Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Sevilla 569/2004, de 30 de noviembre


 RESUMEN:

Separación matrimonial: Pretensión de nulidad de parte del convenio regulador. Supuesta intimidación. Desestimación; falta de prueba del vicio del consentimiento alegado. Rechazo igualmente de la pretensión de rescisión por lesión de las bases liquidatorias de la vivienda familiar pactadas entre los cónyuges de común acuerdo. Sujeción de la liquidación de una sociedad de gananciales disuelta al régimen de rescisión por lesión del artículo 1074 del Código Civil.

Sección Segunda

REFERENCIA:

ROLLO DE APELACIÓN N.º 4613/04-F

JUZGADO DE PROCEDENCIA:Sev-16

JUICIO N.º 40/03

SENTENCIA NÚM 569

PRESIDENTE ILTMO. SR.

DON MANUEL DAMÍAN ALVAREZ GARCÍA

ILTMOS SRES. MAGISTRADOS

DON RAFAEL MARQUEZ ROMERO

DON CARLOS MARIA PIÑOL RODRIGUEZ

En la Ciudad de Sevilla treinta de Noviembre de dos mil cuatro.

Visto, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de SEVILLA, el recurso de apelación interpuesto en los autos de juicio Ordinario, procedentes del Juzgado de Primera Instancia referenciado, donde se ha tramitado a instancia de DON Jesús Manuel, que en el recurso es parte APELANTE/APELADO, representado por la Procuradora Doña Eva María Mora Rodríguez, contra DOÑA Irene, que en el recurso es parte APELADA, representada la Procuradora Doña Gabriela Duarte Domínguez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 28 de Julio de 2003, que expresa literalmente en su parte dispositiva:

"FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Mora en nombre y representación de Jesús Manuel contra Irene debo absolver y absuelvo al referido demandado de las pretensiones contra él deducidas, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

Notifíquese.."

Segundo.—Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. Tras la votación y fallo, quedaron las actuaciones vistas para dictar sentencia.

Tercero.—En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. MANUEL DAMÍAN ALVAREZ GARCÍA, quien expresa el parecer del Tribunal.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Frente a la sentencia desestimatoria de primer grado, interpone recurso de apelación la parte actora, que postula la declaración de nulidad por intimidación de la estipulación 7.ª a) del convenio regulador de los efectos de la separación conyugal consensuada, fechado el 7 de Enero de 1999 y homologado por resolución judicial, y subsidiariamente la rescisión por lesión de las bases liquidatorias de la vivienda familiar, y, finalmente, la no imposición de las costas procesales en atención a las dudas en torno a la cuestión litigiosa.

Segundo.—La intimidación, coacción moral o,vis compulsiva", como vicio invalidante de consentimiento contractual, exige para su apreciación la cumplida demostración de su realidad, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2000.

Partiendo de la naturaleza revisora del recurso de apelación, la actividad probatoria desarrollada en primer grado no permite reputar acreditada la alegada existencia de presiones con virtualidad intimidatoria y con eficacia viciante de la libre voluntad del actor, firmante del segundo de los convenios reguladores de la separación convencional y que sustituyó al primeramente suscrito, ni tampoco la afirmada influencia en lo pactado, acerca de la atribución del uso y las bases de liquidación de la vivienda común, de hechos antijurídicos posteriores en los que fueron protagonistas la pareja sentimental del demandante y un hermano de la demandada. La firma de un segundo convenio jurídico-familiar, dos meses y medio después de haber suscrito el primeramente acordado y rectificando alguna de sus estipulaciones, constituye un acto plenamente lícito, que no precisa de una especial "explicación lógica", pues el hecho de cambiar de opinión no tiene por qué obedecer al temor racional y fundado de sufrir un mal grave e inminente, personal o real.

En definitiva, el demandante no ha logrado desembarazarse de la carga de probar la realidad de la alegada,vis coactiva", productora de la nulidad relativa o anulabilidad de una concreta estipulación del convenio familiar, que sobre el mismo pesaba de conformidad con el Art. 217.2 de la L. E. Civil, por lo que el primer motivo impugnatorio no puede prosperar.

Tercero.—Como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de Enero de 1993, 8 de Marzo de 1995 y 6 de Marzo de 2003, la liquidación de una sociedad de gananciales disuelta está sujeta al régimen de rescisión por lesión del Art. 1074 del Código Civil, merced a la remisión a las reglas sobre partición hereditaria que efectúa el Art. 1410 del mismo cuerpo legal, sin que a ello obste que las bases liquidatorias se hayan acordado con ocasión de un convenio regulador de la separación matrimonial.

En la estipulación 7.ªa) del convenio familiar judicialmente homologado, los cónyuges litigantes pactaron de común acuerdo las bases de la liquidación de la vivienda ganancial, fijando cuándo se procedería a la liquidación, cómo se liquidaría, y a cuánto ascendería el valor de liquidación de dicho bien inmueble: la vivienda se liquidaría en el momento en que los dos hijos alcanzaran independencia económica (cuándo), mediante su enajenación, salvo que la mujer optara por adquirirla abonando al marido el precio correspondiente a su mitad indivisa (cómo), fijando el valor de liquidación en 10.500.000 pesetas - según tasación efectuada a instancias del propio marido-, con aplicación de las variaciones porcentuales del IPC (cuánto), y con independencia de cuál fuera el valor de mercado al tiempo de la adjudicación.

En el momento de suscripción del convenio (Enero de 1999), no existía desproporción entre el precio asignado a la vivienda de protección oficial (10.500.000 ptas) y el valor estimado por Tecnocasa (11 millones). En en el momento de presentación de la demanda origen del presente pleito, el valor de mercado se cifra por Valoraciones Generales Lógicas en 111.187 euros (18.499.960 ptas), si bien por su condición de V.P.O su valor máximo legal sólo alcanza los 66.852 euros (11.123.237 pesetas).

Al margen de que ambos cónyuges pactaron en la cláusula 7.ª a) mencionada las bases liquidatorias de la vivienda ganancial, posibilitando su adquisición "ad futurum" por la mujer mediante la fijación de un precio cierto y fijo basado en una valoración pericial y actualizado con arreglo al I.P.C, cualquiera que fuera el valor de mercado al tiempo de la adquisición, lo cierto e indudable es que, como certeramente razona el Juzgador de primer grado, los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción rescisoria se asientan sobre hechos futuros y de certeza no constatada, como son la independencia económica de los dos hijos del matrimonio, el eventual ejercicio por la mujer de la opción por adjudicarse a la vivienda familiar abonando el 50% del valor de liquidación, y la posible desproporción en más del 25% entre el valor de la vivienda al tiempo del convenio, computadas las variaciones que experimente el I.P.C, y el que tenga al momento de su adquisición por la mujer, en orden a constatar la lesión invocada.

En consecuencia, tampoco puede prosperar el motivo impugnatorio subsidiariamente articulado.

Cuarto.—No apreciándose por el Juzgador de primera instancia, ni por este Tribunal de alzada, la concurrencia de dudas objetivas y fundadas, de carácter fáctico o jurídico, en torno a las cuestiones litigiosas, no media razón legal que justifique un excepcional apartamiento del criterio objetivo del vencimiento, que, en orden a las costas procesales, consagran tanto el Art. 394 de la L. E. Civil para la primera instancia, como el Art. 398 del mismo cuerpo legal para el segundo grado.

Por ello, el actor debe asumir las costas de primer grado -lo que implica la desestimación del último motivo del recurso-, y también las causadas en segunda instancia dado el signo confirmatorio de la presente resolución.

Vistos los preceptos legalmente aplicables.


FALLAMOS


 
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Eva M. Mora Rodríguez, en nombre y representación de DON Jesús Manuel, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Sevilla, debemos confirmar dicha resolución, imponiendo a la parte recurrente las costas de segunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, debidamente juzgando la pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó en lugar y fecha, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación