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Sentencia A.P. Oviedo 320/2010 de 23 de junio


 RESUMEN:

Contratos: Cumplimiento. Reclamación de cantidad: Pago a una entidad bancaria de una cantidad más los intereses devengados sobre el capital durante los tres meses vencidos y los intereses de demora de dichas cuotas, en concepto de saldo deudor de un préstamo concedido. Usura: Inexistencia de contrato usurario.

GIJON

SENTENCIA: 00320/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS

SECCIÓN SÉPTIMA

GIJÓN

RECURSO DE APELACION: 86 /2010

SENTENCIA NUMERO. 320/2010

ILMO. SR. MAGISTRADO DON RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE.

En Gijón, a veintitrés de Junio de dos mil diez.

VISTOS, por el Ilmo. Sr. Magistrado designado de la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Verbal n.º 1045/09, Rollo número 86/2010, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Gijón; entre partes, como apelante Don Baltasar representado por el Procurador Doña SUSANA DIAZ DIAZ bajo la dirección letrada de Doña LORETO RODRIGUEZ DIAZ, como apelado BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. E-COM, representado por el Procurador Don JUAN R. SUAREZ GARCIA bajo la dirección letrada de Don ALFONSO CABEZA NAVARRO RUBIO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Gijón dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 28 de Octubre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " estimo íntegramente la demanda deducida a instancias de BANCO POPULAR ESPAÑOL E-COM S.A. contra Don Baltasar, y, s su vez, desestimo íntegramente la reconvención deducida por éste contra aquella, y en consecuencia, le condeno a satisfacer la cantidad de seiscientos cuarenta y siete euros con cuarenta y dos céntimos de euro (647,42 €) aumentada en el interés previsto en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con imposición al demandado reconveniente de las costas causadas por la tramitación de la demanda principal y la reconvención "..

Segundo.-Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de Don Baltasar se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite, previo emplazamiento en forma legal de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, en anterior providencia se señaló fecha para dictar resolución del presente recurso.

Tercero.-En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

Vistos, siendo designado para conocer del presente recurso el Iltmo. Sr. Magistrado de esta sección de la Audiencia Provincial Don RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Sentencia recaída en primera instancia, en el procedimiento de Juicio Verbal promovido por " BANCOPOPULAR- E, S.A " contra D. Baltasar, en reclamación de la cantidad de 647,42 €, en concepto de saldo deudor del préstamo concedido por la demandante al demandado, estima íntegramente la demanda y condena al demandado a pagar a la actora la cantidad reclamada, y desestima totalmente la reconvención formulada en la que D. Baltasar solicitaba que se declarase la nulidad del contrato de préstamo suscrito con la actora, con la consecuencia inherente a tal declaración de la devolución sólo del capital prestado, de 1.000 €, sin que quepa el abono de interés remuneratorio ni moratorio, ni comisión por impago alguna, y asimismo se declare la no formalización del contrato de seguro de vida al que se hace referencia en el contrato, imputándose lo abonado como prima a la devolución del capital, y habiéndose devuelto ya la suma de 520,83 €, se consideren como devolución de capital las cantidades abonadas en concepto de intereses remuneratorios, por un total de 343,52 €.

Contra dicha Sentencia se alza en apelación la parte demandada reconviniente, que mantiene en esta instancia sus iniciales pretensiones, y solicita, en consecuencia, que se desestime la demanda, se estime la reconvención, y se impongan a la demandante las costas procesales causadas, aún en el caso de que se confirme la Sentencia en el resto de sus pronunciamientos, por las dudas de hecho y de derecho sobre la posible nulidad de la póliza.

Segundo.-Sostiene la parte apelante, en su primer motivo de recurso, que, en contra de lo que sostiene la parte apelante, el contrato de préstamo concertado con la actora es usurario, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1.908, pues el interés remuneratorio pactado es del 18% (19,5% TAE), esto es, casi cinco veces superior al interés legal del dinero fijado para el año de la firma del contrato (2.006), que era del 4%.

