Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Santa Cruz de Tenerife 439/2003 de 11 de julio


 RESUMEN:

Matrimonial. Divorcio. Modificación de convenio regulador. Gastos extraordinarios. Inexistencia de cambio de circunstancias para incrementar la pensión alimenticia. Sentencias: Motivación. Requisitos. Cuantificación alimentos. No se aprecia concurrencia de defecto alguno en la valoración de la prueba (que es conjunta y ponderada) ni utilización anormal de los criterios que en el acervo forense rigen la materia.

Iltmos. Sres.

Presidente:

D. Macarena González Delgado (Por sustitución) Magistrados:

D.ª María Luisa Santos Sánchez

D.º Pedro Yanes Yanes (Ponente-suplente) En Santa Cruz de Tenerife, a once de julio de dos mil

tres.

Visto por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba expresados, en grado de apelación, el recurso interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de La Laguna, en autos de Juicio n.º 756/2.002, seguidos a instancias del Procurador D.ª Carlota Falcon Lisón bajo la dirección del Letrado D.ª María José Peraza Santana en nombre y representación de D.ª, Daniela contra D. Humberto, representado por la Procuradora D.ª María Iluminada Marco Flor, bajo la dirección del Letrado D. Juan Luis García Arvelo, con intervención del Iltmo. Sr. Fiscal; han pronunciado, en nombre de S.M. el Rey, la presente Sentencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Pedro Yanes Yanes Magistrado- Suplente de esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con base en los siguientes,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En los autos y por el referido Juzgado se dictó Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, cuya parte dispositiva, -literalmente copiada-, dice así: " Que debo decretar la disolución de Doña Daniela y de D. Humberto por causa de Divorcio, con los efectos inherentes a tal declaración y en concreto:

a) Atribuir la guarda y custodia a la madre con la patria potestad compartida b) El padre, D. Humberto, contribuirá con 240 € mensuales a los alimentos a su hija Gabriela, a ingresar en la cuenta que la madre designe en los cinco primeros días de cada mes, actualizable anualmente cada primero de enero conforme a las variaciones que experimenten los indices de precio al consumo o el que legalmente le sustituya. Igualmente los gastos extraordinarios médicos se abonarán por mitad, y de aquellos en que exista conformidad (viajes, cursos...) c) El padre comunicará con su hija, según acuerden y a falta del mismo se establece el siguiente régimen: a). Todos los miércoles desde las 17,00 horas hasta las 20,00 horas, recogiendola y reintegrándola al hogar materno. b) El primer y el tercer fin de semana de cada mes, desde las 17,00 horas del sabado hasta las 20 horas del domingo, recogiéndola y reintegrándola al hogar materno. c) En Semana Santa y Carnavales, un periodo con cada progenitor eligiendo años pares el padre e impares la madre. d) En Verano, julio y agosto, un mes con cada progenitor eligiendo años pares el padre e impares la madre. e. En Navidad, se divide en dos periodos, del 23 al 29 de diciembfe -el primero y del 30 de diciembre al 6 de Enero-el segundo-, eligiendo años pares el padre y siendo el horario de recogida a las diez horas de la mañana y el de devolución a las 20,00 horas Todo ello sin condena en costas..". SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes en legal forma, se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada; tramitándose conforme a lo previsto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentando escrito de oposición la parte contraria, y remitiéndose con posterioridad los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.-Que recibidos los autos en esta Sección Tercera se acordó formar el correspondiente Rollo, y se designó como Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado-Suplente D. Pedro Yanes Yanes, señalándose para votación y fallo el día siete de junio de dos mil tres.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales que le rigen.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-Es objeto del presente recurso de apelación la Sentencia n.º 154, de 17 de marzo de 2.003, del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de La Laguna, recaída en los autos de divorcio n.º 756/2.002. La impugnación deducida por el apelante, demandado en la instancia, y a la que se opone la actora apelada, va exclusivamente dirigida contra los pronunciamientos de índole económica de la resolución de instancia. En concreto, la sentencia apelada, al decretar el divorcio de los cónyuges, alteró el contenido de la prestación alimenticia que, con base en el convenio regulador de 5 de junio de 1.997, acordó a su tiempo la sentencia de separación de los cónyuges. Así, mientras en aquella sentencia se imponía al padre una obligación alimenticia para con la hija cuantificada en 25.000 pesetas mensuales, aparte de la mitad de los "gastos extraordinarios" que se originasen "como consecuencia de su educación y cuidado (Colegio Privado, gastos de enfermedad, actividades extraescolares, etc.)", la sentencia de divorcio ahora recurrida, aparte de ampliar el régimen de visitas del padre, establece que éste "contribuirá con 240 € mensuales a los alimentos de su hija" y que "los gastos extraordinarios médicos se abonarán por mitad". Precisamente contra este pronunciamiento se alza el recurrente con base en una serie de motivos que han sido oportunamente valorados por la Sala.

