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Sentencia A.P. Pontevedra 339/2010 de 18 de junio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Propiedad intelectual. Reproducción ilícita de obras por parte de una empresa mercantil de copisteria. Reclamación indemnizatoria: Limitación a la que correspondería a las cuatro máquinas fotocopiadoras con aplicación del coeficiente de reproducción sin autorización de la obra. Criterio jurisprudencial dominante.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00339/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 188/10

Asunto: ORDINARIO 253/10

Procedencia: MERCANTIL NÚM. 2 DE PONTEVEDRA

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR LOS ILMOS MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ

D. FRANCISCO JAVIER VALDÉS GARRIDO

D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.339

En Pontevedra a dieciocho de junio de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de procedimiento ordinario 253/09, procedentes del Juzgado Mercantil núm. 2 de Pontevedra, a los que ha correspondido el Rollo núm. 188/10, en los que aparece como parte apelante-demandante: CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS, representado por el procurador D. SUSANA TOMAS ABAL y asistido por el Letrado D. CONCEPCION GÓMEZ PEREZ-SALAS, y como parte apelado-demandado: COPISTERIA COLOTEC DIGITAL, representado por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER ALMON CERDEIRA, y asistido por el Letrado D. JAVIER GAMERO ESQUIVEL, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VALDÉS GARRIDO, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado Mercantil núm. 2 de Pontevedra, con fecha 6 octubre 2009, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimando parcialmente la demanda deducida por la representación procesal de CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS, declaro que por la mercantil demandada se ha llevado a cabo en el local que gira bajo la denominación de COLOTEC DIGITAL, (COTEC SC) la reproducción ilícita de obras empresas vulneradora de los derechos de propiedad intelectual, condenando a la demandada a que cese en la actividad ilícita de reproducción de obras protegidas, con prohibición de reanudarla en tanto no cuente con la pertinente licencia de reproducción, sin especial pronunciamiento en materia de costas."

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes, por Centro Español de Derechos Reprográficos se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día dos de junio para la deliberación de este recurso.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-En el presente proceso, en que por la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual en el sector del texto (Centro Español de Derechos Reprográficos-CEDRO), se formula demanda contra la mercantil Copistería Cotolec Digital -Cotec SC, por la realización en su establecimiento comercial de reproducciones íntegras y parciales de obras impresas generadoras de derechos de propiedad intelectual, mediante fotocopias, para su posterior venta al público que las solicita a cambio de un precio, frente a la sentencia de instancia que estima parcialmente la demanda en el sentido de declarar que por la entidad demandada se ha llevado a cabo en su local la reproducción de obras protegidas con prohibición de reanudarla en tanto no cuente con la pertinente licencia de reproducción, desestimando la pretensión indemnizatoria de la actora con fundamento en el art. 140 LPI (tras optar, como indemnización, por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación), recurre en apelación la demandante en pretensión del íntegro acogimiento de su demanda, interesando la condena de la demandada al abono de la suma indemnizatoria de 18635,34 euros, cuya concreción efectúa por vez primera en el escrito de interposición de recurso de apelación.

Segundo.-En la resolución impugnada, la Juzgadora de instancia, con relación a la no concesión de indemnización, fundamenta su decisión en las previsiones contenidas en el art. 219 LEC, en cuya virtud en las demandas de condena dineraria ha de cuantificarse exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijarse claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.

Siendo así que, en el supuesto contemplado, la actora solicita en su demanda la condena a una cantidad indemnizatoria inicialmente inconcreta, en la cuantía que se determine durante el procedimiento, consistente en la cantidad que arroje el resultado de multiplicar por diez el importe resultante de aplicar las tarifas generales de CEDRO, en el período de realización de la actividad ilícita, a la velocidad de copias por minuto de las máquinas fotocopiadoras existentes en el establecimiento sito en Pontevedra, c/ Michelena 20, donde la demandada ha realizado reproducciones de obras.

Prescindiendo del acudimiento a la vía de las diligencias preliminares de juicio, a que hacen referencia los arts. 256 y ss de la LEC.

Lo que determina un pronunciamiento desestimatorio del pedimento de condena relativo a la obligación de pago de un importe indemnizatorio que por completo queda desconocido.

Tercero.-En su escrito de interposición de recurso de apelación, la actora recurrente alega en pro de su tesis que ya en el escrito de demanda se interesó que por el Juzgado se requiriese a la demandada para que facilitase el número, modelo y marca de cada una de las máquinas y aparatos reproductores existentes en el local comercial a efectos de cuantificar el importe reclamado conforme a los parámetros preexistentes. Y que el órgano judicial no cumplimentó.

La sentencia genera indefensión a la actora, que resulta víctima de la inactividad de la demandada, sin tener tampoco en cuenta el informe de la detective privado, aportado con la demanda y no impugnado de adverso, que señala que tuvo ocasión de comprobar en el establecimiento de la demandada la existencia de cuatro máquinas fotocopiadoras.

