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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 239/2010 de 18 de junio


 RESUMEN:

Acción reivindicatoria: Absolución de la entidad mercantil demandada a dar cumplimiento a su compromiso de recompra. La demandada ha desplegado la actividad para desplegar la reventa. Maquinación fraudulenta: Inexistencia. Dolo: Inexistencia de vicio del consentimiento.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00239/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000183 /2010

SENTENCIA N.º 239

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MIGUEL CABRER BARBOSA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ

D.ª COVADONGA SOLA RUIZ

En PALMA DE MALLORCA, a dieciocho de junio de dos mil diez.

VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos, de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 18 de Palma de Mallorca, bajo el Número 992/07, Rollo de Sala Número 183/10, entre partes, de una como demandantes apelantes D. Abelardo y D.ª Manuela, representados por el Procurador D. Francisco J. Gayá Font y defendidos por el Letrado D. Dieter Fahnebrock; y de otra como demandada apelada la entidad "Promotora Inmobiliaria Balear, S.A.", representada por el Procurador D. Julián A. Montada Segura y defendida por el Letrado D. Jaime Gelabert Llambías.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 18 de Palma de Mallorca en fecha 11 de septiembre de 2009, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimo íntegramente la demanda presentada por la representación procesal de don Abelardo y de doña Manuela contra la entidad mercantil "Promotora Inmobiliaria Balear, Sociedad Anónima" y, en su mérito absuelvo a dicha parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra, con expresa condena al pago de las costas procesales causadas a las partes actoras.".

Segundo.-Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 25 de mayo del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Tercero.-Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Formulada demanda de juicio ordinario por parte de D. Abelardo y D.ª Manuela, contra la entidad "Promotora Inmobiliaria Balear, S.A." (PROIMBASA), en suplico de que se dicte Sentencia por la que:

1. Se condene a la demandada a dar cumplimiento a su compromiso de recompra y abone a los actores la cifra de 23.900.- marcos alemanes equivalentes a 12.219Z88 €, así como al pago de la cantidad que resulte en concepto de interés legal que devengue la expresada cifra desde la interposición de la demanda hasta su efectivo pago, quedando para la demandada la propiedad de la semana señalada y ubicado en el complejo Aucanada Club.

2. Subsidiariamente, para el caso de no acogerse la anterior pretensión, se declare la resolución del contrato de 29 de septiembre de 1996 (documento num 1 de la demanda) y que como consecuencia de ello se condene a la demandada a que abone a los actores la cifra de 23.900.- marcos alemanes equivalentes a 12.219Z88 €, así como al pago de la cantidad que resulte en concepto de interés legal que devengue la expresada cifra desde la interposición de la demanda hasta su efectivo pago;

fue contestada y opuesta por la entidad demandada y, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, aquélla fue desestimada en la instancia por Sentencia de fecha 11 de septiembre-09, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimo íntegramente la demanda presentada por la representación procesal de don Abelardo y de doña Manuela contra la entidad mercantil "Promotora Inmobiliaria Balear, Sociedad Anónima" y, en su mérito absuelvo a dicha parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra, con expresa condena al pago de las costas procesales causadas a las partes actoras.". Contra cuya resolución se alza la representación procesal de los Sres. Abelardo Manuela, insistiendo que el contrato conlleva un compromiso de recompra, y que en todo caso procede la resolución contractual pues no garantiza la devolución del dinero invertido, que la demandada no ha desplegado actividad para desplegar la reventa, por todo lo cual interesa se estime íntegramente el presente recurso de apelación y se revoque la Sentencia de instancia estimando íntegramente los pedimentos aducidos por esta representación en su escrito de demanda, con los pronunciamientos que le son inherentes.

La representación procesal de "Promotora Inmobiliaria Balear, S.A." se opone al recurso formalizado de adverso, alegando que la demandada ofrecía un programa de reventa, que no de readquisición o de recompra, y puso los medios para revender los derechos a terceros, por todo lo cual interesa la confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

Segundo.-La valoración conjunta del material probatorio desplegado y el examen detallado del contenido de la documental aportada permiten concluir a este Tribunal en el mismo sentido negatorio que el Juzgador de instancia, respecto de la pretensiones deducidas según demanda, en tanto no concurre causa alguna de resolución contractual, y en cuanto la demandada ofrecía a los actores obligación de medios para una reventa a terceros del aparcamiento por turnos de referencia, a modo de mediador.

En efecto, el contrato de fecha 29-septiembre-96 recoge la posibilidad de reventa, y no de recompra por la demandada, de los derechos de aprovechamiento a tiempo parcial del apartamento n.º NUM000 del Complejo " DIRECCION000 ", y poniendo los medios para ello pero sin garantizar resultado final. NO debe olvidarse que han transcurrido 12 años, en los correspondientes aprovechamientos, sin objeción, protesta o reserva, excepto lo que se dirá, lo que en modo alguno autoriza una resolución contractual, y que los actores han dejado de abonar las cuotas de mantenimiento desde el año 2000; siendo que en el acto de la audiencia previa la parte actora reconoció que la traducción correcta del vocablo era "reventa" (véanse Anexos como f. 23-pacto 10, y comunicaciones entre las partes a f. 29, 30, 32, sobre la venta en los f. 36, 41 y 44 de autos).

Y en modo alguno tal pacto de reventa puede calificarse de desleal, sino de una obligación de medios, y no de resultado; y además, respecto de la reventa de la cuota (f. 29, 31, 33 y 42 de autos).

