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Sentencia A.P. Oviedo 244/2010 de 24 de junio


 RESUMEN:

Procedimiento de protección de los derechos fundamentales: Mantenimiento del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado. Absolución en la condición en que fue llamado al proceso. Derecho de asociación: Impugnación de acuerdos de juntas locales de partidos políticos. La Junta Local carece de personalidad jurídica propia. Quien tiene la personalidad jurídica es el Partido.

OVIEDO

SENTENCIA: 00244/2010

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 241/2010

NÚMERO 244

En Oviedo, a veinticuatro de Junio de dos mil diez, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, compuesta

por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Doña Nuria Zamora Pérez y Don José Antonio Soto Jove Fernández, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de apelación número 241/2010, en autos de Procedimiento ordinario sobre Protección de Derechos Fundamentales n.º 357/2009, procedentes del Juzgado de Primera instancia número uno de Avilés, promovido por DON Abelardo, demandante en primera instancia, contra DON Andrés, demandado en primera instancia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. Francisco Tuero Aller.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que por el Juzgado de Primera Instancia número uno de Avilés se dictó Sentencia en fecha quince de Febrero de dos mil diez, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: Que desestimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Nogueroles Andrada, en nombre y representación de Don Abelardo, sobre vulneración de derechos fundamentales, contra el legal representante del Partido Popular en Avilés, Don Andrés, representado por el procurador de los Tribunales Sr. Menéndez Rodríguez, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las peticiones deducidas en su contra en el suplico de la demanda.

Segundo.-Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandante recurso de apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día diecisiete de Junio de dos mil diez

Tercero.-Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-La presente demanda fue interpuesta por Don Abelardo, ejercitando, según se dice en su encabezamiento, la acción de nulidad prevista en el art. 40 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, como consecuencia, según afirma, de las graves irregularidades acaecidas en el Congreso de la Junta Local del Partido Popular en Avilés, celebrado el 4 de abril de 2009, cuyos acuerdos habrían conculcado principios constitucionales, derechos fundamentales y normas legales y estatutarias. En consonancia con ello, en el fundamento de derecho tercero insiste en que la acción ejercitada es la de impugnación de acuerdos prevista en el precepto antes citado, solicitando en el suplico que se declare la nulidad de la convocatoria para dicho Congreso, la nulidad del mismo y de "las decisiones y ejecuciones" adoptadas tras su celebración y la convocatoria de uno nuevo con determinadas condiciones, así como que se declare que el demandado vulneró derechos fundamentales de los afiliados y se le condena a permitir el ejercicio del derecho de información. Dicha demanda se dirigió contra "el legal representante del Partido Popular en la localidad de Avilés, el Sr. D. Andrés ", según se dice en su encabezamiento; o frente al "representante legal de la Junta Local del Partido Popular en Avilés", tal y como se indica en su fundamento de Derecho segundo, o frente "al Sr. Andrés en su condición de legal representante de la Junta Local del Partido Popular de Avilés", tal y como se dice en el suplico.

Comparecido el citado D. Andrés opuso en primer lugar su falta de legitimación pasiva, excepción a la que se adhirió el Ministerio Fiscal en fase de conclusiones y que fue acogida en la sentencia apelada, si bien, a continuación, la juzgadora de instancia entró en el análisis del fondo de la cuestión controvertida para proceder a la desestimación íntegra de la demanda.

Segundo.-Debe ratificarse aquí la ausencia de legitimación del Sr. Andrés, apreciada en la resolución recurrida, que se cuestiona como primer motivo de la apelación. La demanda se dirige frente a él no personalmente, sino en su condición de "representante legal", bien del Partido Popular en Avilés, bien de la Junta Local de dicho partido en esa localidad. Y este llamamiento encuentra un doble obstáculo: por un lado, porque la Junta local carece de personalidad jurídica propia. Quien tiene personalidad jurídica es el Partido Popular constituido al amparo del art. 6 de la Constitución Española y regido por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (véase art. 1 de sus Estatutos). La citada Ley reconoce en el art. 3 personalidad jurídica a esta especial clase de Asociaciones. Pero, sin perjuicio de que dicho Partido se organice a efectos internos a través de diversas estructuras territoriales, teniendo en cuenta los ámbitos nacional, autonómico, provincial o local (art. 19 y siguientes de sus Estatutos), los correspondientes órganos o Juntas no gozan de una personalidad jurídica propia o independiente de la del Partido en que se integran. Es éste el único que tiene plena capacidad jurídica y, en consecuencia, el único que podría intervenir como parte en el proceso, y no un concreto organismo que forma parte del mismo.

