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Sentencia A.P. Valencia 298/2010 de 17 de junio


 RESUMEN:

Separación matrimonial: Convenio regulador de separación. El demandante debido a los excesos económicos y para impedir una serie de embargos decidió simular una compraventa ficticia con sus padres con el fin de eludir sus responsabilidades frente a terceros; siendo que para la simulación se hizo constar falsamente que el domicilio no era familiar en contra de lo reconocido en el propio convenio regulador de la separación.

 

SECCIÓN UNDÉCIMA

VALENCIA

NIG: 46250-37-2-2010-0000805

Procedimiento: Recurso de apelación N.º 135/2010- R -

Dimana del Juicio Ordinario N.º 000241/2008

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE ONTINYENT

Apelante/s: Agustina.

Procurador/es.- M.ª DEL CARMEN NAVARRO BALLESTER.

Apelado/s: D. Eugenio y Hugo Y LA HERENCIA YACENTE DE Sonia.

Procurador/es.- M.ª ROSA RODRIGUEZ GIL y M.ª ROSA RODRIGUEZ GIL.

SENTENCIA N.º 289/2010

===========================

Iltmos/as. Sres/as.:

Presidente

D.ª SUSANA CATALAN MUEDRA

Magistrados/as

D. ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA

D. JOSE LUIS GOMEZ MORENO MORA

===========================

En Valencia, a diecisiete de junio de dos mil diez.

Vistos por la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS GOMEZ MORENO MORA, los autos de Juicio Ordinario - 241/2008, promovidos por D. Eugenio contra D.ª Agustina y reconvenido D. Hugo Y LA HERENCIA YACENTE DE Sonia sobre "RECLAMACION DE CANTIDAD", pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por D.ª Agustina, representado por la Procuradora Dña. M.ª DEL CARMEN NAVARRO BALLESTER y asistido de la Letrado Dña. ANA MARIA CABEDO FERRERO contra D. Eugenio y D. Hugo Y LA HERENCIA YACENTE DE Sonia, representado por la Procuradora D. M.ª ROSA RODRIGUEZ GIL y M.ª ROSA RODRIGUEZ GIL y asistido del Letrado D. CARLOS PINEDA NEBOT y D. FRANCISCO MOLINA MARIN.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE ONTINYENT, en fecha 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 en el Juicio Ordinario - 000241/2008 que se tiene dicho, dictó sentencia conteniendo el siguiente pronunciamiento: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Vicente Blas Francés Silvestre, en nombre y representación de Eugenio, contra Agustina, debo condenar y condeno a la Sra. Agustina a abonar al Sr. Eugenio la suma de siete mil veinticinco euros con noventa y tres céntimos (7.025,93 euros); más los correspondientes intereses legales, en los términos expuestos en el fundamento de derecho séptimo de la presente resolución.Y que, asimismo, desestimando la demanda reconvencional formulada por la Procuradora de los Tribunales Virtudes Mataix Ferre, en nombre y representación de Agustina, contra Eugenio, Hugo y la herencia yacente de Sonia, debo absolver y absuelvo a estos últimos de todos los pedimentos formulados contra ellos en la demanda reconvencional. En materia de costas procesales, procede condenar a Agustina al pago de las costas procesales derivadas tanto de la demanda principal como de la demanda reconvencional."

Segundo.-

Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de D.ª Agustina, y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de oposición por la representación de D. Eugenio y D. Hugo Y LA HERENCIA YACENTE DE Sonia. Admitido el recurso de apelación y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se señaló para deliberación y votación el día 25 DE MAYOD E 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-

Con relación a los hechos que motivan la demanda que da origen al procedimiento de primera instancia resultan ser que la demandada doña Agustina, es la ex esposa del actor don Eugenio, habiendo verificado la separación por sentencia matrimonial que se aporta, y con un convenio regulador de la separación que se afirma aportar como documento número dos; que asimismo el 7/1/2003 se pactó el arrendamiento de la vivienda que había sido hogar conyugal, al padre de su ex marido Hugo en la que fijó la demandada su domicilio con sus dos hijos, se acompaña como documento número tres dicho contrato siendo de significar que el importe de la renta del alquiler de la vivienda fijada en la estipulación séptima, lo fuera con las mismas previsiones de revisión que la señalada como pensión alimenticia de uno de sus hijos en el convenio matrimonial; circunstancia que fue pactada libremente por las partes así como también por los letrados fijándose además la limitación del contrato de arrendamiento hasta que la hija menor fuera mayor de edad.

