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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia A.P. Sevilla 302/2010 de 23 de junio


 RESUMEN:

Comunidad de Propietarios: Impago de cuotas por parte de un propietario perteneciente a un complejo inmobiliario privado, que dispone de elementos comunes, y cuya conservación y mantenimiento corre a cargo de sus integrantes. Complejos inmobiliarios: Concepto. Propiedad horizontal tumbada o urbanizaciones privadas.

SECCION QUINTA

SENTENCIA

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS

DON JUAN MÁRQUEZ ROMERO

DON JOSÉ HERRERA TAGUA

DON FERNANDO SÁNZ TALAYERO

REFERENCIA

JUZGADO DE PROCEDENCIA 1.ª Instancia n.º 1 de Sevilla

ROLLO DE APELACION 8847/09-I

AUTOS N.º 1818/08

En Sevilla, a veintitrés de Junio de dos mil diez.

VISTOS por la Sección Quinta de esta Iltma Audiencia Provincial los autos de Juicio Verbal n.º 1818/08, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Uno de Sevilla, promovidos por la Comunidad de Propietarios "Complejo Inmobiliario del Polígono Industrial SERVIALSA" representada por la Procuradora D.ª Lucía Suárez-Bárcena Palazuelo contra D. Pedro Enrique representado por el Procurador D. José Luis Arredondo Prieto y contra D.ª Emilia de la que se desistió la parte actora; autos venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandado D. Pedro Enrique contra la Sentencia en los mismos dictada con fecha 5 de Mayo de 2009.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "Que estimando la demanda formulada por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios del completo inmobiliario del Polígono Industrial SERVIALSA de Gines contra D Pedro Enrique, debo condenar y condeno al referido demandado a abonar a la actora la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES euros con OCHO céntimos (2.343,08 euros) e intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial, imponiendo al demandado las costas causadas. Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo".

Primero.-Notificada a las partes dicha resolución y apelada por el citado litigante, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de las partes para su personación ante esta Superioridad por término de 30 días, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.

Segundo.-Acordada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar el día 22 de Junio de 2010 quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.

Tercero.-En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don JOSÉ HERRERA TAGUA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por la Procuradora Doña Lucía Suárez-Bárcena Palazuelo, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Complejo Inmobiliario del Polígono Industrial Servialsa, se presentó demanda contra Don Pedro Enrique solicitando que se le condenase al pago de 2.343,08 euros, importe de las cuotas desde abril de 2.003 a octubre de 2.008. El demandado se opuso, alegó litisconsorcio pasivo por no dirigir la demanda contra su esposa, y falta de legitimación activa por entender que la actora no era realmente una comunidad de propietarios, en los términos establecidos en la legislación especial, al no existir elementos comunes. La Sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda, contra la que interpuso recurso de apelación el demandado, que reiteró sus motivos de oposición.