Decíamos en la Sentencia de 9 de junio de 2.006 que " como ya dijimos en la citada Sentencia de 21 de noviembre de 2.005, con cita de la de 17 de julio de 2.003, por razón del interés establecido en el contrato, la Ley de Usura tiene por nulo desde el artículo 1 el préstamo para el que " se estipula un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino " -adjetivaciones que encierran referencia a lo que es descarado en lo desmesurado en grado sumo- llegando a suponer que fue aceptado en situación angustiosa, de inexperiencia o de limitación mental porque en la normalidad del aceptante produciría inmediato rechazo disponiendo el artículo 2 que en cada caso los Tribunales para resolver, formarán libremente su convicción ante las alegaciones de las partes - así lo ha establecido la jurisprudencia entre otras de Sentencias de 24-4-91, 6-11-92, 31-3-97. (STS. De 1-2-02)-. La STS. de 2-X-01 sobre la determinación de si los intereses de un determinado préstamo son o no notablemente superiores a los normales del dinero a efectos de considerar si eran o no usuarios, señaló que la comparación no debe tener lugar con el denominado interés legal sino con el interés normal o habitual en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad contractual existente en esta materia habida cuenta lo dispuesto en el artículo 2 sin perjuicio de la vigencia general del régimen de prueba y de la distribución de la carga de la prueba... " y concluyó afirmando que " En el supuesto enjuiciado no existen datos relativos al valor del dinero para este tipo, de operaciones de préstamo mercantil a la fecha de su celebración ni que los intereses aquí pactados fueran los habituales de las entidades financieras que no sean ni Bancos ni Cajas... ". De tales consideraciones y sin perjuicio de otras consecuencias que se dirán, no cabe calificar el préstamo como usurario cual sostiene el impugnante por el solo hecho de que se estipule un interés nominal del 16,6 % que alcanza el 22, 45 % TAE, ni de la circunstancia de que 150 euros del importe del préstamo, que asciende a 3.750 euros, se destinen al pago de una comisión al agente que intervino en la mediación entre las partes; cuestión ésta que se basa en la afirmación de hechos impeditivos alegados por la demandada fuera del momento procesal oportuno, y además no acreditados, como tampoco fue alegada en su momento y probada la supuesta consignación de un domicilio irreal o falso de los prestatarios. En consecuencia, partiendo exclusivamente del análisis del tipo de interés pactado, no es posible calificar el préstamo como usuario, a tenor de la citada Ley por no probarse la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos (situación angustiosa, limitación de facultades mentales o total ignorancia de sus condiciones) que su apreciación exige, sin perjuicio de las consideraciones que la desproporción del tipo de interés acarrean "; pues bien, en el presente caso, carecemos de datos para efectuar el juicio comparativo, pues no se ha probado cual era, en la fecha en que se celebró el contrato, el tipo habitual en operaciones del tipo de la que nos ocupa, por lo que, al faltar uno de los elementos necesarios, no podemos afirmar que la desproporción sea de grado tal que permita calificar el interés como usurario, como tampoco puede serlo por razón de las condiciones en que el demandado contrató, pues no es bastante que sólo tenga estudios primarios, ni que haya padecido un transtorno ansioso-depresivo, pues no se ha probado, ni por aproximación, en qué concretas condiciones se encontraba en la fecha en que contrató, máxime cuando consta en el informe aportado que no sigue tratamiento alguno desde el año 2.003, hasta que lo reanudó en 2.009, pues de todo ello no puede deducirse, en modo alguno, que en el momento de firmar la póliza tuviese anuladas o limitadas sus capacidades volitivas y de discernimiento. Como tampoco puede concederse trascendencia alguna, en este caso, al hecho de que la entidad bancaria ofertase telefónicamente el producto al demandado, pues la contratación no tuvo lugar en esa misma forma, sino que se produjo posteriormente en las oficinas de la entidad, con lo que no puede alegar el demandado con rigor que le fuese imposible comparar con otros productos del mercado.

El motivo, por tanto, debe ser rechazado.

Tercero.-Alega, por otra parte, el apelante que los intereses remuneratorios, del 18% (19,5% TAE) son abusivos.

