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Sentencia A.P. Pontevedra 371/2010 de 18 de junio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Se basa el recurso en la inexistencia de consentimiento prestado para la reparación del vehículo en los términos en los que se llevó a cabo. Desestimación. Condena al abono del importe correspondiente a la estancia del vehículo del demandado, una vez que ya se había procedido a la reparación del vehículo. Presupuesto escrito: Derecho.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00371/2010

Domicilio: C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO

Telf.: 986817388-986817389 - Fax: 986817387

Modelo: SEN00

N.I.G.: 36038 37 1 2008 0600652

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0005142 /2008

Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO

Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000984 /2007

APELANTE: Germán

Procurador/a: M.ª VICTORIA BARROS ESTEVEZ

Letrado/a: BEATRIZ LAGO GOMEZ

APELANTE/A: Porfirio

Procurador/a: M.ª DOLORES BRAVO CORES

Letrado/a: DOLORES OTERO

LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta por los Ilmos. Sres.

Magistrados D. Julio Picatoste Bobillo Presidente; D. Juan Manuel Alfaya Ocampo y D. Eugenio Francisco Míguez Tabares, han

pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm.371/10

En Vigo, a dieciocho junio de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, sede Vigo, los autos de JUICIO VERBAL 0000984 /2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO, a los que ha correspondido el núm. de Rollo de apelación 0005142 /2008, es parte apelante-demandante: D./.ª Germán, representado por el procurador D./.ª M.ª VICTORIA BARROS ESTEVEZ y asistido del letrado D./.ª BEATRIZ LAGO GOMEZ; y, apelante-demandado: D./.ª Porfirio representado por el procurador D./.ª M.ª DOLORES BRAVO CORES y asistido del letrado D./.ª Jesús Novoa, sobre reclamación de cantidad.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./D.ª Eugenio Francisco Míguez Tabares, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3 de Vigo, con fecha 24/3/2008, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimando parcialmente la demanda presentada por el procurador Sra. Dña Victoria Barros Estévez, en nombre y representación de D. Germán, debía condenar y condeno a D. Porfirio a que abone al actor la cantidad de 1.132,47 € con los intereses legales correspondientes a contar dese el dictado de la presente resolución hasta el completo abono de la misma, sin declaración expresa en cuanto a las costas.

Segundo.-Contra dicha Sentencia, por los procuradores D.ª Victoria Barros Estévez en nombre y representación de D. Germán y D.ª Dolores Bravo Cores, en nombre y representación de Porfirio, se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a la Audiencia Provincial de Pontevedra, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección Sexta, sede Vigo, señalándose para la vista/deliberación del presente recurso el día 14/6/2010.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Procede analizar separadamente los recursos de apelación interpuestos por ambas partes litigantes.

Así en relación con el recurso interpuesto por la representación procesal de Don Porfirio el mismo se basa en la inexistencia de consentimiento prestado para la reparación del vehículo en los términos en los que se llevó a cabo.

La parte demandada alega que no se le presentó presupuesto escrito y que no existió autorización para que se realizara la reparación, invocando en el recurso el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la Actividad Industrial y la Prestación de Servicios en los Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de sus equipos y componentes. Sin embargo a nivel autonómico de Galicia resulta aplicable el Decreto 206/1994, de 16 de junio, por el que se adapta la normativa vigente en materia de prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos y de sus equipos y componentes, y en cuyo art. 14-1 se dispone que todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un presupuesto escrito. En el apartado 3-d) se establece que toda renuncia a la confección del presupuesto deberá hacerse constar de forma expresa en el resguardo del depósito, y en el apartado 4 se establece que sólo podrá procederse a la prestación del servicio una vez que el usuario o persona autorizada conceda su conformidad mediante la firma del presupuesto o renuncie fehacientemente a su elaboración.

