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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 253/2010 de 25 de junio


 RESUMEN:

Deslinde: Estimación parcial de la acción de deslinde por la que las fincas del actor identificadas en plano tienen los linderos que aparecen grafiados en el mismo. Reposición, por la entidad demandada, de las cosas a su estado anterior, demoliendo un muro que había edificado. Incumplimiento de las distancias de retranqueo con el linde de la finca propiedad del actor.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00253/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000221 /2010

SENTENCIA N.º 253

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Miguel Cabrer Barbosa

Magistrados:

D. Santiago Oliver Barceló

D.ª Covadonga Sola Ruiz

En Palma de Mallorca a veinticinco de junio de dos mil diez.

Vistos por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, bajo el número 17/08, Rollo de Sala número 221/10, entre partes, de una, como demandante-reconvenido apelante DON Aquilino, representado por el Procurador de los Tribunales DOÑA ANA MARÍA ANIZ ROZAS y asistido del Letrado DOÑA MARÍA JOSE GUIRANTE TELLO y, de otra, como demandada-reconviniente apelada MIRACLE IBIZA S.L., representada por el Procurador de los Tribunales DON MIGUEL FERRAGUT ROSSELLÓ y asistida del Letrado DON IGNACIO ROA NONIDE.

ES PONENTE la Ilma. Magistrada D.ª Covadonga Sola Ruiz


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por la Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza con fecha 22 de diciembre de 2009, se dictó Sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "1) ESTIMO PARCIALMENTE la demanda principal interpuesta por D. Aquilino, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. María Victoria Martínez García y asistido por la Letrada Sra. María José Quirante Tello, Y ESTIMO TAMBIÉN PARCIALMENTE la demanda reconvencional interpuesta por la mercantil MIRACLE IBIZA S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Juan Antonio Landáburu Riera y asistida del Letrado Sr. Ignacio Roa Nonide, y en consecuencia:

2) DECLARO que procede el deslinde y amojonamiento de las fincas litigiosas, números NUM000, NUM001 y número NUM002, fijando el linde de las mismas como viene determinado en el informe pericial judicial realizado por el Sr. Joaquín.

3) DECLARO la procedencia del deslinde y amojonamiento de ambas fincas siguiendo el trazado descrito en el punto anterior, debiéndose levantar acta por parte del Sr/a. Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia, con la intervención del perito judicial que intervino en autos, Sr. Joaquín, en base a su informe pericial, debiéndose colocar sobre el terreno hitos y mojones que deberán quedar especificados en el acta, que especificará también todas las circunstancias que permitan dar a conocer la línea divisoria de los predios, los mojones colocados, su dirección y distancia de uno y otro, y demás circunstancias importantes que hubieren de ser plasmadas.

4) Se condena a los respectivos demandados, principales y reconvencionales, a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al derribo del muro, reflejado en las fotografías aportadas como documento n.º 5 de la demanda, muro de bloque que cierra el camino, sufragando por partes iguales el coste de la demolición.

5) S desestiman lo demás pedimentos de las partes.

6) No ha lugar a hacer pronunciamiento en costas en la sentencia".

Segundo.-Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte actora-reconvenida se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 16 de junio del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

Tercero.-Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Contra la sentencia recaída en la instancia que estima parcialmente las pretensiones de las partes, se alza la parte actora reconvenida al considerar que debía haber sido estimada en su integridad su demanda y alegando como motivos de impugnación, en primer lugar, y por lo que a la acción de deslinde se refiere, que el resultado de la prueba pericial avala su pretensión de que se declare que los linderos entre ambas fincas son los descritos en su demanda, sin necesidad de diferir para ejecución de sentencia, fijar los linderos; en segundo lugar, que como consecuencia de la estimación de dicha pretensión declarativa, debe procederse a amojonar los lindes en la forma dicha y a restituir la posesión al actor del trozo que detenta en el demandado, quien ha alterado dichos lindes en su propio beneficio, con demolición de la parte de vivienda y demás edificaciones que incumplen el retranqueo con las fincas de la actora; y en tercer lugar, que el muro edificado en su parcela C, ha sido construido por la demandada, por lo que procede la condena a demolerlo a su costa; suplicando, en definitiva, se estime en su integridad las pretensiones ejercitadas con su demanda, todo ello con expresa imposición de costas de ambas instancias a la parte demandada por su temeridad y mala fe.