Segundo.-En el examen detenido de las actuaciones la Sala ha constatado, primeramente, que el suplico de la demanda de divorcio (f. 1 vuelto) se limita lacónicamente a pedir que se declare el divorcio de los esposos "con los efectos legales consiguientes". Ciertamente, no hay referencia alguna al contenido de las medidas económicas vigentes desde que fue dictada la sentencia de separación, a diferencia de lo que sí ocurre en la contestación a la demanda, que no se opone a lo expresamente pedido por la actora pero sí al régimen de los gastos extraordinarios pactado por los esposos al tiempo de suscribir el convenio regulador. En este sentido, el demandado formula en su escrito de contestación una nueva propuesta sobre gastos extraordinarios de la hija menor, consistente, en síntesis, en conservar exclusivamente con esa consideración los derivados de la adquisición de libros de texto y material escolar, y los médicos no costeados por sistemas públicos o privados de asistencia médico-sanitaria de los que sean beneficiarios los cónyuges juntamente con la hija menor, y los relativos a consultas y tratamientos dentales, oftalmológicos y ortopédicos. En dicha nueva propuesta se excluyen otros gastos extraordinarios, ya sean médicos o educativos, tales como campamentos, cursos en el extranjero, estudios superiores en universidades públicas o privadas no radicadas en el territorio insular, etc.

Tercero.-La providencia del Juzgado por la que se tuvo por contestada la demanda fue no obstante recurrida en reposición por la actora al entender que aquella propuesta de modificación del convenio regulador vigente suponía procesalmente una reconvención, quedando por tanto infringida la regla 2.ª del artículo 770 LEC al no habérsele conferido el plazo de cinco días para contestar a la pretensión reconvencional. El recurso fue desestimado por la juzgadora razonando que en la contestación a la demanda no cabía apreciar reconvención formal, remitiendo la discusión sobre la naturaleza y alcance de los gastos extraordinarios al acto de la vista. Y así fue cómo en dicho momento procesal la juzgadora formó su opinión tras el interrogatorio de las partes y el ulterior debate, con el alcance que refleja la parte dispositiva de la sentencia objeto de esta alzada.

Cuarto.-La cronología procesal que ha quedado sintetizada permite abordar el principal motivo que sustenta el recurso del apelante. Este motivo se construye, según la manera de razonar del apelante, sobre la imposibilidad de que el actor pueda, tras la formulación de sus pretensiones en la demanda, ver ampliado en su beneficio el objeto del proceso, y obtener finalmente por esta vía un pronunciamiento no interesado y lesivo para el demandado, que por lo demás, y en atención a ello, no habría tenido (siempre según la alegación de parte) igualdad de armas en el proceso. La argumentación está abocada, sin embargo, al fracaso: (a) en primer lugar, porque fue el demandado y no la actora quien reabrió la discusión sobre el contenido del convenio regulador, en materias además sometidas a Derecho imperativo en atención al interés, en este caso, de la hija común menor (arg. ex artículo 426.3 LEC); y (b) en segundo lugar, porque los procesos de divorcio, como aquel del que este rollo dimana, "se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento" (artículo 752.1, primer párrafo), lo que a efectos de innovar los elementos delimitadores de la controversia confiere no sólo protagonismo a las partes sino incluso a la propia juzgadora. La especialidad transcrita -que asegura la primacía de la verdad material sobre el orden lógico de los actos y fases del proceso- es plenamente aplicable a la cuestión debatida, sobre la que los esposos no pueden ciertamente disponer libremente (apartado 4.º), e igualmente coherente con la fuerte restricción a que el artículo 770, regla 2.ª, LEC somete el mecanismo reconvencional en tales procesos. Este primer motivo de apelación debe ser, en razón a todo lo anterior, desestimado.