Decíamos en la ya aludida Sentencia de 9 de junio de 2.006 que " Si bien es cierto que toda entidad asume un riesgo en un crédito de consumo con una cantidad nada despreciable y un largo plazo (5 años) ello no debe impedir que pueda calificarse como abusivo el interés pactado, atendiendo a las siguientes consideraciones: para el año 2.003 - fecha en que se celebró el contrato - el interés legal del dinero era del 4,25% y el interés pactado nominal anual era del 17,73%, lo que supera el límite del artículo 19-4 de la Ley 7/1995 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, que establece que " En ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero "; el artículo 10.1 C) 4.º de la LGDCU considera como contrarias a la buena fe y al justo equilibrio de las prestaciones las condiciones abusivas de crédito y su artículo 10 bis referente a cláusulas abusivas señala que el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. Así las cosas, es indudable que debe calificarse de abusivo un interés que supera en más de cinco veces el legal del dinero, pues no existen en las actuaciones índices para determinar el interés que resultaría aplicable en este tipo de operaciones de préstamo, en el que aquellos pueden superar los de otro tipo de contratos en el que el prestatario ha de ofrecer mayores garantías, aunque no cabe olvidar que, en el presente caso, los prestatarios aceptaron sesenta letras de cambio en garantía del pago, por lo que procede reducir el interés a los límites que prevé el artículo 19-4.º de la Ley de 23 de marzo de 1.995, de Crédito al Consumo, no porque entienda la Sala que deban equipararse matemáticamente ambas operaciones, ya que no es lo mismo un contrato de préstamo y sus intereses remuneratorios, que un descubierto originado en el contrato de cuenta corriente, sino por estimar que es utilizable en determinadas ocasiones por analogía ese índice para adecuar los intereses pactados a la normativa protectora del consumidor cuando no existen otros de mayor fiabilidad, cual ocurre en el caso enjuiciado, tal y como ha hecho en otras ocasiones esta Audiencia (Sentencia de 21 de noviembre de 2.005); pronunciamiento que obliga a la condena a los demandados al pago del capital y de los intereses remuneratorios de las tres cuotas cuyo impago dio lugar al vencimiento anticipado del préstamo, al tipo del 10,625% anual".

Pues bien, en el presente supuesto, el interés legal del dinero era del 4% en el año en que se concertó el contrato, de modo que el interés pactado supera en casi cinco veces a aquel, y aunque no se exigieron al cliente otras garantías, y el Banco asumía un cierto riesgo, teniendo en cuenta el plazo de amortización (47 cuotas mensuales), no se considera justificada la imposición de un interés tan elevado, por lo que procedería, en principio, reducirlo al tipo del 10% anual en las tres cuotas cuyo impago dio lugar al vencimiento anticipado del préstamo, tal y como hemos venido resolviendo en anteriores ocasiones, si bien, aplicando el mismo criterio que emplearemos en el fundamento jurídico siguiente, en relación con la moderación de los intereses de demora, dado que en los últimos cuatro años el tipo del interés legal del dinero ha estado situado en su punto más alto en el 5,5% (años 2.008 y 2.009), y teniendo en cuenta que la reducción del tipo de interés pactado ha de hacerse con criterio restrictivo, sin que afecte negativamente a la entidad financiera más allá de los límites que en el momento de realizar la reducción resulten aplicables con criterios de equidad, procede condenar al demandado al pago de la cantidad pendiente de amortizar en la fecha en que se declaró anticipadamente vencido el préstamo (28 de febrero de 2.009), que resulta ser de 612,22 €, según se deduce de la ficha contable presentada con la solicitud inicial de procedimiento monitorio - una vez deducidas las cantidades aplicadas en concepto de intereses remuneratorios y de demora de las mensualidades impagadas (no las comisiones, que no son específicamente impugnadas en el recurso) -, más los intereses devengados sobre el capital durante los tres meses vencidos al tipo del 13,75% anual, y sin perjuicio de lo que se dirá en relación con los intereses moratorios, por lo que en este particular, y en esta medida, procede estimar parcialmente el recurso.

Cuarto.-Considera también abusivo el apelante el interés moratorio pactado, al tipo del 22,5%.

