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Sentencia A.P. Pontevedra 351/2010 de 24 de junio


 RESUMEN:

Servidumbres: Casa que está gravada con servidumbre de desagüe de aguas residuales a favor de la vivienda, y no condenando al demandado a abstenerse de verter en lo sucesivo aguas residuales sobre la propiedad de los actores, debido a la aquiescencia de los padres de los apelantes para dar salida por su finca a las aguas pluviales procedentes de los tejados del inmueble de la parte demandada. Deslinde: Inexistencia de error en la valoración.

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00351/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 355/10

Asunto: ORDINARIO 449/07

Procedencia: PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 LALIN

LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR LOS ILMOS MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ

D. FRANCISCO JAVIER VALDÉS GARRIDO

D.ª MARIA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,

HA DICTADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM.351

En Pontevedra a veinticuatro de junio de dos mil diez.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los autos de procedimiento ordinario 449/07, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Lalín, a los que ha correspondido el Rollo núm. 355/10, en los que aparece como parte apelante-demandante: D. Erica, D. Hilario, no personados en esta alzada, y como parte apelado-demandante: D. Jeronimo, no personado en esta alzada, sobre acción negatoria de servidumbre, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 Lalín, con fecha 23 octubre 2009, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por la representación procesal de D. Hilario y Dña Erica contra D. Jeronimo, y ESTIMANDO PARCIALMENTE la reconvención formulada por la representación procesal de D. Jeronimo contra D. Hilario y Dña Erica ACUERDO HACER LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:

A) Se declara que la casa en ruinas y parcela en que se ubica, sita en el lugar de DIRECCION000 NUM002, parroquia de Madriñán, Lalín, propiedad de los actores descrita en el hecho primero de la demanda no está gravada con servidumbre de desagüe de aguas residuales a favor de la vivienda n.º NUM003 propiedad del demandado y en consecuencia se condena al demandado a abstenerse de verter en los sucesivo aguas residuales sobre la propiedad de los actores y a realizar las obras precisas para interrumpir los vertidos de aguas residuales que viene padeciendo la finca de los actores.

B) Se declara que la casa en ruinas y parcela en que se ubica, sita en el lugar de DIRECCION000 NUM002, parroquia de Madriñán, Lalín, propiedad de los actores está gravada con una servidumbre de desagüe de aguas pluviales.

C) Se declara el derecho del demandado a mantener las plantaciones sitas en la parcela catastral NUM000 de su propiedad colindante con la de los actores por su viento sur a menor distancia de la regulada.

D) Se declara que la finca sita en el lugar de DIRECCION000 NUM002, parroquia de Madriñán, Lalín, propiedad de los actores debe deslindarse en su colindancia por su viento este con la vivienda n.º NUM003 y terreno unido propiedad del demandado (parcela catastral NUM001) conforme se establece en el informe pericial del Ingeniero Agrónomo Sr. Marco Antonio, estando obligadas ambas partes a estar y pasar por tal declaración y a consentir la realización del deslinde en la colindancia entre ambas fincas.

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas."

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes, por se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día para la de este recurso.

Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda en que se ejercitan acumuladamente diversas acciones centradas en las relaciones entre las dos propiedades colindantes de las partes litigantes.

Contra dicha sentencia se alza la parte demandante respecto de tres concretos pronunciamientos.

El primero se refiere a la acción sobre distancias mínimas ex art. 591 CC, habiendo solicitado en la demanda el respecto a las distancias mínimas legalmente establecidas, y reiterándolo en esta alzada frente a la desestimación de la pretensión al considerar la sentencia que se había adquirido por prescripción el derecho a mantener las plantaciones sin necesidad de guardar tales distancias. La parte apelante argumenta que la sentencia vulnera lo establecido en la Jurisprudencia de esta Audiencia entendiendo que la misma establece la imposibilidad de aplicar el instituto de la prescripción al no poder considerarse esta figura como una verdadera servidumbre, citando al efecto la SAP Pontevedra 10 mayo 2006.

Sin embargo dicha sentencia que cuestiona efectivamente la posibilidad de aplicar a las distancias y obras intermedias las reglas generales sobre servidumbres, concretamente las normas sobre prescripción, en su fundamento jurídico cuarto señala: Aún así es cierto que existe Jurisprudencia que llega a hablar de servidumbre por su disposición en el C. Civil, pero la mayoritaria lo hace a efectos meramente polémicos como "obiter dicta" y se inclina además por su calificación como servidumbre negativa, y no positiva, entendiendo entonces de aplicación el Art. 538 del C. Civil esto es, debiendo comenzarse a contar el término de prescripción desde el día en el que se produjo el acto formal obstativo al ejercicio de sus facultades por el "teórico" dueño del predio sirviente. Y debería calificarse de negativa en tanto en cuanto como nítidamente explica la sentencia de 5-V-2000. Secc. 4.ª Audiencia Provincial de A Coruña, porque "la demandada estaría gravada con la imposibilidad legal de plantar a menos de 2 metros de la finca colindante, imponiéndole el Código un deber de abstención, o dicho con las palabras utilizadas por la dicción normativa del Art. 533 del referido texto legal, "hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre", como es plantar árboles en finca propia, y sin que el titular del predio dominante precise, para gozar de tal beneficio, efectuar actuación positiva precisa de clase alguna sobre el fundo gravado, que permanece inalterable en el señorío de la demandada aunque sometido a dicho deber de abstención, que conforma la utilidad del beneficio para el actor". En suma, dicha naturaleza negativa haría que el término prescriptivo no estuviera donde señala el recurrente, el momento de su plantación, sino en el hecho obstativo o contradictorio, que aquí se reconoce actual por el desarrollo alcanzado por los carballos. En todo caso han de desestimarse los argumentos prescriptivos por ambas razones

