 5 y 13, en relación a los Arts. 6.1.5.º y 6, 6 de la LEC/00, con lo que no puede pretenderse obviar todo ello y, de modo contrario a la misma regulación de la propiedad horizontal así como a las precisiones de la norma de ritos, dirigir las acciones de impugnación de acuerdos comunitarios contra dos de los propietarios integrantes de la comunidad. Y ello aunque se afirme una conducta abusiva y fraudulenta por su parte, por otro lado no compartible como tal al tratarse de relaciones jurídicas, transmisiones válidas en derecho y no impugnadas, evitable en todo caso ya a medio de un correcto ejercicio de las correspondientes acciones impugnatarias contra los acuerdos que se sostengan perjudiciales o lesivos para la Comunidad, abusivos para alguno de sus miembros o contrarios a la Ley o a los estatutos, como refiere el Art. 18 Ley Propiedad Horizontal y frente a la Comunidad de Propietarios; ya mediante la toma de otros en equidad, con intervención de un Juez, cuando no puedan alcanzarse en condiciones normales en Junta de Propietarios, por el trámite que contempla el Art. 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en su último párrafo. Resulta difícil, por último, el defender una razón de exacerbado formalismo en la decisión de la instancia ante una cuestión que suscita tan poca discusión, máxime cuando resulta llana la existencia de una Comunidad de Propietarios conforme a los títulos de propiedad que se aportan a autos, la configuración del inmueble a los efectos de los Arts. 396 CC y Ley de Propiedad Horizontal, y la conformidad con su constitución como tal acordada en el Punto 1.º de la Junta de 9 de Marzo de 2006, pues sólo los otros acuerdos se pretendían impugnar.

Tercero.-Establecido lo anterior resulta palmaria la desestimación de la apelación en este argumento jurídico, debiendo considerarse correctamente acogida la excepción de falta de legitimación pasiva de ambas codemandadas en relación a la acción primera principal de impugnación de los Acuerdos tomados en la Junta de 9 de Marzo de 2006, no pudiendo por ello entrarse a decidir aquí sobre la Nulidad planteada. Pero dicho esto, lo que sí es cierto es que la parte actora acumuló otra acción, la relativa a la reversión o reposición de determinados elementos comunes del edificio a su estado original, conforme a lo que expone en el punto 2 de su suplico y concreta en la Audiencia Previa celebrada en su momento, siendo ésta una acción que se erige en independiente de la anterior, como se deriva del Hecho 5.º de la demanda, aún cuando su resolución haya de pasar por la revisión del alcance de los Acuerdos tomados en aquélla Junta de 9-III-06 y de las obras efectivamente acometidas con tal basamento o amparo.

Cuarto.-Ha de reseñarse aquí que el demandante actúa o reclama con legitimación activa en tanto en cuanto ni se le niega, ni se lo impide el Art. 12 de la Ley de Propiedad Horizontal ya que, aún no siendo Presidente de la Comunidad nada le impide para, como propietario integrante que es de la misma, ejercitar las acciones pertinentes en su defensa en caso de pasividad e incluso oposición del Presidente y el resto de partícipes (STS 20-IV-09). En este caso resulta fácil concluir la poca o inexistente disponibilidad del Presidente (D. Hernan, representante de SIPLAR SL, según consta en la misma acta comunitaria de 9-III-06) ante el enfrentamiento y finalidad última de las obras acometidas en la comunidad.