Segundo.-Reitera en esta alzada el recurrente, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, que no precisa, por su propia naturaleza, de la alegación de parte, siendo aplicable de oficio, ya que es una cuestión de orden público e interés social que pretende evitar Sentencias contradictorias. Es reiterada, como ya ha señalado esta Sala en anteriores resoluciones, la doctrina jurisprudencial que ha declarado que deben ser traídos al juicio cuantas personas puedan ser afectadas directamente por la resolución que recaiga en la litis, ya que en otro caso podrá producirse una flagrante indefensión de quién, sin estar en el mismo, y no haber tenido en consecuencia la oportunidad de ser oído y defenderse en él, se viera constreñido a cumplir la Sentencia que afecta a sus derechos e intereses. Se trata de preservar el principio de audiencia, evitando la indefensión y por consiguiente los pronunciamientos que afectarían a personas no demandadas, que han intervenido en la relación de derecho material controvertida, lo cual, evidentemente, le confiere un interés legítimo en la controversia. En tal sentido la Sentencia de 24 de octubre de 2.000 declara que: "Este es criterio jurisprudencial consolidado. Así, sentencias de 15 febrero 1999, 19 mayo 1999, 18 octubre 1999, 9 noviembre 1999 y 16 febrero 2000; esta última resume la doctrina en los siguientes términos: "La figura del litisconsorcio pasivo necesario, de creación puramente jurisprudencial, no solo tiene su fundamento en el hecho de que la sentencia que se dicte pueda resultar inútil por no haber llamado a todas las personas en cuya esfera patrimonial haya de ejecutarse, sino que además la necesidad del litisconsorcio se da cuando la sentencia que recaiga en el pleito afectará inexcusable a personas no llamadas al mismo y, ello solo será posible cuando con las no llamadas exista un vínculo tan formal y directo que no pueda emitirse el fallo solo respecto a los demandados, dado el carácter de la relación jurídico material controvertida (por todas las sentencias de 11 de marzo, de 28 de marzo y de 18 de septiembre de 1996). Concretando más, si desde luego es cierto que dicha figura de creación jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario tiende a evitar, por una vertiente, que puedan resultar afectados directamente por una resolución judicial quienes no fueron oídos en juicio y, a impedir, por otra, la posibilidad de sentencias contradictorias, no es menos cierto que únicamente ha de entrar en juego y producir sus efectos con respecto a aquellas personas que verdaderamente hubieran tenido intervención en la relación contractual o jurídica objeto del litigio, o, dicho con otras palabras, que la justificación más importante de dicha figura jurisprudencial ha de buscarse en la situación jurídico-material controvertida en el pleito, con prevención de todos los interesados en ella, únicos que pueden ser estimados como litisconsorcios pasivos necesarios, pues los que no fueron partes en el contrato carecen de interés legítimo sobre las obligaciones que constituyen su objeto, puesto que nada tienen que defender y, consiguientemente no hay razón alguna para llamar los obligatoriamente al proceso, en el que no puede recaer pronunciamiento condenatorio que les afecte de modo directo, para lo que habría de seguirse nuevo litigio y con diferentes partes (S.S. de 8 de julio de 1988, 6 de marzo y 24 de abril de 1990, 22 de abril de 1991, 9 de junio de 1992, 30 de enero de 1993, 14 de julio de 1994 y 22 de junio de 1996, entre otras muchas más)".

En el caso concreto analizado en la presente litis el demandado ha acreditado efectivamente que la nave industrial sita en el Polígono Servialsa de Gines, es propiedad ganancial junto con su cónyuge Doña Olga según se desprende del Auto de adjudicación, folio 131 de los autos, de ahí que entienda que ha de ser traída al proceso.

Sobre esta cuestión tiene declarado la jurisprudencia, entre otras, la Sentencia de 20 de diciembre de 2.001 que: "si bien el artículo 1385.2 autoriza a cualquiera de los cónyuges para ejercitar la defensa de los bienes comunes, esta facultad no es de interpretación extensiva y absoluta respecto a cada cónyuge individualizado, para soportar exclusivamente las consecuencias de una acción, sobre todo cuando su resultado es negativo, y, al afectar a los dos esposos, debe ser dirigida contra ambos, lo que impone la necesidad de su llamada conjunta al proceso para la procura de la defensa de sus intereses convergentes (STS de 23 de febrero de 1994), como también ha sentado que la institución de litisconsorcio pasivo necesario debe observarse cuando se trata de la eficacia o ineficacia de una relación contractual y, por tanto, de su resolución, en la que intervinieron ambos cónyuges de manera directa o indirecta, pero debida y suficientemente constatada, ya que ha de dirigirse la demanda contra los dos, para no construir incompleto el proceso, por defecto en la vocación de quienes deben ser demandados a efectos de integrarse en la dinámica del pleito (SSTS de 25 de enero de 1990) y 9 de septiembre de 1991)". En parecidos términos se pronuncian las Sentencias de 10-7-00 y 19-3-01, entre otras.