La SAP Orense, sec. 2.ª, de 8 de junio de 2004 afirma que "en relación a la interpretación que la jurisprudencia de las AAPP viene dando a tales preceptos y de las que el apelante cita a título de ejemplo en apoyo de su pretensión la de la AP Asturias de fecha 20 de junio del 2002, de la que se hace eco la del mismo tribunal de fecha 22 de octubre de 2002, es lo cierto que la práctica totalidad de las resoluciones que tratan y abordan la cuestión huyen de una interpretación formalista de aquellos, acudiendo a la valoración de la prueba en el caso concreto enjuiciado, con lo que si el actor acredita cumplidamente la existencia de una orden de encargo por parte del arrendatario aun en supuestos de falta de presupuesto o renuncia expresa al mismo y éste no acredita los hechos que impidan o excluyan tal pretensión la demanda habrá de ser estimada al objeto de impedir un enriquecimiento injusto vedado en nuestro ordenamiento, con lo que en tales casos el referido presupuesto previo, concebido como derecho del consumidor, no se constituye en requisito de la validez de la relación contractual, sino que simplemente favorece la prueba de su existencia, adquiriendo especial relevancia en tales supuestos y a efectos probatorios la habitual relación que liga al cliente y al taller de reparación".

En el presente caso resulta probado, a la vista de la declaración prestada en la vista por el demandado Don Porfirio, que este contrató los servicios de "Talleres Vaamonde" para la reparación de su vehículo y a la vista de la peritación que efectuó "Talleres Delio" y el propio demandante encargó a la entidad "Mourente Motor, S.L." las piezas necesarias para que aquel llevase a cabo la reparación. De este hecho cabe concluir que, aun cuando no consta la existencia de presupuesto escrito de reparación, el demandado mostró su conformidad en que se procediese a la reparación del vehículo por parte del demandante con las piezas de segunda mano que facilitaba el propio cliente, extremo este que afirma además la testigo Doña Victoria. El problema surge cuando tras llevarse a cabo dicha reparación la misma no solucionó la avería, por lo que resultó preciso volver a desmontar el vehículo e instalar en el mismo un puente trasero de segunda mano, tal y como precisó en la vista el testigo Don Luis Andrés. El demandado afirma que no se le facilitó presupuesto y que no aprobó dicha reparación, sin embargo en la vista reconoció que recuperó las piezas que había adquirido en la entidad "Mourente Motor, S.L.", y el que era trabajador de esta empresa Don Carmelo manifestó en juicio que efectivamente el señor Porfirio devolvió las piezas que quedaron en depósito por si eran vendidas, pero que posteriormente se las llevó. Al recuperar el demandado las piezas que inicialmente le había facilitado al taller demandante para la reparación del vehículo sin que conste que haya formulado protesta y no habiéndose formulado objeción acerca de que la reparación finalmente realizada haya sido llevada a cabo de forma incorrecta es por lo que debe considerarse probado que el demandado consintió en la reparación que finalmente se realizó en su vehículo, por lo que debe abonar su importe, ya que en otro caso nos encontraríamos ante un supuesto de enriquecimiento injusto.

El coste de la reparación ascendió a la cantidad de 1.432,47 euros, según resulta de la factura aportada con la demanda, suponiendo un importe similar (piezas incluidas) al valor de la reparación presupuestada por "Talleres Delio" que ha sido aportada por la propia parte demandada; e incluso atendiendo al hecho de que sólo las piezas adquiridas en la entidad "Mourente Motor, S.L." ascendieron a 882,13 euros más IVA el valor total de la reparación al incluirse la mano de obra hubiera sido superior aún al reflejado en la factura cuyo pago ahora se reclama.

La parte demandante reconoció en la vista que le habían sido entregados 300 euros, por lo que debe descontarse dicha cuantía de la suma adeudada, por lo que la condena por la reparación asciende a 1.132,47 euros reflejada en el fallo de la sentencia.

Debe por lo tanto desestimarse el recurso interpuesto por Don Porfirio.

Segundo.-Respecto al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Germán el mismo se fundamenta en la desestimación de la pretensión correspondiente a la penalización por el tiempo de estancia en el taller.

