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Sentencia A.P. Oviedo 326/2010 de 25 de junio


 RESUMEN:

Servidumbres: Declaración de un muro como medianero, condenando solidariamente a los demandados a reponer el muro medianero en la parte en que haya sido demolido a su estado anterior. Condena a la reparación de los daños producidos en el edificio.

GIJON

SENTENCIA: 00326/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS

SECCIÓN SÉPTIMA

GIJÓN

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000013 /2010

SENTENCIA Núm. 326/2.010

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL MARTÍN DEL PESO

D. RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE

D. JULIÁN PAVESIO FERNÁNDEZ

En GIJON, a veinticinco de Junio de dos mil diez.

VISTOS, por la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento Ordinario núm. 676/08, Rollo número 13/10, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Gijón; entre partes, como apelante, DOÑA Angelina, DON Juan Pablo, DON Anselmo Y DOÑA Diana representados por la Procuradora D.ª MARIA LUISA SANCHIS CIENFUEGOS JOVELLANOS bajo la dirección letrada de D.ª LUCIA EZQUERRA DIEZ; como apelada, LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO NÚM. NUM000 DEL PASEO000 DE GIJON, representada por el Procurador D. PEDRO PABLO OTERO FANEGO bajo la dirección letrada de D. ANTONIO ORTEGA MENENDEZ-CONDE.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Gijón dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 25 de septiembre de 2.009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar como estimo la demanda interpuesta por la representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL PASEO000, NUMERO NUM000, DE GIJON, contra DOÑA Angelina, DON Juan Pablo Y DON Anselmo Y DOÑA Diana:

1.º- Declarando que el muro que separa los edificios de los números NUM000 y NUM001 del PASEO000 de Gijón tiene carácter medianero, desde la planta sótano hasta el techo del segundo piso y desde éste hasta el del tercero en lo que no haya sido edificado posteriormente sobre el mismo, condenando solidariamente a los demandados a reponer el muro medianero en la parte que haya sido demolido s su estado anterior.

2.º- Y, condenando a los demandados, también solidariamente, a la reparación de los daños causados en los distintos departamentos del edificio número NUM000, que se especifican en el informe pericial acompañado como documento 13 con la demanda."

Y con fecha 7 de octubre de 2.009 se dictó Auto de Aclaración cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "ACUERDO rectificar la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2009, recaída en los presente autos, en el sentido de incluir en el fallo de la misma la expresa condena en costas a la parte demandada, estando a lo demás en aquélla acordado."

Segundo.-Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de DOÑA Angelina, D. Juan Pablo, D. Anselmo Y DOÑA Diana se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 9 de junio de 2.010.

Tercero.-En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

Vistos siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Ejercita la demandante, "Comunidad de Propietarios del Edificio n.º NUM000 del PASEO000 ", de Gijón, en el procedimiento del que trae causa el presente recurso de apelación, acción por la que pretende que se declare que el muro que divide los edificios de los números NUM000 y NUM001 del PASEO000 tiene carácter medianero, desde la planta sótano hasta el techo del segundo piso, y desde ésta hasta el del tercero, en lo que no haya sido edificado sobre el muro medianero y, en consecuencia, condene conjunta y solidariamente a los demandados o, subsidiariamente, con carácter mancomunado, a la reposición de la medianera a su estado primitivo, en la parte que haya sido demolida o, subsidiariamente, en la forma que se determine en juicio, y a la reparación de los daños de los distintos departamentos del edificio de la actora.

La demanda se dirigía contra D.ª Angelina, D. Juan Pablo, D. Anselmo y D.ª Diana, propietarios, en régimen de proindiviso, del edificio n.º NUM001 del PASEO000, y trae causa de la realización en dicho edificio de unas obras de instalación de ascensor, como consecuencia de determinadas actuaciones sobre el muro litigioso, que la demandante entiende que es medianero, y los demandados, que se opusieron a las pretensiones de la actora, entienden que es privativo del edificio n.º NUM001

La Sentencia recaída en la primera instancia concluye, que el muro es medianero, y que las obras ejecutadas en el edificio n.º NUM001 han causado daños en el muro, por lo que estima íntegramente la demanda e impone a los demandados las costas causadas.