Que la demandada que comenzó pagando el alquiler, al poco tiempo dejó de abonarlo, pese a que el arrendamiento había sido pactado libremente. Que probablemente la demandada pensando que podría de valerse de las relaciones familiares con los otorgantes del contrato, dejó de pagarlo, al ser consciente de que el actor se haría cargo, como anterior esposo, del importe del arrendamiento de la vivienda. Y que, de hecho, así pasó hasta unos meses antes de finalizar el año 2004 momento a partir del cual hubo de hacerse pago por parte del actor del arrendamiento, por lo que se invoca el artículo 1158 del Codigo Civl para obtener la devolución de las cantidades pagadas por el actor.

Se manifiesta que dicho pago se verifica entre otras cuestiones primero porque es el hogar de sus hijos, y segundo, porque su padre, el del actor, necesitaba el dinero de esas rentas al estar jubilado y con escasos ingresos económicos.

En este sentido y durante un cierto tiempo, que no se específica, parece que el actor compensó aquellas deudas con los alimentos que tenía que pagar a su hija menor, pues el hijo ya era mayor desde diciembre 2004 y había renunciado a la pensión alimenticia, compensando, lo que debía pagar como pensión alimenticia, que era un importe igual al del arrendamiento, con las rentas debidas de este último. Lo que dio lugar a un procedimiento penal por impago y de hecho el propio Juzgado de lo penal no le computo los pagos que dice efectuó por cuenta de la demandada en concepto de alquileres y esta reclamación es la que previene del enriquecimiento injusto alegado, por el hecho del pago de alquileres.

Se insiste constantemente en que lo que se está reclamando es por vía del artículo 1158, del Código Civil, y por tanto el pago efectuado por tercero, en este caso la actora, que debió pagar la demandada como importe de la suma de alquileres de los que se hizo cargo el propio actor.

Que asimismo se aportan los recibos correspondientes a los 34 pagos efectuados, que alcanzan la cuantía de 7.025,93 € a razón de 187€ cada uno de ellos, desde noviembre del 2004 hasta octubre del 2007; salvo las mensualidades de enero y febrero de 2005. Que asimismo y en la misma línea se aporta como documento 31 la escritura según la que se acredita el abono y percibo de su cobro por parte del dueño de la vivienda alquilada.

Con expresa oposición de la demandada en los términos, de en primer lugar, alegar excepción de falta de legitimación activa, pues el legítimo propietario de la vivienda, arrendada, de la calle DIRECCION000 número NUM000, de la población de Ayelo de Malferit resulta que es el propio actor, el señor don Eugenio y no sus padres quien en definitiva tan sólo son titulares registrales pero no los verdaderos dueños.

Relata a continuación, ya al folio 79 de actuaciones, en la contestación que debido a los desafortunados excesos económicos del demandante y al objeto de impedir una serie de embargos decide simular una compraventa ficticia con sus padres con el fin de eludir sus responsabilidades frente a terceros; siendo que para la simulación se hizo constar falsamente que el domicilio no era familiar en contra de lo reconocido en el propio convenio regulador de la separación.

La verdadera causa del contrato simulado se hizo constar en la escritura de compraventa que con fecha 7/4/2000 y que se adjunta como documento número dos, consiguiendo con ello transmitirla y evitar que se produjeran varias anotaciones de embargos. Se afirma que en ningún momento se pagó precio alguno por la compraventa careciendo por tanto el, contrato de compraventa, de causa.

Se manifiesta que la vivienda está compuesta por la planta baja y un piso la planta superior que es donde reside la demandada con sus hijos y en realidad la planta baja está arrendada a una empresa informática, y además por el propio actor. Y que es el actor quien continúa haciéndose cargo del abono del préstamo hipotecario que graba la vivienda tras la compraventa.

Tras especificar la anteriormente referido sobre la excepción alegada, pasa a oponerse al fondo del asunto, en primer lugar, alegando que se ha eludido durante todo este tiempo el abono de las pensiones de sus hijos siendo condenando en vía penal por el delito de abandono de familia tal y como queda acreditado. Recalca la contestación el hecho de que la vivienda es el domicilio conyugal, asimismo el hecho de la existencia del contrato ficticio con el único fin de garantizar a la demandada y a los hijos un techo, manifestándose que en realidad se le cedió el uso y disfrute de la vivienda, y se hizo con carácter gratuito sin que debiera mediar ningún tipo de renta y de hecho durante cinco años no se ha apagado ni por el actor, ni por la demandada, ningún tipo de renta. En este sentido se dice que por parte de la demandada se tuvo que abandonar de forma brusca la planta baja al haber sido está arrendada por el actor a terceros y en realidad ese arrendamiento tenía que haberse percibido por la propia demandada.