En sentido inverso, la parte demandada-reconviniente se ha opuesto al recurso de apelación, interesando la confirmación de la resolución de instancia, con expresa condena en costas a la parte apelante.

Segundo.-Centrado de este modo los términos del recurso y dado que con la demanda principal se ejercitan acumuladamente las acciones de deslinde y amojonamiento, reivindicatorio, declarativa de dominio y de demolición, siendo que con la demanda reconvencional también se ejercita la acción de deslinde y de demolición, se estima necesario para la adecuado resolución del recurso, comenzar señalando que está consolidada jurisprudencialmente la acumulación de dichas acciones, con la finalidad de evitar una multiplicidad de litigios, con evidente economía procesal, pero sin que las mismas pierdan su identidad, como acciones diferenciadas, que persiguen objetos distintos. Así, ya en la STS de 27 de enero de 1995 se dijo que la finalidad identificativa que se pretende con la acción de deslinde que autorizan los artículos 384 y siguientes del Código Civil, supone ciertas afinidades con la acción reivindicante, pero son evidentes sus diferencias, ya que mientras que en una prevalece la finalidad puramente individualizadota del predio, fijando sus linderos y persiguiéndose la concreción de unos derechos dominicales ya existentes sobre una zona de terreno incierto - mera cuestión de colindancia - la otra representa, frente a la primera, la protección más amplia del derecho dominical sobre la cosa, pretendiendo la recuperación de su posesión de quien indebidamente la detente, de tal forma que puede prevalecer la acción reivindicatoria y nunca la de deslinde, independientemente de quién sea el poseedor del predio, cuando no existe confusión de linderos y la finca esté perfectamente limitada e identificada.

Por lo tanto, el artículo 384 del Código Civil que dispone que todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes, parte de la base de que existe un derecho de propiedad y tiene como finalidad evitar situaciones de conflicto entre colindantes generadoras de perturbaciones o intromisiones entre unos predios y otros y, en consecuencia, la referida acción de deslinde requiere, como precisa, entre otras, la STS de 2 de abril de 1965, la titularidad dominical respectiva, por parte del actor y demandado, sobre predios colindantes y confusión en sus linderos en el punto o línea de tangencia, pues, conferida por el ordenamiento jurídico para evitar intrusiones más o menos conscientes en propiedad ajena, es obvio que el eje cardinal de la misma radica en la mencionada confusión de límites, sin que la misma sea viable cuando los predios están perfectamente identificados y delimitados. Por ello se dice, que dado que la finalidad de la acción de deslinde no es otra que determinar los límites de una finca mediante la fijación de la línea divisoria de las demás contigua, no da ni quita derechos, pues se trata de delimitar meros hechos, mientras no recaiga sentencia en el juicio declarativo respecto de la propiedad que corresponda a través de la pertinente acción reivindicatoria o declarativa de dominio.

Por otro lado, tanto la acción declarativa de dominio como la acción reividincatoria tienen su amparo en el artículo 348 del Código Civil, ahora bien, la acción declarativa o de constatación de la propiedad, no exige que el demandado sea poseedor, dado que su finalidad es que el actor obtenga la declaración de que es propietario de la cosa, acallando a quien discute o pone en duda ese derecho. Por el contrario, la acción reivindicatoria, sirve de instrumento para proteger el dominio frente a una privación o detentación posesoria; dicho de otro modo, a través de ella se pretende recuperar la posesión del objeto del derecho de propiedad. Para que prosperen éstas es necesario que quien las ejercita pruebe cumplidamente el dominio de la finca que se reclama, la identidad de la misma y su detentación o posesión por el demandado, no siendo necesario este último requisito para la acción meramente declarativa; prueba de dominio que puede ser verificada por cualquier medio de prueba, sin que sea preciso que se realice por prueba documental, incluso la acreditación puede alcanzarse a través del examen conjunto de la prueba practicada.

