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Sentencia A.P. Murcia 25/1998 de 3 de febrero


 RESUMEN:

Matrimonial: Legitimación. Pasiva. Actora incapaz declarada en rebeldía. Ministerio Fiscal que asume la defensa de los intereses de la actora y del hijo menor. Inexistencia de contraposición de intereses.

ILMOS. SRES.

D. CARLOS MORENO MILLÁN

PRESIDENTE

D. ABDÓN DÍAZ SUÁREZ

D. FRANCISCO JOSÉ CARRILLO VINADER

MAGISTRADOS

En la ciudad de Murcia a tres de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Habiendo visto es grado de apelación la Sección Primera de esta Ilustrisima Audiencia Provincial los autos de juicio de separación número 371/96 que en primera instancia se han seguido en el Juzgado Civil número Tres de Murcia entre las partes, como actor inicial, ahora apelado, D. Marco Antonio, representado por el Procurador Sr. Saura Pérez y defendido por el Letrado Sr. Ríos Abuela, y como demandada D.ª Camila, en rebeldía durante la primera instancia ahora representada por el Procurador Sr. Aledo Martínez y defendida por el Letrado Sr. Ortega. En ambas instancias interviene el Ministerio Fiscal, al amparo de su Estatuto, siendo ponente el Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JOSÉ CARRILLO VINADER, que expresa la convicción del Tribunal


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de instancia citado con fecha dieciséis de diciembre de 1996 dictó en los autos principales de los que dimana el presente rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: FALLO Que estimando como estimo la demanda de SEPARACIÓN, presentada por el Procurador JOSÉ PABLO SAÜRA PÉREZ, en nombre y representación de DON Marco Antonio, contra Camila, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, DEBO DECLARAR Y DECLARO, la separación del matrimonio que ambos contrajeron el día 17 de mayo de 1975, en la localidad de Bu mana (Castellón), estableciendo como medidas las descritas en los anteriores fundamentos de derecho de la presente resolución que se dan aquí por reproducidas, sin especial declaración sobre las costas de la presente litis.- Una vez firme esta resolución, comuniqúese la misma a los Registros Civiles oportunos para su anotación al margen de la inscripción de matrimonio"

Segundo.-Contra la anterior sentencia, y en tiempo y forma, interpuso recurso de apelación D.ª Camila, siendo admitido en ambos efectos y, con emplazamiento de las partes, fueron remetidos los autos originales a esta Audiencia en laque se formó el oportuno rollo por la Sección Primera con el número 296/97, compareciendo las partes indicadas en la cualidad antes expresada y, tras el traslado de instrucción, se señaló la vista para;) día de hoy que se celebró con asistencia de los Letrados respectivos que solicitaron, el de la parte apelante la nulidad de lo actuado, y el de la parte apelada su confirmación.

Tercero.-En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia apelada.

Primero.-La sentencia de primera instancia estima la demanda de separación interpuesta, acordando una pensión compensatoria a favor de la esposa de 50.000 pesetas al mes, además de atribuir al padre la custodia del hijo menor, así como el uso de la vivienda familiar. Como causa de separación aprecia la enfermedad mental de la esposa.

La causa se había seguido en rebeldía, al hallarse la esposa ingresada en un establecimiento psiquiátrico y recibir las notificaciones y emplazamientos un empleado del centro en el que se bailaba ingresada, habiendo asumido el Ministerio Fiscal su defensa por encontrarse en trámite el procedimiento para declarar su incapacidad. Una vez notificada la sentencia, como la esposa había salido del hospital y se hallaba atendida por su madre, se personó aquella en las actuaciones, con Abogado y Procurador apelando de la misma, pidiendo en la vista del recurso que se declarase la nulidad de actuaciones desde el emplazamiento, por habérsele causado indefensión.

Tanto el actor inicial, ahora apelado, como el Ministerio Fiscal, se opusieron al recurso, pidiendo la confirmación de la sentencia

Segundo.-El Abogado de la apelante sostiene que se h" infringido el artículo 24 de la Constitución, ya que se ha causado indefensión a su cliente al haber asumido el Ministerio Fiscal su defensa cuando no era posible porque resultaba incompatible con los interese del hijo menor, al que también representaba, así como por no permitirla la Ley de 7 de julio de 1981, que sólo se refiere a los hijos menores o incapaces, no a los cónyuges incapaces.

Entiende dicha parte que el Juez de Primera Instancia debió nombrar un defensor de oficio a la demandada o esperar a que se declarase su incapacidad, para que su representante legal asumiera su defensa. Esa actuación del Juez "a quo" le habría impedido hacer alegaciones y proponer pruebas, lo que causaría la indefensión proscrita en el precepto constitucional mencionado en concreta hacer alegaciones y proponer pruebas sobre la insuficiencia de la pensión de 50.000 pesetas para atender los gastos de internamiento hospitalario que necesita la esposa.