En relación con esta cuestión debe indicarse en primer lugar que en la vista del juicio verbal se admitió de forma indebida la ampliación de la reclamación de la parte demandante en relación con el concepto de penalización por la estancia del vehículo en el taller. En la demanda inicial del proceso monitorio se reclamó por el alquiler relativo al espacio que en el taller del demandante ocupa el vehículo del demandado la cantidad de 556,80 euros, correspondiente al período transcurrido entre junio de 2005 y enero de 2006. Esta cantidad junto con el importe de la factura ascendieron a la suma de 1.989,72 euros, lo que constituía el petitum de la demanda monitoria y dio lugar a la admisión a trámite y requerimiento al demandado por dicho importe, y a la posterior oposición por el deudor en relación con las pretensiones concretas que contra él se planteaban en el proceso monitorio. No debió entonces admitirse la ampliación por las mensualidades transcurridas desde la interposición de la demanda de proceso monitorio hasta el acto de la vista del juicio verbal con base en el art. 818-1 LEC, máxime cuando en este caso la ampliación implicaba la inadecuación del procedimiento al resultar aplicable el art. 249-2 LEC por exceder la cuantía de 3.000 euros.

Dicho lo anterior procede seguidamente analizar si debe Don Porfirio ser condenado a abonar a Don Germán, como titular de "Talleres Vaamonde", el importe correspondiente a la estancia del vehículo del demandado entre junio de 2005 y enero de 2006, una vez que ya se había procedido a la reparación del vehículo (pues la fecha de la factura es de 30/5/2005).

La parte demandada alegó que no le devolvieron el vehículo porque el taller ejerció el derecho de retención. Resulta probado que en el presente caso existió controversia entre las partes, ya que la reparación finalmente realizada se ejecutó en forma distinta a la inicialmente acordada entre los contratantes. La SAP de Zaragoza, sec. 4.ª, de 31 de mayo de 2002 (EDJ 2002/50994) afirma que "Conforme al art. 15.2 RD 1457/1986, de 10 de enero "Únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este hecho, no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles. En todo caso, dichos gastos de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y por los días que excedan del citado plazo". Ha sido reconocido por el actor que la razón por la cual tiene el vehículo en su poder es que ha ejercitado el derecho de retención que establece el art. 1600 CC, que justifica por el impago del precio por parte del demandado, y tal situación se produjo por el desacuerdo entre ambas partes sobre la procedencia del pago del precio reclamado. Por tanto, la falta de recogida del vehículo no obedece a la mera mora el pago por el demandado, sino a la mencionada disputa que dio lugar incluso a una denuncia penal por estafa que terminaría por ser archivada y respecto de la cuál tanto la pericial como la sentencia de primer grado dieron en parte la razón a la recurrente. Por todo ello puede ser aplicada la doctrina que sienta la SAP de Valencia núm. 169/1998 de 24 de febrero EDJ1998/5475 que considera que el ejercicio del derecho de retención en circunstancias como las que rodean el presente caso, en el que existe un desacuerdo en el precio a pagar debido al incumplimiento por parte del actor de la obligación de someter un presupuesto a la aprobación del dueño del vehículo o a dejar constancia de su renuncia al mismo conforme al art. 14 del mencionado RD EDL1986/899, supone un uso expansivo y abusivo del derecho de retención que no puede ser amparado (art. 7 CC EDL1889/1). De ahí que no pueda tampoco dar lugar al pago de las estancias previstas en el art. 15.2 RD 1457/1986 antes citada EDL1986/8998, previsto para la mora injustificada de la recogida del vehículo por parte del propietario".