Se recalca ya al folio 85 que la verdad es que existe un convenio regulador con una medidas definitivas acordadas que contemplaban una pensión por alimentos a favor de cada uno de los hijos de 180 € no pudiéndose de manera arbitraria decidir cuándo y de qué manera podían estas ser pagadas. Se acompaña como documento número cinco una sentencia del Juzgado número dos de la misma población (autos 126/08 de desahucio) en donde se desestima la demanda, que fue interpuesta por el actor, utilizando a su padre; señalandose en este sentido, un resumen de lo acaecido, y en primer lugar haber sido condenado el actor como autor de un delito de abandono estando obligado a indemnizar a la demandada en 6.687,39 €, cantidad que no ha sido satisfecha ya que se declara insolvente, que se ha despachado ejecución contra el mismo por impago de las pensiones de su hijo desde diciembre de 2005 hasta el 30 abril 2007 momento en el que se acordó la supresión de la mencionada pensión.

Se formula demanda de reconvención en ejercicio de la acción de nulidad de escritura de compraventa y contrato de arrendamiento(como consecuencia) contra el actor don Eugenio. Cuyo contenido resulta la solicitud de la nulidad radical y absoluta de la escritura de fecha 7/4/2000 de venta del actor principal a favor de sus padres por tratarse de un negocio simulado y como consecuencia la nulidad de todos los sucesivos actos jurídicos derivados de aquella entre ellos el del arrendamiento suscritos 7/1/2003 entre el padre del actor y la demandada.

Se considera que hubo una simulación, primero negando que fuera domicilio familiar, como reconoce el propio convenio que se adjunta como documento número dos a esta contestación y en segundo lugar porque la verdadera causa del contrato simulado se hizo constar en la escritura de compraventa en el apartado cargas y gravámenes en el asiento de anotación de embargo, al manifestarse al vendedor que la deuda que se reclamaba está cancelada de forma contable. Se añade la falta de causa como elemento fundamental, porque no se pagó precio alguno en la compraventa y además en ningún momento ha realizado, la parte compradora, acto de disposición o de posesión de la vivienda pues desde el año 1984 fue domicilio conyugal y después también con motivo de la separación. Porque las cargas y gravámenes que sobre el inmueble pesaban han seguido siendo sostenidos por el actor, pues realmente fue el que continuó con el abono del préstamo que grababa la vivienda tras la compraventa.

Con fecha 2/9/2008 y al folio 145, por la demandada se presentan escrito en el que se especifica que por un error material, la demanda sólo se dirigió, de reconvención, contra el actor teniendo que ser también llamados Hugo y la herencia yacente de su madre Sonia, por lo que al folio 57 se dictó un Auto en el que se da por ampliada la demanda de reconvención.

Se contesta al folio 177 a la demanda de reconvención por el actor principal, en los términos de entender, primero ser falsa la afirmación del haber pagado nunca rentas, pues lo bien cierto es que pagó la renta del arrendamiento de su vivienda a su titular. Adjunta a tal efecto 17 ingresos distintos en los que se habla de alquiler de distintos meses.

Se articula así el hecho de no existir conexión alguna entre la solicitud de nulidad del contrato de compraventa, y lo que se dilucida en el presente Juicio Ordinario, por ser los negocios de compraventa y arrendamiento totalmente independientes y sin conexión alguna con lo que se debate.

Se alega también la exención procesal de falta de legitimación activa por parte de la demandada, en el entendimiento de que carece de la condición de perjudicada en el contrato de compraventa cuya nulidad se pretende.

Se alega su vez al folio 160 caducidad pues han transcurrido cuatro años que se cifran en el artículo 1301para el ejecicio de la acción de nulidad, y así en el año 2008 se ejercita la acción y la compraventa se verifica el año 2000, resulta evidente que han transcurrido los plazos correspondientes.