En una reciente Sentencia, de 7 de mayo de 2.010, hemos dicho lo siguiente: "...... la más reciente doctrina jurisprudencial de esta Audiencia Provincial ha asumido una posición coincidente sobre el carácter abusivo de los intereses moratorios, aunque con pequeñas matizaciones. Así la sentencia de 7 de marzo de 2005 de la Sección Sexta analiza la condición abusiva de los intereses en función de su dimensión, sin pretender su equiparación absoluta con los tipos máximos de interés en descubierto previstos para cuentas corrientes: ".... En lo que se refiere a los intereses de demora, este Tribunal tiene declarado (sentencias de 20 de diciembre 2002, 20 septiembre 2004, entre otras) enjuiciando supuestos de contratos de préstamo a consumidores finales, en los que se pactan intereses de demora del 28 ó 29%, que tales intereses habían de reputarse abusivos desde el momento en que la Disposición Adicional Primera I.3.ª, redactado final, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a que se remite el artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, reputa cláusula abusiva a los efectos previstos en el artículo 10 bis de la LGCU "la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla sus obligaciones ", (dicción que, añadimos, viene actualmente repetida por el artículo 85-6 del actual Texto refundido) razonando al respecto que, tomando como referencia para valorar la desproporción, los criterios instaurados por el Legislador para actuaciones análogas en el artículo 19.4 de la Ley de Crédito al Consumo, reflejado igualmente en el apartado 29 de la citada Disposición Adicional Primera de la Ley de 19 de julio de 1984, que establece como interés máximo aplicable a los descubiertos en cuentas corrientes 2,5 veces el legal, había de ser calificado de desproporcionado el citado tipo de interés de demora en cuanto era notablemente superior al que resultaría de aplicar el citado límite legal, lo que determinaba la procedencia de hacer uso de las facultades moderadores que reconoce el apartado segundo del artículo 10 bis de la LGCU, para fijar los procedentes en el que resulta de la Ley de crédito al Consumo. Ahora bien, tal doctrina no es de aplicación general sino que exige determinar en cada caso si los interese moratorios pactados son o no abusivos, teniendo en cuenta su cuantía y las circunstancias del mercado, ya que esa posibilidad moderadora en la aplicación de los que se hubieran pactado viene limitada a los supuestos en los que los mismos no se acomoden a una adecuada equivalencia de las prestaciones. En el caso de autos los intereses de demora pactados son el 15,75%, interés que ciertamente es más elevado que el resultante de multiplicar dos con cinco veces el interés legal, si bien no puede reputarse de abusivo ni desproporcionado. Como intereses moratorios que son, su finalidad es el añadir un plus de onerosidad para la parte que no cumple las obligaciones contractuales asumidas, actuando así como cláusula penal, con la finalidad de estimular el puntual cumplimiento del contrato, dado el sobrecoste que dentro modo supone. Se tratan de intereses cuya finalidad no es otra que la indemnizar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual y que por ello, sólo surgen en fase patológica del contrato, derivando su procedencia del hecho de que el artículo 1108 del Código Civil, en el supuesto de obligaciones dinerarias, establece que la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1101 del mismo texto legal, consistirá en el pago del interes de demora ". Sobre esta concreta cuestión se ha pronunciado esta Sala y citaremos la sentencia de 16 de noviembre de 2007: "... si bien es cierto que esta Sala en su anterior composición partía de un criterio general similar al recurrente en las sentencias que este cita, de 27 noviembre de 2003 y 31 enero de 2004, aunque no coincidía exactamente el tipo del interés moratorio pactado, sin que en sentencias posteriores con la actual composición de la Sala, como la de 21 de noviembre de 2005 o la de 9 de junio de 2006, se abordara específicamente esta cuestión, no lo es menos que la más reciente jurisprudencia de la totalidad de secciones de la Audiencia han considerado abusivos intereses de demora, coincidentes con el que nos ocupa, puesto que ascienden al 29%, habiendo declarado en sentencias de la misma fecha que no tienen tal carácter si ascienden al 16% y con carácter general si no superan el 20%, dado que no es posible asimilar sin más el interés del descubierto en un contrato de cuenta corriente, que es el limitado expresamente por la LCC con el moratorio de un contrato de préstamo, aunque el primero puede servir de integración del contrato a falta de otros datos, fijando el límite máximo de interés exigible, si se ha declarado previamente la nulidad de la cláusula que fija los intereses de demora por ser abusiva. Como declara la sentencia de esta Audiencia de 7 de marzo de 2005 de la sección 4.ª: "En lo que se refiere a los intereses de demora, este tribunal tiene declarado (sentencias de 20 de diciembre 2002, 20 septiembre 2004, entre otras) enjuiciando supuestos de contratos de préstamo a consumidores finales, en los que se pactan intereses de demora del 28 ó 29%, que tales intereses habían de reputarse abusivos desde el momento en que la Disposición Adicional Primera I.3.ª, redactado final, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a que se remite el artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, reputa cláusula abusiva a los efectos previstos en el artículo 10 bis de la LGCU " la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla sus obligaciones ", razonando al respecto que, tomando como referencia para valorar la desproporción, los criterios instaurados por el Legislador para actuaciones análogas en el artículo 19. 4 de la Ley de Crédito al Consumo, reflejado igualmente en el apartado 29 de la citada Disposición Adicional Primera de la Ley de 19 de julio de 1984, que establece como interés máximo aplicable a los descubiertos en cuentas corrientes 2,5 veces el legal, había de ser calificado de desproporcionado el citado tipo de interés de demora en cuanto era notablemente superior al que resultaría de aplicar el citado límite legal, lo que determinaba la procedencia de hacer uso de las facultades moderadores que reconoce el apartado segundo del artículo 10 bis de la LGCU, para fijar los procedentes en el que resulta de la Ley de crédito al Consumo.... "; doctrina reiterada por otras Secciones, entre las que se pueden citar la sentencia de la Sección Sexta de 15 de enero de los corrientes, a la que se suma esta Sección modificando el criterio anterior, en coincidencia con las restantes... ". En fecha más reciente la sentencia de la sección primera de 18 de septiembre de 2009, utiliza como criterio moderador el módulo a que ascienden los intereses establecidos semestralmente para la lucha contra la morosidad por ley 3/2004: "... Pues bien, en la presente resolución se intenta no aplicar una cuantía nacida de un criterio que puede considerarse arbitrario, como sería fijar un porcentaje sin base objetiva alguna; al mismo tiempo, hacer uso del art. 19. 4 de la Ley de Crédito al Consumo en operaciones negociales distintas a las reguladas en la misma, tampoco parece adecuado, y por último, el hecho de que la Ley antes citada de 2004, en el marco de la lucha contra la morosidad, aun cuando se refiere a operaciones comerciales, puede tenerse en cuenta en la relación entre particulares, uno de los cuales, no obstante es una entidad financiera. En definitiva, puesto que para el segundo semestre del año 2007, los intereses para este tipo de operaciones se fijó en el 11,07%, es el que se resuelve aplicar al contrato en cuestión, debiendo ser éste el que se incorpore sustituyendo el 25% que era el fijado ". Si bien estimamos que podría concederse un tipo superior de intereses al que prevé la citada Ley y declarar en consecuencia no abusivo, como hizo la sentencia de la sección sexta citada, si en una operación de préstamo al consumo el pactado supere a aquel, pues no es idéntica la penalización por demora en operaciones entre empresas que la exigible por un préstamo al consumidor como el que nos ocupa, sin garantías reales, destinado generalmente a la adquisición por el prestatario de bienes de alta depreciación, sí cabe que los intereses semestrales de la Ley 3/2004 puedan ser, - a falta de otros datos -, un índice aplicable para la moderación cuando resulta superior su importe al que resulta de la mera aplicación del 2,5 sobre el legal prevenido en el artículo 19 LCC para descubiertos en cuenta corriente, por guardar más analogía con el negocio del que deriva demora, lo que ocurre en el caso enjuiciado en que el interés de la LCC correspondiente a la fecha del contrato ascendería al 10% y el previsto para el primer semestre de 2006 para los intereses de la Ley 3/2004 asciende al 9,25% inferior al 10%, pero en otros periodos el interés de la Ley 3/2004 ha superado este tipo. Es por ello que estimamos razonable moderar los intereses anuales del 24% y reducirlos al tipo máximo de interés que en los últimos 4 años ha establecido la Ley 3/2004, que corresponde al 11,20% (primer semestre 2008), moderando equitativa y ponderadamente el interés del 24% al señalado del 11,20%, todo lo cual obliga a la parcial acogida del recurso, sustituyendo la cantidad de 188,83 euros por la que resulte de aplicar el tipo del 11,20% a las cuotas impagadas por el periodo que se indica en la demanda al folio 4 e igualmente en cuanto a los interese restantes de demora que la recurrida fija al tipo pactado, se sustituyen por los de demora al tipo que la presente resolución establece ".

