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Sentencia A.P. Orense 260/2010 de 24 de junio


 RESUMEN:

Contratos: Incumplimiento. Procedimiento monitorio: Contrato de gestión de determinados servicios, que la empresa demandada había encargado a la demandante para la futura concertación de una póliza de responsabilidad decenal obligatoria. Mutación esencial de la causa de pedir, hasta el punto de que el contrato que justificaba la reclamación actuada era distinto del alegado en la petición inicial.

OURENSE

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Fernando Alañón Olmedo, Presidente, doña Ángela Domínguez Viguera Fernández y doña

Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA NÚM. 00260/2010

En la ciudad de Ourense a veinticuatro de junio de dos mil diez.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de juicio verbal 462/08 procedentes del Juzgado de I.ª Instancia e Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras, Rollo de Apelación núm. 419/09, entre partes, como apelante, la entidad mercantil "Auditoría de Riesgos y Control de Edificación S.L.", representada por el procurador D. Ángel Soto Pérez, bajo la dirección de la letrada D.ª Marta Gómez Álvarez, y, como apelada- impugnante, la entidad mercantil "Construcciones Arturo Pérez Fernández, S.L.", representada por el procurador D. Manuel Baladrón Gómez, bajo la dirección del abogado D. Ramón Núñez Fernández.

Es ponente la Ilma. Sra. D.ª Ángela Domínguez Viguera Fernández.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de I.ª Instancia e Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 31 de marzo de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Vega Álvarez en nombre de Auditoría de Riesgos y Control de Edificación S.L. contra la demandada Construcciones Arturo Pérez Fernández S.L. representada por el Procurador Sr. Martínez Rodríguez por prescripción de la acción ejercitada.- No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de "Auditoría de Riesgos y Control de Edificación, S.L." recurso de apelación en ambos efectos al que se opuso la representación procesal de "Construcciones Arturo Pérez Fernández, S.L." efectuando impugnación de dicha resolución con base en los argumentos contenidos en su escrito obrante al folio 245 y siguientes de autos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.-En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada en tanto no contradiga lo expuesto a continuación.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La reclamación actuada en la demanda, por la vía inicial del procedimiento monitorio, tenía su fundamento en un contrato de gestión de determinados servicios, que la empresa demandada había encargado a la demandante para la futura concertación de una póliza de responsabilidad decenal obligatoria, lo que habría generado una factura por importe de 1.603 €.

Tal contrato, según lo expuesto expresamente en la solicitud inicial, se habría concertado directamente entre ambas empresas litigantes, así se dice, "... contrató con mi mandante la realización de todas las gestiones necesarias..." argumentación que integra su causa de pedir, frente a la que la parte demandada, se opuso, negando la realidad del contrato que se decía concertado, incluso su conocimiento de la existencia de la empresa demandante.

Esta misma Sala, en reiteradas resoluciones (S. 20 Abril 2006, 7 octubre y 7 noviembre 2007) respecto a la incidencia en el juicio verbal posterior que se otorga a los argumentos vertidos por las partes en sus escritos de petición inicial y oposición anunciada por el deudor, ha declarado, que el juicio verbal no es autónomo del proceso monitorio precedente, sino, más bien una continuación del mismo, por lo que adquiere especial relevancia la petición inicial, que se ratifica, luego como demanda. Por lo que, no cabe un cambio de la causa de pedir que suponga "mutatio libelli", causante de indefensión al demandado. Así, se razonaba, "Parece claro que el actor no puede introducir en la vista modificaciones esenciales en su pretensión, alterando la causa de pedir que determinó la inicial petición y la subsiguiente oposición y convocatoria de vista. Lo contrario causaría indefensión al demandado imposibilitado de proponer prueba sobre los nuevos hechos dada la necesidad de su proposición y práctica en el mismo acto". También, de alegar los motivos de oposición que hubiese estimado procedentes en función de determinados hechos, que sólo con posterioridad pudo conocer, a causa de introducirse novedosamente en el acto de la vista.

Tal doctrina no ha sido respetada en el caso por la parte demandante, pues mientras fundaba su petición inicial en una relación contractual que se alegaba mantenida directamente con la empresa demandada, en el acto de la vista, sostuvo, que tal contrato, en realidad, había sido concertado con la empresa "Eptisa (Grupo EP)" quien le había cedido el crédito que ostentaba frente a la demandada, mediante contrato de cesión concertado en 1 de noviembre de 2002. Esto es, actuaba en virtud de cesión del crédito y por subrogación. Ello supone una mutación esencial de la causa de pedir, hasta el punto de que el contrato que justificaba la reclamación actuada era distinto del alegado en la petición inicial, por concertado entre distintas partes. Se omitieron pues datos esenciales, que de ser conocidos por el demandado podrían suponer una eventual modificación de su estrategia defensiva y posibilitar la concurrencia a la vista aportando medios de prueba distintos y desvirtuadores del crédito pretendido.

Por lo que, la desestimación de la demanda, aunque por distintas motivaciones, ha de mantenerse, lo que conduce a la desestimación del recurso de apelación interpuesto, procediendo, sin embargo, estimar la impugnación formulada por la parte demandada, que alega, con todo acierto, la infracción de la doctrina expuesta en el precedente fundamento jurídico.

Segundo.-Dada la desestimación del recurso de apelación interpuesto, las costas de la alzada se imponen a la parte apelante. En cuanto a las causadas por la impugnación no se hace expresa imposición a ninguna de las partes.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente


FALLO


 
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Auditoría de Riesgos y Control de Edificación, S.L." y estimando la impugnación formulada por la representación procesal de "Construcciones Arturo Pérez Fernández, S.L." contra la sentencia, de fecha 31 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado de I.ª Instancia e Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras en autos de juicio verbal 462/08 -rollo de apelación 419/09-, cuya resolución se confirma, con imposición a la parte apelante de las costas de su recurso y sin hacer expresa imposición en cuanto a las relativas a la impugnación.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer, en su caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y/o el recurso de casación, en el plazo de cinco días ante esta Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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