Pero además, es lo cierto que dicha sentencia se aparta de lo que ha sido una línea constante de la misma sección 3.ª en que se ha dictado la anterior, así la SAP Pontevedra, sección 3.ª, 1 abril 2002 señala que: En cuanto a la adquisición, por prescripción, del derecho a mantener los árboles plantados a menos de dos metros de la línea divisoria de las propiedades de los litigantes, invocada asimismo por los demandados-recurrentes, con base a tener los mismos una antigüedad superior a los veinte años, no ha lugar a su acogimiento, al tener, en todo caso, la referida servidumbre naturaleza negativa y no positiva, al prohibirse plantar árboles cerca de una heredad ajena a menor distancia de la legal, no iniciándose, por lo tanto, el cómputo del plazo prescriptivo de los veinte años desde la data de la plantación sino a partir de la producción de un acto obstativo por el que el dueño del que sería predio dominante prohíbe al del sirviente la ejecución de un hecho que le sería lícito sin la servidumbre (art. 538 del Código Civil).

O la SAP Pontevedra, sección 3.ª, 23 febrero 2000: Resta decir en este punto que nuestro Código Civil encuadra el art. 591 dentro del Capítulo dedicado a las Servidumbres legales, es decir, concibe estas relaciones de vecindad como servidumbres, lo que lleva de la mano a tener en cuenta las normas generales que las regulan y, entre ellas, las que definen las distintas clases de servidumbres (arts. 532 y 533 art.532 EDL 1889/1 art.533 EDL 1889/1); de ahí que la norma del art. 591 1 responda al concepto de servidumbre negativa (la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre). Cuando se planta a distancia inferior a la legalmente establecida se crea una situación fáctica de servidumbre aparente y continua, susceptible de usucapión (art. 537), pero dada su naturaleza de servidumbre negativa (art. 538), el plazo de prescripción (20 años) solo podrá empezar a contarse desde el día en que el dueño del predio dominante hubiera prohibido, por un acto formal, al del sirviente la ejecución de un hecho que le sería licito sin la servidumbre el llamado acto obstativo) lo que hace francamente raros los casos en que se adquiere por prescripción el derecho a tener plantados arboles a distancia inferior a la mínima legal.

Tesis que ha sido acogida por esta Audiencia (sentencia núm. 34/1991, de 8 de Julio, de la Sección Primera) con respecto al cañaveral que mantiene el demandado en su finca, a una distancia de noventa y cinco centímetros del predio de la actora, parece lógico equipararlo a un árbol alto.

En una línea dubitativa, pero que no niega tampoco dicha posibilidad, la SAP Pontevedra, sección 1.ª, 7 diciembre 2006: Con carácter previo, y evitando así cualquier duda, sigue esta audiencia el criterio de la mayoría de la Jurisprudencia menor, sintetizada adecuadamente en la SAP Madrid 9 febrero 2006, y toda la jurisprudencia menor que en la misma se cita, de forma que "...aún cuando el artículo 591 del Código civil se encuentre dentro del capítulo II, título VII, libro II, relativo a las "servidumbre legales", entiende la doctrina científica y jurisprudencial que las normas contenidas en tal precepto, como igualmente en el artículo 592, consagran auténticas limitaciones del dominio y no específicas servidumbres, pues los límites al ejercicio de tal derecho derivados de las normas reseñadas no se asientan sobre la especial idea de sujeción de un fundo a otro (nota característica y definitoria de las servidumbres prediales) con el correlativo otorgamiento de utilidades o aprovechamientos específicos a favor de una finca con menoscabo de otra, que padece singularmente las restricciones, sino que se fundamenta en la genérica idea de adecuada regulación de las relaciones de vecindad, imponiendo idénticas restricciones a todos los fundos que se encuentran en igual situación al supuesto de hecho legalmente previsto, carente, en consecuencia, de la concesión de una ventaja o utilidad concreta a uno de ellos en perjuicio de otro o los restantes (SSAP. de Cantabria de 28 de abril de 1998 y de Vizcaya de 19 de junio de 1999, ya citadas, y SAP. de Pontevedra (sección 5.ª) de 14 de julio de 2000).