Contra dicha Sentencia se alzan en apelación los demandados, que mantienen en esta instancia sus iniciales pretensiones, y solicitan, en consecuencia, que se revoque la Sentencia, se declare que el muro es privativo, y, en su defecto, si se declara medianero, no se obligue a la reposición al estado inicial.

Segundo.-Comienzan los recurrentes imputando a la Sentencia apelada incumplimiento del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien lo hace de forma absolutamente injustificada y falta de cualquier clase de argumentación, pues la Sentencia contiene una abundante y ordenada fundamentación jurídica, en la que se analizan pormenorizadamente todas las cuestiones planteadas, en relación con la prueba practicada.

En Sentencias de 16 de marzo y 26 de junio de 2.006, 18 de enero y 2 de mayo de 2.008, y 4 de diciembre de 2.009, éste Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido de que "como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2.005, la motivación de las Sentencias constituye además de un deber constitucional de los Jueces, un derecho de quienes intervienen en el proceso, protegido por la Constitución Española (como señalan las Sentencias del Tribunal Constitucional 24/1990, de 15 de febrero, 35/2002, de 11 de febrero y 213/2003, de 1 de diciembre), pues la exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución Española) y con el carácter vinculante que, para Jueces y Magistrados, tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (artículo 117.1.3 de la Constitución Española), ya que hay que dar razón del derecho judicialmente interpretado y aplicado, con lo que se cumple tanto la finalidad de evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos de derecho, como con la de hacer posible el control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento, y el derecho a obtener una resolución fundada, favorable o adversa, como garantía frente a la arbitrariedad, exige que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2003, de 27 de octubre), pero, sin embargo, como destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional 165/1999, de 27 de septiembre, el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan tener de la cuestión que se decide, y la Sentencia 100/1987, de 9 de julio, puso de relieve que el deber de motivar las resoluciones judiciales no exige del Juez o Tribunal una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado, ya que para su cumplimiento es suficiente que conste de modo razonablemente claro cuál ha sido el fundamento en derecho de la decisión adoptada, criterio de racionabilidad que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse, y que queda confiado al órgano jurisdiccional competente, y la Sentencia 56/1987, de 5 de junio, reitera, en fin, que lo determinante es que el interesado conozca las razones decisivas, el fundamento de las resoluciones que le afectan, en tanto que instrumentos necesarios para su posible impugnación o para saber en general qué remedios procesales puede utilizar, exigiendo su información, requisitos, todos ellos, que cumple holgadamente la Sentencia apelada (en el mismo sentido, Sentencias de ésta Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Asturias, de 16 de marzo y 26 de junio de 2.006, y 18 de enero y 2 de mayo de 2.008)". Requisitos, todos ellos, que cumple sobradamente la Sentencia apelada.

Tercero.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegan los apelantes infracción de lo dispuesto en el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues sostienen que en la audiencia previa se admitió la aportación de unos documentos que, a juicio de los apelantes, debieron haber sido aportados con la demanda, pero lo cierto es que se trataba de pruebas complementarias que fueron aportadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 265.3, y que, en esa condición fueron admitidas, siendo así que, aunque en un principio la parte demandada se opuso a su aportación, una vez que el Juzgador decidió unir los documentos a los autos, la parte demandada no formuló protesta ni recurrió en reposición, aquietándose, por tanto, con dicha decisión, por lo que no puede pretender ahora suscitar la cuestión, pues se lo impide el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que consintió finalmente la incorporación de tales documentos a los autos.