Pues bien, aplicando dicha doctrina al caso que nos ocupa, tenemos que el interés de demora fijado en la póliza es superior al 20% y que aunque podría concederse un tipo superior al que prevé la citada Ley y declarar en consecuencia no abusivo, como hizo la Sentencia de la Sección 6.ª, ya citada, si en una operación de préstamo al consumo el pactado supera a aquel, pues no es idéntica la penalización por demora en operaciones entre empresas que la exigible por un préstamo al consumidor como el que nos ocupa, sin garantías reales, destinado generalmente a la adquisición por el prestatario de bienes de alta depreciación, sí cabe aplicar, a falta de otros datos, los intereses de la Ley 3/2004 para la moderación cuando resulta superior su importe al que resulta de la mera aplicación del 2,5 sobre el legal prevenido en el artículo 19 Ley de Crédito al Consumo para descubiertos en cuenta corriente, por guardar más analogía con el negocio del que deriva demora, lo que ocurre en el caso aquí enjuiciado en que el interés de la Ley de Crédito al Consumo correspondiente a la fecha del contrato ascendería al 10% y el previsto para el primer semestre de 2.006 para los intereses de la Ley 3/2004 asciende al 9,25% inferior al 10%, pero en otros periodos el interés de la Ley 3/2004 ha superado este tipo.