Pero es que además, de entenderse que la plantación de especies arbóreas a menor distancia de la legalmente establecida genera un derecho de servidumbre, la doctrina jurisprudencial mayoritaria considera que se trataría de una servidumbre continua, aparente y negativa, por lo que para su adquisición por prescripción de veinte años (artículo 537 del Código civil), el día inicial sería aquél en el que el dueño del predio dominante (el del demandado) hubiere prohibido por un acto formal al del sirviente (el de la demandante) la ejecución del hecho que sería lícito sin la servidumbre (concurrencia de acto obstativo), según el artículo 538 del citado Código civil (SSAP. de La Coruña (Sección 1.ª) de 15 de enero de 2001 y de Orense de 9 de enero de 2002, entre otras)".

Por otro lado se argumenta por la parte apelante que existe un error en la valoración de la prueba en relación con el doc. 4 aportado con la contestación a la demanda. No puede compartirse tal apreciación cuando lo que pretende es mantener que el documento no se refiere al objeto de este procedimiento cuando dicho documento, pues debe entenderse que el citado documento se está refiriendo a todos los árboles que en aquella época, año 1976, incumplían las distancias, no teniendo que corresponderse con los actualmente existentes para considerar que se trata del acto obstativo que se entiende común para el general respeto a las distancias a que se refiere el art. 591 CC. La adquisición por prescripción se refiere al derecho a plantar y tener árboles a menor distancia, con carácter general.

Segundo.-El segundo pronunciamiento que se impugna se refiere a la declaración de que la propiedad de los demandantes está gravada con una servidumbre de desagüe de aguas pluviales.

El motivo se articula sobre la base de que en el documento 4 aportado con la contestación a la demanda ellos no han tenido intervención, no pudiendo perjudicarles los compromisos adquiridos por sus padres. La parte actora pretendía en su demanda que se declare que su finca no está gravada con una servidumbre de vertiente de tejados.

El motivo debe ser desestimado. Bien motiva la sentencia la adquisición del derecho de servidumbre por prescripción de 20 años, al ser insuficiente un documento privado cuando se trata de una donación o acto de mera liberalidad. Y el documento que, sin servir de título, sin embargo recoge la aquiescencia de los padres de los apelantes para dar salida por su finca a las aguas pluviales procedentes de los tejados del inmueble de la parte demandada, evidencia ya la realidad de la misma, lo que es puesto de manifiesto por las testificales de la Sra. Coro y el Sr. David, evidenciando una posesión durante más de veinte años, suficiente para la prescripción estimada.

No puede ahora pretender concretarse que lo querido era la eliminación de las dos canaletas de recogida de aguas, cuando la acción negatoria de servidumbre es clara en la demanda, y sobre ella es sobre la que se ha pronunciado la sentencia.

Finalmente señalar que lo acordado por sus padres en vía negocial, vincula a los apelantes en cuanto herederos de aquellos, como expresamente recoge el art. 1257 CC.

Tercero.-El tercer pronunciamiento impugnado se refiere al deslinde determinado en la sentencia entre las propiedades colindantes de los litigantes. El motivo de la impugnación se centra en el error en la valoración de la prueba. Se argumenta que la sentencia se funda en un dictamen pericial que no se ajusta a la realidad física de los elementos constructivos y de los mojones que, en realidad, no existen.

Sin embargo la sentencia motiva extensamente la valoración de los elementos físicos sobre el terreno sobre la base del dictamen del perito Don. Marco Antonio, aportado con la contestación a la demanda, pero también de su comprobación in situ mediante la prueba de reconocimiento judicial quedando constancia en el acta levantado al efecto (folio 282) del mojón o piedra que alegan los demandados, que forma parte de la estructura del muro y que se prolonga a ambos lados del vértice con la letra K en el informe del citado perito. De igual modo se deja constancia de que, situados frente a las dos viviendas se observa que la pared de piedra del último tramo de la vivienda de los demandados no se ajusta a la línea de la de hormigón.

Elementos que llevan a concluir la adecuada interpretación de la realidad física por el perito Don. Marco Antonio que ha sido constatada por la Juez en el reconocimiento judicial practicado. No puede por lo tanto advertirse el error de valoración que se dice, pretendiendo en realidad la parte apelante hacer prevalecer su tesis sobre la valoración judicial llevada a cabo sobre suficientes elementos de prueba, lo que no puede admitirse.

Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo".

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990, 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994, entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnación de la sentencia (artículo 458.1 LEC).

Las exigencias de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas abocadas a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional, fuera del supuesto de práctica de nueva prueba en segunda instancia, se centre en deslindar si los criterios empleados por el juzgador de instancia son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 CE.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es conciliable con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el juicio; controlar, en definitiva, la estructura racional del juicio de hecho.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 398.1 LEC procede imponer las costas a la parte recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Hilario y Doña Erica contra la sentencia de fecha 23 octubre 2009 dictada por el Juzgado de Primera Instancia 2 Lalín en el juicio ordinario n.º 449/2007, confirmándose en su integridad, con imposición de las costas de esta apelación a la parte recurrente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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