La STS Sala 1.ª, de 3 de noviembre de 1981 (EDJ 1981/1634) afirma que "no cabe dudar de la corrección de la sentencia impugnada, que da preponderancia y eficacia jurídica solamente a lo que los contratantes convinieron -de hecho, la reparación de un automóvil- calificándolo como un arrendamiento de obra, fin unitario económico perseguido, del cual no puede ser más que un elemento accidental, inoperante, la precisa estancia del vehículo en el taller del contratista mientras la reparación se hace, dado natural y consecuencia normal derivada del propio contrato y, consecuentemente, incapaz por sí mismo de constituirse en contrato típico independiente o, como se quiere en el recurso, concurrente con el arrendamiento, sobre todo para producir los efectos o consecuencias económicas que se persiguen, configuradas en el artículo 1779 del Código Civil, sancionador de una responsabilidad civil del depositante que ahora se quiere calificar de objetiva".

El art. 15 del citado Decreto 206/1994, de 16 de junio de la Comunidad Autónoma de Galicia establece en su apartado 6 que "se podrán acreditar gastos por estancia cuando, habiéndose comunicado al usuario que ya se efectuó el presupuesto o reparación del vehículo, éste deje transcurrir más de tres días hábiles sin pronunciarse sobre la aceptación del presupuesto sin proceder a la retirada del vehículo. En todo caso estos gastos de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y por los días que excedan del citado plazo". En el presente caso resulta acreditado que por parte de Doña Victoria, según declaró en la vista tanto esta como el también testigo Don Segundo (cuyo teléfono móvil se efectuó para realizar una llamada a Don Porfirio), se comunicó al demandado la existencia de la reparación y el importe de la deuda, pero no consta en qué fecha se realizó dicha llamada de teléfono a los efectos de iniciar el cómputo del citado art. 15-6, ni que se hubiese comunicado al demandado que desde ese momento comenzaba la estancia del vehículo a devengar gastos por dicho concepto, ni cuál era el importe de dicho gasto, ni que el demandado tenía posibilidad de retirar el vehículo al no ejercitarse un derecho de retención sobre el mismo. La prueba de tales hechos correspondía a la parte actora reclamante en virtud del principio de la carga de la prueba del art. 217 LEC, por lo que al no haberse acreditado debe desestimarse dicha pretensión.

Se insta asimismo en el recurso la condena del demandado al pago de los intereses desde la fecha de emisión de la factura o, subsidiariamente, desde la presentación de la demanda. Deben desestimarse ambas pretensiones, ya que en la demanda inicial del proceso monitorio se solicitó para el caso de impago del deudor el interés de mora procesal desde la fecha del Auto. Obviamente el Auto al que se refiere el demandante es el del despacho de ejecución del art. 816 LEC, ya que la admisión a trámite se realizaba mediante providencia (art. 815 LEC). El despacho de ejecución sólo resulta posible en este caso, al haber existido oposición, tras la sentencia que resuelve el proceso declarativo correspondiente, por lo que en base a la propia petición de la parte actora debe estarse a los términos de la sentencia. Asimismo debe tenerse en cuenta que la reclamación inicial por el impago de la factura tampoco fue inicialmente acogida al descontar la propia parte actora en la vista la suma de 300 euros que reconoció haber ya percibido del demandado.

El pronunciamiento en costas realizado en primera instancia responde fielmente a la previsión contenida en el art. 394-2 LEC dada la estimación parcial de la demanda.

Debe, por lo tanto, desestimarse igualmente el recurso interpuesto por la parte actora y confirmarse en su integridad el fallo de la sentencia dictada en la instancia.

Tercero.-De conformidad con lo prevenido en los arts. 394 y 398 LEC cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las costas a la parte apelante, salvo que presentase serias dudas de hecho o de derecho.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Desestimando los recursos de apelación interpuestos por la Procuradora Doña Victoria Barros Estévez, en nombre y representación de Don Germán, y por la Procuradora Doña M.ª Dolores Bravo Cores, en nombre y representación de Don Porfirio, contra la sentencia de fecha 24 de marzo de 2008 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Vigo, confirmamos la misma, con imposición a cada una de las partes apelantes de las costas procesales causadas en sus recursos.

Así por este nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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