Por todo ello, estimamos razonable moderar equitativa y ponderadamente los intereses de demora del 22,5% anual, y reducirlos al tipo máximo de interés que en los últimos 4 años ha establecido la Ley 3/2004, que corresponde al 11,20% (primer semestre 2008), todo lo cual obliga a la parcial acogida del recurso, de modo que el demandado deberá abonar, en lugar de los intereses de demora aplicados en la liquidación efectuada por la actora, el interés que resulte de aplicar el tipo del 11,20% a las cuotas impagadas.

Quinto.-Finalmente, sostiene la parte apelante que resulta nula, por abusiva, la imposición, por parte de la entidad bancaria, de la contratación adicional de un seguro de vida, sin que se mencione en el anverso del contrato la entidad aseguradora, y sin dar al consumidor la opción de elegir el seguro que más le conviniese.

El recurso debe ser desestimado en este particular, porque lo que hizo el demandado fue adherirse a una póliza colectiva de seguro de amortización del préstamo por fallecimiento del prestatario, concertada con toda claridad con la entidad " Eurovida S.A. ", según se expresa en el reverso de la póliza, sin que la prima pactada, de tan sólo 18,31 €, pueda considerarse como una garantía desproporcionada, a efectos de los previsto en el artículo 88.1 de la LGDCU, sino más bien una práctica usual en la contratación de productos financieros, como lógica garantía frente a posibles situaciones de impago, máxime cuando el propio precepto establece que " Se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica ".

Sexto.-No procede hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en ambas instancias, en virtud de lo dispuesto en los artículos 394-2 y 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En atención a lo expuesto, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, dicta el siguiente


FALLO


 
Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Baltasar, contra la Sentencia dictada el 28 de octubre de 2.009, por el Juzgado de Primera Instancia N.º 10 de Gijón, en los autos de Juicio Verbal n.º 1045/09, y, en consecuencia, revocar en parte la citada resolución y, estimando parcialmente la demanda interpuesta por " BANCOPOPULAR-E, S.A ", condenar al demandado, D. Baltasar a pagar a la entidad demandante la cantidad de 612,22 €, más los intereses devengados sobre el capital durante los tres meses vencidos al tipo del 13,75% anual, y los intereses de demora de dichas cuotas al tipo del 11,20% anual, sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en ambas instancias.

Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo el Ilmo Sr. Magistrado de esta Sección de la Audiencia Provincial.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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