Este criterio jurisprudencial se viene matizando según se trate de acciones reales o personales, en el primera caso sí será necesario demandar a ambos no en el segundo. En este sentido, la Sentencia de 6 de julio de 2.000 declara que: "entiende que a tenor de al doctrina jurisprudencial que cita, debió de ser demandada su esposa, por resultar afectada la misma por la resolución que se dicte, puesto de acuerdo con la sentencias de 11 de febrero y 10 de mayo de 1985, deben de ser llamadas al proceso aún sin haber intervenido en el negocio jurídico, las personas que tengan un interés directo legítimo que pudiera ser perjudicado por una resolución recaída en el proceso en el que no han sido oídos. La cuestión se reduce a la que a fuerza de repetirse se ha vuelto en clásica y es la determinación de quienes deben ser los demandados cuando la pretensión afecten a bienes gananciales, siendo la doctrina de esta Sala clara a este respecto, manteniéndose de forma uniforme en el sentido de que cuando se ejerciten acciones reales hay que demandar a los dos cónyuges, y en las personales, solamente al cónyuge interesado (sentencia de 25 de enero de 1990, en la que se citan otras más antiguas)".

Aplicadas estas consideraciones, hemos de tener en cuenta que la reclamación que se formula en la presente litis en absoluto afecta al derecho de propiedad, no es una acción real, en cuanto que no afecta, no se ve comprometida la titularidad dominical, sino que es claramente personal, en cuanto que se trata del cumplimiento de una obligación. Se trata de los gastos derivados de la tenencia de un bien ganancial, que como tal son a cargo de la misma, pudiendo ser demandado cualquiera de los integrantes, ya que es un acto de administración, en los términos que establece el apartado segundo del artículo 1.385 del Código Civil. Estamos ante una consecuencia de la gestión de dicho bien ganancial, que no exige demandar a ambos cónyuges, siendo legítima y adecuada la reclamación realizada al Sr. Pedro Enrique cuando a todos los efectos, como después se dirá, es quien se ha relacionado y ha mantenido los contactos con la actora.

En este sentido, declara la Sentencia de 15 de febrero de 1.999 que: "En este sentido hay que tener en cuenta la moderna corriente científica de nuestra doctrina, que afirma que cuando cualquiera de los cónyuges puede gestionar la cosa común, los litigios que afecten a tal gestión podrán dirigirse solamente contra uno de ellos -el gestor- aunque, si exceden de esa órbita, habrá que demandar necesariamente a ambos.

En este aspecto la jurisprudencia de esta Sala es directa y contundente, cuando establece que debe observarse la imposición del litisconsorcio pasivo necesario en:

a) Cuando se trata de acciones reales contradictorias o bien tuitivas del dominio de bienes de naturaleza ganancial (S.S. de 16 de febrero de 1.987 y 4 de abril de 1.988).

b) Disposición de los bienes gananciales por uno de los cónyuges, sin consentimiento del otro (S.S. de 6 de junio de 1.988 y 27 de julio de 1.991).

c) Cuando se trata de la eficacia e ineficacia de una relación contractual y, por tanto, su resolución, en la que intervinieron ambos cónyuges de manera directa o indirecta, pero debida y suficientemente constataba, ya que ha de dirigirse la demanda contra los dos (S.S. de 25 de enero de 1.990 y 23 de febrero de 1.994).

Por todo lo cual y como compendio de todo lo dicho, se ha de decir que en la presente contienda judicial no se han traído a todos los interesados en la relación jurídica litigiosa, desde el instante mismo en que no ha sido demandada la esposa del referido demandado, en base a su cotitularidad sobre el inmueble objeto de la "litis".

En consecuencia, dicha excepción ha de rechazarse.

Tercero.-Respecto al fondo del asunto, plantea el demandado la excepción de falta de legitimación activa por entender que no estamos ante una Comunidad de Propietarios, al no existir elementos comunes.

Acerca de los complejos inmobiliarios es necesario recordar que su regulación básicamente se contempla en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal introducido por la reforma operada por la Ley 8/99, de 26 de marzo, cuya pretensión es una regulación integral de dichos complejos, término nuevo que introduce y que realmente se refiere a las urbanizaciones privadas, a veces denominadas propiedad horizontal tumbada. Con anterioridad el vacío normativo era pleno, siendo la jurisprudencia la quede modo constante y reiterado había estimado aplicable la legislación especial de la propiedad horizontal, y ello en base a los elementos y servicios comunes que la integran. Entre otras, se pueden destacar las Sentencias de 28-5-85, 13-11-85, 18-4-88, 28-5-86, 13-3-89, 23-9-91 y 20-2-97.