Quinto.-Por otra parte también ha de partirse la validez y ejecutaridad de los Acuerdos tomados en la Junta de 9 de Marzo de 2006, toda vez que los mismos no han resultado anulados o invalidados pues la única acción entablada al efecto resulta ser la que nos ocupó con anterioridad, desestimada por la falta de legitimación pasiva, habiendo transcurrido ya, con creces, los plazos impugnatorios contemplados en el Art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, caducados a los 3 meses y al Año de su toma o aprobación, debiendo considerarse convalidados en su contenido, toda vez que no puede considerarse que nos encontremos ante acuerdos nulos de pleno derecho por ir contra normas imperativas o prohibitivas con tal consecuencia de nulidad conforme al Art. 6.3 C. Civil. Así debe recordarse que resulta mayoritariamente admitido en la Jurisprudencia que la ausencia de unanimidad en la toma de acuerdos cuando sea exigible no hace desaparecer la necesidad de impugnación de los mismos, pues nos encontramos ante un acuerdo contrario a la Ley de Propiedad Horizontal cuyo efecto es el de la Nulidad previo el ejercicio de la acción impugnatoria correspondiente dentro del plazo de caducidad de 1 año, conforme establece el Art. 18 Ley Propiedad Horizontal apartados 1 y 3 (STS 10-III-07; 24-IX-91; SAP Asturias 9-VII-09; SAP Badajoz 20-XII-07;...).

Sexto.-Siendo ello así la única situación que permitiría el otorgar alguno de los pedimentos de la demanda, en relación a la reposición de las obras acometidas por los demandados en el edificio, sería la realización de actuaciones que excedieran de las Autorizadas en la Junta de 9-III-06 en el Punto 5.º de notable amplio alcance, a cuyo efecto no se aporta por el actor prueba concreta sobre el efectivo alcance y disparidad de lo ejecutado. De hecho su planteamiento pasa por la irregularidad de todas ellas en cuanto afectan a elementos comunes y las considera no autorizadas por afirmar nulo el acuerdo en tal sentido aprobado en la Junta de 9-III-06 Punto 5.º, al igual que el resto de los que impugna, pero ya hemos dicho que no cabe concluir tal nulidad dada la falta de impugnación en forma y convalidación alcanzada luego de lo acordado (Fdtos. 2.º, 3.º y 5.º). Únicamente aparece como actuación fuera de lo aprobado el cierre del Patio de Luces al cubrirse pero tal extremo se admitió en la Junta y en contestación como algo a reformar y el técnico Sr. Secundino reconoce que así se hizo no pudiendo amparar otra conclusión la simple afirmación del acto de no haberse repuesto en su totalidad sino sólo en parte, pues nada objetiva ello de otro modo. Por otra parte, tampoco cabe el entender acreditados excesos de lo ejecutado frente a lo autorizado en sentido amplio en el Punto 5.º, por la situación anterior deteriorada del edificio y al afirmar Don. Secundino que las obras responden a la materialización del proyecto y con ello a la autorización de la reforma conforme al destino de la obra.

Séptimo.-Se deriva de todo lo anterior la desestimación de la apelación que nos ocupa y la consiguiente confirmación de lo decidido en la instancia, si bien no cabe hacer expresa imposición de las costas de la alzada toda vez que la parte actora se vió abocada a impugnar la sentencia de la instancia, en cuanto la misma sólo resuelve la excepción previa de falta de legitimación pasiva en relación a la impugnación de acuerdos, obviando el entrar a valorar la acción concurrente sobre el alcance y validez de tales acuerdos y conformidad de lo realizado, lo que sí se aborda, aún con limitado argumento, en la impugnación deducida y por ello se le da cumplida respuesta en la alzada con idéntica decisión desestimatoria (Arts. 394 y 398 LEC/00).

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.


FALLAMOS


 
Debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Apelación deducido por la representación de D. Adolfo contra la sentencia de fecha 17-VII-07 recaída en el P. Ordinario N.º 154/06 seguido ante el J. de 1.ª Inst. N.º 1 de Lalín (ROLLO N.º 102/10) confirmando el contenido y alcance desestimatorio de las acciones entabladas. Todo ello sin hacerse expresa imposición de las costas causadas en la alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas en la forma establecida en el artículo 248.4 de la LOPJ.

Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma y remítase junto con los autos, al Juzgado de procedencia, tomándose las oportunas notas en los libros de registro de esta Sección.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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