Cuarto.-En relación con los signos que la Sentencia apelada interpreta como acreditativos de que el muro litigioso es medianero, sostiene la parte apelante que, en contra de lo que se afirma en la Sentencia, no ha quedado probado que el antiguo edificio n.º NUM000, sobre cuyo solar se edificó en el año 1.976 el actualmente existente, apoyase su estructura sobre dicho muro. A este respecto, es necesario observar que, si bien es cierto que en el informe pericial emitido por el arquitecto técnico D. Ceferino, no se llega a afirmar en ningún momento que el antiguo edificio n.º NUM000 apoyaba su estructura en el muro, no se puede entender que la Sentencia esté afirmando que el informe decía tal cosa, pues en el apartado 1.º del fundamento jurídico segundo de la Sentencia apelada, no solo se dice que el antiguo edificio n.º NUM000 apoyaba sobre el muro, sino también que tal muro sirve en la actualidad de cierre, al menos en parte, a las dependencias del actual edificio n.º NUM000, y tal afirmación sí que se encuentra recogida en tal informe. Por otra parte, que el antiguo edificio n.º NUM000 se apoyaba sobre el muro litigioso es un hecho que debe entenderse suficientemente probado, a la vista del testimonio prestado por D. Florentino, que fue uno de los arquitectos directores de la obra de demolición de aquel edificio y construcción del actualmente existente, resultando totalmente intrascendentes las dudas que vierte la parte apelante en su recurso acerca de los posibles fallos de memoria del Sr. Florentino, pues en esta cuestión se mostró contundente y nada dubitativo, y el propio perito que elaboró otro informe para los demandados, Sr. Luciano, admitió como muy posible que el anterior edificio apoyase su estructura sobre el muro, aparte de que si no hubiese sido así, no se entiende como los demandados han podido consentir durante tanto tiempo que el aplacado de la fachada del actual edificio n.º NUM000 se extienda hasta la mitad, aproximadamente, del grosor del muro, como tampoco se entiende que, de no ser así, los demandados o las personas de quienes traen causa en la propiedad consintieran que, al construirse el nuevo edificio en el n.º NUM000, éste volase sobre el muro litigioso a partir del cuarto piso, cosa que admiten en su recurso expresamente que ocurre.

Se trata, por tanto, de un muro que, en su día, sirvió para que ambas edificaciones apoyasen su estructura en él, lo que constituye un claro signo de medianería (artículo 573.4.º del Código Civil, "contrario sensu"), y que, en la actualidad sigue siendo divisorio de ambos edificios (artículo 572.1.º del Código Civil), puesto que sirve de cerramiento para algunas de las dependencias del actual edificio n.º NUM000.

Por otra parte, que los primitivos edificios n.º NUM000 y n.º NUM001 se construyeron, sino en la misma fecha, sí en fechas próximas, y formando parte de un bloque de varios edificios que guardaban cierta armonía estética, que aún se aprecia entre los edificios próximos (véanse las fotografías obrantes en el expediente remitido por el Ayuntamiento de Gijón) es algo que queda probado, por el hecho de que las licencias se solicitaron al mismo tiempo y por la misma persona, según acreditan los documentos 23 y 24 de la demanda, para un conjunto de cuatro edificios, tal y como, por otra parte, confirma el testigo Sr. Florentino, que sostiene que originariamente era un bloque de cuatro edificios similares, algo que para dicho testigo no pasó desapercibido, y que dice recordar por haber vivido siempre en la zona, sin que el hecho de que pudiese tener muy poca edad cuando se recrecieron los edificios NUM001 y NUM002 prive de credibilidad alguna a su testimonio, pues dichos recrecidos no cambiaron el aspecto externo de los edificios, salvo en lo que atañe a su altura, siendo así que dicho testigo afirma también que era frecuente, según la técnica constructiva de la época, que los edificios utilizasen muros medianeros para apoyar sus respectivas estructuras.

En lo que se refiere a los huecos que el Sr. Bartolomé observó en el muro litigioso, no se puede saber con exactitud su origen, pero muy bien pudieran ser demostrativos de los apoyos que, en su día tuvo el edificio n.º NUM000 en el muro.

Resulta incontestable, por tanto, a la vista de la prueba practicada, el carácter medianero del muro, sin que por los apelantes se hayan desvirtuado los acertados razonamientos empleados en la Sentencia apelada para llegar a tal conclusión, por lo que en este particular debe ser desestimado el recurso.