Por tanto, la reclamación indemnizatoria a favor de la demandante se va a limitar a la que correspondería a las cuatro máquinas fotocopiadoras, con atribución a las mismas de la mínima capacidad de reproducción de copias por minuto más el IVA correspondiente, y con aplicación del índice CORSA (coeficiente de reproducción sin autorización de la obra).

Por lo demás, la aplicación del índice CORSA resulta del criterio jurisprudencial dominante en la materia.

Cuarto.-Al respecto de la cuestión que se somete a controversia en esta alzada, la reciente STS, de fecha 18-12-2009, ha venido a señalar que "El art. 219 LEC ha puesto fin a una viciosa práctica de pedir y de conceder determinadas indemnizaciones, cuya concreción dejaban los Tribunales para la ejecución de sentencia, sumando un juicio a otro, sin tener en cuenta que la prueba de su importe tiene su lugar específico en el curso del proceso y no en su ejecución. Y, como consecuencia, a una jurisprudencia que, al amparo de la Ley de 1881, rechazaba la tacha de incongruencia hecha a una sentencia por aplazar al trámite de ejecución la determinación de los perjuicios si no era posible cumplimentar lo dispuesto por el art. 360 LEC que ordenaba hacerlo cuando los medios probatorios lo facilitaban, como remedio y reserva última si ello no era posible (SSTS 24-9-1999; 17-7-2000; 10-11-2005, entre otras).

Dicho precepto permite que la sentencia fije la cuantía líquida a abonar en virtud de la misma cuando se reclame el pago de una cantidad de dinero determinado o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, pero siempre que se establezcan las bases a partir de las cuales pueda determinarse la cantidad a pagar mediante una pura operación aritmética. Fuera de dichos supuestos, dice el número 3, no podrá pretender el demandante "ni se permitirá al tribunal en la sentencia, que la condena se efectúe con reserva de liquidación en la ejecución".

El artículo responde a la idea, reiterada en la ley, de que las partes, como consecuencia del principio dispositivo y de aportación que rige en el proceso civil, fijen con absoluta claridad y precisión lo que constituye su objeto, no sólo en lo cuantitativo, siempre sobre la idea de que se conoce lo que se reclama y que lo pueden incorporar a los escritos iniciales, para someterlo a la necesaria contradicción y prueba, cuando se ejerciten acciones a las que se refiere la norma, haciéndolo bien de forma directa, bien mediante la consignación de las bases con arreglo a las cuales deba efectuarse la liquidación a través de una simple operación aritmética; norma que ha restringido considerablemente los casos en que la reserva sea imprescindible, evitando de esa forma "ejecuciones complejas, a veces más que el propio proceso de declaración" (STS 18-5-2009)".

Pues bien, en el caso enjuiciado, el pedimento indemnizatorio de la demanda ciertamente resulta "ab initio" indeterminado, sin que ni siquiera tampoco a lo largo del procedimiento se hayan alcanzado a establecer de forma adecuada unas bases liquidatorias que permitan la cuantificación de la indemnización a través de una mera operación aritmética, cual exige el art. 219 de la LEC.

Y es que para la determinación cuantitativa del montante indemnizatorio se hace precisa la utilización de determinados parámetros (número y características de las máquinas fotocopiadoras, período de realización de la actividad ilícita), carentes en el supuesto de litis de toda concreción o especificación.

Con lo cual resulta imposible la cuantificación, siquiera a través de una simple operación aritmética, del importe remuneratorio al que por la explotación ilícita de obras impresas por la demandada tiene derecho la entidad de gestión actora.

Resultando inadmisible, por extemporánea, la pretensión cuantificadora realizada por la demandante en su escrito de interposición de recurso de apelación.

Por lo demás, a la alegación de indefensión de la actora-recurrente por la indisponibilidad de los datos necesarios para la concreta determinación del importe indemnizatorio y falta de colaboración de la demandada en su facilitación durante el curso del proceso, cabe responder que, a la vista de la reforma operada en la LEC por la ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la demandante pudo muy bien recurrir a la vía de las diligencias preliminares para obtener la información que precisaba en orden a la exacta cuantificación de la reclamación dineraria a plantear (art. 256-1-7.º y 8.º en relación con el 261-5.ª de la LEC), lo que no hizo, no pudiendo ahora invocar un desamparo cognoscitivo provocado por su indiligente actuación.

En atención a lo anteriormente expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación de la sentencia de instancia impugnada.

Quinto.-Dada la desestimación del recurso de apelación, se imponen a la actora recurrente las costas procesales de la presente alzada (art. 398-1 LEC).

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.


FALLAMOS


 
Se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia de instancia impugnada; todo ello con expresa imposición a la actora recurrente de las costas procesales de la presente alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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