En este tipo de complejos inmobiliarios es evidente la necesidad de establecer reglas, en beneficio de todos, que limiten el uso, destino y edificabilidad de las parcelas, concreten y determinen la finalidad y los servicios que han de prestarse, teniendo en cuenta la existencia de terrenos y de locales destinados a uso común. Por tanto, puede existir una copropiedad sobre elementos comunes, viales, instalaciones y servicios, cuya naturaleza común no es discutible por no relacionarse en el artículo 396 del Código Civil, dado que dicha relación tiene carácter meramente enunciativo, bastara para su configuración como elemento común que sea necesario para el adecuado uso y disfrute de los elementos privativos, y ello con independencia de que se trate de una urbanización ilegal, desarrollada en terreno rústico no urbanizable, porque estas son cuestiones de derecho administrativo, que sin olvidar su especial trascendencia e importantes consecuencias jurídicas, no afectan a las obligaciones que en el ámbito del derecho privado tienen los propietarios de las parcelas, respecto de los elementos comunes, STS 6-7-99.

Sobre la base de lo anterior y por aplicación de lo dispuesto en los artículos 395 del Código Civil y 9 apartado e de la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios están obligados a contribuir al sostenimiento de los elementos y servicios comunes, y ello con independencia de que los usen o no.

En cuanto al concepto de gastos, la Sentencia de 11 de febrero de 1.998 nos dice que: "Por gasto necesario se entiende aquél que se hace para conservación y mantenimiento de la cosa y la sentencia de 3 de diciembre de 1991 dice que son los que resulten imprescindibles de forma tal que de no haberlos llevado a cabo, la cosa habría dejado de existir o desmerecido. En este concepto deben incluirse, además de los que expresa la sentencia de instancia y tal como mantiene este motivo del recurso, la contribución, con arreglo a la cuota de participación, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, que impone, como obligación de los copropietarios, el artículo 9, número 5.º, de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal", sin que pueda alegar para eximirse de su pago el no uso, como reiteradamente ha establecido la jurisprudencia, entre otras las Sentencias de 16-6-95, 15-6-96 y 14-3-00.

No existe óbice alguno para que la actora, con la peculiaridad que supone integrar un Polígono Industrial, pero en la que existen intereses comunes, que son evidentes y en ningún momento niega el demandado, deba regirse por lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 9. De ahí que, el demandado venga obligado a abonar la correspondiente cuota, y no pueda quedar sometida dicha cuestión a su decisión unilateral, ya que estimar lo contrario, supondría que se aprovechase de unos servicios, cuya parte correspondiente la tendrían que soportar los demás integrantes de dicha comunidad, porque al fijar el precio la empresa adjudicataria de este servicio sería intrascendente que una nave debiera excluirse, lo cual, sería absurdo por la propia función a realizar.

Si esta aplicación normativa sería suficiente para estimar la pretensión de la parte actora, en cuanto que el demandado, como titular de una nave que integra dicho Polígono Industrial, se aprovecha de los beneficios que derivan de esa gestión comunitaria, centrada básicamente en los servicios de vigilancia privada, cuya realidad no discute el demandado, además, nos encontramos con un hecho que ha de calificarse como acto propio con los efectos inherentes al mismo.