Quinto.-En lo que se refiere a la necesidad de reponer el muro a su estado primitivo, procede también confirmar la Sentencia apelada, pues la actuación llevada a cabo por los demandados ha determinado la desaparición de una parte importante del muro, en un 50% de su espesor (en algunos puntos más), que se ha aprovechado para ganar espacio para la instalación del ascensor, demolición que ha consistido en un rebaje medio de unos 30 cm. en el ancho del muro (que tiene unos 60 cm.), en toda su altura y en la planta baja, para lo que habrían necesitado los demandados el consentimiento expreso de la comunidad demandante, pues la cotitularidad de los comuneros sobre el muro se extiende pro indiviso, como muy bien se expresa en la Sentencia apelada, sobre todo él, y no solo sobre la mitad de su espesor, de modo que ningún medianero puede eliminar un elemento medianero, en todo o en parte, ni siquiera sustituyéndolo después por otro distinto, sin el consentimiento de los demás, como decíamos en la Sentencia de 19 de enero de 2.007, que se cita en la apelada, y es esto precisamente, y no otra cosa, lo que han hecho los demandados, que han utilizado parte del espesor del muro para ganar espacio en su propio y exclusivo beneficio, sin ni siquiera, en este caso, sustituir esa parte de muro medianero demolida por otro elemento que pudiese considerarse también medianero, pues la parte demandada se ha limitado a colocar unas vigas de refuerzo, que sustituyen, como elemento portante, a la parte de muro demolida, pero que forman parte solo de la estructura del edificio n.º NUM001.

Como muy bien se expresa en la Sentencia apelada, no se puede entender en este caso que sea desproporcionado obligar a los demandados a devolver el muro a su estado original, toda vez que las Sentencias que cita, que expresan que la inexistencia de consentimiento previo de los demás comuneros no determina necesariamente la demolición de las obras ejecutadas, pues para ello es necesario que la alteración del muro no haya causado daños en él, y en el caso de demolición del muro, el daño es obvio, pues determina su desaparición, al menos en una parte que, en este supuesto, no puede considerarse intrascendente, menos aún cuando afecta a la parte baja del muro, lo que podría impedir a la Comunidad demandante aprovecharse de él como elemento estructural cuando lo considerase necesario.

Invoca la parte apelante en el recurso la doctrina de la accesión invertida, en apoyo de su pretensión de que no se la condene a reponer el muro a su estado original, pero se trata de una cuestión no suscitada oportunamente en la primera instancia, en la que se sostuvo en todo momento y exclusivamente el carácter privativo del muro en cuestión, y que debiera haberse planteado, además, en su caso, por medio de reconvención, en cuanto implicaría un pronunciamiento acerca de la adquisición por ese medio de la propiedad exclusiva de un muro que era medianero.

Sexto.-En cuanto a los daños, la Sentencia apelada condena a los demandados a reparar los que se consignan en el informe elaborado por el perito Sr. Pelayo (folios 5 y 6), daños que son expresamente admitidos por el perito de los demandados, Don. Luciano, sin que se discuta que la causa de tales daños sea la ejecución de las obras en el muro medianero, y si bien es cierto que el informe Don. Luciano no recoge daños en el solado, producto de haber caído azulejos sobre él, el informe Don. Pelayo sí los recoge, y acompaña fotografías, por lo que no se considera, en absoluto falta de apoyo probatorio la conclusión alcanzada en la Sentencia apelada.

Séptimo.-Por último, en lo que se refiere a las costas, procede estimar el recurso en este particular, teniendo en cuenta las dudas que podían suscitar, en un principio, el hecho de que el actual edificio de la demandante no apoye su estructura en el muro litigioso, y la situación existente con anterioridad, que solo se ha aclarado tras la prueba practicada en el proceso, por lo que no procede hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en la primera instancia, conforme autoriza el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Octavo.-No procede hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en esta instancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


FALLO


 
Por lo expuesto, este Tribunal decide:

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.ª Angelina, D. Juan Pablo, D. Anselmo y D.ª Diana, contra la Sentencia dictada el 25 de septiembre de 2.009, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Gijón, en los autos de Juicio Ordinario n.º 676/2008, y, en consecuencia, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos, revocar en parte la citada resolución, en el solo sentido de no hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en la primera instancia, sin hacer tampoco expresa imposición de las causadas en el recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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