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Sentencia A.P. Salamanca 268/2010 de 25 de junio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Carencia de legitimación activa para el ejercicio de la acción por parte del actor. Negocios jurídicos incompletos: Requisitos de existencia y eficacia. Negocio simulado de arrendamiento de servicios.

SALAMANCA

SENTENCIA: 00268/2010

SENTENCIA NÚMERO 268/10

ILMO. SR. PRESIDENTE:

D. JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JOSE ANTONIO VEGA BRAVO

D. FERNANDO CARBAJO CASCON (S.)

En la ciudad de Salamanca a veinticinco de Junio de dos mil diez.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO ORDINARIO N.º 734/08 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Salamanca, Rollo de Sala n.º 12/10; han sido partes en este recurso: como demandante-apelante D. Rogelio representado por la Procuradora D.ª Patricia Martín Miguel y bajo la dirección del Letrado D. Julio de la Torre Hernández Coll y como demandada-apelada GENERAL DE SERVICIOS Y CONTRATAS REUNIDAS S.A., representada por la Procuradora D.ª M.ª Angeles Carnero Gándara y bajo la dirección del Letrado D. Luis Megido Dueñas, habiendo versado sobre Reclamación de cantidad.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
1.º- El día 16 de Octubre de 2.009 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Salamanca se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda presentada por la procuradora Sra. Martín Miguel en nombre y representación de Don Rogelio, frente a Sociedad General de Servicios y Contratas Reunidas, S.A., representada por la procuradora Sra. Carnero Gándara, al carecer de legitimación activa para el ejercicio de la acción en la que se funda la demanda, con absolución en la instancia; todo ello asumiendo cada parte las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad".

2.º- Contra referida sentencia se preparó recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandante concediéndole el plazo establecido en la Ley para interponer el mismo verificándolo en tiempo y forma, quien después de hacer las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se revoque la Sentencia recurrida en el sentido de estimar la demanda y condenar a la demandada en los términos que se interesan en el suplico de la misma con imposición de las costas en ambas instancias a la demandada.

Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por la misma se presentó escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando se dicte sentencia desestimatoria del recurso, confirmando la apelada y condenando a la parte apelante al pago de las costas.

3.º- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo y se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día 21 de Mayo de 2.010 pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.

4.º- Observadas las formalidades legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON JOSE ANTONIO VEGA BRAVO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La parte apelante fundamentó su recurso en el error en la interpretación de la prueba y en la infracción del artículo 1753 CC.

La parte demandada se opuso a referido recurso.

Segundo.-Como es sabido, los negocios jurídicos, para su existencia y luego para su eficacia, han de reunir ciertos requisitos, unos exigidos para todos los negocios, otros propios de cada tipo y también, en su caso, habrá que no olvidar los peculiares de cada negocio en concreto. Cuando alguno de esos requisitos no son como debieran, se dice que el negocio jurídico es incompleto, irregular, falso o aparente. En este caso nos interesa destacar un grupo especial de anomalías, que inciden en el negocio de tal modo, hasta imprimirle esa peculiar naturaleza que resulta de la simulación, el fraude y la finalidad indirecta o fiduciaria. La anomalía que ha llevado a que se destaque como algo especial y distinto el negocio anómalo, es la de una deformación de una figura negocial, querida por quienes lo crean y hecha para escapar de la regulación normal de los negocios, de la prevista y ordenada por las leyes. El reiterado y uniforme uso en la práctica de tales deformaciones ha originado una cierta tipificación social; la que, a su vez, ha creado la costumbre de hablar de negocios simulados, fiduciarios, indirectos y en fraude, las cuales no se excluyen entre si, puesto que se trata de anomalías que pueden recaer conjuntamente sobre un mismo negocio jurídico, el que, por tanto, merecerá la correspondiente plural calificación. En todo caso, no debemos olvidar que los negocios anómalos no están condenados por el Derecho y, por tanto, su empleo puede quedar dentro del ámbito del lícito ejercicio de la autonomía de la voluntad (artículo 1255 CC). Del mismo modo, tampoco constituye el negocio anómalo un procedimiento privilegiado por el derecho, no es un trampolín autorizado para saltarse normas imperativas, ni un recurso para privar de eficacia los principios fundamentales del sistema jurídico español. Es decir, su empleo no sirve para impedir el control judicial sobre el fin práctico que se pretenda conseguir con el negocio (calificación de la causa concreta), ni para dejar de lado el principio general de la buena fe. En fin, no debe olvidarse que el sistema del código civil tiene propias y bien definidas características ("espiritualismo", atender a la causa concreta cierta), lo que impide le sean aplicables teorías forjadas sobre o respecto de otros sistemas; y que fuere la que fuere la autoridad de quienes las hayan inventado o aceptado, ella no basta para que esté permitido en el derecho español amparar adquisiciones hechas de mala fe, sea cualquiera el artificio negocial al efecto empleado.