Este Tribunal no comparte los argumentos del recurrente. El Juez de la primera instancia actuó correctamente: al comprobar que la demandada se encontraba internada en un establecimiento psiquiátrico y que en el mismo se señalaba la gravedad de su estado, por lo que el emplazamiento tuvo que hacerse en un empleado del hospital, puso los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que emitiera el correspondiente informe, suspendiendo entre tanto el término del emplazamiento. El Ministerio Público, invocando la disposición adicional octava de la Ley 30/1981 y el articulo 299.bis del Código Civil, asumió la defensa de dicha presunta incapaz, además de la del hijo menor.

La disposición adicional octava de la Ley 30/1981, de 7 de julio establece: "En todos los procesos a que se refieren las normas anteriores será parte el Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los cónyuges o sus hijos sean menores, incapacitados o ausentes. Así pues, no es cierto lo que afirma el Letrado recurrente sobre la limitación de la función del Ministerio Público a la representación de los hijos en esta clase de procedimientos, pues de forma expresa se contempla que la minoría de edad, ausencia o incapacidad del cónyuge parte en las causas de nulidad, separación o divorcio, exigirá la presencia del Ministerio Fiscal, quien por su Estatuto también resulta competente para ''asumir, o en su caso, promover la representación y defensa en juicio o fuera de él, de quien por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no puedan actuar por sí mismos" (artículo 3, 6.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre). Es cieno que en el presente caso la demandada aún no ha sido declarada incapaz, por encolarse en tramitación el procedimiento con tal fin pero ello no es obstáculo para que el Fiscal asuma su defensa, pues, como dice el artículo 299, bis del Código Civil, "cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal"; se anticipa así la protección tutelar de dicho órgano tutelar a las personas que aún no han sido incapacitadas pero deban serlo, como aquí sucede, pues la propia representación de la parte recurrente reconoce la grave enfermedad que aqueja a su cliente.

Tercero.-, Conforme a lo expuesto hasta ahora, debe rechazarse que no exista precepto legal que permita al Ministerio Fiscal asumir la defensa de la esposa aquejada de una grave enfermedad psíquica. Tampoco puede aceptar esta Sala que la defensa ejercida por el Ministerio Fiscal haya sido ineficaz, ni que resaltara imponible por ser contrapuesta a los interese deshijo menor a quien también se defendía

Los intereses de la madre y de un hijo que ya tenía quince años al tiempo de presentarse la demanda de separación, y que hoy día ya es mayor de edad, no pueden ser considerados contrapuestos. Precisamente la sentencia de primera instancia, atendiendo a la edad de dicho hijo y a la enfermedad de la madre, deja a la consideración del primero el régimen de visitas entre ambos. Si se atiende a la única discrepancia real manifestada por la recurrente en la vista del recurso (insuficiencia de la pensión por desequilibrio económico), no se aprecia contraposición de intereses entre la madre y el hijo, pues el obligado a prestarla es la misma persona, el esposo y padre, ocupando los titulares de los supuestos intereses contradictorios la misma posición, la de alimentistas.

Tampoco puede aceptarse que la actuación del ministerio Fiscal haya sido ineficaz, causando indefensión de hecho, y ello se afirma así porque la petición de prueba, aun estando limitada a asumir las de la otra parte, resultaba bastante ante la suficiencia de la presentada con la demanda, no sólo por la pluralidad y contundencia de los documentos médicos que acreditaban la enfermedad de la esposa, lo que, según ya hemos señalado en otro lugar, es reconocido por el Letrado de la propia mujer, sino porque también incluía una certificación de la nómina de los ingresos del marido en la empresa en la que trabaja, cuestión que la contraparte no ha discutido.

Finalmente hay que señalar que la parte apelante no puede alegar indefensión, porque ha tenido oportunidad de solicitar el recibimiento a prueba del juicio en esta segunda instancia al haber estado en situación de rebeldía durante la primera (artículo 862.5° de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por lo que la indefensión que alega ahora sólo a ella es imputable, lo que impide decretar la pretendida nulidad de actuaciones según reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde la sentencia 56/1985, de 29 de abril, ya que cuando el justiciable no ejerce sus medios de defensa, teniendo una posibilidad real para hacerlo, sólo a sí mismo puede achacar su situación. No es posible, por lo tanto, anular actuaciones en perjuicio de taparte que actuó con diligencia y buena fe en el proceso.

Cuarto.-La especial naturaleza de la cuestión debatida permite a la Sala dispensar de la condena en costas que normalmente arrastra la desestimación del recurso de apelación (artículo 896, párrafo 3° de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

VISTOS los artículos citados y los de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Aledo Martínez en nombre y representación de D.ª Camila contra la sentencia dictada en el juicio de separación 371/96 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número-Tres de Murcia, y estimando la oposición al recurso sostenida por e) Ministerio Fiscal y por el Procurador Sr. Saura Pérez en nombre y representación de D. Marco Antonio, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE dicha sentencia, sin hacer expresa imposición de las costas ocasionadas en este alzada.

Notifíquese la sentencia y llévese certificación de la misma al rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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