Ahora bien, siendo, en principio y conforme se ha expuesto, claramente distinguibles los elementos diferenciales de los conceptos de reivindicación, declaración de propiedad y de deslinde o fijación de limites dudosos entre fincas determinadas, en la práctica y como sucede en el caso, es corriente que las acciones correspondientes se ejerciten con cierta confusión.

Tercero.-Sentado lo anterior, y dado que los títulos de propiedad que ostenta respectivamente las partes sobre los predios litigiosos, no han sido objeto de controversia, la cuestión que ha de ser examinada es si la configuración del terreno que se reivindica por la parte recurrente, coincide con el predio de su propiedad, pues examinada la demanda principal, se observa que la parte recurrente parte de la afirmación de que su finca esta delimitada en la colindancia con la de la demandada, conforme se describe en el plano confeccionado por el Sr. Carlos Antonio y aportado como documento 4 de la demanda; frente a la postura de la parte demandada, quien el escrito de contestación y demanda reconvencional sostuvo que si bien se adhiere a la solicitud planteada de adverso a realizar el deslinde y amojonamiento de las fincas, en cuanto a su linde común, interesó que su configuración se realice conforme al informe y planos que se adjuntan elaborados por el Sr. Aurelio (doc. 2 de la contestación).

Para dar solución a dicha cuestión, se ha de señalar que el Sr. Carlos Antonio, ya intervino en su día, cuando se efectuaron las segregaciones de las finca matriz, correspondientes a las parcelas de los litigantes, replanteando las parcelas segregadas y marcando los lindes con estacas, de manera que el plano confeccionado posteriormente, en concreto, en agosto de 2003 (doc. 4 de la demanda), es el que puede permitir resolver dicha controversia, máximo teniendo en cuenta que en la pericial de designación judicial practicada en autos, se solicitó al perito designado Sr. Joaquín, que previo examen de toda la documentación traída a los autos y previa visita a la fincas litigiosas, emitiera un dictamen sobre por donde debía discurrir el lindero de colindancia entre ambas fincas, y su respuesta fue clara, a la hora de afirmar una vez superpuestos los planos del Sr. Carlos Antonio con el levantamiento por el efectuado, que concordaba los lindes que se fijaban en aquellos, tal y como grafía en el plano G-Doc 10, añadiendo en el acto del juicio oral, que da por buenos los planos Sr. Carlos Antonio, que por tanto son correctos y que las varillas que observó en el terreno, de acuerdo con aquellos planos, están mal situadas, lo que corrobora que en verdad, no estamos ante una confusión de linderos, sino que tal confusión ha sido creada de propósito por la actitud de la entidad demandada, que de forma unilateral ha alterado los primitivos linderos, siendo que las parcelas propiedad del actor, en cuanto a su configuración y ubicación, es la que se detalla en el plano confeccionado por Sr. Carlos Antonio.

Con base a tal prueba, y teniendo en cuenta que el recurso de apelación tiene por finalidad que sobre los hechos y fundamentos de derecho de las pretensiones formuladas por las partes y la prueba practicada en primera instancia, se examinen de nuevo las actuaciones realizadas y se resuelva lo procedente sobre la pretensión planteada, tal y como recoge el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, por otro lado, no vincula al juzgador los fundamentos de derecho esgrimidos por las partes, de forma que conforme al principio iura novit curia, el órgano judicial, puede estimar si la pretensión solicitada, está fundamentada en disposiciones distintas de las hechas valer por las partes, hemos de convenir con la recurrente que, desde el momento en que en el suplico de su demanda se peticionó el deslinde de las fincas pero sobre la base del informe pericial que se aporta con la demanda y que por lo expuesto, se estima correcto, en realidad no existía una confusión de lindes, sino que lo que se reclamaba es la declarativa de dominio a su favor de lo que resulta de dichos planos, por lo que tal acción debió ser estimada, sin necesidad de proceder a un nuevo deslinde en el modo expuesto en la resolución recurrida.

Cuarto.-Una vez acreditado dicho dominio y claros los lindes de referencia, procede entrar en el análisis de la procedencia de la acción reivindicatoria y por consiguiente demolición que igualmente se peticionaban con la demanda, debiéndose distinguir, al efecto, entre la pretensión de demolición del muro edificado dentro del terreno de la parcela C (documento 5 de la demanda) y la edificación efectuada por la demandada dentro de su propio terreno pero incumplimiento la normativa urbanística sobre retranqueo.

Por lo que se refiere al muro, una vez acreditado que el mismo se ha construido en terreno propiedad del actor y dado que ambas partes mostraron su conformidad con su demolición y así expresamente se peticiona tanto en la demanda principal como en la demanda reconvencional, la controversia se centra exclusivamente en determinar quien debe correr con el coste de dicha demolición; en concreto, la actora interesa se condene en tal sentido a la demandada, al haberlo edificado dentro de su parcela, por el contrario la demandada niega que el muro fuera construido por ella, sino por el actor y con la finalidad de cortar el acceso que hasta entonces tenía siguiendo el trazado del camino en dirección norte a la carretera de Jesús a Santa Eulalia. La resolución de instancia, considera insuficiente la prueba practicada para determinar quien llevó a cabo su edificación, por lo que estando conformes ambas partes en su derribo, deben sufragar ambas los costes de su demolición, conclusión que esta Sala y tras un renovado análisis de la prueba practicada en la instancia, no puede compartir, desde el momento en que ha sido aportada por el actor, al contestar a la demanda reconvencional, una carta confeccionada por el legal representante de la entidad demandada, en la que expresamente se reconoce que llevó a cabo la edificación de dicho muro y su finalidad, en concreto refiere "para evitar caídas por el terraplén (p.e. de personas practicando motocross o montando en bicicleta), es decir, por razones de seguridad, se erigió un muro que reemplazó la simple valla que había antes y que se quitaba una y otra vez (Si usted tuviera razón y el muro se encontrara en su finca, la responsabilidad en caso de caída o accidente recaería en usted). Si no le gusta el muro, lo puede revestir con piedra natural en su lado o reemplazar con una valla sólida a su gusto la parte del muro que sobrepasa la altura máxima permitida para muros de deslinde (¡que siempre se encuentra justo en el lindero, no a 10 m del mismo!)". La literalidad de tales términos obligan a concluir que ya en su día la entidad demandada reconoció no tan solo haber llevado a cabo la construcción de dicho muro, sino igualmente la legitimidad de dicha construcción, al entender incorrectamente que se encontraba en el lindes de ambas parcelas, y su finalidad (razones de seguridad), por otro lado distinta de la que intenta hacer valer en su demanda reconvencional con el fin de imputar su autoria al contrario, cual era cerrar el camino que discurre con las parcelas del actor principal. En consecuencia, determinada la autoria y su ubicación dentro del terreno propiedad del accionante, es evidente que el coste de la demolición interesada debe correr a costa exclusiva de la entidad demandada.

Quinto.-Por último y por lo que se refiere a la demolición de la edificación realizada por la entidad demandada en terreno de su propiedad y en zona de colindancia, en la parte que incumple el retranqueo impuesto por la normativa urbanística, decir que el artículo 305 del RD-Leg de 26 de junio de 1992, otorga a los propietarios y titulares de derechos reales la facultad de instar, ante los tribunales ordinarios, la demolición de obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a distancia entre construcciones, pozos, cisternas o fosos, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, así como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos que estuvieran directamente encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas.

Lo primero que ha de sentarse respecto del mentado precepto es que su interpretación debe ser restrictiva en cuanto supone una excepción a la regla de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con actos o disposiciones regulados en la legislación urbanística. En segundo lugar, han de verse afectados intereses particulares, así se dice "propietarios y titulares de derechos reales" o "directamente encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas", esto es, a tutelar un derecho e interés privado y no meramente un interés general, pues si la norma vulnerada afecta solo a éste último, la competencia derivaría a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues, no cabe a la jurisdicción civil dictar pronunciamientos basándose exclusivamente en la normativa urbanística.

Se considera por tanto que el precepto citado se refiere y sanciona dentro de una ley de naturaleza administrativa, la vigencia de las limitaciones al derecho de propiedad ya impuestas y reguladas en los artículos 589 y siguientes del Código Civil, que se incardinan en el ámbito de las llamadas relaciones de vecindad o limitaciones impuestas al derecho de dominio en razón de la contigüidad de los fundos y de la regulación reglamentaria aplicable que impide la imposición de determinadas inmisiones sobre el predio colindante en perjuicio de los intereses particulares de su titular. Es decir el contenido del artículo 305 citado no puede entenderse desconectado de aquellos preceptos civiles, que trata precisamente "de las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones", de cuyos preceptos civiles el artículo 305 no es sino complementario, en cuanto establece como efecto de su contravención, la demolición no prevista en aquellos preceptos que imponen las medidas de resguardo necesarias o la obligación de hacer cesar la situación de riesgo, pues no hay que olvidar que el contenido normal del derecho de propiedad de quien edifica en una zona sometida a una limitación (distancia entre construcciones), se nutre de dicha limitación y supone el derecho a exigir a los demás que respeten la misma.

Con base a dichos razonamientos procede entrar a analizar si en el caso resultan probadas la infracciones urbanísticas alegadas en la demanda, y si la infracción que se denuncia constituye base suficiente para estimar la pretensión de demolición que se peticiona y su concreto alcance.

Al respecto, decir, que desde el momento en que no se discute que la normativa urbanística aplicable a las parcelas de los litigantes obligan a que las construcciones han de respectar un retranqueo de 10 metros desde el linde, basta de nuevo acudir al plano confeccionado por el perito Sr. Carlos Antonio anteriormente referenciado, para concluir que la construcción llevada a cabo por la demandada dentro de su propiedad, en concreto la mas cercana al límite norte de dicho plano, no respecta la normativa de retranqueo, ni en lo que se refiere a la vivienda propiamente dicha, ni respecto a la zona que el perito Sr. Joaquín identifica en sus planos como jardín; en dichos planos, tal y como aclaró el Sr. Joaquín en el acto del juicio oral, se identifica con una línea azul la distancia del retranqueo (línea paralela a 10 m), que claramente se superpone sobre dichas edificaciones, y aunque en su informe refiere que "se pueda apreciar en los distintos planos una supuesta invasión de la esquina Noreste de la vivienda Norte, que ronda el metro y medio", pero que no puede asegurar que exista invasión y que no tiene en cuenta el jardín por manifestarle el Sr. Juan Ignacio que debajo del jardín no existe vivienda, lo cierto es que del dictamen emitido por el Sr. Carlos Antonio cabe reputar probado que las citadas obras ejecutadas por la demandada no se adecuan a las condiciones urbanísticas que se dicen infringidas, desde el momento en que lo que se identifica como jardín, en realidad constituye un verdadera obra civil que se ha ejecutado mediante la colocación sobre el talud natural (excavación) una estructura con pilotes y sobre ella una plataforma sobre la que se ha colocado finalmente el jardín, correspondiendo dicha estructura con la que aparece grafiada en la fotografía obrante al folio 59; cierto es que cuando tal fotografía fue exhibida en el acto del juicio al perito Sr. Joaquín manifestó que no sabe si dicha estructura se corresponde con el jardín y por tanto no puede determinar si se trata de un tejado-jardín, pero no lo es menos, que en orden a la valoración de la prueba pericial es criterio jurisprudencial constante el que viene a establecer que por principio general la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorada por el Juez según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación, pues el Juez ni siquiera está obligado a sujetarse al dictamen pericial, siendo que ante las discrepancias entre los distintos dictámenes, el tribunal puede optar por aquella que le resulte mas convincente, bien entendido que no cabe centrar un juicio valorativo en una de ellas sin emitir un juicio de ponderación valorativo o desvalorativo sobre las restantes que la contradicen, pues la mayor credibilidad de una u otra pericia, otorgada a su libre apreciación, requiere un juicio motivado y sucede que en el caso existen elementos que obligan a considerar el mayor acierto a la realidad de los hechos las conclusiones expuestas por el Sr. Carlos Antonio, desde el momento en que cuando visitó las parcelas la obra no estaba finalizada, pudiendo observar que la zona de jardín tiene una excavación y se ha pilotado, aun cuando en la actualidad el jardín este a nivel del suelo, concluyendo por ello que se trata de una excavación, no siendo correcto denominarlo plataforma; por el contrario, cuando el perito Sr. Joaquín realizó la inspección la obra estaba prácticamente finalizada, y si determinó que el jardín no estaba edificado, lo fue porque así se lo manifestó Sr. Juan Ignacio.