En el presente caso, en la sentencia impugnada se declara probado, y de los escritos rectores de las partes, tanto en la primera instancia como en esta apelación, se desprende la manifiesta aceptación de tal realidad fáctica como probada, lo siguiente:

-entre las entidades Gescor y Centro de Estudios Merinero, la primera representada por don Antonio, y la segunda por el aquí demandante, don Rogelio, se celebró un contrato de arrendamiento de servicios con relación a un proyecto de valoración de la mujer en el trabajo de los programas de formación profesional ocupacional incluidos en el programa operativo de Castilla y León, sometido a la normativa de la ley 37/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, y donde el citado centro de estudios se comprometía a realizar estudios técnicos por importe de 80% de la subvención total;

-como quiera que por aplicación de la citada normativa sobre subvenciones, el cobro de estas exige la presentación de la correspondientes facturas en justificación de los gastos habidos, por la entidad centro de estudios Merinero se emitieron como pagadas por Gescor sendas facturas relativas al citado proyecto de valoración de la mujer en el trabajo, de manera que para asegurarse con el acreedor de los servicios prestados el cobro de dichas fracturas, se celebró con fecha de 31 de octubre 2007, entre Gescor y Rogelio un contrato de préstamo donde se hace constar como cantidad recibida por dicha entidad de parte de Rogelio la cantidad que de acuerdo con el contrato de arrendamiento de servicios constituiría el precio a cobrar por el centro de estudios merinero en contraprestación a los servicios prestados, es decir el 80% de la subvención total de la junta de Castilla y León;

-asimismo consta que con fecha de 31 de octubre 2007 se llevó a cabo una transferencia bancaria por parte de don Rogelio a favor de la entidad Gescor por importe de 31.000 4730,40 € (folio 11), así como la emisión de un talón a favor de Gescor por importe de 5.178 € que fue entregado a don Rogelio día 31 de octubre de 2007, quien lo ingresó en la cuenta de VECJAM (folios 98 a 101), y consta igualmente que con fecha de 31 de octubre 2007 se llevó a cabo una transferencia bancaria de Gescor a favor de don Rogelio por importe de 31.473,40 €, al folio 44 y dos transferencias de frescor a favor VECJAN.

De acuerdo con estos antecedentes de hecho, es claro que el contrato de préstamo sobre cuya base ha ejercitado su acción la parte actora, constituye un contrato simulado con una clara finalidad de garantía de cobro por parte de la entidad prestataria de los servicios prestados, toda vez que al haberse emitido en cumplimiento de la normativa administrativa reguladora de las subvenciones sendas facturas que acreditaban el pago de tales servicios por la deudora de los mismos, para evitar las dudas de que ese pago no fuese sólo ficticio y se convirtiese en un pago y cobro real, se elaboró como instrumento de garantía el citado contrato de préstamo.

La simulación negocial existe cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro propósito negocial, ya sea éste contrario a la existencia misma (simulación absoluta), ya sea el propio de otro tipo de negocio (simulación relativa).