Pasa a oponerse al fondo de la demanda de reconvención en primer lugar en el entendimiento de que resulta inadmisible la reconvención por dos motivos además de los expuestos, en primer lugar porque de haber sido anulable el contrato de compraventa, ha sido confirmado posteriormente conforme al artículo 1309 con el contrato arrendamiento,y que la propia firma del convenio regulador de la separación al atribuirse el uso de la vivienda en virtud del contrato arrendamiento redundan en el mismo sentido confirmatorio.

Se dicta sentencia con fecha 24/11/2009 en cuyo fallo se estima íntegramente la demanda, se desestima íntegramente la demanda de reconvención y se imponen las costas de una y otra a la demandada.

Segundo.-

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se opongan a los aquí expresados.

Recurrida en apelación por D.ª Agustina la sentencia y si bien se aceptan los fundamentos de derecho segundo y tercero, en donde se desestiman las excepciones, pero manifestando su oposición a la forma la que se ha tratado lo que denomina la acción de reembolso, y en tal sentido en primer lugar, insiste en que el objeto del contrato de arrendamiento, y del propio contrato de compraventa, simulado, impiden dar el tratamiento de cosa propia al inmueble. De tal manera que considera que lo que se pretendía fundamentalmente era sustraer los bienes a los posibles embargos, sin abono de precio ninguno, y si subrogación de ningún tipo, por lo que no es posible dar validez primero al contrato de compraventa y derivado de éste al contrato de arrendamiento.

Se añade además la falta de entrega y cambio de posesión, es decir que en el propio Juicio del desahucio, previo a estos autos, el propio actor reconoce que no hubo cambio de posesión y que la vivienda constituyó el domicilio conyugal ininterrumpidamente desde el año 1984, y que la finalidad de la compraventa era evitar los numerosos embargos que iban a grabar la casa. Con ello se añade el dato del reconocimiento expreso del demandante que reconoce en el acto de juicio que su padre compró la vivienda, se refiere al hijo del demandado, con el fin de mantener el patrimonio familiar. Cuestiona la admisión de la testifical de la hermana del actor, por su relación, y además por el interés directo que tiene en el pleito.

Enumera así los datos que deben llevar a dar por probada esa simulación primero el que la escritura esconde, oculta, el hecho de que era domicilio familiar, así como la falta de actos de los usuarios o más exactamente el ejercicio de actos posesorios por parte de quien estaba vendiendo, con posterioridad a esta.

Se cuestiona también el hecho de pago de renta mensuales, sobre todo porque los documentos 2 a 18 y de 10 a 28 no se corresponden a los alquileres de vivienda y es de observar que la Caja Rural acreditó que la titularidad de la cuenta designada en el contrato, no era de Hugo.

Valorados los extremos expuesto en el recurso y aditamentos de oposición es de observar que la sentencia de referencia tras establecer exactamente las alegaciones de una parte y otra, hasta desembocar en el antecedente sexto con declaración hechos probados, el primero de ellos consistente en la escritura pública otorgada el 7/4/2000 en la que el actor vende a sus padres el pleno dominio de la vivienda unifamiliar de la calle DIRECCION000 NUM001 (se refiere a la NUM000). Mediante sentencia de primera instancia número dos de fecha 13/6/2003 autos 22/03 se acuerda la separación del matrimonio entre actor y demandada y por último se señala como hecho probado, que el 7/1/2003, el padre del actor Hugo y la demandada en este procedimiento suscribieron contrato de arrendamiento sobre el piso ubicado en la calle DIRECCION000 NUM000 por un plazo de cinco años y nueve meses, pactándose una renta de 180 €.

Tras establecer en el fundamento de derecho primero las alegaciones de una y otra parte determina exactamente cuál es la doctrina legal y articulado susceptible de ser aplicado cuando se solicita la nulidad de un contrato o del negocio jurídico.

Pasa ya en su fundamento de derecho segundo a analizar las excepciones alegadas por las partes reconvenidas, y en tal sentido se desestima la falta de legitimación activa que se dice tiene la actora, habida cuenta del derecho a uso y disfrute del inmueble que se otorgan la sentencia de separación.