Quinto.-Tampoco entiende el apelante en qué han cambiado las circunstancias que rodean a la hija y a su padre para que se haya terminado incrementando una pensión alimenticia que en 1.997 ascendía a 25.000 pesetas (150 € aprox.) hasta alcanzar los 240 € que fija la sentencia de divorcio. Ahora bien, con independencia de que hayan cambiado o no las circunstancias tenidas en cuenta en 1.997 para el establecimiento de aquella prestación alimenticia a cargo del padre y a favor de la hija, lo cierto es que esta cuestión, así planteada por el apelante, omite otros aspectos fundamentales en la decisión de la juzgadora de instancia. La Sala entiende que la prestación contributiva a cargo del demandado se integra no sólo por la cantidad mínima (pensada para atender necesidades ordinarias de la menor) que mensualmente ha de entregar a la actora para la hija de ambos, sino también por la obligación de atender la mitad de los gastos extraordinarios, tal y como fueron configurados en el convenio regulador ahora modificado; porque es evidente que fue voluntad de las partes la de establecer que la pensión fijada a cargo del esposo se determinaba con el carácter de mínimo a satisfacer para atender gastos ordinarios de su hija, previéndose no obstante su eventual incremento mediante la necesaria contribución a sufragar otros gastos extraordinarios, cuando existieran. Dicho en otros términos, la decisión de la jugadora no incrementa la pensión alimenticia sin atender a una concreta y sustancial modificación de las circunstancias justificativas, sino que reajusta el quantum de los distintos conceptos que contenía la cláusula A) del convenio regulador (Contribución a las cargas del matrimonio, alimentos y bases de actualización). Un reajuste que es, a juicio de la Sala, equilibrado y no perjudicial para la hija ni para las partes. No se olvida que fue el demandado, en su escrito de contestación, quien insistió en modificar el convenio regulador, alegando que la previsión que en él se hacía para afrontar los gastos extraordinarios había sido fuente de conflictos. Mas ahora, tras la sentencia de divorcio, aquellos gastos han quedado extraordinariamente reducidos (la sentencia reconoce únicamente los "médicos"), lo que supone que el demandado ha visto acogida su pretensión. A cambio de esta drástica reducción de los gastos extraordinarios, la cantidad mensual por el resto de alimentos ("ordinarios", podría decirse), se ha visto incrementada. No podía ser de otra manera, pues, de seguirse el razonamiento del apelante, su mantenimiento en la cuantía señalada en el convenio regulador tampoco hubiera encontrado justificación sin cambio de circunstancias; como tampoco la hubiera encontrado, sin variar las circunstancias, una modificación aislada y a la baja de los gastos extraordinarios. De manera que, como la resolución de instancia logra satisfacer la pretensión del padre sin menoscabo de la posición (siempre preeminente por estar necesitada de mejor tutela) de la hija, este motivo de apelación debe ser igualmente desestimado.

Sexto.-Pese a que, conforme a reiterada doctrina constitucional, "la motivación exigible no implica un tratamiento pormenorizado de todos los aspectos sugeridos por las partes, siempre que permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión, independientemente de su brevedad o concisión, e incluso en supuestos de remisión" (por todas, STC de 15 de enero de 2.001), la Sala debe terminar su razonamiento señalando que la fijación de la nueva contribución ordinaria del padre a favor de la hija en 240 € está bien acordada por la juzgadora, atendiendo a las necesidades de ésta y a las posibilidades financieras de aquél. Su cuantificación ha estado presidida por una discrecionalidad sobre los datos y criterios aportados por las partes, cuya decisión debe aquí asumirse al no apreciarse concurrencia de defecto alguno en la valoración de la prueba (que es conjunta y ponderada) ni utilización anormal de los criterios que en el acervo forense rigen la materia.

Séptimo.-Consecuentemente con lo anteriormente razonado procede la desestimación íntegra del recurso de apelación presentado por D. Humberto, con confirmación de la sentencia de primera instancia. Mas, no obstante haberse rechazado todas las pretensiones del apelante, la Sala, como viene siendo habitual en casos similares, no hace pronunciamiento sobre las costas de la alzada atendida la especial naturaleza de los intereses que se actúan.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y procedente aplicación,


FALLO


 
Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación, LA SALA DECIDE:

1.º- Desestimar íntegramente el recurso de apelación formulado por D. Humberto, confirmando la sentencia recurrida.

2.º- No hacer pronunciamiento sobre las costas ocasionadas en esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de Primera Instancia de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma que determina el artículo 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al presente Rollo, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandados y firmamos.

Publicación.-Publicada ha sido la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. que la firman y, leida ante mí por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente en audiencia pública dle día de su fecha, como Secretaria de Sala, certifico.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación