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Sentencia A.P. Toledo 140/2010 de 22 de junio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Derecho de propiedad. Acción declarativa de dominio: No perturbación de la posesión ni de la titularidad de los legítimos propietarios de una finca. Registro de la Propiedad: Cancelación de inscripciones registrales contradictorias. Prescripción adquisitiva ordinaria contra tabulas: Posesión por los demandados con buena fe y justo título de la finca adquirida por título oneroso ignorando la doble inmatriculación. Dominio de mejor condición: Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

TOLEDO

SENTENCIA: 00140/2010

Rollo Núm.............. 312/2008.-

Juzg. 1.ª Inst. Núm.... 2 de Ocaña.-

J. Ordinario Núm.......... 160/2006.-

SENTENCIA NÚM. 140

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

En la Ciudad de Toledo, a 22 de Junio de dos mil diez.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 312/2008, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2 de Ocaña, en el juicio Ordinario núm. 160/2006, sobre reclamación de cantidad, en el que han actuado, como apelante Carlos Ramón, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Villagarcía Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Alvarez Suarez; y como apelado Juan Miguel y Marcelina, representados por el Procurador de los Tribunales Sra. Villamor López y defendido por el Letrado Sr. Gómez Ramírez.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA, que expresa el parecer de la Sección, y son,


ANTECEDENTES:


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2 de Ocaña, con fecha 22 de Julio de 2008, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Desestimar la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don Moisés Mata Tizón en nombre y representación de Don Carlos Ramón contra don Juan Miguel y Doña Marcelina, absolviéndoles de todos los pedimentos efectuados en su contra.

Estimar la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Ana Consuelo González Montero contra Don Carlos Ramón, con los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara que los cónyuges Don Juan Miguel y Doña Marcelina son los únicos propietarios de la finca sita en la Guardia "tierra al sitio del Atajillo, con una superficie de setenta y tres centiáreas, contiene cincuenta olivos. Linda al norte, vecino de Dosbarrios, Sur y Este Vicenta Galiano; y Oeste Camino de Atajillo. Es la parcela NUM000 del Polígono NUM001 ".

2.- Condeno al demandado Don Carlos Ramón a estar y pasar por dicha declaración, no perturbando en su posesión ni titularidad a Don Juan Miguel y Doña Marcelina.

3.- Procédase a la cancelación de cuantas inscripciones registrales resulten contradictorias con la anterior declaración, y en especial las que figuran en el DRegistro de la Propiedad de Lillo relativas a la finca Registral NUM002.

4.- Condeno a Don Carlos Ramón al pago de las costas procesales derivadas de la demanda principal y la demanda reconvencional."

Segundo.-Contra la anterior resolución y por la representación procesal de Carlos Ramón, dentro del término establecido, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son


FUNDAMENTOS DE DERECHO:


 
Primero.-Que se recurre por el demandante de una acción declarativa de dominio y consiguiente rectificación registral, la sentencia que desestima la demanda y le impone las costas, alegando como motivos de recurso, indebida interpretación por la sentencia de instancia de las normas relativas a la protección del tercero hipotecario, error en la aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la doble inmatriculación, y reitera la excepción de litispendencia ya opuesta en la contestación a la demanda y que fue rechazada en la Audiencia previa por el Juez a quo.

Comenzando con la excepción de litispendencia, entiende el recurrente que no era necesaria reconvención bastando la oposición a la demanda, porque, formulada demanda para resolver la doble inmatriculación de una misma finca y declarar el dominio del demandante sobre aquella, con la rectificación registral a que hubiera lugar, la reconvención tenía la misma finalidad, esto es, una acción declarativa de dominio de la finca litigiosa a favor de los revonvinientes y la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias.

El artículo 406 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, a diferencia de la regulación anterior en que no se exigía formalismo alguno a la hora de interponer la demanda reconvencional, excluye la posibilidad de la reconvención implícita, exigiendo que la demanda reconvencional reúna los mismos requisitos de forma y de fondo que para la demanda principal se establecen en el artículo 399 de la Ley para la demanda.

Por su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1997 EDJ 1997/2332 señala que la reconvención "representa el ejercicio de una acción independiente frente a la ejercitada de contrario, hasta el punto de que la acción pudiera ser objeto de una demanda en un proceso separado donde no cupiese alegar litispendencia y pretende la efectividad de un derecho respecto al actor inicial y si ello no acontece, no podrá existir reconvención, aunque así se la denominase, radicando, precisamente, en la presencia de una acción autónoma, el mecanismo diferencial entre reconvención y cualquier medio de defensa empleado por el demandado, y tal equiparación entre reconvención y acción independiente es algo admitido de manera unánime por la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala".

Acción autónoma e independiente no quiere decir distinta, pues en el presente caso, no le basta al demandado con pedir la absolución, ya que absolviendo al demandado de los pedimentos de la actora no se obtendría la declaración de que el dominio es del demandado ni se lograría la rectificación registral, por lo que era necesaria la reconvención.

Procede la desestimación del primer motivo de recurso.

Segundo.-Que los otros dos motivos de recurso van íntimamente unidos, porque se ataca la resolución de la doble inmatriculación que da la sentencia de instancia, al tiempo que se combate la falta de protección al tercero de buena fe.

La sentencia de instancia resuelve a favor de los demandados porque considera que, en todo caso, hubo prescripción adquisitiva ordinaria contra tabulas. Diez años con buena fe y justo título además de la posesión de la finca adquirida por título oneroso ignorando la doble inmaticulación.

Llegados al convencimiento de la realidad física de la finca y su doble inmatriculación, fincas registrables números NUM003 y NUM004 del Registro de la Propiedad de Lillo, la sentencia de instancia considera que cuando el demandante adquirió por venta judicial en pública subasta la finca NUM003, el 15 de Septiembre de 1999, (escritura pública de compraventa), los demandados y habían adquirido por prescripción contra tabulas el dominio de la finca NUM004 que adquirieron por compraventa a Justino que vendió en representación de sus hijas Dña. Milagros y Dña Julia, que eran dueñas desde 1978 (venta que no se inscribió), accediendo la compraventa anterior al Registro de la Propiedad el 22 de Diciembre de 1988, esto es, el 22 de Diciembre de 1998 se habían completado los diez años entre presentes, con buen fe, justo título, posesión pacífica, ininterrumpida, en concepto de dueño y pública, que exigen los arts 1957, 1940 y 1949 del Código Civil.

Tercero.-Que las reglas aplicables en los casos de doble inmatriculación también favorecen a los demandados.

"Resulta esclarecedora, exhaustiva en el análisis de la jurisprudencia existente sobre la materia y contundente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2005, en la que reproduciendo la doctrina establecida en la sentencia de 25 de mayo de 1995, que esta Sección ya aplicó en las Sentencias de 9 de diciembre de 1999 (Rollo 497/97) y 31 de marzo de 2001 (Rollo 651/98), se dice: "En los supuestos de doble inmatriculación se han de tener en cuenta los siguientes principios: 1.º No se pueden dar fórmulas genéricas aplicables a todos los casos; 2.º Procede atender primeramente a las normas de Derecho Civil, con prevalencia sobre las de Derecho Hipotecario, dando preferencia a la titulación material sobre la formal, 3.º,. La preferencia entre dos títulos inscritos debe buscarse en el título civil originario de la adquisición, es decir, alguno de los enumerados en el artículo 609 del Código Civil EDL 1889/1; 4.º Sólo cuando no pueda determinarse la preferencia con arreglo a la norma de derecho civil, se acudirá a los principios registrales, que puedan servir para completar o reforzar las titulaciones, añadiendo un soporte suplementario. Dicha doctrina jurisprudencial estaba ya presente en la sentencia de 18 de junio de 1970 en la cual, invocándose igualmente por la parte recurrente la infracción de los mismos artículo 34 y 38 de la Ley Hipotecaria, se decía que "tratándose de un caso del doble inmatriculación de la finca que discuten, el problema no puede decidirse aplicando los preceptos legales que se citan como infringidos, los cuales no operan en tal supuesto, toda vez que los efectos que la inscripción confiere a sus respectivos titulares se neutralizan al ser incompatibles entre sí, debiendo solventar el conflicto conforme a los principios y reglas del ordenamiento común, y así lo tiene establecido esta Sala, entre otras, en las Sentencias de 10 de enero de 1962, 31 de marzo de 1964 y 22 de junio de 1967 "; e igualmente esta Sala ha sentado como criterio prevalente el de la aplicación de las normas de derecho civil puro para los casos de doble inmatriculación en sentencias, entre otras, de 30 de diciembre de 1993, 30 de septiembre de 1994, 28 de enero de 1997, 18 de diciembre de 2000 y 11 de octubre de 2004. Afirma esta última que "de modo prácticamente unánime, la más moderna jurisprudencia precisa que ese conflicto debe ser resuelto en el proceso declarativo conforme a las normas del derecho civil y no por aquellas del derecho hipotecario que, en otro caso, serían aplicables. La coexistencia de dos asientos incompatibles de igual rango y naturaleza origina la quiebra de los principios rectores del sistema tabular (Sentencias de 16 de diciembre de 1993, 30 de diciembre de 1993, 30 de de septiembre de 1994, 28 de enero de 1997, 29 de mayo de 1997, 12 de marzo de 1999, 18 de diciembre de 2000). Entre esas normas aplicables ocupa un lugar la reflejada en la regla"prior tempore, potior est iure", que atiende a la prioridad de toda adquisición válida respecto de la posterior (Sentencia de 29 de mayo de 1997), ya que, en los casos en que la propiedad haya tenido un titular anterior único, en la transmisión que sea segunda en el tiempo el transmitente carecerá de poder de disposición sobre la cosa en cuanto la misma habrá sido adquirida antes por otro como consecuencia del precedente negocio".