Tercero.-En el caso de autos NO se desprende que a la hora de contratar concurriere error, dolo, violencia o intimidación, ni falta de información o deficiente ni de reflexión, como tampoco maquinación fraudulenta o insidiosa alguna para que la demandada lograre su objetivo de firmar el contrato, lo que ya contrasta con el aprovechamiento por turno durante doce años aproximadamente. Tampoco consta acreditado otros vicios de consentimiento como insidia inductora, simulación, reserva mental, o mala fe contractual, a la fecha de suscribir el contrato, ni otras causas determinantes de resolución contractual como presiones, coacciones, publicidad engañosa, desequilibrio relevante en las contraprestaciones, etc., en este supuesto concreto.

Siguiendo la mejor doctrina, y como ha señalado reiteradamente este Tribunal según el artículo 1.266, "para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo". Conforme a ello, el error causante de la posible anulabilidad puede recaer sobre datos objetivos del propio acuerdo contractual cuanto respecto de la otra parte contratante: en el primer caso, suele hablarse de error esencial o sustancial; en el segundo, de error sobre la persona.

Aunque el artículo 1.266 se limite a prescribir que el error ha se ser esencial o sustancial, se requiere igualmente para invalidar el contrato que se trate de un error excusable. Con semejante calificación se pretende indicar que el contratante que incurre en yerro debe acreditar haber ejercitado una diligencia normal en el conocimiento de los extremos propios del objeto del contrato y que, pese a ello, no ha logrado superar la falsa representación mental en que ha incurrido.

Con mayor claridad, la jurisprudencia -en vez de recurrir a la idea de excusabilidad- prefiere afirmar que el error "no sea imputable a quien lo padece" (SSTS de 18 de abril de 1978 y 16 de diciembre de 1957) o que resulta intrascendente cuando pudo evitarse mediante el empleo de una regular diligencia (STS de 7 de abril de 1976).

Debe existir, finalmente, un nexo de causalidad entre el error sufrido y la celebración del contrato, de forma tal que resulta exigible probar que dicho error es determinante. Esto es, que de no haber existido error, no se habría llegado a la efectiva celebración del contrato. Y sobre el dolo que, por otra parte, actuar dolosamente (con dolo) significa tanto como malévola o maliciosamente, ya sea para captar la voluntad de otro, ya incumpliendo la obligación que se tiene contraída.

El dolo como vicio del consentimiento es el consistente en inducir a otro a celebrar un contrato que finalmente celebra y que, por tanto, incurre en error. Lo que ocurre es que, como dicho error ha sido provocado por la parte, el ordenamiento jurídico considera el dolo como un supuesto específico de vicio del consentimiento.

Así, afirma el artículo 1.269 que "hay un dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas en parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho". Por su parte, el artículo 1.270 completa la regulación del dolo como vicio del consentimiento disponiendo que "para que el dolo produzca la nulidad de los contratos deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios".

Por tanto, para que el dolo sea causa de anulabilidad del contrato se requiere:

1) Que el dolo sea grave, llevado a cabo con la intención, con la mala intención consciente y deliberada, de engañar a la otra parte.

2) El dolo ha de inducir a la otra parte a celebrar el contrato. Es decir, ha de tratarse de un dolo determinante o dolo causante, sin cuya existencia la parte que lo sufre no hubiera contratado. La relación de causalidad entre la conducta engañosa o insidiosa, de una parte, y la voluntad de celebración del contrato, de otra, se encuentra nítidamente recogida en el artículo 1.269.

El dolo determinante se contrapone así al dolo incidental, que no resulta caracterizado por el Código, el cual se limita a disponer que no tendrá consecuencias anulatorias del contrato celebrado, sino que sólo dará lugar a indemnización de daños y perjuicios (art. 1.270.2).

El dolo puede consistir también en conductas pasivas o reticentes que, resultando a la postre engañosas, induzcan a contratar a quien no hubiera llegado a hacerlo en caso de habérsele hecho saber cuanto, consciente y deliberadamente, le oculta la atra parte. Dicha conclusión ha sido reiteradamente establecida por el TS: "el dolo como vicio del consentimiento contractual (es) comprensivo no sólo de la insidia directa e inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también de la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente a la otra parte... aprovechándose de ello" (SSTS de 21 de julio de 1993, 27 de septiembre de 1990, 28 de noviembre de 1989 y 15 de julio de 1987).

Pues bien, como ya se ha indicado, no se ha acreditado en este supuesto específico ninguna causa de nulidad o de anulabilidad del contrato de referencia, en relación con las precedentes enseñanzas jurisprudenciales.

Cuarto.-La desestimación del recurso obliga a imponer a la parte apelante las costas procesales causadas en esta alzada, en estricta aplicación de los principios objetivo y de vencimiento, y conforme a lo previsto en los arts. 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En atención a lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA DECIDIDO:


FALLAMOS


 
1.º) Desestimar el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Fco. J. Gayá Font, en representación de D. Abelardo y D.ª Manuela, contra la Sentencia de fecha 11-septiembre-2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 18 de esta Capital, en los autos de Juicio Ordinario n.º 992/2007, de que dimana el presente Rollo de Sala; y en su virtud;

2.º) Confirmar los pronunciamientos que la resolución impugnada contiene.

3.º) Se imponen a la parte apelante las costas procesales devengadas en esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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