Con respecto a la falta de legitimación activa del propio actor, invocada por la demandada, en realidad señala la sentencia que lo que se discute en esa falta de legitimación, es el fundamento propio de discusión del pleito, pues en realidad de lo que se está hablando es si es el verdadero propietario, y si puede o no puede ejercitar la acción de 1158 del Código Civil, pues en modo alguno pudo abonar lo adeudado como tercero, pues él era el propietario, en realidad, señala la sentencia que lo que se discute es si la propiedad del actor la ha conservado o no, hasta ahora, y por tanto el contrato del 2000 y del 2003 son simulados. Establece la sentencia con cita de numerosas jurisprudencia que viene realizando del principio de la sentencia, de esta misma Audiencia Provincial que la carga de la prueba de la simulación recae sobre la parte que la alega si bien también señala que la posibilidad de la deducción de la situación de simulación de un negocio jurídico se puede extraer directamente de los hechos acreditados a través de la prueba presentada. Y la Sala hasta este punto, comparte los criterios sustentados por la resolución recurrida, en torno a la demanda de reconvención, pues efectivamente como tiene señalado esta Sala, con respecto a la simulación: Audiencia Provincial de Valencia, Sección 11.ª, Sentencia de 20 Jul. 2009, rec. 333/2009 Ponente:Ilmo.SR D. Arolas Romero, José Alfonso: "...Al respecto, es de significar que en este tipo de asuntos la doctrina del Tribunal Supremo sienta unas bases que han de ser tenidas en cuenta, como ya lo han sido por esta Sección en otras resoluciones para supuestos análogos (S.s. 13-6-05,10-5-07...): primero, que la simulación absoluta de un contrato implica un negocio jurídico que carece de causa y que por ello resulta inexistente por aplicación de los arts. 1261 n.º 3 y 1275 del C.C., cual ocurre en los supuestos de compraventa en que no ha habido precio o entrega de la casa vendida (Ss. T.S. 24-10-96, 7-2-94, 25-5-95...), inexistencia que conlleva la nulidad absoluta del acto y de las consecuencias jurídicas que hubiera producido, tal como la inscripción que dicho negocio hubiera causado en el Registro de la Propiedad; segundo, que el art. 1274 del C.C. establece que, en los contratos onerosos, la exigencia de causa, esto es su existencia, implica la necesidad de contraprestación, pues sin esta no se justifica la vinculación unilateral por quien no tiene animo de liberalidad, y ello hará que la compraventa sin contraprestación enconómica carezca de causa, en atención a que no basta la mera voluntad de obligarse, expresada individualmente o por ambas partes, debido a que no hay contrato sin causa (S.s. T.S. 27-6-96, 13-3-97, 28-12-07...); tercero, que la existencia de la simulación en un contrato ha de inferirse a través de la prueba de presunciones, por el natural empeño que en los contratos simulados ponen las partes en hacer desaparecer los vestigios de la simulación y en aparentar que el negocio es cierto y efectivo reflejo de la realidad (Ss. T.S. 25-4-81, 2-12-83, 10-7-84, 5-12-84, 13-10-87, 16-9-88, 5-11-88, 23-1-89, 13-12-89, 29-3-93, 15-11-93...), pues si toda simulación no es sino una mera apariencia engañosa, carente de causa, lógico es que la misma tenga que ser deducida, averiguada y constatada, acudiendo a indicios y prevenciones para alcanzar la certeza moral de la inexistencia del contrato (Ss. T.S. 22-2-91, 24-6-91, 12-12-91, 29-1-92 entre otras...); y cuarto, que en ese método deductivo son sustanciales para inferir la nulidad del contrato por inexistencia de causa el precio vil, la declaración de haberse recibido, la falta de prueba de su entrega, la continuidad en el uso del bien vendido por parte del vendedor, el vinculo de parentesco entre los contratantes y las dificultades económicas del vendedor (Ss. T.S. 15-12-89), o incluso del comprador, según los casos...." Y lo cierto es que las valoraciones realizadas en la sentencia, para con respecto a la inexistencia de simulación se comparten, que no las referentes al contrato de arrendamiento, pues lo bien cierto es que en estas últimas, la interpretación puede derivar a la valoración de la acción principal, y con el resultado de esta, la Sala no coincide. Así resultan absolutamente acertados los argumentos expuestos al folio 282 párrafo tercero de la sentencia, al estimar probados los extremos correspondientes a que en el documento de compraventa, se expresan todos y cada uno de los requisitos de aquel contrato, e incluso los referentes al contrato de arrendamiento, si bien se hace la salvedad de las apreciaciones de veracidad, que realiza la sentencia en su número segundo, letras a,b y c, sobre la existencia y validez de ambos contratos. Por último resulta conveniente recalcar que la acreditación de los extremos de simulación le corresponden a la demandada principal, y lejos de conseguirlo, el principal argumento expuesto, cual es la existencia de deudas, no probadas, y de supuestos embargos evitados con la venta, ni siquiera otorgan, caso de ser ciertos valor a la existencia de la simulación. Por otra parte tampoco se consigue acreditar de forma indubitada la existencia de actos de posesión, o su ausencia, que permitan inferir el devastador efecto de la simulación. Por lo que se considera correcta la conclusión de la sentencia en los extremos referentes a la desestimación de la reconvención.