En el mismo sentido las Sentencias de 22 de junio de 1972, 3 de julio de 1981, 27 de mayo de 1992 y 30 de mayo de 2001.

No desconocemos que en algunos casos el Tribunal Supremo ha atendido a la condición de tercero hipotecario (Sentencias 16 de diciembre de 1993, 1 de marzo y 9 de diciembre de 1997 y 9 de mayo de 2003), mas esa solución excepcional no se acomoda a las reglas generales antes expuestas cuando existe una notoria y abrumadora preferencia (términos empleados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2005).

Preferencia que en el derecho civil se asienta en dos criterios, uno, el de la prevalencia de la hoja registral de la finca cuyo dominio sea de mejor condición atendiendo al derecho civil, es decir, abstracción hecha de las normas inmobiliarias registrales. Y dos, el de la prevalencia de la hoja registral de la finca cuya inmatriculación sea mas antigua por ser la primera que acudió al Registro en orden al tiempo - Sentencias de 30 de noviembre de 1989 y 18 de diciembre de 2000 -.

Así pues, para decidir la cuestión litigiosa suscitada hemos de determinar, con carácter prioritario y preferente, quien ostenta la titularidad dominical de mejor condición con arreglo a las normas del derecho civil (S.A.P. Madrid 2-6-2009)."

Con arreglo a las normas de Derecho civil es dominio de mejor condición, abstracción hecha de las normas hipotecarias, el de los demandados, por virtud de las condiciones de adquisición, posesión y tiempo.

Procede la desestimación de los dos motivos de recurso.

.

Cuarto.-Que procede imponer al recurrente las costas del recurso por aplicación del art. 398 C.c.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS:


 
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de Carlos Ramón, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2 de los de Ocaña, con fecha 22 de Junio de 2008, en el procedimiento Ordinario núm. 160/2006, de que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte apelante.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional décimo quinta L.O. 1/09 se hace saber a las partes que no se admitirá a trámite ningún recurso, sino se justifica la constitución previa del deposito para recurrir en la cuenta de depósitos, lo que deberá ser acreditado.

N.º de c/c 4328 0000 + clave + n.º de procedimiento y año.

Claves:

00 (reposición) (25 euros).

01 (revisión resolución secretario) (25 euros).

02 (apelación) (50 euros).

03 (queja) (30 euros).

04 (infracción procesal) (50 euros).

05 (revisión de sentencia) (50 euros).

06 (casación) (50 euros).

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA, en audiencia pública. Doy fe. En Toledo a 24 de Junio de 2010


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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