La jurisprudencia ha declarado en reiteradas ocasiones que nadie puede ir contra sus propios actos. El acto propio supone, como señala la Sentencia de 28 de octubre de 2.003, una expresión inequívoca del consentimiento que actuando sobre un derecho o simplemente sobre un acto jurídico, concreta efectivamente lo que ha querido su autor y además causa estado frente a terceros. Su fundamento reside, como señala la Sentencia de 10 de julio de 1.997, con cita de las Sentencias, entre otras, de 5-10-87, 16-2 y 10-10-88; 10-5 y 15-6-89; 18-1-90; 5-3-91; 4-6 y 30-12-92; y 12 y 13-4 y 20-5-93, en la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos o presupuestos que tal doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior. En parecidos términos, la Sentencia de 21 de abril de 2.006 declara que: "El principio del derecho que prohíbe ir contra los actos propios encuentra apoyo legal en el artículo 7.1 del Código civil " y añade: "La jurisprudencia sobre este principio es muy abundante. Como resumen, se deben citar los requisitos que se han venido exigiendo para que pueda aplicarse este principio general, que son: a) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente; b) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; c) que el acto sea concluyente e indubitado, por ser "expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto" (sentencias de 21 de febrero de 1997; 16 febrero 1998; 9 mayo 2000; 21 mayo 2001; 22 octubre 2002 y 13 marzo 2003, entre muchas otras). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real". No darle trascendencia jurídica supondría, como señala la Sentencia de 1 de marzo de 1.988, conculcar: "el principio "venire contra factum propium non valet", significativo de que nadie puede ir contra sus propios actos con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, como proclaman las sentencias de esta Sala, entre otras, de 5 de marzo de 1941, 20 de febrero de 1948, 29 de mayo de 1954, y 25 de enero y 10 de marzo de 1983 ".

Este acto que deba calificarse como tal, en cuanto indicador de que su intención ha sido estar integrado en la Comunidad actora, es su asistencia a determinadas juntas, en concreto, en la de 4 de febrero de 2.003 y 30 de noviembre de 2.004, folios 27 vuelto y 54. En ninguna de ellas realiza la menor objeción sobre la existencia de dicha comunidad, llegando al extremo, en la de 4 de febrero de 2.003, de integrarse en la directiva como vocal. En definitiva, es evidente su interés en participar en esa gestión de los elementos y servicios comunes, y de defensa de aquellas cuestiones en beneficio de esas fincas que integran el Polígono Industrial Servialsa de Gines, que impide que quede al socaire de su libre albedrío la decisión de participar o no en la misma, cuando su nave está integrada en dicho polígono, de modo que siempre se aprovechara de esa gestión común.

Como nos dice la Sentencia de 4 de octubre de 2007: "En el supuesto del debate, tanto la "COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000", como los copropietarios de la misma, han sabido de la existencia de la demandante y de los servicios facilitados por ésta, pues, como quedó acreditado en la instancia, no ignoraban, desde su propia creación, su pertenencia a dicha urbanización, creadora de la infraestructura que ha permitido la edificación y cuya conservación y mantenimiento corría a cargo de sus integrantes, con la indicación de que, en algunas ocasiones, ha asistido una representación de la demandada a las Asambleas de la actora, y, conforme fue comprobado en las actuaciones, la litigante pasiva realizó pagos no solo por suministro de agua, sino también de recibos trimestrales en concepto de cuotas de la comunidad relativos al año 1998, y se beneficia de los múltiples servicios generales gestionados por la Entidad Urbanística a las diversas Comunidades que la integran, como vigilancia, alumbrado, limpieza y recogida de basura, mantenimiento de viales, etc., según la sentencia de la Audiencia ha considerado probado con suficiencia".

Por todas estas consideraciones, ha de decaer la pretensión del recurrente.

Cuarto.-Las precedentes consideraciones han de conducir a desestimar el recurso de apelación, confirmando la Sentencia recurrida, con expresa imposición de las costas de esta alzada al apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 398 en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS.-


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. José Luis Arredondo Prieto en nombre y representación de D. Pedro Enrique contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Sevilla, con fecha 5 de Mayo de 2009 en el Juicio Verbal n.º 1818/08, la debemos confirmar y confirmamos íntegramente, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Y en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de esta Sentencia y despacho para su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que quedará testimonio en el Rollo de la Sección lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sección quinta de esta Audiencia Provincial, DON JOSÉ HERRERA TAGUA, Ponente que la redactó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mi el Secretario de lo que certifico.


Diligencia.-En el mismo día se contrajo certificación de la anterior Sentencia y publicación en su rollo; doy fe.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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