Es ahora necesario entrar en la demanda principal, y en lo que ha esta respecta, es de hacer ver lo siguiente, primero, que la realidad es que la afirmación del pago realizado por el demandante no esta acreditado, es decir, las fotocopias no solo no sirven sino que la realidad del pago verificado por tercero, cuando la imputación que se verifica por el actor es de una deuda alimenticia, no resulta admisible, salvo una acreditación indubitada, y en este sentido se difiere y mucho de la valoración y apreciación de la prueba verificada en la instancia, pues los recibos, sus fotocopias, se tratan de salvar por medio de una escritura otorgada por el padre del actor, aportada de forma no integra sobre el pago de rentas, pero que en realidad en nada empece la falta de pruebas, pues la simple manifestación del padre del actor, no resulta suficiente para salvar aquella, además debe observarse que estamos hablando de la aplicación del 1158 y este no admite ninguna duda del pago, es decir ni siquiera, la intervención del padre en el acto de juicio resulta suficiente, no solo por las implicaciones sino porque en casos como estos, no puede dejarse ningún resquicio a la duda, y la realidad es que en este caso concreto lo más que puede hacerse es inferir, y ni siquiera presumir, como por ejemplo de los documentos 1 a 17 de la contestación a la reconvención, que en realidad, pese a referirse al arrendamiento, y a los pagos realizados, en los mismos se encuentran referencias de todo tipo, y ni mucho menos todas al arrendamiento, con lo que el efecto perseguido con su aportación decae; además en la sentencia penal de condena por impago de prestaciones, al folio 33,en su fundamento de derecho segundo párrafo tercero determina que presentó como prueba documental recibos justificativos del pago del alquiler correspondientes a los citados meses dicho recibos, que según sus propias manifestaciones han sido confeccionados por el mismo. Incluso en la propia sentencia del procedimiento 126/2008, al folio 111 se especifica la intervención de varios testigos que aseveran que no se pagó renta, con lo que mal se podía pagar por otro. En la misma línea y sobre el mismo hecho de acordarse el pago por transferencia, y que luego este se satisfaga de forma diversa a la acordada; lo bien cierto es que las dudas, no despejadas, de no haberse abonado las rentas que se dicen reclamar, con independencia de que no se discuta la cuantía, resultan de tal entidad que con base al artículo 1158 del Código Civil no es admisible la estimación de la demanda.

Tercero.-

La estimación parcial del recurso conlleva que no se impongan a la parte apelante las costas causadas en esta alzada (art. 398 L.E.C.). Si bien y con respecto a las de primera instancia, en tanto se desestima tanto la demanda principal, como se mantiene la desestimación de la reconvención cada parte abonara las correspondientes a su actuación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLO


 
Primero.-

SE ESTIMA en parte el recurso de apelación interpuesto por Agustina contra la sentencia dictada el 24/11/2009 por el Juzgado de 1.ª Instancia 3 de Ontiyent en Juicio Ordinario 241/2008.

Segundo.-

SE REVOCA SOLO EN PARTE la citada resolución manteniéndose el resto y en su lugar:

A)SE DESESTIMA la demanda formulada por D. Eugenio contra Agustina con expresa condena de las costas causadas en primera instancia a la actora.

Tercero.-

NO SE HACE expresa imposición de las costas generadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, y, a su tiempo, devuélvanse los autos principales al Juzgado de procedencia con certificación literal de la misma, debiendo acusar recibo.

Respecto al depósito constituido por el recurrente, de conformidad con la L.O. 1/09 de 3 de Noviembre en su Disposición Adicional Decimoquinta, ordinal 8.º, devuélvase al recurrente la totalidad del depósito.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, según doctrina del Tribunal Supremo sentada reiteradamente, entre otros, en autos de fecha 21 y 28 de noviembre de 2006, 19 de febrero de 2007, 3 de julio de 2007, 8 de septiembre de 2008, 14 de julio de 2009, 8 de septiembre de 2009 y 27 de octubre de 2009.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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