Constatada la infracción y su dimensión respecto de la obra ejecutada, es evidente que existe una importante diferencia para el disfrute del fundo del recurrente entre la construcción tal y como ha sido realizada y la que resultare de haberse retranqueado a diez metros, y ello no sólo en lo relativo a luces y vistas, sino también en lo que respecta a las actividades a desarrollar en el futuro en una u otra finca, lo que nos lleva a entender que procede la prosperabilidad de la acción de demolición ejercitada con la demanda principal.

Sexto.-Las anteriores consideraciones conllevan la estimación parcial del recurso interpuesto por la parte actora reconvenida y la correlativa revocación, igualmente parcial de la resolución impugnada, imponiendo a la parte demandada reconviniente, en estricta aplicación de los principios objetivos y generales de vencimiento del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas devengadas en la instancia y derivadas de la demanda principal y sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre las costas devengadas en esta alzada, conforme dispone el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no apreciarse temeridad o mala fe en ninguna de las partes litigantes.

En atención a lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca


FALLAMOS


 
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales DOÑA ANA MARÍA ANIZ ROZAS, en representación de DON Aquilino, contra la Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, en los autos de Juicio Ordinario número 17/08, de que dimana el presente Rollo de Sala, procede REVOCAR PARCIALMENTE la expresa resolución, en el sentido de que:

1.º- Con estimación íntegra de la demanda formulada por DON Aquilino contra MIRACLE IBIZA S.L, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS:

A) Que las fincas del actor identificadas en el plano aportado como documento 4 de la demanda, como parcelas B y C, tienen los linderos que aparecen grafiados en dicho plano.

B) Que se proceda a la práctica del amojonamiento y deslinde entre las referidas fincas y la que es propiedad de la demandada, según dicho plano.

2.º- Se condena a la entidad demandada a reponer las cosas a su estado anterior y concretamente a demoler el muro que ha edificado en la parcela C, así como la parte de las edificaciones ejecutadas dentro de su propiedad, en la parte que incumplen la distancia de retranqueo con el linde de la finca propiedad del actor, con el apercibimiento de que no hacerlo ser realizará a su costa.

3.º- Se condena a la entidad demandada a estar y pasar por dichas declaraciones, absteniéndose en el futuro de realizar cualquier actividad de posesión o intromisión den la finca propiedad del actor.

4.º- Se imponen a la entidad demandada las costas devengadas en la instancia y derivadas de la demanda principal.

5.º- Se confirman el resto de los pronunciamientos que se contienen en la resolución de instancia.

6.º- No se hace especial pronunciamiento sobre las costas devengadas en esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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