La simulación no se ha regulado bajo este nombre en el Código Civil. Se refiere directamente a ella cuando trata de las donaciones hechas "simuladamente, bajo apariencia de otro contrato" (artículo 628), y de la disposición testamentaria, a la que "se disfrace bajo la forma de contrato oneroso" (artículo 755). Más las reglas generales respecto al significado de la simulación se establecen al tratar la causa falsa (artículo 1276). En el sentido no de causa respecto de la que se haya incurrido en algún error (falsedad de la causa, articuló 1301), sino en la de causa fingida o disfrazada. De suerte que así como la simulación absoluta supone la creación de la apariencia de un negocio cuando en verdad resulta que no se quiso dar vida a dicho negocio ni a ningún otro, ocultándose mediante ella la carencia de causa, cuya denuncia lleva a que se declare la inexistencia o nulidad del negocio, por carencia o falsedad de la causa (artículos 1261 y 1375 CC); por el contrario, la simulación relativa es una figura jurídica mucho más compleja, puesto que en ella, se ha de tener en cuenta no sólo el negocio simulado y el acuerdo sobre el encubrimiento, sino también el negocio jurídico ocultado, lo que supone atender a la influencia dañina que el hecho de la simulación pueda tener sobre el negocio disimulado, la que sobre el mismo pueda tener el carácter del acuerdo de simular, el apoyo que el negocio simulado pueda ofrecer al negocio disimulado y los requisitos necesarios para que pueda ser válido el negocio disimulado una vez demostrada la simulación, habrá de probarse la existencia de este negocio disimulado y que su causa es verdadera y lícita (artículo 1276).

En el caso de autos, es claro que el contrato de préstamo acompañado con la demanda y cuya ejecución, en forma de devolución de la cantidad entregada se solicita en dicha demanda, constituye un contrato simulado, cuya única finalidad (finalidad que nadie ha probado en este juicio sea ilícita o contraria a ninguna norma del ordenamiento jurídico) fue la de garantizar el pago por la entidad demandada del precio de los servicios prestados por el centro representado por el aquí demandante en el anterior contrato de arrendamiento de servicios celebrado entre ambas partes. Por consiguiente, si no hubo tal contrato de préstamo real y existente, pues las transferencias bancarias que acreditan la entrega del dinero por el aquí actor a la entidad demandada, han sido " contrarrestadas" en autos por las correlativas transferencias bancarias de la entidad demandada a las entidades representadas por el demandante, lo que a la postre hace que se llegue a la conclusión de que no hubo una efectiva y real transmisión de dinero en concepto de préstamo por la parte demandante en este juicio a la parte demandada; si no hubo tal contrato real de préstamo, decimos, sino que lo que hubo, y eso ni siquiera ha sido discutido por las partes, fue un contrato de arrendamiento de servicios, lo que habrá que ejecutar y cumplir será dicho contrato de arrendamiento de servicios una vez probado, como así ha sido, que el contrato de préstamo tan sólo se fue simulado y se utilizó con una finalidad fiduciaria de garantía del pago de esos servicios. Tal finalidad fiduciaria de garantía contaba con plena lógica en el caso presente, puesto que la única verdadera y real relación negocial existente entre las partes, la prestación de unos servicios, al estar tales servicios subvencionados por la Junta de Castilla y León, dió lugar a que el pago del precio de los mismos se pactase de una forma especial, en forma de tantos por ciento de dicha subvención total. Ahora bien, la normativa administrativa reguladora de tales subvenciones exige para el cobro de las mismas que se acrediten cómo reales y efectivos los gastos que tales subvenciones han de cubrir. Para ello se emitieron las correspondientes facturas, lo que daba la apariencia externa de que los servicios derivados de aquel contrato de arrendamiento ya habían sido pagados por la entidad aquí demandada. Y para evitar que esa apariencia tuviese consecuencias jurídicas injustas, desde el punto de vista del enriquecimiento injusto, acordaron las partes celebrar el ficticio contrato de préstamo donde se simulaba que el actor había entregado la cantidad de tales subvenciones a la entidad demandada, por lo que, por lo tanto, tal entidad demandada debía dicha cantidad a la parte aquí actora, dejando así sin posibilidad de efectos jurídicos a esa apariencia derivada de las facturas emitidas como pagadas para el cobro de las subvenciones.