Y, por otro, porque el Sr. Andrés carece de representación legal, tanto del Partido Popular como de la citada Junta Local. Respecto de ésta última es patente, pues careciendo ella misma de personalidad jurídica no podrá delegarla a un hipotético representante. Y con relación a dicho Partido obran en autos certificaciones tanto del Secretario General de Partido en este Principado como de uno de sus representantes nacionales afirmando que el Sr. Andrés carece de la representación legal de ese Partido. De hecho, conforme al art. 41 de los Estatutos, esa representación legal corresponde al Presidente Nacional, sin perjuicio de que pueda delegar esa representación en otras personas.

Lo que en realidad consta en autos es que el Sr. Andrés tiene el cargo de Presidente de la Junta Local de Avilés. Pero en cuanto tal lo que le corresponde es la "representación política del Partido en el municipio" (art. 58 de los Estatutos del Partido Popular en el Principado de Asturias), lo que explica su intervención directa en los hechos relatados en la demanda, y no una representación jurídica de la que carece. En definitiva, su ausencia de legitimación resulta patente al carecer de la representación que se le atribuye. No cabe, por otro lado entender la demanda dirigida frente a dicha persona física, como tal, y ello aunque así se le emplazara, indudablemente por error material, ya que dicho escrito es claro en cuanto repetidamente señala y razona que se interpone contra él sólo en tanto representante legal del Partido o de la Junta. Es más, la clase de acción ejercitada, dirigida principalmente a la anulación y nuevo señalamiento de un Congreso celebrado por un Partido Político requiere inexcusablemente la presencia de éste, aunque ese Congreso tuviera un limitado ámbito geográfico, pues tales pronunciamientos afectan directamente al Partido en cuyo seno tiene lugar, siendo él el único que goza de personalidad jurídica propia como ya se ha razonado. Consideraciones éstas que igualmente han de extenderse al primero de los pronunciamientos incluidos en el suplico de la demanda, pues el incorrecto llamamiento del demandado -que, se insiste, no fue llamado como tal persona física sino exclusivamente en cuanto ostentaría determinada representación legal- afecta a toda ella, aparte de ser esa petición accesoria o complementaria de las restantes. El que, por último, la juzgadora de instancia no hubiera apreciado de oficio esta excepción al rechazar, parece ser que inaudita parte, unas medidas cautelares previas, no impide que sea ahora acogida al ser invocada en la contestación.

Tercero.-En lo que sí lleva razón el demandante es al denunciar la incongruente o contradictoria postura seguida en la sentencia apelada, pues tras apreciar dicha excepción entró a analizar y decidir sobre las cuestiones de fondo planteadas acerca de la posible vulneración de derechos y nulidad de acuerdos. Sentado que el demandado carece de legitimación en la condición en que lo ha sido, huelga el examen de las restantes cuestiones, que deben quedar así imprejuzgadas, de no vulnerarse el principio constitucional de defensa por cuanto se estaría decidiendo sobre una cuestión que afecta directamente bien a un tercero (el Partido Popular) que no fue parte en este proceso, bien incluso, si así se considerase, a una persona física, el Sr. Andrés, que como tal, en su propio nombre, tampoco fue llamado a los autos.

Cuarto.-Las consideraciones anteriores han de llevar al parcial acogimiento del recurso, respecto del particular indicado en el fundamento precedente, lo que conlleva, a su vez, que no se haga expresa imposición de las costas aquí causadas, imposición que tampoco procedería si se tienen en cuenta las dudas propiciadas por la actuación del Sr. Andrés en los actos que motivaron la interposición de esta demanda, en los que tuvo una intervención notoria que podía provocar la creencia de que ostentaba una representación de la que carece. Consideraciones que cabe trasladar al pronunciamiento referido a las costas de primera instancia, pues esta sentencia sustituye a la allí dictada en cuanto desestima la demanda por distintas razones, o mas bien, por una sola de las alegadas, lo que permite decidir nuevamente sobre esta materia, estimándose mas ajustado no hacer expresa imposición por esos mismos motivos de no entrar en el análisis de la cuestión de fondo y la concurrencia de las dudas señaladas (arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:


FALLO


 
Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D. Abelardo frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Avilés en autos de juicio ordinario seguidos con el número 357/09, la que revocamos también en parte en el sentido de, manteniendo el acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado, absolver a éste en la condición en que fue llamado a este proceso sin entrar a conocer del fondo de la cuestión controvertida. Revocando asimismo el pronunciamiento referido a la imposición de costas de primera instancia, respecto de las que no hacemos expresa declaración, como tampoco de las de esta segunda instancia.

Devuélvase al apelante el depósito constituido para recurrir.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 de la L.C.E., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 468 y ss., 477 y ss. y Disposición Final 16.ª, todo ello de la L.E.C., debiendo prepararse en el plazo de CINCO DÍAS ante éste Tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Español de Crédito /3370 e indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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