Ahora bien, como se ha dicho, una vez destapada la simulación, y el encubrimiento y velo que la misma supone, nos encontramos con que el único negocio jurídico, como también se ha dicho, celebrado entre las partes fue el contrato de arrendamiento de servicios para llevar acabo el proyecto de valoración de la mujer en el trabajo, subvencionado por la Junta de Castilla y León. Ese es el único contrato que jurídicamente puede ejecutarse, pero, tal ejecución debe llevarse a cabo en los términos en que él mismo se pactó, y por las partes que lo pactaron, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1257 y 1258 CC.

Y es aquí donde, en efecto, cobra relevancia y eficacia la excepción alegada por la parte demandada y estimada en la sentencia impugnada, puesto que si, como hemos dicho, el único negocio jurídico celebrado de manera real y efectiva no es otro que el unido al folio 42 de los autos, relativo al arrendamiento de los servicios necesarios para la ejecución del proyecto de valoración de la mujer en el trabajo de los programas de formación profesional ocupacional incluidos en el programa operativo de Castilla y León, subvencionado por la junta de Castilla y León y el fondo social europeo; si el único negocio jurídico real y efectivo, decimos, es el citado, sólo tienen legitimación activa para exigirse recíprocamente el cumplimiento del mismo las partes que según dicho contrato intervinieron en él, es decir, Don Antonio, en nombre y representación de General de Servicios y Contratas reunidas S.A, y Don Rogelio, en nombre y representación del Centro de Estudios Merinero, en su calidad de gerente del mismo. Además, en la cláusula octava de dicho contrato se establece que el mencionado estudio se realizará por un importe equivalente al 80% de la subvención total concedida más el IVA correspondiente. De manera que, como quiera que dicha subvención después de haber sido concedida fue recurrida y aún no ha sido entregada totalmente a la sociedad demandada, hasta que no se reciba la entrega total no podrá reclamársele el 80% del total.

El presente juicio ha sido interpuesto por Don Rogelio en su propio nombre y derecho, cuando en realidad él no aparce como persona física interviniente en referido contrato en su propio nombre y derecho, sino que, como se ha dicho, interviene en el mismo "en nombre y representación del Centro de Estudios Merinero en su calidad de gerente del mismo, Centro de Estudios Merinero que según su propio recurso de apelación es una persona física (la mujer del Sr Rogelio),que será la que tiene la legitimación activa para reclamar el cumplimiento de ese único contrato real existente. Sin olvidar que dada la forma en que se pactó el precio, el 80% de la subvención total concedida más el IVA correspondiente, habrá que esperar a que la subvención total sea concedida definitivamente en forma firme e irrecurrible, para poder exigirla.

Por consiguiente procede desestimar el presente recurso y confirmar la sentencia apelada.

Tercero.-Pesé a desestimarse el recurso, no procede la aplicación del principio del vencimiento objetivo derivado de los artículos 398.1 y 394.1 LEC, al hallarnos ante un supuesto de simulación contractual provocada y querida, no sólo por la parte actora, sino por ambas partes contratantes, con las consiguientes dudas objetivas de hecho que se derivan de tales formas de contratación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.


FALLAMOS


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Patricia Martín Miguel en nombre y representación de D. Rogelio contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia N.º 7 de Salamanca con fecha 16 de Octubre de 2.009 en el procedimiento de que este Rollo dimana, confirmamos la misma en su integridad, sin hacer imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

P U B L I C A C I O N

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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